Cuando Cleida García acudió desesperada a las redes sociales a exponer la violencia sexual a la que había sido sometida su hija menor de edad, por varios hombres, fue porque «no había encontrado la respuesta penal que esperaba en aquel momento», según cuenta a SEMlac. Pero en verdad tampoco sabía de la existencia de servicios y personas capacitadas para orientarla y ofrecerle acompañamiento jurídico efectivo.
«Me contactaron abogados y psicólogos del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), al saber de mi caso, por la repercusión mediática que tuvo. Les estoy muy agradecida por su apoyo. Fue muy importante no solo para hacer justicia, sino para saber qué hacer y contar con ayuda especializada», dijo esta madre habanera.
Ivón Calaña Pérez, jefa del departamento de asesoría jurídica del Cenesex, rememoró ese caso. «Nos comunicamos directamente con la madre de la niña, para saber si ella quería recibir nuestro asesoramiento. Ella estaba pidiendo ayuda porque no se sentía satisfecha con la respuesta penal en el proceso de instrucción. Desde el inicio contactamos con la Fiscalía General de la República (FGR) y nos personamos en su casa, donde nos explicó lo ocurrido».
Relata la jurista que la situación era compleja porque los agresores residían en el mismo barrio, por donde obligatoriamente la niña tenía que transitar, lo que generaba mucha tensión. Por ello solicitaron protección a la FGR y la policía. «El proceso concluyó y todos los autores fueron sancionados», apuntó.
Detenerse en detalles de lo sucedido podría llevar a la revictimización, en un caso que ya sufrió sobrexposición. Desde el respeto al dolor de las víctimas, SEMlac rescata de este episodio la esperanza y el valor del acompañamiento.
«Buscar ayuda es fundamental», asevera Cleida, pues no solo la víctima requiere apoyo, también lo necesita la familia.
Acompañar desde la defensa de los derechos
El Servicio de Orientación Jurídica del Cenesex es mucho más que un servicio exclusivo para atender casos de violencia, aunque sí les prestan mayor énfasis, apuntó Calaña Pérez.
«Nuestra mirada no está enmarcada solamente en la violencia hacia la mujer, sino que incluye la violencia hacia niñas y niños y a las personas LGBTIQ+. De hecho, el convenio que tenemos con la FGR desde 2018 es justamente para ofrecer una mayor protección y amparo a estos tipos de violencia», dijo.
Desde 2007 surgió la idea, a partir de la demanda de personas que se acercaban a la institución buscando una asesoría en temas de derechos sexuales. No obstante, también atienden otras materias vinculadas a intereses asistenciales, docentes e investigativos de la institución, comentó la jurista.
Explicó que al servicio llegan casos de tres grandes temáticas: los vinculados con violencia basada en género; procesos judiciales -sin relación estricta con violencia- y, por último, los procesos administrativos, incluidos los registrales.
«No nos limitamos al registro y la actuación en casos de violencia sobre las mujeres; también analizamos los relativos al maltrato infantil, incluyendo el abuso sexual», expuso la especialista.
Esto se conecta con el servicio de detección de víctimas de abuso sexual infantil, que también presta el Cenesex, pues a familiares de esos menores muchas veces se les ofrece asesoramiento jurídico ante irregularidades en procesos judiciales o morosidad en las actuaciones.
«También registramos casos relativos a discriminación por orientación sexual e identidad de género, una información valiosísima porque somos de las pocas instituciones que lo hace. Dedicamos un espacio, además, para la violencia hacia los hombres, porque ellos desde sus masculinidades también la sufren, aunque esa misma construcción hegemónica los condiciona a no denunciar», precisó.
Explica Calaña Pérez que se presta mucho interés y acompañamiento a los procesos de cambio de sexo en el carné de identidad de las personas trans, luego de la reasignación genital. «Es una de las barreras que tienen las personas trans respecto a su identidad. Y como no es un proceso cotidiano para todos los tribunales, pese a que existen experiencias, desde el Cenesex ofrecemos asesoramiento a los representantes legales», dijo.
Muy vinculado con esto están los procesos administrativos relativos al cambio de nombre de las personas trans, una de las demandas más frecuentes de este grupo, por los impedimentos legales para acceder a este derecho.
«Si bien son obstáculos que se han ido superando sobre la marcha, es importante ofrecerles información, revisarles la documentación que deben presentar, facilitarles el contacto de la notaría que sabemos está sensibilizada, para que proceda y concreten este proceso registral», precisó.
Además, reciben asuntos que, sin guardar relación con el centro, igualmente atienden y derivan hacia las instituciones pertinentes.
«Nuestro acompañamiento y asesoría para quienes acuden al servicio o donde advertimos una vulneración de derechos, es de escucha y búsqueda de la ruta más expedita y equitativa para que puedan disfrutar sus derechos», enfatizó.
