Marianela Vásquez vive un calvario desde que su madre sufrió un accidente vascular. Su procesión hospitalaria terminó en rabia y angustia, una percepción que comparte el 94% de los chilenos cuando son víctimas del abuso de poder. A las dos de la mañana del miércoles 15, Nancy Maggi sufrió una descompensación. Su hija Marianela Vásquez […]
Marianela Vásquez vive un calvario desde que su madre sufrió un accidente vascular. Su procesión hospitalaria terminó en rabia y angustia, una percepción que comparte el 94% de los chilenos cuando son víctimas del abuso de poder.
A las dos de la mañana del miércoles 15, Nancy Maggi sufrió una descompensación. Su hija Marianela Vásquez la llevó de urgencia al Hospital del Salvador. «La tuvieron en muy malas condiciones. Las dos veces que pude verla, la encontré orinada», cuenta. «Pedí que le cambiaran la ropa, porque si uno se enoja lo atienden peor, pero me echaban: ‘ya, ya, si la vamos a cambiar…’. Quizás cuánto se demoraron», agrega.
Fue una noche de terror. Nadie le daba información y su madre estaba tendida en la camilla esperando. Marianela, impotente y angustiada, tenía que verla a escondidas. «Si una está ahí, puede ayudar y ellos siempre se quejan de que no dan abasto, me pregunto por qué mierda no me dejaban colaborar», dice con rabia.
Su caso no es único. La misma percepción comparte el 94% de los encuestados en el estudio sobre el respeto a los derechos que realizó la organización Genera, Ideas y Acciones Colectivas. La encuesta -punto de partida de una campaña que busca promover el conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos- registró que un 51% sufrió una situación de abuso por parte de un servicio público en el último año.
«Las personas se dan cuenta que en nuestra sociedad tenemos una cultura del abuso», explica la coordinadora ejecutiva de Genera, María Eugenia Díaz. «Las personas también tendemos a abusar cuando estamos en lugares de mayor jerarquía. Ahí radica la importancia de la educación ciudadana, porque el abuso también se da en los ámbitos familiares y laborales», agrega.
Sacar provecho
La mayoría de los encuestados entiende abuso como sacar provecho de un cargo o posición para beneficio personal, no respetar los derechos o simplemente un acto de injusticia. Sobre esa base, el 95% cree que las empresas respetan poco o nada los derechos y un 92% tiene la misma percepción de los servicios estatales. Es lo que piensa Vitalia Valencia, quien inició un juicio contra Chilectra luego que un alza de voltaje quemara sus artefactos y la empresa no respondiera. Está sola: sus vecinos, también afectados, tienen temor a reclamar.
Los ámbitos de abuso del poder son diversos. La mayor percepción de abuso se da en los ámbitos de salud y educación, tanto en servicios públicos como privados. Un 70% lo relaciona con cobros injustificados; 65% con situaciones de la locomoción colectiva; 62% con la desigualdad social; y un 60% con el exceso de tramitación en los servicios. Ante la consulta sobre hechos concretos de abusos, el 27% sufrió problemas en la atención, 22% cobros injustificados, 20% problemas de información y 19% mala calidad del servicio recibido.
Respecto de la confianza en el respeto de los derechos por parte de los servicios públicos, un 86% desconfía de la locomoción colectiva, un 75% de la justicia y un 51% de las entidades ligadas a la salud.
De acuerdo al estudio, las principales sensaciones que provoca el abuso de poder son rabia (45%), impotencia (34%), frustración (11%) y ganas de corregir la injusticia (4%). Este último porcentaje es bajo y explica que el 73% de los entrevistados, ante una situación concreta de abuso, respondió que «no había hecho nada», pese a que un 62% dijo que, ante una hipotética situación de cobro injustificado, reclamaría y buscaría encontrar una solución.
Precisamente la campaña apunta a que la ciudadanía «no haga lo que generalmente hacemos, que es agachar el moño», explica Díaz.
Marianela Vásquez no agachó el moño. Como vive en Peñalolén, le preguntó al doctor si era conveniente llevársela al Hospital Luis Tisné. El médico le dio el pase. Sin embargo, en el recinto recibió otra bofetada. Una carta a los médicos del Salvador advertía que los pacientes con accidentes vasculares debían quedarse allí. Marianela no lo podía creer. Partía de vuelta con su madre en ambulancia. Apenas llegó, le pidió explicaciones al médico jefe, Ricardo Parra. «Mi mamá tenía un accidente vascular, no podía andar de acá. Pero el tipo se dio puras vueltas, me dio un montón de excusas, le preguntaba a otros médicos si sabían de la carta y después no pescó más. Se fue», recuerda.
«Ellos creen que se las saben todas, pero no fueron capaces de leer una circular que les había llegado hacía un mes».