Sebastián Piñera se ha propuesto revivir la llamada política de los consensos, destacando como un ejemplo positivo la seguida en esta dirección durante la presidencia de Patricio Aylwin, siendo ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, uno de sus grandes panegiristas ayer y hoy. Por tanto, conviene recordar lo que significa esa orientación. En palabras directas implicó […]
En lo fundamental, la política económica del gobierno de Sebastián Piñera será la misma que se viene aplicando desde los años de la dictadura y, en consecuencia durante los cuatro períodos presidenciales de la Concertación, acentuándose algunos componentes más regresivos. Diversos análisis internacionales desde la perspectiva de una visión de derecha lo constatan. «Es probable – señaló Economist Intelligence Unit – que el modelo económico chileno se mantenga en general estable, ya que hay un gran consenso (…) sobre la política económica. Pese a que la Coalición por el Cambio no tendrá mayoría en el Congreso – añadió -, no habría problemas de gobernabilidad dada la profunda tradición de cooperación política de Chile» (10/01/10).
Desde luego, el «gran consenso» y la «cooperación política» se produce entre los responsables de la conducción económica en estos veinte años – incluyendo, obviamente, a los de la dirección política – y quienes se vieron favorecidos por la continuidad de un modelo que impusieron mediante la violencia extrema. Por ello, Tulio Vera, director ejecutivo de la empresa financiera Bladex en Nueva York, considera que la elección de Piñera «no lo veo como un voto para cambiar de rumbo, lo veo más como un voto para cambiar de piloto. Van a cambiar matices (…) representa un afinamiento de un modelo económico sobre el cual no hay gran cuestionamiento» (31/01/10).
«(…) el llamado «modelo chileno» político y económico – escribe el cientista político francés Guy Sorman – ha sido confirmado y reforzado por esta elección. Los candidatos – se pregunta – (…) ¿acaso no estaban de acuerdo en lo esencial, esto es, la continuidad de las instituciones políticas y económicas? Tal como la Concertación no rechazó lo avanzado en el régimen de Pinochet, Piñera no destruirá los avances culturales y sociales acumulados bajo la Concertación» (07/01/10). Es la continuidad de un «modelo» que no tiene nada de «chileno». Es expresión de las ideas del consenso de Washington, fue establecido bajo la inspiración de las concepciones monetaristas de la Universidad de Chicago y es la concreción en el país del pensamiento neoliberal, que pasó a ser dominante a nivel mundial en la década de los ochenta y cuya hegemonía fue un factor impulsor de la Gran Recesión.
Es el imperio de la llamada «política de los consensos» que se estableció como forma de conducción desde el gobierno Aylwin, siendo ministro de Hacienda Alejandro Foxley, uno de sus más destacados defensores y propiciadores. Desde ese momento las grandes decisiones económicos-sociales se consensuaron entre la Concertación y la derecha política y/o empresarial.
Esta forma de conducir al Estado incidió en la derrota de la Concertación en las elecciones presidenciales y en el proceso de descomposición vivido por esta combinación de partidos que gobernó durante veinte años con cuatro presidentes. El consenso con la derecha y la cúpula empresarial obliga a renunciar a posiciones progresistas que entran en contradicción con esos sectores. La experiencia internacional demuestra que si se gobierna buscando el acuerdo con la derecha es ésta la que termina desempeñando un papel protagónico.
Alejandro Foxley, colocado como ejemplo de la «política de los acuerdos», ha detallado como frente a numerosos hechos relevantes se llegó a entendimientos con la activa participación de Sebastián Piñera, que propicia ahora un esquema similar. «Yo era ministro de Hacienda – rememora Foxley -, él (Piñera) era miembro de la Comisión de Hacienda en el Senado y fue el principal interlocutor que tuve para construir los acuerdos en materia económica. Tengo que hacer ese reconocimiento público – subrayó Foxley – hoy día. No quiere decir que siempre tuvimos la misma opinión, pero en todos los temas importantes siempre estuvo disponible para construir un acuerdo» (27/01/10). Ello no tiene nada de extraño porque explícitamente se continuó en lo fundamental con el esquema de política económica instaurado durante la dictadura, que se reconoció como «exitoso», buscando acentuarle los elementos de equidad, lo cual obviamente no podía alcanzarse como lo demuestran las cifras sobre distribución del ingreso1.
