Economista ecuatoriano, Alberto Acosta es también Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Quito) y se desempeño como Ministro de Energía y Minas del gobierno Correa (enero-junio 2007) y Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta de Ecuador (noviembre 2007-julio 2008). Esta entrevista se realizó en dos momentos diferentes, aprovechando […]
Economista ecuatoriano, Alberto Acosta es también Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Quito) y se desempeño como Ministro de Energía y Minas del gobierno Correa (enero-junio 2007) y Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta de Ecuador (noviembre 2007-julio 2008). Esta entrevista se realizó en dos momentos diferentes, aprovechando de dos viajes de Alberto Acosta a España. El primero en el marco de la Cumbre de los Pueblos realizada en Madrid, en mayo del presente año, y el segundo cuando pasó por Madrid camino de Alicante para participar como expositor en el curso «Desarrollo y diversidad cultural: conceptos y medidas del Sumak Kawsay», organizado por la Universidad de Alicante, en julio.
Nos puedes contar cuál es tu apreciación sobre la crisis europea.
En la actualidad enfrentamos una crisis internacional multifacética: inmobiliaria, financiera, por cierto económica en términos amplios, pero a la vez ambiental, energética, alimentaria, ideológica… Estamos frente a una crisis multifacética y a la vez sincronizada con varias fases que ahora comienzan a golpear en Europa con el tema de la deuda externa. Europa vive ahora circunstancias muy parecidas a las latinoamericanas. Incluso con fenómenos similares en las dos regiones. Europa enfrenta una erupción con nubes volcánicas que dificulta los vuelos, algo que ha sucedido en mi país varias veces. La corrupción campea en muchos países europeos; ya no es una característica propia de los países empobrecidos, como se pretendía hacernos creer antes. Frente a la crisis de deuda, el ajuste económico que hoy vive Europa es muy similar a que ya experimentaron los pueblos latinoamericanos. La presencia activa del Fondo Monetario Internacional en Europa completa este cuadro. Al FMI se lo consideraba muerto, pero que no lo estaba. Como dice la canción, «estaba de parranda». El FMI, uno de los mayores responsables de la crisis, goza de muy buena salud gracias al G-20. Tan es así que hoy distribuye sus ya conocidas y fracasadas recetas, pero esta vez en Europa. Parece que simplemente el mundo se dio la vuelta y seguimos por la misma senda…
¿Entonces se puede decir que como ya padeció este tipo de crisis sistémica y también los «ajustes» neoliberales del FMI, ahora América latina podría proponer soluciones alternativas a los pueblos de Europa?
No creo que estemos para dar recetas. Si antes no las aceptada del FMI y su coro de seguidores, no lo voy a hacer ahora. Sin embargo, podríamos entre todos comenzar a pensar en soluciones que nos ayuden a resolver los problemas. En primer lugar, creo que es lamentable que en Europa la salida pase por reencontrarse con el Fondo Monetario Internacional. Primero, habría que hacer un esfuerzo para comprender realmente de donde vino la crisis. Esta se fraguó como un proceso propio del sistema capitalista. Las ganancias por especulación han superado aquellas de la acumulación de la actividad productiva, que han experimentado una tasa decreciente desde hace muchos años. Algo propio del capitalismo. Este fenómeno no es nuevo. Se lo conoce desde hace mucho tiempo. Carlos Marx, en el capítulo 25, sobre Crédito y Capital Ficticio, en el tercer tomo de El Capital, reconocía la vinculación estrecha entre negocio y especulación. Allí Marx recoge una cita decidora de J. W. Gilbart: «Todo lo que facilita el negocio, facilita la especulación, los dos en muchos casos están tan interrelacionados, que es difícil decir, dónde termina el negocio y empieza la especulación». En suma, hay épocas en que el capital requiere de la especulación para asegurarse tasas de retorno suficiente, sobre todo cuando la tasa de ganancia en el ámbito productivo decrece. Eso es lo que hemos vivido con una masiva financiarización de la economía mundial. Este proceso, en el cual surgieron como hongos después de la lluvia los famosos instrumentos financieros secundarios, que simplemente fueron mecanismos para permitir una mayor acumulación de capital por la vía financiera, por la vía especulativa, abrió la puerta a la crisis. Luego vimos como los países más ricos, sobre todo Estados Unidos y Europa, en donde impactó con mayor fuerza la explosión de la bomba especulativa, daban una respuesta a la crisis orientada a atender la demanda de los grandes bancos y banqueros, causantes directos de la crisis. A la banca se entregó enormes aportes fiscales. Todo para sostener el sistema financiero, objetivo último de muchos de estos esfuerzos de ajuste. No se puso en entredicho la lógica de la acumulación especulativa del sistema. Fue, en realidad, una suerte de «neokeynesianismo neoliberal». El Estado intervino no para recuperar el aparato productivo afectado por la gran recesión, sino sobre todo para que no se hunda el sistema financiero. Había que impedir que los bancos, es decir los especuladores, sigan quebrando. Y esto se complementó con algunas ayudas importantes a ciertas actividades productivas que tienen un significativo efecto sobre el empleo, como lo es la industria automovilística, por ejemplo.
