Después de 25 años, Chile está reformando la Constitución establecida por la dictadura en 1980. Pero la Cámara de Diputados dejó intactas varias disposiciones que afectan a la libertad de expresión, a la ética del periodismo, a los periodistas y a los medios de comunicación.Principalmente, se trata del ‘delito’ llamado ‘desacato’ y del artículo 19, […]
Después de 25 años, Chile está reformando la Constitución establecida por la dictadura en 1980. Pero la Cámara de Diputados dejó intactas varias disposiciones que afectan a la libertad de expresión, a la ética del periodismo, a los periodistas y a los medios de comunicación.
Principalmente, se trata del ‘delito’ llamado ‘desacato’ y del artículo 19, que consagra la protección de la ‘vida pública’, además de la lógica protección de la vida privada, que nadie impugna. Por otra parte, los periodistas aspiran a que todos los colegios profesionales, no sólo el Colegio de Periodistas, recuperen la capacidad jurídica de ejercer la tuición ética en las diferentes profesiones.
Los periodistas piensan que si no se acatan sus observaciones, habrá ‘nuevas’ normas constitucionales, que en realidad serán las mismas disposiciones viejas disfrazadas como nuevas, pero incompatibles con una democracia verdadera y transparente, o sea, se eternizarían normas retrógradas instituidas por la dictadura que gobernó Chile 17 años, desde 1973 a 1990.
La preocupación central del Colegio de Periodistas hoy es impedir que se promulguen esas normas retardatarias conservadas por la reforma constitucional que deberá aprobar el Poder Legislativo el 16 y 17 de agosto, es decir, dentro de dos semanas.
El Colegio obtuvo que el Senado no aprobara las cláusulas constitucionales refrendadas que fueron refrendadas por los diputados y, además, comprometió al gobierno de Ricardo Lagos a vetar esas normas. Asimismo, existe el compromiso gubernamental de vetar la norma que impide restablecer la tuición ética.
Sin embargo, el Colegio consiguió que la Cámara de Diputados modificara su criterio y obtuvo su promesa de no oponerse a los vetos una vez que éstos ingresen al Congreso, el 16 de agosto. Los vetos serían aprobados por el Senado en la tarde del día 16 y la Cámara los debatirá en la mañana del 17. Para esa jornada, el Colegio convocó a una gran movilización de periodistas, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, activos y jubilados, y a los estudiantes de la profesión. La manifestación se efectuará frente al Congreso, en Valparaíso.
Las batallas que siguen
Los periodistas chilenos creen que ganarán esta batalla, pero no la consideran el fin de sus combates por la libertad de expresión, sino apenas el comienzo de una lucha mucho más vasta. Una Constitución mal reformada podría hacerles mucho más difícil esa tarea. El Colegio enfrenta estos desafíos fortalecido por su XII Congreso Nacional Ordinaria, realizado el 8, 9 y 10 de julio en Valparaíso y Viña del Mar, con la presencia de delegados fraternales de Bolivia, Perú, Brasil y Venezuela, quienes suscribieron la ‘Declaración de Viña del Mar’, un combativo manifiesto del periodismo sudamericano.
La tarea siguiente será obtener la derogación del inciso 2 del artículo 161A del nuevo Código de Procedimiento Penal, que castiga con prisión las grabaciones y filmaciones en lugares públicos considerados privados, como oficinas de jueces, políticos y autoridades. Este artículo fue aplicado por primera vez hace una semana en una sentencia a 61 días de prisión contra el presidente del Colegio, Alejandro Guillier.
En apariencia, la Constitución garantiza la transparencia de la administración del Estado, pero las leyes específicas más bien consagran el ‘secretismo’ en las decisiones gubernamentales, al arbitrio de lo que dispongan pequeños jefes de la administración pública, aún en contra de las objeciones de la Contraloría General de la República, sustentadas con sólidos criterios jurídicos en dictámenes que, lamentablemente, carecen de fuerza legal para imponerse. El libre acceso a la información, por lo tanto, es otra tarea que le incumbe a los periodistas y a la ciudadanía.
Para citar un solo ejemplo, el Decreto 26, de 2001, dictado por Patricio Aylwin, que gobernó de 1990 a 1994, es decir, al comienzo de esta larga ‘transición a la democracia’ de 16 años, faculta al jefe de cada órgano de la administración pública para determinar a su antojo qué es público, qué es secreto y qué es reservado. Desde 2001, esos órganos han dictado un centenar de resoluciones para impedir el conocimiento público sobre materias fundamentales para la ciudadanía.
En los próximos meses seguirán debatiéndose en Chile las nuevas leyes sobre privacidad e intimidad de las personas, discusión en que los periodistas aspiramos a lograr que esas normas de protección de la vida privada, a las que nadie se opone, sean compatibles con el interés público y el derecho ciudadano a estar oportuna y verazmente informado.