Foxley rememora una anécdota que habla por sí sola. «Recuerdo – expresó en entrevista a El Mercurio – que llamé a Piñera y le dije ‘mira tenemos que dar la señal de que los tratados de libre comercio es una política de Estado’, y nos fuimos juntos a dar charlas en el Congreso de EE.UU» (27/01/10). El TLC con EE.UU. no se alcanzó durante el Gobierno de Aylwin, fundamentalmente por objetivos que privilegió en ese momento la Casa Blanca, en particular concluir primero el tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TLC con EE.UU. se suscribió recién en el Gobierno de Lagos y constituyó un paso de gran importancia para «amarrar» el modelo económico en aplicación. Desde luego, que las políticas de consenso hoy buscarían insistir, en un nuevo contexto internacional, con criterios similares.
La «política de los consensos» permitió a los grandes intereses económicos en la década de los noventa seguir ejerciendo su hegemonía en otro contexto. En la realidad actual es un esfuerzo consciente para construir una base de apoyo más amplia que permita materializar los objetivos que se proponen los sectores de derecha. El Mercurio ha recordado editorialmente, junto con destacar los planteamientos de Foxley, que «símbolo de esta etapa (la de los acuerdos) fueron las reformas tributarias y laborales a las que parte de la oposición concurrió con sus votos» (27/01/10).
Detengámonos en la «reforma» tributaria, porque fue la primera manifestación abierta de la «política de los acuerdos». Ella consistió precisamente en renunciar a la reforma tributaria planteada durante la campaña presidencial de Patricio Aylwin y reemplazarla por otro proyecto elaborado de conjunto con Renovación Nacional, el partido de Sebastián Piñera. «La reforma tributaria contemplaba – de acuerdo a una síntesis efectuada por el propio Foxley – la reposición de un impuesto a las utilidades de las empresas, un aumento en la progresividad del impuesto a la renta y la readecuación de la tributación de aquellos sectores que – como la agricultura, la minería y el transporte – tributaban sobre la base de renta presunta, dando lugar a una extendida evasión tributaria»2.
¿Qué significó su reemplazo por los «consensos»? Redujo el incremento de los impuestos directos, contemplados en la propuesta del Ejecutivo, de llevar la tasa a las empresas «al 15% o 20%, según las necesidades de la recaudación tributaria» a un 10% de las utilidades devengadas. Para cubrir los menores ingresos se incrementó el IVA en dos puntos porcentuales, de 16% a 18%, porcentaje que se prometió muchas veces reducirlo, pero que fruto de sucesivos «consensos» está actualmente en 19%. No existe un tributo más regresivo que el IVA dado que grava en un porcentaje mayor sobre los ingresos a los sectores que los perciben en menor cantidad. Los sectores de altos ingresos destinan un porcentaje de ellos a ahorro.
Piñera ha explicitado que entre los ejemplos a tener en cuenta se encuentra el gobierno de Aylwin, que encargó a Edgardo Boeninger las propuestas para la implementación de su gobierno y que hizo de la «política de los acuerdos» una de sus líneas centrales. ¿Cuál fue la línea defendida por Boeninger? Como señalamos en nuestro libro «El programa abandonado», en conferencia pronunciada en el Primer Congreso Iberoamericano de Ciencias Políticas, el que fuese ministro del primer gobierno de la Concertación afirmó que la administración Aylwin cumplió la misión de «legitimar (…) por su propia convicción» el modelo económico impuesto en los años de la dictadura. «Sin esta legitimación – explicitó -, el modelo de economía abierto hacia el exterior, basado en la propiedad privada y de mercado, no se habría desarrollado en Chile. Hemos legitimado el pasado sobre la base de que éste es parte de la realidad del Chile del presente y del futuro»3.
