En los últimos meses, Chile esta cruzado por intensos debates políticos e historiográficos a cerca de la memoria histórica de la dictadura y de la represión contrarrevolucionaria en este país. Este debate se profundizo mas aun después de la publicación de un importante informe sobre Prisión política y tortura, conocido como Informe Valech, en el […]
En los últimos meses, Chile esta cruzado por intensos debates políticos e historiográficos a cerca de la memoria histórica de la dictadura y de la represión contrarrevolucionaria en este país. Este debate se profundizo mas aun después de la publicación de un importante informe sobre Prisión política y tortura, conocido como Informe Valech, en el cual se pueden conocer decenas de miles nombres y de desgarradores testimonios de victimas de la dictadura. Este informe reconoce abiertamente el papel de la Fuerzas Armadas y del Estado chileno en la aplicación del terrorismo contrarrevolucionario entre 1973 y 1990. Al mismo tiempo, no aparecen publicado en esta versión oficial el nombre de los torturadores y de los múltiples responsables directos e indirectos de la dictadura, ni tampoco surge la reivindicación central de Verdad y Justicia plenas. Así, este relato parcial sobre la verdad histórica de Chile, producto de luchas y movilizaciones colectivas constantes, esta siendo instrumentalizado, entre otros, por el gobierno social-liberal de la Concertación que busca asentar la impunidad en este país. Después de haber publicado varios documentos y análisis sobre este tema, Rebelión entrega aquí un valioso aporte a la reflexión emitido por un colectivo de historiadores de la ciudad de Concepción. Pensamos que tal debate no solo tiene interés para Chile sino para el conjunto de la humanidad pues se trata de pensar la historia como una forma de memoria social y como un proyecto que requiere compromiso con las clases populares. El lector que quiera leer más sobre esta problemática puede visitar la sección Chile de Rebelión.
Franck Gaudichaud
I Historia, Política y Memoria
No es muy común que cientistas sociales e intelectuales en general, intervengan en el debate público. Se ha perdido esa característica destacada en historiadores liberales decimonónicos o más recientemente en la influencia que a mediados del siglo XX ejercían en la vida política, los historiadores marxistas o mesocráticos. Más bien dicha influencia, hoy se reduce a esferas académicas cerradas o es patrimonio de especialistas o tecnócratas administradores del modelo en curso. Por ello, es importante que la ciudadanía en general conozca que hacen, que piensan y como actúan, quienes desde diferentes espacios inciden en los modos de enseñar, producir y estudiar en general nuestra Historia de Chile. La reciente difusión del Manifiesto de Historiadores II (Contra los que torturan en nombre de la Patria); el apoyo dado por numerosos historiadores, intelectuales en general y ciudadanos a la libertad de los presos políticos, aún recluidos en la Carcel Alta Seguridad (CAS); el anterior Manifiesto de Historia dores, a propósito de la detención de Pinochet en Londres, son notables excepciones al respecto que es preciso valorar. Somos de los que creemos que la producción y el estudio histórico, es una dimensión del compromiso político y ciudadano de quienes lo realizan, marcado profundamente por el posicionamiento de cada actor social con respecto a su realidad pasada, presente y futura, los proyectos con los cuales se identifica y los discursos y prácticas que acomete. La Historia como análisis del pasado y proyecto social, es por lo tanto, eminentemente política.
El debate en torno al Informe de Prisión Política y Tortura, ha motivado a historiadores e intelectuales de distinto signo, a dar a conocer su posición. Ha sido difundida una Declaración de Historiadores, a través de la prensa local, que cuestiona el llamado Informe Valech, y plantea algunas «precisiones» al contexto histórico, el cual a su juicio, «presenta una vez más un conjunto de falsedades, contradicciones y afirmaciones infundadas, acompañadas de graves omisiones». No conformes con ello, ponen en duda la veracidad de los testimonios de los detenidos y torturados que el Informe recopiló, concluyen que no es una «razonable visión del período» y terminan señalando que «Millones de chilenos guardan en su memoria, en sus documentos personales y en su conciencia recta, una visión claramente diferente a la propuesta por la Comisión sobre la obra humanizadora del Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, aun en medio de sus defectos. A la conservación y difusión de esa verd ad completa seguiremos dedicando nuestro estudio, nuestra investigación y publicaciones y nuestra docencia».