La mayor venta de autos, que puede haber ayudado a disminuir en algo los efectos recesivos en el ámbito del empleo, es decir a frenar la pérdida de puestos de trabajo, se dio sin preocuparse por los impactos negativos sobre el ámbito alimentario, energético o ambiental. Lo concreto es que no hubo dinero para los clientes de los bancos. Miles de ellos, ahogados por las hipotecas, pierden sus casas y departamentos. Tampoco hubo políticas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. En poco tiempo el capital especulativo volvió a sus andanzas. El petróleo volvió a ser un importante activo financiero, como sucede con varios alimentos. Y las grandes finanzas no dudaron en enfilar sus baterías especulativas contra países europeos, como Grecia, víctimas de la misma especulación y por cierto de algunos manejos equivocados de sus economías. Ahora, cuando los déficits fiscales ocasionados especialmente por el salvataje al gran capital financiero estrangulan las cuentas fiscales, no tienen empacho alguno los gobernantes europeos para pasar la factura de la crisis a los más pobres y desprotegidos en sus sociedades. Y en este contexto entra el FMI con sus recetas para depredar los derechos laborales, los ingresos de trabajadores, las pensiones, los sistemas universales gratuitos de salud y educación… Esto provocará, ya lo sabemos, empleos precarios y jubilaciones insuficientes para vivir con dignidad, a más del deterioro que experimentarán las condiciones de vida de amplios segmentos de la población por el deterioro de los servicios sociales. Al menos desde mi perspectiva, resulta intolerable la idea de «dejar temporalmente en vacaciones» al Estado de bienestar, como propone el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, mientras se facilita la recuperación del gran capital financiero. Y me sorprende sobre manera la pasividad con que están recibiendo este programado deterioro social muchos países europeos, realmente casi todos. En este contexto hay que analizar las políticas que se aplican en la Unión Europea. Son políticas que las vivimos y sufrimos en América Latina. Estas políticas incluyen recortes por el lado de las pensiones, de los ingresos de los servidores públicos, de las inversiones sociales, de la obra pública, de los subsidios… No se hace ningún esfuerzo para que los causantes de la crisis sean convocados a pagar la crisis. A la postre, una vez más, los más pobres, los marginados, los sectores populares son los encargados de asumir una crisis que se venía fraguando de tiempo atrás.
¿Cómo entender esta situación?
Los grandes grupos financieros, responsables de la crisis, vuelven a demostrar su enorme capacidad para seguir lucrando a la sombra de la protección del Estado. Mantienen sus enormes utilidades especulando y recibiendo apoyos estatales. Los mercados, membrete para ocultar a las burguesías especuladoras y transnacionales, se han impuesto sobre los gobiernos. Un caso digno de ser considerado es el español. El gobierno «socialista» de Rodríguez Zapatero no sólo que heredó la esencia de la crisis forjada ya en el anterior gobierno «popular», sino que hizo suya la política de Aznar. Y no solo eso, la profundizó y desarrolló, por ejemplo reduciendo las cargas tributarias al capital. Ahora, cuando toca el ajuste, recurre al instrumentario neoliberal, que también lo defienden los «populares».Estas respuestas a la crisis, que no resuelven los problemas de fondo, van a tener repercusiones en el resto del mundo, en los países latinoamericanos; por ejemplo, como consecuencia de los efectos recesivos de dichas políticas de ajuste o por la caída de las remesas de los inmigrantes latinoamericanos en Europa, para citar apenas algunos de los puntos preocupantes. La crisis en el viejo continente podría terminar por regresar a los EEUU y, es muy probable, que se expanda por el resto del mundo, una vez más de la mano del recientemente resucitado FMI.
