En estas tierras ecuatoriales no hay tiempo para el aburrimiento. En medio de una situación de crisis múltiples un nuevo escándalo sacudió el tablero político. Una empresa de la esposa del presidente de República pretendía construir un complejo habitacional de lujo en un remanente de manglar, menos de tres hectáreas, en la provincia de Santa Elena. La reacción de la comunidad de la zona fue inmediata tanto como la indignación en amplios sectores de la sociedad. Tan es así, que dicha empresa se vio forzada a suspender su cometido.
En medio del barullo, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto conformando una comisión para por fin comenzar a cumplir con el mandato popular referido al Yasuni-ITT, expresado mayoritariamente en las urnas el 20 de agosto pasado. Esta decisión, según algunas lecturas, habría sido tomada para distraer la opinión pública por el escándalo de Olón, que se transformó en duro golpe para la credibilidad presidencial.
ENTRETELONES DE ESTE OLONCIDIO
A pesar de que se habría suspendido el proyecto inmobiliario, bien vale la pena conocer brevemente algunos pormenores de este caso, que desnuda, con claridad, cómo se maneja un Gobierno de los Dueños.
El intento de talar el bosque de esta zona costera, llamada Esterillo de Oloncito, nos remite a una larga historia de luchas comunales. No es la primera vez que la familia del presidente está envuelta en estas disputas de tierras con comunidades del perfil costanero. Basta recordar lo que sucedió con la comuna de Engabao en Playas, en la misma provincia de Santa Elena, que dio lugar a enfrentamientos y desplazamientos violentos. Práctica que conlleva, con frecuencia, el rompimiento de la unidad de las comunidades, como aconteció en Oloncito.
Hace 23 años los habitantes de ese territorio en Olón, unas 300 familias, consiguieron que se declare al manglar como bosque y vegetación protectora, por su riqueza vegetal y faunística. Este tipo de territorios forma parte del Patrimonio Natural del Ecuador, como establece el artículo 404 de la Constitución de Montecristi. Es más, según sentencia de la Corte Constitucional del año 2021, en los manglares -destruidos masivamente en especial por la actividad camaronera- solo se puede construir infraestructura pública si es para garantizar servicios para las comunidades y siempre que sean respetuosos de los ecosistemas.
El cuestionado proyecto lo impulsa la empresa Vinazin S.A, fundada por el actual presidente de Ecuador, el año 2016. Noboa vendió la empresa a un empleado de alto nivel administrativo de la naviera de la familia del mandatario Y desde hace dos años la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi, aparece como la única propietaria de la compañía. Hasta aquí aparece todo en orden dentro del mundo de los negocios, en el que la familia presidencial lidera uno de los emporios empresariales más grandes del Ecuador.
Demos un paso más a la actualidad. Ahora Noboa no solo es empresario, sino presidente de la República. Y entonces constatamos que en este tipo de gobiernos de propietarios, tal como sucedió con el banquero-presidente, la gestión presidencial no se desliga de su ámbito empresarial. Eso explica cómo este proyecto inmobiliario en Olón se aceleró de forma vertiginosa con el inicio del nuevo gobierno. En dos semanas, a inicios de este año, con una suerte de acción exprés -para nada común en este tipo de procesos-, la empresa de Valbonesi obtuvo el registro ambiental por parte del Ministerio del Ambiente, presidido por una joven ministra de 26 años, que carece de experiencia en la materia de su gestión, pero que forma parte del grupo íntimo de Noboa.
Eso no es todo, los estudios de factibilidad estuvieron a cargo de la empresa Geosísmica, de quien es hoy ministro de Transporte y Obras Públicas, encargado también de la cartera de Energía. Para ir cerrando el círculo, la gerente general de la empresa Vinazin S.A., es la presidenta nacional del partido de Noboa, ADN. El proceso para la conformación de la empresa los realizó, la abogada que hoy actúa como ministra del Interior. Y para proteger el inicio de las obras en Olón, el régimen no dudó en enviar soldados a la zona.
[Debemos tener en cuenta, además, que Lavinia Valvonesi, en su calidad de “primera dama”, actúa en varios ámbitos de la gestión gubernamental. Así, pocos días antes del escándalo de Olón, recibió, con bombos y platillos, una donación de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals para proyectos sociales en el páramo de Quimsacocha. Justo en la zona en donde pretende operar dicha compañía, a pesar de que allí, como resultado de una consulta popular de marzo del 2019 en el cantón Girón, provincia del Azuay, está prohibida la minería; mandato popular que se pretende revertir declarando inconstitucional dicha consulta.]
DE OLÓN A LOS MUCHOS YASUNIS
En medio del revuelo mediático provocado por el claro abuso de poder en Olón, apareció el decreto presidencial para poner en marcha el proceso de suspender la actividad petrolera en el bloque 43 o ITT en el Yasuni. Este decreto que debe ser valorado por lo que representa esta decisión, teniendo en cuenta que el tiempo para cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional, aprobado mayoritariamente en las urnas, se acaba inexorablemente. Sin minimizar esta decisión presidencial, más allá de que podría ser vista como una cortina de humo, es a todas luces evidente que el decreto aparece como incompleto: no hay plazos, ni se establece financiamiento alguno. No solo eso, en esa comisión solo están funcionarios del más alto nivel ministerial y de la empresa estatal petrolera Petroecuador. No hay ningún representante del pueblo waorani, ni de las diversas organizaciones que llevaron adelante la campaña del Yasuni.
Resaltando la importancia histórica de desplegar todas las acciones necesarias para cristalizar el significado del abrumador triunfo del 20 de agosto pasado en la consulta popular, recuperando el mensaje profundo de avanzar hacia una sociedad y economía postextractivistas, cabe comprender lo sucedido en Olón.
Este es un ejemplo de defensa comunitaria de un territorio concreto. Situación que se repite en muchas otras regiones del país, como sucede actualmente en el cantón Sigchos en la provincia de Cotopaxi, cuya comunidad enfrenta a la minería y a la brutal represión gubernamental. En síntesis, es preciso entender que la esencia de la lucha por el Yasuni está presente en los territorios en los que sus habitantes defienden la vida.-