Ayuda accesible
Al servicio de orientación jurídico del Cenesex llega gente de todo el país por diferentes vías. Además de la atención presencial cara a cara, luego de concertar cita previa por teléfono, existen otras vías de acceso.
Para personas impedidas de trasladarse, sea porque viven fuera de la ciudad, por limitaciones físico motoras o estar recluidas en establecimientos penitenciarios, existe la variante del servicio postal, indicó la especialista.
Con la llegada de la pandemia de covid-19, agregó, se abrió un correo electrónico. «No habilitamos la asesoría telefónica porque hay un grupo de documentos e información que por lo general es necesario aportar para mayor claridad del caso. Sin embargo, excepcionalmente nos llaman, incluso desde establecimientos penitenciarios, denunciando irregularidades de atención a la salud sexual, o la prohibición de determinado derecho», dijo.
Explicó Pérez Calaña que en estos casos se envía una valoración a ese centro con copia a la FGR para que se analice. «No nos adentramos a indagar, pues las instituciones competentes deben hacer los análisis que correspondan. En la mayoría de los casos, recibimos respuesta, pues nuestro servicio tiene reconocimiento de las personas naturales y de las instituciones», destacó.
El Cenesex cuenta con varios especialistas en el departamento jurídico, lo que facilita el estudio conjunto de cada caso y enriquece las respuestas. No siempre concluye la atención con el asesoramiento, sino que a veces es necesario derivar el caso a otra institución o ministerio competente, que luego ofrece respuesta al Cenesex.
Según la especialista, además de las personas naturales se acercan a recibir asesoramiento instituciones como escuelas, centros de trabajo, direcciones municipales de alguna instancia que necesitan información sobre derechos sexuales o carecen de todos los elementos desde el punto de vista jurídico.
Solo entre 2013 y 2020, el servicio de orientación jurídica del Cenesex atendió más de 5000 casos, fundamentalmente por servicio postal y también por consultoría presencial.
En 2020, debido a la covid-19, el servicio sufrió cambios. «Las estadísticas fueron inferiores al resto de los años, justamente porque solo el servicio presencial fue garantizado en los meses de enero a marzo y en noviembre, cuando la situación epidemiológica permitió retomarlos», dijo.
La especialista precisó que los principales casos atendidos de violencia hacia la mujer basada en género y de abuso sexual infantil se recibieron en ese periodo de modo presencial, no así mediante el correo electrónico.
«Ello indica que es necesario reforzar y garantizar las vías para que las personas puedan acudir a espacios seguros, donde les sea posible tener atención inmediata», destacó.
Entre los casos de violencia atendidos durante la pandemia sobresalen las vulneraciones de derechos a personas con orientaciones sexuales no hegemónicas, que tuvieron, junto a los casos de violencia hacia la mujer, una mayor incidencia en relación con otros grupos vulnerables y situaciones como el maltrato hacia niñas y niños.
Alertó que si bien el abuso sexual infantil fue menos denunciado, ello no implica que necesariamente se haya reducido, pues otras investigaciones dan cuenta de su aumento durante el confinamiento.
Fomentar alianzas desde la sensibilización
Descentralizar los servicios jurídicos y abrir consultorías en otros territorios ha sido prioridad del Cenesex, con experiencias exitosas en provincias como Santiago de Cuba y Sancti Spíritus, al oriente y centro de Cuba, respectivamente.
«Esa gestión local ha permitido solucionar la mayoría de los casos y ganar reconocimiento en los territorios. Pronto nos ampliaremos hacia Guantánamo y Camagüey, donde se formarán operadores jurídicos para prestar estos servicios», apuntó Calaña Pérez.
A su juicio, la capacitación es fundamental. «Tener un título en Derecho no implica per se un asesoramiento jurídico pertinente para interpretar la norma desde una perspectiva de derechos humanos. La ley brinda herramientas que permiten defender derechos y ejercitarlos de la manera más efectiva, pero se requiere una visión sensible, proactiva, que no todos los juristas tienen», opinó.
«Aún falta mucho en ese camino, pues persiste una visión plagada de prejuicios en estos temas e incluso personas despojadas de estereotipos, pero con temor a estructuras y niveles donde no se piensa de esa manera», apuntó.
Calaña Pérez enfatizó en que la atención a las personas víctimas de violencia de género, por ejemplo, implica asesoría jurídica y una mirada interseccional. «Se necesitan servicios de apoyo y atención para la reparación del daño y el restablecimiento de los derechos que hayan sido vulnerados», dijo.
Se requiere, además, cambiar la mentalidad, que es un proceso más largo y resistente a veces que un cambio en las normas jurídicas, consideró la jurista. «Puede modificarse la legislación, que si no cambiamos las subjetividades y el imaginario social, las transformaciones no serán ostensibles en la práctica».