Ante ello, y dado el férreo compromiso que estos personeros demuestran en la defensa del régimen dictatorial, hemos considerado necesario posicionar una mirada radicalmente altera ante los «juicios y precisiones» de dicha Declaración, que dé cuenta ante la ciudadanía, de la praxis historiográfica y política de quienes redactan el documento de marras y por último, relevar la importancia de la difusión y el estudio de nuestra historia reciente. Los suscritos, un grupo de personas con un compromiso profesional y personal por la historia presente, decidimos abrir la tribuna, desde esta región, para una discusión democrática que parta desde la disciplina, pero que no excluya la mirada y el análisis político de los hechos de nuestro pasado reciente, incorporando a todas aquellas «otras voces» (académicas y sociales) que quieran sumarse a nuestra voz y compromiso, pues entendemos la historia como una disciplina social- afincada en valores y en una ética humana -,y la práctica historiográfica como un proceso que responda a las necesidades de articular y sistematizar experiencias vitales de los hombres y mujeres de nuestras comunidades con el fin de profundizar radicalmente la democracia y la justicia social. Lo anterior representa el fundamento primero de nuestra visión-académica y profesional- de la historia y el conocimiento social.
II La Historia una forma de Memoria
El Informe Valech nos obliga a transitar por nuestro pasado y nos muestra que solo el reconocimiento de la historia nos puede permitir construir un futuro con sólidos cimientos, basado en la verdad y la justicia, reconociendo sin apremios, que esto muchas veces se construye a partir de los conflictos y crisis de la memoria, es decir de las formas diversas en que la sociedad recuerda.
Valoramos el esfuerzo articulador del relato de esta intensa y profunda memoria del dolor en que se constituye el Informe. Relevamos además, que haga presente a través de las caras y los nombres de las víctimas de la tortura, la historicidad cargada de proyectos y esperanzas que cobijaron los anhelos de cambio del movimiento social popular, desde los albores mismos de la República. No obstante ello, señalamos críticamente el que su traducción política impide conocer y reconocer a quienes escudados en la construcción de proyectos sociales excluyentes, autoritarios y represivos, torturaron y mataron en nombre de las siempre presentes «razones de Estado», las mismas que hoy les protegen y entregan no unas «suaves cenizas del olvido», sino que les mantienen escondidos bajo la vergonzosa excusa de las «responsabilidades individuales» y de los «excesos», privilegiando, por las mismas razones, la pragmática impunidad por sobre el valor ciudadano y humanista de la justicia.
La memoria social, por la verdad, la justicia y la democracia ha dado una dura lucha contra las estrategias pro olvido. Exponiendo los cuerpos y levantando las voces, va develando en su apertura los vestigios más impactantes de la crudeza dictatorial. El Informe Valech no hace sino poner en papel y difundir por los medios de comunicación, esta lucha constante de quienes sufrieron- y sufren – la represión por negarse a olvidar.
Lo que fue violentado en Chile fue la estructura sociohistórica, que la Memoria hoy nos permite reconstruir. Asumir la historia desde los testimonios, nos conduce desde los hechos al corazón del subjetivo social e individual; es entregar la pluma a los actores, democratizando la forma de hacer historia, anteponiéndose ante quienes se autodenominan «voces autorizadas» y que desde la tribuna de la academia tradicional, por largo tiempo construyeron (y pretenden seguir haciéndolo) un conocimiento histórico que se levanta como una «verdad completa» y hegemónica.
