Una historia de codicia a ser superada: “Para la codicia nada es sagrado. / Si el Ave Fénix cayerá en sus manos, / se la comería o la vendería.” -Juan Montalvo
Zaruma se hunde, literalmente. Las imágenes de esos grandes socavones que se van comiendo la ciudad, nos conmueven. Lamentarnos no basta. Siendo algo que se pudo anticipar, la primera reacción que cabe es la indignación. Pero eso tampoco es suficiente. Hay que actuar. Esta tragedia sirve incluso para reflexionar sobre los riesgos que conlleva esta actividad extractivista.
Empecemos. Detrás de esta tragedia -atribuible a la minería- hay mucha historia.
Esta ciudad patrimonio, fundada en 1595, cuyo nombre oficial es “Villa del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma”, está ubicada en una zona montañosa, en un ramal de la cordillera de los Andes. Se encuentara en la parte superior de un cerro de cuyas entrañas se extrae oro desde hace mucho tiempo atrás.
Sin detenernos en las actividades mineras precoloniales y las coloniales, ni en los intentos fracasados de varios inversionistas extranjeros, la explotación aurífera en clave extractivista empezó con la empresa norteamericana South American Development Company, subsidiaria de la Vanderbilt. La SADCO, como se conocía a la empresa, creó Portovelo, alrededor de 1896, como campamento minero, al pie de dicha montaña. Como sucede con frecuencia, este campamento se transformó en un enclave, que devino otro Estado dentro del Estado ecuatoriano. Los mineros yanquis impusieron sus leyes y costumbres, incluso su propia moneda llamada patterson. La minera, que -como sucede casi siempre- no cumplió con sus obligaciones contractuales, ni dejó los beneficios acordados con el Estado, se habría llevado 3,5 millones de onzas de oro.
La violencia -como acontece en el mundo entero- dominó en esta actividad. La historia de Portovelo no es una excepción. Ricardo Paredes la narró en 1938, en su libro “Oro y sangre en Portovelo – El Imperialismo en el Ecuador”. En esas páginas nos recuerda ese doloroso trajinar, incluyendo el crimen policial y patronal del 18 de enero de 1936, cuando con la intervención del Estado se reprimió a los trabajadores y habitantes de este “primer distrito minero” ecuatoriano. Y no solo que corrió sangre en esta larga historia de violencia, sino que la contaminación se ha extendido por amplias superficies llegando incluso al Perú a través de la cuenca del río Puyango-Tumbes.
La SADCO, que era una empresa legal, se fue a inicios de los años 50 del siglo pasado, sin hacer el correspondiente y adecuado cierre de mina. La compañía CIMA, compuesta por antiguos trabajadores del Municipio de Zaruma y de la SADCO continuó un tiempo con las operaciones “formales”. Y desde entonces se ha mantenido abierta la puerta para una perversa combinación de legalidades e ilegalidades que dura hasta hasta nuestros días. Paulatinamente el cerro en donde está acentada Zaruma ha sido carcomido por casi 70 kilómetros de túneles. No sorprende, entonces, que desde ya varios años sean frecuentes los hundimientos en dicha población.
La declaración de una zona de exclusión en el año 2013, que vedaba las actividades mineras dentro de las 175 hectáreas que incluyen el caso urbano de la ciudad, no fue respetada. El asunto se volvió tan crítico que con una consulta popular a nivel nacional, en febrero del 2018, se prohibió la actividad minera en zonas pobladas, teniendo en la mira la dramática situación de Zaruma. Huelga decir que todas las autoridades hicieron caso omiso de esas prohibiciones. El Concejo Cantonal de Zaruma en lugar de ejercer a plenitud sus competencias constitucionales exclusivas para el ordenamiento territorial y el uso, la gestión y el control del suelo, se hizo de la vista gorda o simplemente convivió con mineros legales e ilegales. El gobierno nacional tampoco cumplió con su responsabilidad, en particular el Ministerio de Recursos No Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero. Y no es menos grave que muchos ciudadanos hayan caído víctimas cómplices de la fiebre del oro.
Hoy, cuando el imperialismo minero está de vuelta, cabe plantearse con seriedad la solución de la creciente destrucción de esta maravillosa ciudad patrimonio, de origen colonial. Y por cierto hay que extraer leciones de esa tragedia para prevenir nuevos destrozos en todo el país.
Esta sera una tarea muy compleja teniendo en cuenta que, luego de un fallido intento de desembarco de las empresas mineras en los años de los gobiernos neoliberales en los años 90 e inicio de los 2000, éstas consolidaron una sólida cabeza de puente con el apoyo del gobierno del presidente Rafael Correa, que impuso la megaminería a “sangre y fuego” en varias provincias del Ecuador. Actividad que ahora se proyecta con creciente fuerza aupada cada vez más por el gobierno de Guillermo Lasso.
