Nueve mil militares y policías tomaron el control de las tres provincias de Ecuador más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, que dejan más de 1.200 muertos en lo que va del año y que llevaron al gobierno del neoliberal banquero Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción por 60 días.
Pero los hechos delictivos no se han detenido, pese al estado de excepción. Durante el primer fin de semana de la medida hubo un atentado con explosivos, asesinatos (incluyendo el de un policía) y un cruce de tiros entre delincuentes y uniformados.
“El crimen organizado tiene emboscado, cautivo, al Estado y a la sociedad ecuatoriana”, señaló Freddy Rivera, director de la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad Urvio. Diversas bandas del narcotráfico se enfrentan desde hace un quiquenio al menos en las calles y las cárceles de Ecuador por el control del almacenamiento, mercados y rutas para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.
La medida rige desde el sábado en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas (ésta última, fronteriza con Colombia) e incluye el toque de queda durante las noches para las áreas con mayor violencia de localidades como Guayaquil. Los enfrentamientos a bala, los casos de muertes violentas y robos afectan a zonas del sur de Guayaquil, que forman parte de la parroquia Ximena, que junto a Pascuales están sometidas a un toque de queda entre las 23:00 y 05:00.
La fuerza pública incursionó en convulsas y deprimidas zonas, donde el acceso era difícil para los agentes. Las autoridades no han presentado un balance global de los operativos, que según reportes dispersos dejan detenidos y el decomiso de armas y drogas. Dos bandas rivales se enfrentaron en el sur de Guayaquil:, una persona murió y otras dos quedaron heridas. Los índices de muertes violentas han tenido un incremento considerable (57 asesinatos) alcanzado casi la cifra del total del 2021, de 65 casos.
Este ataque alarmó a los ciudadanos de varias cuadras del populoso sector. Mientras tanto, en paralelo, en varios puntos críticos de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se desplazaban militares y policías para iniciar los operativos de control de toque de queda dispuesto dentro del estado de excepción Asimismo, la madrugada de este sábado 30 se reportó un atentado con explosivos que dejó un auto con leves daños en los exteriores de una vivienda del sector Brisas del Salado, en la isla Trinitaria.
El abogado Xavier Flores, especializado en derechos humanos, consideró que la movilización de las Fuerzas Armadas no será la panacea contra el crimen organizado. “Si se piensa que es la solución al narcotráfico es un error de concepto porque esto es mucho más complejo que entrar a reprimir con militares. Estamos hablando de problemas estructurales, donde se necesitan políticas públicas e inversión del Estado para el desarrollo de estos sectores muy empobrecidos”, expresó el excatedrático.
Durán, con más de 300.000 habitantes, es considerada una bodega de drogas y donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes. En esa localidad aparecieron en febrero dos cadáveres suspendidos de cuerdas de un puente peatonal, al estilo de los crímenes de los cárteles mexicanos.
Fronterizo con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador sirve de punto de salida de grandes cargamentos de droga principalmente por Guayaquil, el mayor puerto, por el que se exporta sobre todo a Estados Unidos y Europa. En 2021, Ecuador decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga, fundamentalmente cocaína. En lo que va de 2022, las confiscaciones llegaron a 75 toneladas.
“Nuestra sociedad no será sometida, nuestra paz jamás será sacrificada ante los sucios negocios de nadie”, expresó Lasso. “Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías”, dijo, sin hacer caso a la opinión de los expertos, como Fredy Rivera, para quien un efectivo combate al narco debe contemplar la “depuración” de las estructuras del Estado, que han sido infiltradas y en las que la corrupción es galopante.
En las tres parroquias de Guayas intervenidas se suman 233 casos de muertes violentas en este año, que equivale a un aumento en promedio del 140 % hasta el 25 de abril. En Ximena se contabilizan 115 crímenes, en Pascuales 54 y en Eloy Alfaro (Durán) 64. Entre el año pasado y lo que va del actual el aumento por parroquia fue del 105 % en Ximena, 157 % en Pascuales y 220 % en Eloy Alfaro, Durán, según datos policiales.
La realidad ecuatoriana
En territorio ecuatoriano la situación social es cada vez más crítica. La contracara de la pobreza y el desempleo son las ganancias millonarias de las entidades financieras. En Ecuador, un tercio de la población, más de seis millones de desempleados y en empleo informal; estos últimos tienen un promedio de 300 dólares de ingresos mensuales. Miles de jóvenes y adultos, con títulos de tercer y cuarto nivel, son menospreciados y se les paga cantidades ínfimas, en algunos casos, el básico de 400 dólares.
Los trabajadores calificados han sido precarizados, sus salarios diezmados o fueron despedidos. Los miles de estudiantes que se gradúan de bachilleres cada año no pueden ingresar a la universidad por las restricciones que impone el Estado. La falta de educación en general, pero sobre todo en el sector rural, hace que la población caiga en mayor explotación.
Con la crisis pandémica, el salario ecuatoriano se ha disminuido entre el 10 y el 20 por ciento. Más de cuatro millones y medio de personas vive con 1,59 y 2,82 dólares al día. Según el INEC, 2,9 millones de personas viven con 84,71 dólares al mes. El 8,4 por ciento –más de un millón y medio de personas- vive en extrema pobreza, con 47,74 dólares al mes o menos. La subida permanente del precio de los combustibles y pasajes encarece los productos de primera necesidad y diezma el ingreso.
El aparato productivo ecuatoriano ha sido incapaz de incorporar a la totalidad de la población económicamente activa, mucho menos en épocas de crisis; de ahí las grandes oleadas migratorias de la década de 1990 y la migración pandémica, que es la más numerosa de la historia.
A la desarticulación del tejido social, de las familias, caseríos y comunidades, se suman nuevos efectos: migración de familias completas, incremento de migración de mujeres, niños y jóvenes y el ingreso al negocio del narcotráfico, como forma de subsistencia.
Detrás de esto hay una estrategia global de endeudamiento masivo que beneficia, en primera instancia, a los bancos, empresarios y circuitos de trata de personas, y solo a largo plazo a los propios migrantes, señala el analista Jaime Chuchuca, quien afirma que no hay otra forma de sacar de la crisis a las familias ecuatorianas que creando empleos con salarios dignos y acordes a la educación y experiencia.
Además, se deben disminuir los intereses de los créditos e incentivar la exportación; eliminar las desigualdades en los ingresos de las mujeres y grupos étnicos; incentivar la agricultura con precios y salarios justos. Pero a ésto no está dispuesto el neoliberal Guillermo Lasso, quien como banquero-presidente estimula la contracara de la pobreza y el desempleo, que son las ganancias millonarias de las entidades financieras.
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)