III Precisiones desde esta otra Memoria
Los términos en que está planteada la Declaración no son dignos de ser rebatidos. La tremenda producción de los últimos años historiográfica y documental, y la enconada lucha dada por múltiples actores, hace hoy imposible seguir tapando las violaciones a los DDHH y las responsabilidades institucionales. Las justificaciones para emprender el golpe de Estado son trasladadas mecánicamente para justificar también largos 17 años de dictadura. Muy tarde se dan cuenta «…de la enorme crudeza de los testimonios, de la gravedad de los actos ahí denunciados y de la necesidad de evitar toda acción de esa naturaleza en el presente y futuro de Chile». Nuestra historia está muy fresca como para borrar la ferocidad del régimen, la instauración del terror como dispositivo para sostener el poder conseguido militarmente, el genocidio como práctica cotidiana y la pretensión de impunidad posterior. Hablar del contexto histórico obliga a hablar de la historia larga de la construcción oligárquic a republicana, la de la violencia sistemática y organizada, la del «orden portaliano», la de la exclusión, aquella que no es otra cosa que represión. Apelar al contexto histórico para expiar culpabilidades personales que enferman «conciencias rectas», constituye hoy una nueva aberración y una manipulación inaceptable de la historia como disciplina.
Reconocemos que efectivamente algunos firmantes que intentan representar a esos «millones de chilenos» guardan en sus memorias y documentos personales, publicaciones y acciones, que avalan esa obra. Es necesario sumar a esto que también guardan una historia de compromiso y complicidad con la dictadura de Pinochet, de la cual varios de ellos fueron activos colaboradores. Para nadie, vinculado al mundo académico regional, es un misterio que los ‘destacados profesores firmantes’, avalaron desde su testera académica, desde su posición de clase, y desde su activo accionar político, al régimen más sangriento y arbitrario de la historia de Chile, que más que «defectos»- cómo se plantea con un eufemismo rayano en la desvergüenza – construyó una política de Estado basada en el exterminio sistemático y organizado, y el vejamen deliberado e inhumano de quienes no pensaban como ellos, transformando las voces de quienes se le opusieran, en un otro que debía ser eliminado. Un ejemplo de ello es el apoderamiento de las aulas académicas y los atrios de la producción histórica y del resto de las humanidades y ciencias sociales a través de la censura, la delación, la persecución o simplemente la desaparición y muerte de una larga lista de profesores y estudiantes que hasta la mañana del 11 de septiembre de 1973 trabajaban en universidades y centros de est udio en la región y en el país. Resulta lamentable que la perpetración de estos crímenes de lesa humanidad – sobre todo a la luz de la experiencia histórica del siglo XX- sean presentados, por estos historiadores, como fruto de «defectos» del gobierno liderado por las FFAA.
El Informe Valech, muestra también los testimonios no sólo de quienes sufrieron las acciones represivas de la dictadura, sino también los documentos emanados de quienes formaban parte del aparato represivo y político del régimen. Los extractos de sentencias de Tribunales Militares que aparecen en el informe nos muestran como la «obra humanizadora» del régimen pasó por alto las normativas jurídicas del debido proceso, violó los tratados internacionales y condenó a personas por el hecho de pensar distinto y creer que era posible otra forma de convivencia social. Por lo anterior, llama la atención que los autores de dicho documento, no se interioricen de aquellos aspectos que el Informe puntualiza y aclara, para «evitar suspicacias». De esta forma cuando los ‘académicos’ señalan: «se resume la política de detenciones como un estado policial, cuando correspondieron al 0.3% de la población y no alcanzaron ni al 2% de los electores de la UP en las parlamentarias del 73; se enumer an tipos de recintos de detención, cubriendo una amplia gama, con lo que se induce al lector a pensar en un gran campo de concentración en Chile», nos resulta imperativo señalar, que ya no es posible continuar sosteniendo que la historia se reduce, tanto en su compresión como explicación, sólo a un conjunto de cifras y datos que no señalan absolutamente nada más que eso, un mero dato. La historia política, es bastante más compleja. Es el propio Informe, el que en su Capítulo II, señala con certeza y claridad los nombres y ubicaciones de esos centros de detención, información entregada mediante oficio, por las propias ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones. También contiene los nombres de los treinta mil hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y ancianas que en esos mismos centros sufrieron la detención arbitraria, la tortura y el vejamen. Sobre esos miles de chilenos y chilenas, todos ellos con su nombre y apellido, se dejó caer todo «el peso de la noche», las razones de Estado, la pura y simple represión. Es necesario precisar, que no es prerrogativa del Informe ocultar las identidades de los «actores», víctimas y victimarios. Es simplemente otra más de las razones de Estado, es una más de las lógicas con las que se articula y escribe la historia republicana de nuestro país, la que no nos permitirá conocer las identidades de los torturadores, sino hasta 50 años después. Es el Estado chileno, el que una vez más impide la justicia y guarda piedad para los criminales. El Informe Valech, nos permite hoy obtener justicia social y ciudadana.
