Ordenando el ordenamiento en la agricultura cubana

La producción de alimentos en Cuba sigue siendo una de las primeras prioridades del gobierno. Sin embargo, lograr desatar los nudos que atan las fuerzas productivas en el sector agropecuario —propósito al que llamó el General de Ejército Raúl Castro en 2007—, continúa siendo un proceso sumamente complejo, agravado por el impacto del ordenamiento monetario.

En días pasados, en el espacio televisivo Mesa Redonda, se abordaron las principales inquietudes de los campesinos con relación a dicho proceso. Según la Ministra de Finanzas y Precios, Meysi Bolaños, entre las mayores preocupaciones se encuentran:

• La necesidad de revisar las tarifas de los servicios de electricidad y suministro de agua. Las tarifas, tras el ordenamiento, incrementan en demasía los costos y los campesinos no cuentan con respaldos financieros para asumir tales gastos, máxime cuando no coinciden los períodos en los que se incurre en tales erogaciones con el de venta de las cosechas.
• El elevado precio de otros servicios de apoyo a las producciones, que también tiene un reflejo directo en los costos.
• El impacto aún mayor del ordenamiento en aquellas cooperativas que ya tenían dificultades financieras previas, y que en estos momentos no pueden asumir los nuevos costos.
• El hecho de que los costos se incrementen varias veces más que los precios de compra a los productores.

Decisiones en busca de incentivos  

Ante estas dificultades, se anunciaron por la propia ministra, varias modificaciones buscando mayores incentivos a la producción agropecuaria. Estas tendrán lugar en los precios de acopio y los de algunos servicios (Cubadebate, 22/03/21).

En cuanto a los precios de acopio se decide:

• Mantener con precio centralizado de acopio un total de once productos con alto impacto en el consumo social y en la sustitución de importaciones (entre los que se encuentran el arroz, los frijoles, la leche, los huevos, el ganado vacuno y la carne de cerdo).
• Aplicar un precio dual a un grupo de productos que se destinan al consumo social, pero que también se expenden en los mercados. Significa que por la parte que se destina al consumo social, se recibe el precio de acopio, mientras que se pueden negociar precios por acuerdo para las compras de gobiernos locales o entidades facultadas para el comercio minorista. Se enfatiza, no obstante, en la necesidad de priorizar el consumo social (que comprende hospitales, escuelas, comedores obreros y los sistemas de atención a la familia).

Con relación a los precios de los servicios e insumos se prevén las siguientes reducciones:

• Tarifa de Agua: 32 por ciento con respecto al inicio del año
• Tarifa eléctrica para regadíos y otras actividades de la producción agropecuaria: entre un 28 y 25 por ciento.
• Aviación en la producción de arroz: 22 por ciento,
• Piensos nacionales para la producción porcina al 60 por ciento en ambos casos.

Se contemplan, además, acciones para el caso específico de la producción de leche, destacando el hecho de que se asumirá por parte del presupuesto del estado y de la industria procesadora, el pago del acarreo. O sea, que se exime de este gasto a los productores. Se ha destinado un monto desde el presupuesto del estado, para el pago de este servicio. Si el costo excede ese monto, la diferencia será asumida por la industria procesadora.

El talón de Aquiles 

Todas estas medidas implican apoyos desde el presupuesto del estado, o sea un mayor nivel de gastos en un contexto de tensión financiera. Si bien todo lo previsto se propone una mejora en las condiciones productivas, el paquete continúa adoleciendo del mismo talón de Aquiles: la fijación centralizada de precios y de soluciones homogéneas para una realidad bien heterogénea a nivel de territorios.

Siendo así, y a partir de la experiencia de años de transformaciones sucesivas con poco efecto en la producción doméstica, varios cuestionamientos emergen:

¿Cómo tener la certeza de que estos incrementos de precios y reducciones de costos son suficientes para lograr impulsar las producciones agropecuarias?

¿Sobre qué base se han fijado los nuevos precios? ¿Parten de la consulta con nuestros productores? ¿Se han establecido partiendo de un enfoque de cadena de valor?

¿En qué medida se contemplan otros costos igualmente importantes como los de contratación de fuerza de trabajo y adquisición de insumos? Los gastos en pagos de jornadas de trabajo en el sector agropecuario eran considerables ya antes del ordenamiento, lo cual indica que, con el incremento del costo de la vida, estos gastos hoy deben ser considerablemente superiores.

¿Cómo afecta los costos de producción el hecho de tener que adquirir parte de los insumos requeridos en moneda libremente convertible, para lo cual no existe un mercado cambiario capaz de ofertar las divisas demandadas? Es decir, no puede perderse de vista que en la mayoría de las ocasiones es posible solventar tales gastos a partir de la compra de divisas en el mercado informal con un tipo de cambio que duplica el declarado oficialmente.

¿Qué conflictos podrán surgir entre los productores de leche y la industria procesadora a partir de los cambios propuestos? Las relaciones entre actores son claves en cualquier cadena, si se afectan, habrá un impacto en el resultado productivo final.

Mientras se discuten y diseñan nuevas acciones para corregir los efectos del ordenamiento, el tiempo transcurre. Si para cualquier actividad económica la variable tiempo es relevante, para la agricultura lo es aún más. Obtener determinadas producciones, pasa por haberlas sembrado en el momento justo. El tiempo perdido este año para la siembra, es irrecuperable. Apremia buscar soluciones que de una vez y por todas pongan fin al dilema agroalimentario en el país.

Betsy Anaya, directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana

Fuente: https://www.ipscuba.net/espacios/ordenando-el-ordenamiento-en-la-agricultura-cubana/