Los periodistas habrán de enfrentar más tarde la abolición de otras normas sobre desacato contenidas en el Código de Justicia Militar y varios cuerpos legales que afectan al periodismo, aparte de luchar por el libre acceso a las fuentes públicas de información de cualquier naturaleza, la cláusula de conciencia, el secreto de la fuente y la dignidad profesional del periodista, con una ley específica que han llamado Estatuto del Periodista, conquista que el periodismo argentino posee desde 1944.
Concentración de la propiedad mediática
Los periodistas de Chile diferencian claramente la libertad de empresa de la libertad de prensa y tienen una clara postura crítica frente a la excesiva concentración de la propiedad de los medios de comunicación, particularmente en la prensa de papel, donde dos personas controlan prácticamente todo el mercado nacional de periódicos, en detrimento de la libre competencia, la libertad de expresión, el derecho a la información, la pluralidad en la opinión que expresan los medios y otros derechos universalmente reconocidos. Aunque los periodistas admiten que los dueños de medios tienen derecho a fijar su línea editorial, estiman que los derechos de autor del trabajo periodístico son inalienables e independientes de la propiedad. Por lo tanto, las empresas deben respetar, y no editar, la cobertura realizada por los periodistas de acuerdo a los cánones técnicos, profesionales y éticos propios del periodismo. Dicho en otras palabras, desean abolir la práctica de los jefes de editar y censurar entrevistas y notas periodísticas.
El pluralismo informativo se define por la existencia de diferentes medios de comunicación con distintas líneas editoriales. En la radio existe un cierto respeto por el trabajo del periodista, mientras en la TV se observa una apertura, pero la prensa escrita es un terreno impenetrable, agravado por los criterios politizados e ideologizados con que se coloca la publicidad, cuyas asignaciones no se compadecen con el tiraje real y la lectura objetiva de un medio determinado. Es decir, existe una distorsión abusiva del mercado, en detrimento de los medios independientes, que también por definición son más pequeños. La propiedad del sistema de distribución en kioscos también constituye una amenaza a la libertad de expresión, por estar controlado por los dos grandes diarios, La Tercera y El Mercurio, que más de una vez han boicoteado la aparición de productos nuevos, violando su difundido culto a ‘la libre competencia’. El propio Estado distribuye su publicidad inspirado en cuoteos político-empresariales e ideológicos.
Los periodistas chilenos piensan que en resguardo de la libre competencia, el Estado debería adoptar políticas públicas para ordenar un mercado irregular, tal como en su momento lo hicieron otros países, incluido Estados Unidos.
Desde que la Comisión Anti-Monopolios autorizó este año la fusión de VTR Global Com y Metrópolis Intercom, ese gran monopolio controla en Santiago los servicios de fibra óptica para TV cable, banda ancha Internet y telefonía. Ultimamente está ingresando Direct TV-Sky, otra fusión global acordada por Ruper Murdoch y Gustavo Cisneros que aspira a capturar el mercado que no cubre la red de fibra óptica, que en los años 90 comenzó a instalar el mercurio a través de Intercom, que más tarde se fusionó con Metrópolis, del opus dei Ricardo Claro, que además es propietario de la televisión abierta Megavisión, Canal 9.
Amenazas de muerte
Chile es una de las naciones de América que tiene más reclamos ante la Corte Interamericana de Justicia por violaciones del Estado a la libertad de expresión, denegación de justicia y prohibición de libros y películas. La justicia internacional no comparte la tradición legal chilena del ‘desacato’, adoptada desde hace larga data para proteger a la clase política. Los periodistas piensan que todos los ciudadanos deben rendir cuentas por nuestros actos y no comparten la doctrina expresada años atrás por el magistrado Servando Jordán, cuando explicó a los periodistas: ‘¡Por supuesto que los jueces rendimos cuentas de nuestros actos, pero a Dios!’.
El trabajo periodístico en Chile es víctima de constantes amenazas de muerte, intimidación telefónica y querellas judiciales. Los periodistas quisieran que se haga cumplir la ley de prensa del 2000, que sanciona a quienes pretendan influir, inhibir o limitar la libertad de expresión, pero al dictar esa norma el legislador olvidó los castigos. Así como los parlamentarios desean que los medios y los periodistas respondan civilmente, con indemnizaciones, también deberían responder civilmente aquellos que pretenden limitar la libertad de expresión amedrentando periodistas y medios. Estas son algunas materias que los periodistas quisieran incluir en el Estatuto del Periodista.
Los periodistas creen que mejorar la calidad del periodismo del futuro implica optimizar la calidad profesional con el enriquecimiento de su acerbo cultural y profesional. Así, el Colegio obtuvo el compromiso gubernamental de instrumentar un plan permanente de becas de postgrado en el extranjero para profesionales activos en los medios, a partir del próximo año presupuestario. Este programa, que sería adscrito al Ministerio de Educación, beneficiará a unos 15 becarios anuales y llevaría el nombre de algún distinguido periodista fallecido, que podría ser Luis Hernández Parker, Eugenio Lira Massi u otro.
– Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno. Autor del Libro Los dueños de Chile.