Para proponer una crítica a la idea liberal sobre el Estado [i] partimos de un problema fundamental: la reducción del estado al ámbito de sus instituciones. Esta noción trabaja, en síntesis, con énfasis en el conjunto de instituciones políticas como sinónimas de Estado, ajenas a la sociedad dividida y neutra en las disputas económicas, políticas […]
Para proponer una crítica a la idea liberal sobre el Estado [i] partimos de un problema fundamental: la reducción del estado al ámbito de sus instituciones. Esta noción trabaja, en síntesis, con énfasis en el conjunto de instituciones políticas como sinónimas de Estado, ajenas a la sociedad dividida y neutra en las disputas económicas, políticas y culturales. Como resultado, el concepto minimalista de Estado oculta la lucha política y la naturaleza de clases de la propia forma estatal.
Las teorías críticas de esta visión pueden contribuir a desentrañar esas relaciones encubiertas y para construir una mirada particular sobre la forma estatal en América Latina, en la medida en que también posibilitan comprender las especificidades de esa forma política en la región. Para ello traen a la discusión, sobre todo a través de autores latinoamericanos, algunos elementos teóricos que enriquecen el pensamiento crítico acerca del Estado en la región, como es el caso de las nociones de «formación social abigarrada» (René Zavaleta) y «zonas marrones» (O’Donnell).
Para esa línea crítica, el Estado es el centro de la disputa en la sociedad de clases. En el plano teórico, o por medio de la lucha por la ocupación de sus instituciones, es a través del antagonismo sediado y mediado por el Estado que se impone determinado modelo histórico de producción y reproducción social.
La definición del término «Estado» es estratégica en el debate teórico y forma parte de la disputa por su significado. Al no explicar su significado en el contexto académico, se pasa a tratar al Estado como una categoría residual, que mezcla diversas otras categorías igualmente importantes como la de gobierno, estructura de poder, dominación de clase, dirección ideológica, y otras (dice Lechner). La ausencia de una explicación acerca de su significado puede comprometer también una discusión calificada sobre diversos temas derivados de la cuestión estatal, como por ejemplo el debate sobre la democracia, sobre estrategias de desarrollo económico o sobre la política internacional.
La crítica a la visión minimalista sobre el Estado es importante para el campo teórico porque posibilita advertir sobre los problemas en esos estudios, sea por la omisión o por la insuficiencia para atribuir significado a esa forma política. De esta forma, la ausencia de una discusión sobre su naturaleza capitalista y la falta de debate acerca de sus características específicas en la región latinoamericana impide una aproximación más amplia de esa realidad.
El análisis crítico sobre el Estado capitalista debe partir fundamentalmente de las categorías extraídas de las relaciones sociales de producción de las sociedades capitalistas. Así entendido, el Estado no es sólo una categoría política desvinculada de la realidad material, sino su producto. Es en ese sentido, una forma histórica expresión del capitalismo y, a partir de esa característica se limita al modo de funcionamiento de ese sistema.
Como forma histórica de las relaciones sociales, el Estado se presenta como el signo constitutivo que determina e identifica un modo de vida colectiva (señalan Bacher y Granato). Este modo de organización social es, en la contemporaneidad occidental, identificado por el capitalismo. En consecuencia, el concepto de Estado es retroalimentado por los fundamentos de la sociedad de clases, y por eso está condicionado a una naturaleza conflictiva. Ante el antagonismo de intereses, el funcionamiento del Estado se hace posible por la imposición de una clase o fracción, o de sus intereses, sobre otra parte de la sociedad, y al mismo tiempo es el elemento que permite la imposición de esos intereses.
En este aspecto, lo que el Estado produce es el monopolio de la vida política, pues es el lugar donde el conflicto ocurre y, al mismo tiempo, es mediado de modo exclusivo por la centralización del poder político y coactivo de sus instituciones.
En la medida en que es expresión de las relaciones clasistas, se transforma en arena de disputas, pues es de la lucha por la ocupación de sus instituciones que se enfrentan a los intereses de diferentes clases, fracciones de esas clases y otras «fragmentaciones sociales» (según Garciarena), como por ejemplo, algunas regiones, etnias con culturas propias y grupos religiosos.
En la sociedad en lucha, las relaciones sociales están marcadas fundamentalmente por la relación de dominación entre el capitalista y el trabajador asalariado. Los dos identificados, en síntesis, por su posición en la relación de producción siendo, el primero, asociado a la posesión de la propiedad privada sobre los medios de esa producción y, el segundo, a la venta de la fuerza individual de trabajo.
A diferencia de otras formas históricas de dominación, sin embargo, el Estado moderno posibilita, a través de su aparato, la separación formal entre el ejercicio del poder político y el poder económico. Esto nos lleva a la impresión de que los conflictos de intereses entre las clases fundamentales son mediados por el Estado de manera imparcial, ya que sus instituciones están aparentemente desvinculadas de las relaciones de producción.
Al entender el Estado como una de las formas que asume el capitalismo, esa separación no es posible. El agente estatal, en la práctica, no actúa de manera imparcial en la relación capital y trabajo. En cambio, como señala O’Donnell, actúa como garante de esa lógica. Es por medio de sus instituciones que el Estado promueve y preserva esas relaciones de clase al asegurar, tanto al capitalista y al trabajador la relación jurídica de igualdad entre propietarios y asalariados.
