El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo dependiente del presidente Ricardo Lagos, que esta al frente de las causas de derechos humanos favoreciendo la amnistía, recibió la solicitud de renuncia de su presidenta Clara Szczaranski, por parte de organizaciones de derechos humanos de este país. Tras reunirse la directiva de la Asamblea Nacional por […]
Tras reunirse la directiva de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos con los directivos del organismo estatal, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que es necesario y oportuno que el CDE se mantenga al margen de todos los juicios en contra de los ex agentes represores del régimen de Pinochet (1973-90).
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo dependiente del presidente Ricardo Lagos, que esta al frente de las causas de derechos humanos favoreciendo la amnistía, recibió la solicitud de renuncia de su presidenta Clara Szczaranski, por parte de organizaciones de derechos humanos de este país.
Pizarro, sostuvo que el CDE con sus medidas dan un » paso hacia la impunidad», ya que la entidad estatal en vez de actuar como querellante adoptó una posición que terminará favoreciendo a todos los imputados por violaciones a los derechos humanos.
«Está alegando en favor de los victimarios y no a favor de nuestros familiares que fueron las víctimas», explicó la dirigente de derechos humanos.
El organismo, que preside la controvertida jurista Szczaranski, se pronunció hace dos semanas ante la Corte Suprema, en el que se ventila una apelación de la defensa de ex agentes de la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a favor de la Ley de Amnistía.
El decreto fue aprobado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a los uniformados que participaron en la feroz represión que desató el régimen militar tras el sangriento golpe de Estado que derrocó al extinto presidente Salvador Allende en 1973.
Diputados en contra del CDE
Esta semana legisladores presentaron a tramitación un proyecto de ley para restringir sus atribuciones y facultades a fin de que ese órgano estatal no intervenga más en procesos vinculados a ex represores de la dictadura, por su abierta parcialidad con los militares.
La presentación del proyecto la encabezaron los diputados socialistas Juan Burgos, Isabel Allende y Sergio Aguiló, los demócratacristianos Jorge Burgos y Gabriel Ascencio, así como Laura Soto y Guillermo Ceroni, por el Partido por la Democracia.
Los parlamentarios ya tuvieron una reunión con Szczaranski, quien fue invitada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, para que explicara los alcances de la posición que el organismo expresó sobre la Ley de Amnistía ante el máximo tribunal.
Pero si bien esa fue la guinda que coronó este proyecto, los legisladores aseguran que no es el único motivo que impulsó su iniciativa.
Bustos explicó que el CDE fue ganando atribuciones en torno a los casos de derechos humanos, en tanto no existía un ministerio Público, pero con su creación a través de la Reforma Procesal Penal no se justifica que siga representando al Estado en esa materia.
Recalcó que el CDE ha perdido su legitimidad al asumir la defensa y las alegaciones de los ex represores. «Eso es como si la Fiscalía Nacional defendiera en los procesos a los ladrones, los violadores y los asesinos, recalcó.
Por su parte el equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), solicitó la marginación total, de los casos de derechos humanos, del Consejo de Defensa de Estado.
Los abogados Verónica Reyna, Alberto Espinoza y Héctor Salazar, rechazaron tajantemente «la conducta que ha tenido la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, al promover una tesis que en definitiva le hace perder el rol de querellante que termina beneficiando a los inculpados de violaciones de garantías fundamentales».
Según los juritas, «la reafirmación de la aplicación del Decreto Ley de Amnistía, por parte del CDE, coloca de hecho y de derecho a ese órgano público de parte de los derechos de los violadores de los derechos humanos al alentar la impunidad», aseveraron.
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos agrupa a organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, ex presos políticos, abogados y organizaciones sociales y políticas.