Lo que los firmantes del documento, en cuestión, consideran más grave es que «la Comisión pretenda hacernos creer que para el contexto histórico no importa nada lo que hacían los 34 mil declarantes justo antes de ser detenidos». Constituye para nosotros uno de los «juicios» más grave que el documento enuncia. Sí importa quienes eran esos miles de mujeres, hombres, niños, ancianos; sí importa en qué creían y los proyectos que encarnaban. Podemos discutir histórica y políticamente la validez de esos proyectos, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus estrategias y sus prácticas políticas y sociales, pero desde cualquiera de las trincheras en la cual nos situemos, no podemos como sociedad, hoy negar la existencia de esa política represiva y de exterminio que el régimen aplicó en contra de miles de chilenos y chilenas. La «conciencia recta» de millones de personas hoy repudia la política represiva aplicada durante la dictadura de las FFAA y de quienes desde la sociedad civil los apoyaron, haciéndose cómplices de la violación a los Derechos Humanos.
IV La Historia como Proyecto
Entendemos la historia como una disciplina que asume los cambios, las crisis y los conflictos como formando parte de un todo. Lo anterior nos lleva a entender la historia reciente no sólo a partir de la coyuntura del Golpe de Estado de 1973, hecho histórico de innegable trascendencia, pero no por ello deja de ser lo visible (y sólo lo visible) de una crisis estructural que nos remite a un largo proceso sociopolítico de luchas sociales, de resistencias y de creación de proyectos surgidos desde ideas y estrategias de acción diversas de las clases y grupos sociales durante, por lo menos, todo el siglo XX.
Desde estas claves, el Informe Valech no hace otra cosa que dar cuenta de una constante en la historia de Chile. La violencia política ejercida desde las esferas del Estado, por parte de los grupos dominantes, es una característica que hoy la sociedad chilena no está dispuesta a seguir callando ni aceptando. El peso de los hechos, las luchas de la sociedad civil y el rol de los intelectuales, deben seguir buscando develar a estos «círculos académicos» que hoy aparecen como adalides de la verdad histórica, en circunstancias que tienen una trayectoria marcada por su falta de compromiso con la ética, la verdad y la justicia.
De manera tal, que seguir atribuyendo las causas de la crisis del 1973 a «la crisis política», como lo ha venido haciendo persistentemente la historiografía de derecha, en su afán de justificar el «Pronunciamiento», nos parece un argumento reduccionista y ahistórico. Discutir semánticamente si fue o no Golpe de Estado, es algo que la sociedad chilena ya ha dado por superado, lo cual demuestra una vez más, que a veces el juicio de la ciudadanía avanza más rápido que las ‘pretendidas verdades oficiales’. Por ende no nos entramparemos en ello. Rechazamos de plano los eufemismos y la ‘operación de maquillaje’ de la barbarie militar y política, de la cual estos ‘académicos’ hacen gala. Creemos que la historia es un oficio que requiere compromiso, que nos permite ir de frente, que posibilita dar la cara y que no se esconde tras discursos academicistas, con una supuesta neutralidad, que no hace sino esconder el lugar de producción de quienes enuncian un discurso histórico que nuev amente busca imponer una verdad «propia» a miles y millones de chilenos y chilenas que no la reconocemos como nuestra.