¿Es extraño que planteamientos de este tipo hayan posibilitado el «consenso» con Piñera y amplios sectores de derecha? Ello alejó a la Concertación de su propuesta presidencial. No fue la derecha quien renunció a sus posiciones básicas. Al mismo tiempo, Piñera tiene presente la experiencia del presidente francés Nicolás Sarkozy, que tratando de asegurar respaldo a las decisiones que buscaba establecer nombró como canciller al dirigente socialista Bernard Kouchner. Posteriormente apoyó la nominación de Dominique Strauss-Kahn, otro destacado dirigente socialista, para la dirección del FMI, que volvió a desempeñar un papel relevante con la crisis económica.
Piñera habla de una «política de consensos» en un gobierno de «unidad nacional». La pregunta obvia es «consensos» detrás de qué proyecto. ¿Uno orientado a radicalizar aún más el «modelo económico»? Es lo que se deduce de los planteamientos adelantados por su equipo económico. ¿Puede una política de esta naturaleza servir de base a una «unidad nacional»?
La mantención de esta política de consensos la hizo suya de inmediato tras la segunda vuelta electoral el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio. «La tendencia es a entender que aquí los cambios que el país necesita – expresó el presidente del organismo que agrupa el gran empresariado, Rafael Guilisasti – requieren tanto del gobierno como de la futura oposición» (28/01/10), recordando que existe un tema pendiente, planteado por Sebastián Piñera durante la campaña electoral y reiterado en su primera conferencia de prensa internacional como presidente electo de «abrir» Codelco a capitales privados, buscando un «consenso» para poder reunir los votos necesarios en el parlamento.
«Cualquier participación privada – dijo Piñera – requiere una reforma constitucional y por lo tanto tendrá que ser fruto de un diálogo y un acuerdo muy amplio de la sociedad chilena» (19/01/10), Las respuestas a estas formulaciones no se hicieron esperar. La Federación de Trabajadores del Cobre, a través de su presidente, Raimundo Espinoza, se expresó «en total desacuerdo con la incorporación de capital privado en la propiedad de Codelco; por lo tanto, tampoco propiciamos una reforma constitucional para llevarla a cabo, tal como lo ha insinuado el señor Piñera» (20/01/10).
Esta política de los «consensos» se expresará, eso sí, en la elección de directores de la empresa estatal de acuerdo con la ley de Gobierno Corporativo promulgada siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Tres directores son de designación presidencial. Cuatro son nombrados de una quina elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública que incluye nombres de derecha y cercanos a la Concertación. Este Consejo nace el año 2003 y es fruto de un «consenso», durante el gobierno de Lagos, con los partidos de derecha como mecanismo de designación de altos cargos en la administración pública. Y los restantes dos son nominados de propuestas de los trabajadores y supervisores del cobre. En general el mecanismo para su formación lleva a la repartición de los cargos no nominados exclusivamente por el presidente de la República con la mecánica del sistema binominal. En definitivo, la mayoría de su directorio pasará a ser de derecha.
El gran tema a resolver no es el acceso de capitales privados, que aparece como la vía hacia su privatización, sino el desarrollo de Codelco y que al interior del país y en el mundo participe activamente en la intensa disputa existente por el control de recursos naturales. En los años de altos precios del cobre el aporte presupuestario de Codelco ha sido muy grande alcanzando un promedio anual entre US$6.000 millones y US$7.000 millones. Su contribuición al país es muy grande. Estos recursos no deben entregarse – como acontece con los yacimientos privados – a grandes intereses económicos.
La revista norteamericana Forbes ubicó a Sebastián Piñera, luego de ser designado presidente entre los quince millonarios más poderosos del mundo. «Toda fortuna (…) – señaló la publicación – viene con su propia cuota de poder e influencia. Pero pocos plutócratas tienen la combinación de dinero, poderío industrial y destreza política para ganar una posición dentro de los más poderosos millonarios» (20/01/10). El listado es encabezado por el alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que controla varios medios de comunicación y servicios informativos; el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, dueño también de medios de comunicación: tres canales de televisión (que se unen a los estatales), además de revistas y diarios; Vagit Alekperov, que controla la empresa petrolera más grande de Rusia; y Carlos Slim, el magnate mexicano que encabeza el holding de telecomunicaciones América Móvil. ¿Todos estos personajes que políticas impulsan y defienden? ¿Qué significa el «consenso» con ellos?
www.elciudadano.cl/2010/02/15/pasado-y-presente-de-la-«politica-de-los-consensos»/