La situación de los DDHH en el primer año de gobierno de Guillermo Lasso.
En el marco del día de los derechos humanos que se conmemora el 10 de diciembre de cada año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie y la Alianza de organización por los Derechos Humanos, conformada por 15 organizaciones, presentó en rueda de prensa, el informe sobre la situación de derechos durante el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso y en el Paro Nacional de junio de 2022.
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Leonidas Iza, presidente de la Conaie, abrió la rueda de prensa y comunicó que la CONAIE y las organizaciones de derechos humanos, presentaban su informe, en el marco del Día por los Derechos Humanos. Según las Naciones Unidas, este día se celebra cada 10 de diciembre, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de Derechos Humanos, en 1948.
El líder indígena demandó al gobierno nacional reparación para las víctimas del paro de octubre de 2019 y junio de 2022: “No es posible que hasta el día de hoy sigan acusándolos de violentos, vandálicos. Somos luchadores sociales, hemos salido a las calles por culpa de la política estructural que no resuelve la pobreza de la gente”.
Por su parte, Lola Piaguaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, dijo que el Día de los Derechos Humanos es importante y señaló que los pueblos siempre estarán en lucha y resistencia. Además, en concordancia con el presidente de la Conaie, exigió al Estado ecuatoriano y al gobierno nacional reparar a las víctimas de la represión durante las movilizaciones.
En la rueda de prensa también habló Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura. Afirmó que desde el gobierno nacional se ha violentado y menoscabado el derecho a las culturas. Asimismo, dijo que es necesario construir políticas para una concreción adecuada de las diversas expresiones culturales que existen en el país y de manera particular de los pueblos y nacionalidades.
De igual forma, Cerón hizo referencia al allanamiento de la Casa de la Cultura, producido el 19 de junio de 2022, en el contexto de las movilizaciones sociales. Para Cerón, esta acción fue con el fin de “construir el espacio cultural de este país, en un cuartel policial y militar para la represión. Eso evidencia que el Estado ecuatoriano es incapaz de comprender la complejidad de los derechos culturales y demanda al Estado que regrese a ver este espacio, que regrese a entender la complejidad de la cultura como una alternativa a la compleja situación que atravesamos como país”.
Tras el fin de la requisición de la Casa de la Cultura, Cerón anunció que ha establecido un conjunto de acciones legales en cortes nacionales e internacionales con el fin de que los espacios culturales y académicos como las universidades no sean utilizados como lugares para la represión.
Desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Diana Carrión dijo que en el marco del Día de los Derechos Humanos es necesario pensar la forma en que las políticas de gobierno se están gestando. “La militarización, la inversión millonaria dirigida a la policía y militares pudo tener efectos mucho más beneficiosos para una sociedad tan diversa como la que tenemos, si se hubiese hecho de manera integral, con un enfoque en derecho humanos”, señaló Carrión.
Un homenaje para las víctimas que están y no están
El informe de situación de Derechos Humanos en el primer año de gobierno de Guillermo Lasso del Paro Nacional 2022, Ecuador, presentado por la Conaie y la Alianza de organizaciones por los derechos humanos el 09 de diciembre de 2022, tiene por objetivo contextualizar y evidenciar los hechos ocurridos durante el Paro Nacional de junio de 2022, mismos que podrían constituir violaciones a derechos humanos. Esto como resultado de las acciones y omisiones de las entidades estatales, en el marco de sus obligaciones con respecto a la garantía de los derechos, en especial el derecho a la protesta social.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de organizaciones por los derechos humanos, en su intervención durante la rueda de prensa, señaló que en el informe también se habla de las cifras de desigualdad social, donde la pobreza multidimensional en el sector rural alcanza el 70.7%, mientras que en el sector urbano alcanza el 23%. Mientras que laa extrema pobreza multidimensional en el sector rural alcanza el 43.9% y en el sector urbano es del 6.9%.
Asimismo, Idrovo hizo un llamado de atención al gobierno por el recorte presupuesto para salud, falta de personal sanitario, precarización laboral, falta de capacidad del Estado para controlar los abusos contra la clase trabajadora, la deserción escolar, la imposición de injerencias personales en la vida de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, la falta de consulta previa, libre e informada en la comunidades, víctimas del extractivismo. El Estado ecuatoriano, dijo, debe garantizar a las personas manifestantes seguridad y en caso de que éstas sean reprimidas o violentadas, se les debe garantizar la reparación.
Durante los 18 días de Paro Nacional de junio, la Alianza de organizaciones por los derechos humanos, monitoreó las vulneraciones a los derechos de las personas manifestantes. Jorge Acero, coordinador jurídico de Amazon FrontLines y parte de la alianza, aseguró que hubo faltas de garantías para ejercer la protesta, no hubo un diálogo real por parte del gobierno, pero sí un uso desproporcionado de la fuerza y un uso excesivo de los estados de excepción.
En consecuencia, las movilizaciones sociales y la represión de la fuerza pública dejó nueve personas fallecidas; 318 personas heridas, de las cuales 22 tienen heridas graves y 31 de esas personas son mujeres. Entre las vulneraciones de derechos también aparecen las desapariciones temporales, tratos crueles e inhumanos, ataques a zonas de paz como las universidades Politécnica Salesiana y Central del Ecuador; además de hostigamiento a personas defensoras y ataques a medios de comunicación, explicó Acero.
De igual forma, el coordinador de Amazon FrontLines habló sobre la criminalización a la protesta social que dejó como resultado 199 personas detenidas y 522 procesos de investigación abiertos en fiscalía por sabotaje, terrorismo, entre otros.
Por su parte, Nathalie Yépez, parte de Amazon Watch y parte de la Alianza de derechos humanos, presentó las conclusiones y recomendaciones del informe presentado, donde se destaca que:
– El Estado ecuatoriano cumpla de forma oportuna e inmediata los acuerdos de las mesas de diálogo
– Implementar políticas públicas con enfoque en derechos humanos, intercultural.
– Tomar en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales
– Brindar a la víctimas verdad, justicia y reparación
Mientras que, Jorge Rivera, una de las víctimas de la represión policial en el contexto del Paro Nacional de octubre de 2019, y vicepresidente de la Asociación Inocencio Tucumbi, dijo: “seguimos fuertes, seguimos cada día más rebeldes y listos para cuando tengamos que volver a las calles. Este gobierno torpe, tonto e incapaz lo único que se le ocurre decir en una protesta, cuando la gente que apoya y los barrios proveen al Movimiento Indígena y a la gente que sale a protestar, es decir que están auspiciados por el narcotráfico. Es la única torpeza que se le ocurre”. A esto agregó que, el Estado ecuatoriano no ha brindado a las víctimas de la represión atención oportuna en salud y que de no ser por la solidaridad de familiares, amigos y vecinos, estas personas seguirán con las heridas y no hubiesen podido conseguir una prótesis, en el caso de aquellos que perdieron los ojos.
Fuente: https://wambra.ec/guillermo-lasso-ddhh-ano-gobierno/