En este contexto, recordando lo que vivió latinoamerica, ¿ves alternativas al ajuste ortodoxo, al ajuste capitalista neoliberal?
Tomando como punto de referencia lo que hemos vivido en América Latina, habría que ir pensando que es lo que se puede hacer. Habría que reflexionar sobre otro tipo de ajuste. De plano es intolerable que el ajuste golpee a los más pobres, o a los sectores más vulnerables. En Europa ahora, como antes en América Latina, se empezó con quienes ya no tienen mucha capacidad para defender sus intereses: los pensionistas, algo definitivamente perverso. Eso ya lo vivimos nosotros. Insisto, es una película conocida en América Latina y en muchas otras regiones del mundo empobrecido. En Ecuador, mi país, a los jubilados se les condujo sistemáticamente a situaciones de miseria; proceso de empobrecimiento que lo vivieron también trabajadores, maestros, campesinos, funcionarios públicos, pequeños empresarios. Otro tipo de ajuste, que no busque la eliminación del déficit fiscal como fin último, tiene necesariamente que abrir la puerta a una profunda reforma tributaria progresista. Los que más ganan y más tienen, deben asumir el grueso del ajuste. Mayores impuestos a la renta, cobrados de manera progresiva a las rentas más altas, y un impuesto a los patrimonios asoman como indispensables. Esto implica incrementar las cargas tributarias al capital y no al trabajo, aumentar los impuestos directos y nos los indirectos, como el IVA.
También hay que racionalizar el gasto público, dando paso, para citar un ejemplo, a recortes de aquellos grupos de asesores demasiado bien pagados, que además cuentan con otros ingresos. La reducción masiva del gasto en armamentismo podría complementar este esfuerzo con efectos colaterales importantes: habría menos armas para seguir provocando guerras y violencias en los países pobres como mecanismo para domar a sus gobiernos y seguir explotando sus recursos naturales. El retiro de las tropas europeas de muchos países en donde acompañan como comparsas a las tropas imperiales de Washington, pensemos en Irak y Afganistán, por ejemplo, representaría otro ahorro fiscal significativo. En España el déficit -si no estoy mal informado- bordea los 15.000 millones de euros, pero al mismo tiempo el monto que se destina para las fuerzas armadas es de 18.000 millones de euros… Crear un solo cuerpo armado europeo, mucho más pequeño y profesional, me pregunto si no sería otra forma de racionalizar el despilfarro de recursos. La evasión y elución tributaria debe estar en la primera línea de atención en un ajuste que afecte a los de arriba y no a los de abajo. Y que sobre todo ayude a combatir frontalmente la corrupción. Otro tipo de ajuste tendría que incorporar mecanismos que alienten sistemáticamente la generación de empleo. En Europa y América Latina hay que reinventar la autosuficiencia nacional y regional, que no transforme en fin último al mercado mundial: objetivo causante de miserias en muchos países y de enormes destrozos ambientales. Un ajuste reactivador, entonces, debería estar en la mira de políticas económicas de nuevo cuño.
Lo que no se puede hacer es ajustar por el lado de los ingresos de las mayorías, porque eso, inclusive, provoca una reducción de la demanda agregada y por consiguiente de los mismos ingresos fiscales; un menor consumo se reflejaría en menores ingresos por impuestos cobrados al consumo, por ejemplo. Aquí cabe un nuevo pacto social para que si es indispensable una reducción salarial, los menores ingresos se transformen en participación accionaría de los trabajadores en la respectiva empresa. Igual situación podría darse en caso de que se acuerde un incremento salarial y la empresa no esté -temporalmente- en capacidad de asumirlo. Por cierto, la crisis debería ser una oportunidad para reflexionar cómo se puede hacer realidad en Europa un esquema sustentado en el decrecimiento, sin que esto implique una pérdida de la calidad de vida de la población. Al tiempo que se procesan esquemas de redistribución del ingreso y la riqueza, es hora de discutir sobre las posibilidades de redistribuir el trabajo para combatir estructuralmente el desempleo. También habría que pensar en la suficiencia y no solo en la eficiencia, entendida como la acumulación permanente de bienes materiales. Por lo tanto, además de reactivador, debería ser un ajuste que comience a sentar las bases para una profunda transformación de las economías europeas ambientalmente depredadoras y todavía socialmente excluyentes; maldesarrolladas, diría el gran sociólogo José María Tortosa. En Europa la solución tiene que pasar por recuperar la política monetaria a nivel regional. Superada por la crisis aquella ortodoxia del límite al déficit fiscal, fijado en el 3% del PIB en el marco del acuerdo de Maastricht, ahora les toca a los gobiernos europeos construir una política monetaria y fiscal propia y común. Europa requiere políticas dinámicas fundamentadas en la flexibilidad y la diversidad, por cierto también en la equidad, lejos de aquellas rigideces tan propias de la lógica monetarista neoliberal. También hay que eliminar aquellas situaciones derivadas de manejos económicos nacionales, egoístas en el contexto europeo; no solo hay que ver las falencias en los países afectados por los déficits fiscales como Grecia, Portugal, España, Irlanda o España, sino en el lastre que significan aquellas situaciones aparentemente racionales de superávit como en Alemania, causantes también de la crisis.