V Desde Concepción
Los mismos que gozaron ayer, de todos los medios de difusión para sus discursos políticos e historiográficos, y que hoy pretenden conservar unilateralmente dicho privilegio, deben tener claro que en nuestra región, emergen otras voces, que ancladas desde las ciencias sociales, están dispuestas a dar con ellos la batalla por la memoria y disputar el debate público, en aras de la verdad, la justicia y la esperanza, por una sociedad sin torturadores y efectivamente democrática.
Nuestra región dio una amplia lucha por la defensa de los DDHH, en los duros años de la dictadura. Ejemplos sobran. En memoria de esa historia, nos negamos a este nuevo ejercicio de la negación, para impulsar este otro compromiso con la verdad, la democracia y la justicia social.
SUSCRIBEN
Karen Alfaro Monsalve, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Profesora Universidades San Sebastián y ARCIS Arauco, Miembro del Taller de Ciencias Sociales «Luis Vitale Cometa», Concepción. Eduardo Aquevedo, Sociólogo, Doctor en Cs. Económicas, Profesor de la Universidad de Concepción. Manuel Antonio Baeza, Doctor en Sociología, Profesor de la Universidad de Concepción. Alejandra Brito Peña, Magíster en Historia, Jefa de Carrera Departamento de Sociología, Universidad de Concepción. Rodrigo Calderón Astete, Abogado, Master en Derecho, Profesor de la Universidad ARCIS Arauco. Eduardo Cruzat, Magíster en Administración y Gestión Educacional, Profesor Universidad ARCIS Arauco. José Luis Cifuentes Toledo, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Miembro del Taller de Ciencias Sociales»Luis Vitale Cometa», Concepción. Alex Giovanni Díaz Villouta, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Miembro del Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa», Concepción. Manuel Fernández Gaete, Magíster © en Investigación Social y Desarrollo, Coordinador de la Carrera de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Bolivariana, sede Los Ángeles, Miembro del Taller de Ciencias Sociales «Luis Vitale Cometa», Concepción. Leonardo Mazzei de Grazzia, Doctor en Historia, Director Departamento de Ciencias Históricas y Sociales de la Universidad de Concepción. Alexis Meza Sánchez, Magíster © en Historia y Ciencias Sociales, Director Universidad ARCIS Arauco, Miembro del Taller de Ciencias Sociales «Luis Vitale Cometa», Concepción. Edgardo Quezada, Magíster © en Historia, Universidad de Concepción. Fernando Robles, Doctor en Sociología, Profesor de la Universidad de Concepción. Raúl Rodríguez, Licenciado en Sociología, Universidad de Concepción. Máximo Sandoval Aguilera, Magíster © en Historia, Universidad de Concepción. Robinson Silva Hidalgo, Magíster © en Historia, Coordinador Académico, Universidad ARCIS Arauco, Miembro del Taller de Ciencias Sociales «Luis Vitale Cometa», Concepción. Miguel Urrutia Fernández, Doctor © en Sociología, Profesor de las Universidades de Concepción y Cardenal Raúl Silva Henríquez. Mario Valdés Vera, Magíster en Historia, académico Universidad San Sebastián, Concepción Miembro del Taller de Ciencias Sociales «Luis Vitale Cometa», Concepción. Ricardo Vargas Morales, Magíster en Historia, Director Carrera de Historia y Ciencias Sociales Universidad San Sebastián, Concepción.