Además, impulsada por la exacerbada demanda de oro que agobia al planeta de forma creciente desde hace un par de décadas, la minería a pequeña escala -a vista y paciencia de las autoridades- ya provoca destrucciones en diversos lugares, como son, para mencionar un par: Nambija, Ponce Enriquez, Buenos Aires, los ríos en Napo y Esmeraldas, Ferro Urcu, no se diga Zaruma. Y en este contexto, el Estado reprime a las comunidades que -haciendo uso de su derecho constitucional a la resistencia- se oponen a la destrucción de sus territorios.
Ahora hasta la megaminería ya se hace presente con sus megaimpactos: el proyecto de cobre Mirador, que es el que más avanzado luego de la apertura impulsada por Correa, durante su vida útil de 27 a 30 años, requerirá el tratamiento químico diario de 60.000 toneladas de mena. Esta solo cifra ya nos permite avizorar el gigantismo de este tipo de actividad en una zona de gran biodiversidad, un espacio caracterizado por una topografía muy irregular, en donde tienen origen varias vertientes de agua que desembocan en el Amazonas. A final de la vida de la mina, se acumularán un total de 491 millones de metros cúbicos de lodos contaminados (3 veces el volumen del lago San Pablo en la provincia de Imbabura) y 438 millones de toneladas de desechos sólidos (5 veces el Panecillo de Quito). En el mismo período el consumo de agua será de 21 millones de litros de agua al día o 250 l/s, es decir el volumen de 8 piscinas olímpicas o el equivalente del consumo de la ciudad de Ibarra, capital de Imbabura, en la que viven unas 120 mil personas.
Como saldo de este breve repaso podemos dejar sentados varios puntos para entender mejor los impactos de tanta codicia:
- Toda mina contamina… mucho más las grandes que las pequeñas. No hay minería responsable y menos sustentable. Hay que asumir esa realidad construyendo análisis de costo beneficio que incorporen todas las variables y no simplemente nos cuenten cuáles son las cifras de exportación de minerales, puesto que estos datos ocultan lo fundamental: cuánto es el ingreso para la Estado, que siempre debe superar el 50% del total de los beneficios; así como cuáles serán los costos reales de reparación a las personas que serán afectadas, no se diga los costos de reparación y de restauración de la Naturaleza, como ordena la Constitución del 2008.
- Tal como van las cosas es inocultable la incapacidad -léase complicidad- por parte del Estado para detener los destrozos de la minería informal. El Estado conoce donde hay estas actividades. Basta señalar que en el Plan Nacional del Sector Minero 2020-2030, en las páginas 109 a 111, consta detallada la lista de lugares con ese tipo de minería, que se ubican en al menos 21 de las 24 provincias del Ecuador. Y no solo que el Estado no hace nada, sino que persigue a las personas que tratan de detener el avance destructor de estas mineras.
- En el caso de la megaminería la complicidad estatal es aberrante. Basta con señalar que toda esa minería, que se presenta como “legal”, está cargada de inconstitucionalidades e ilegalidades, empezando por el irrespeto al Mandato Constituyente Minero de abril del 2008, la no ejecución de la consulta prelegislativa para aprobar la ley de mineria en el año 2009, la no realización de las consultas amnbientales, para mencionar apenas unas pocas violaciones. Inclusive consultas populares para prohibir la minería, como la mencionada del año 2018, son olímpicamente irrespetadas.
- Tampoco se pueden obviar las relaciones que tienen las empresas “legales” con los mineros ilegales, quienes muchas veces son la punta de lanza de las grandes empresas o simplemente son manipulados como una amenaza para facilitar la entrada de la minería a gran escala que es presentada con la responsable. Por cierto tampoco se puede obviar que las empresas “legales” muchas veces adquieren el oro de los ilegales. Y en todo este complejo escenario las mafias no dejan de estar presentes.
- Sin agotar las conclusiones que se podrían obtener de la destrucción minera de Zaruma, es vital considerar que el impacto de la minería no solo se experiementa mientras dura la explotación del mineral. Sus consecuencias, como hemos constatado en este caso, pueden durar mucho tiempo, décadas e incluso siglos por efecto de la contaminación y la destrucción de la Naturaleza.
Las lecciones de Portovelo y Zaruma no pueden quedar simplemente escritas en los textos de historia. Demandamos respuestas estructurales urgentes para esta región, que deben dar paso a acciones -en clave nacional- que frenen la expansión de la pandemia minera en el país.-
Alberto Acosta: Economista. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).
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