En la medida en que el acceso a los medios de coerción, de producción normativa y cultural es conquistado a través de la posición de clase, las instituciones pasan a actuar de manera interesada en favor de una clase sobre otra, sobre todo al establecer normas jurídicas basadas en el principio de igualdad formal aplicado, de manera general, en las relaciones de trabajo.
Esta confusión entre la naturaleza del Estado y el aparato estatal oculta, por lo tanto, la relación entre las clases fundamentales y el conflicto de sus intereses inherente a esa dinámica tiene como consecuencia teórica y práctica la atribución de una característica que no es del Estado, la de interventor externo neutro a las relaciones sociales. Este Estado se presenta, pues, como una «unidad estrictamente política de una lucha económica«, señala Poulantzas, ocultando así su carácter de clase.
Este enfoque, intencionalmente o no, ignora toda la actuación estatal en la creación, implementación y garantía del orden jurídico y económico que consolida las relaciones de producción colectiva y apropiación privada del capital. Toda esa dinámica depende del alcance territorial del aparato estatal y su adherencia al tejido social.
Ambas cuestiones inspiran el debate cuando pensamos el Estado en América Latina, en la medida en que están asociadas al poco alcance territorial de la ley y la heterogeneidad de la sociedad latinoamericana. No hay duda, sin embargo, que el Estado en esta región está impregnado por las relaciones de dominación típicas del capitalismo, aunque esa relación ocurra de modo reflejo en las zonas de menor permeabilidad de la estructura social.
Para el análisis del Estado en América Latina es necesario, en este sentido, considerar que la centralización de la política es un fenómeno institucional, que se deriva de lo René Zavaleta Mercado llama de abigarrada formación social. Según esta noción, el Estado moderno tiene su génesis en un proceso de superposición de culturas, cosmovisiones, organizaciones políticas y sociales previas al colonialismo y al capitalismo contemporáneo.
Este estado abigarrado en la sociedad explica en parte la baja adherencia, la ineficacia de la ley, o el pequeño alcance burocrático del Estado en la mayoría de los países de la región, lo que O’Donnell llama «zonas marrones». Estas zonas serían, según el autor, espacios territoriales en los que el Estado está funcionalmente ausente, donde, en razón de ello, produce un vacío de poder formal ocupado por oligarquías regionales que se apropia del aparato estatal para beneficio propio.
Estos vacíos de poder asociados a la superposición de esos modos de vida originarios generan un debilitamiento aún mayor del Estado en términos funcionales. En esa realidad, el aparato estatal ocupa esencialmente las regiones centrales del territorio, donde el proceso de ocupación colonial es más exitoso.
Esta dinámica configura, en la mayoría de las veces, y un proceso incompleto de hegemonía, por el cual el modelo de Estado europeo no alcanza una transposición coherente a las sociedades latinoamericanas. Lo que resulta, en muchos casos, es la emergencia del «subsuelo político» (al decir de L.M. Tapia), cuando, frente a los momentos de fragilidad de las instituciones del Estado, los grupos sociales parcialmente «encubiertos» o excluidos de la institucionalidad política emergen con sus demandas. Son casos ejemplares los movimientos indígenas en Bolivia (2000 – 2005) y en México (1994), con la insurgencia zapatista.
A partir de esos aspectos introductorios al debate es posible identificar la dificultad de intentar transponer el concepto minimalista de Estado a la realidad de América Latina. Esto porque, primero, el Estado debe ser entendido dentro de su contexto más amplio, dentro de la lógica que lo acompaña de producción capitalista. El énfasis en el aparato estatal y en su identificación como «el propio Estado» trae la ausencia de una reflexión sobre las especificidades que esa forma política puede asumir por medio de sus instituciones, así como sus objetivos dentro de la lógica social.
Reducirlo, por tanto, a sus instituciones ya una actuación neutra en la sociedad de clases oculta las relaciones de dominación que el Estado seda y consolida como relaciones sociales entre iguales. Además de la necesidad de partir del análisis de las categorías extraídas de las relaciones sociales de producción, es importante entender la forma Estado en su contexto histórico específico. En el caso del Estado en América Latina, se debe considerar al menos la extrema distinción en relación al modelo teórico propuesto por las teorías eurocéntricas.
Estas especificidades, como se percibe, demandan una elaboración teórica autóctona, genuina y vinculada a las relaciones fundamentales presentes en esas sociedades. En consecuencia, lo que se propone, es que el estudio del Estado, especialmente en América Latina, se origine no sólo del estudio de las instituciones, sino más bien, de las relaciones sociales que lo fundamentan y de sus particularidades como forma política e histórica.
Nota
[I] La idea de tradición liberal a la que se refiere este artículo se identifica por una visión minimalista del Estado, que en su dimensión teórica se expresa como un sinónimo de las instituciones políticas, como un actor neutral a la lucha por el poder político y económico y garante del bien común.
Leonardo Bacher Medeiros (ODELA)
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