Si Europa pretende forjar una unidad de naciones, sustentada en la diversidad y en el respeto, debe comenzar a pensar en soluciones también europeas; algo que al parecer no han asumido las izquierdas europeas. Entonces, ¿por qué no pensar en impuestos similares al patrimonio y a la renta a nivel europeo? Esto al menos frenaría la fuga de capitales dentro de Europa. Controlar al sistema financiero es otra tarea pendiente. Mientras la gran banca controle a los gobiernos como en Europa y en muchos otros países por cierto, es imposible poner en orden al capital financiero transnacional. Cuando se produjo la actual crisis lo primero que se hizo fue llenarles de dinero a los banqueros. A la banca los gobiernos europeos y el norteamericano les dieron todo el dinero del mundo, pero no atendieron la situación de las personas que tenían hipotecas de viviendas. Se dio el dinero a la banca cuando ese dinero tendría que haber ido para salvar a los que tienen hipotecas, para impedirles que pierdan sus viviendas; es decir atender a los pequeños y no a los grandes. Igualmente sorprende que se quiera regular a las cajas de ahorro, abriendo la puerta para su privatización. Cuando lo lógico debería ser su fortalecimiento en tanto entidades públicas no estatales de financiamiento. Hoy, en Europa, hacen falta esos entes públicos de financiamiento, incluyendo también los estatales, devastados por la acción neoliberal. Desde una perspectiva más amplia, habría que dotar al sistema económico internacional de redes de seguridad e información regionales para no tener que «disfrutar» de las crisis recurrentes. Para lograrlo se precisa un sistema de prevención de crisis y de minimización de los riesgos que éstas implican, con redes de contención de los peores efectos de este tipo de crisis. Pero estas redes tendrían que surgir inicialmente de ámbitos regionales, tendrían que crearlas los países de América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa misma. Hay que actuar desde el ámbito regional, al menos mientras no existan las condiciones democráticas para impulsar una reinstitucionalización del mundo desde espacios globales.
A nivel internacional cada uno de estos espacios regionales tendrá que interrelacionarse en un sistema de nodos, procurando minimizar el peso de una instancia única mundial dominada por pocas naciones en función de las demandas del capital financiero transnacional. El resultado sería provocar una fragmentación del poder mundial concentrado, al tiempo que el mundo se deconstruye. Así se neutralizaría, al menos en parte, el exceso de poder de unos pocos países sobre el resto. En América Latina se ha empezado a caminar ya en esta dirección con la construcción de una serie de instituciones que compondrían una vigorosa arquitectura financiera regional. El banco del sur, el fondo de reservas del sur o el sistema único de compensación regional (SUCRE) son demostraciones de lo afirmado. Para erradicar gran parte de los problemas financieros y monetarios existentes, el mundo debe liberarse de las ataduras del dólar. Un solo país, por más fuerte que sea, no puede ser más el regulador de los principales flujos financieros gracias al monopolio de la emisión monetaria. Si se mantiene la primacía monetaria de un país, no se conseguirá sentar las bases para soluciones duraderas. Si no hay cambios en este campo, se mantendrán las estructuras inequitativas y las tendencias de volatilidad e inestabilidad asociadas a la desigualdad. Este punto es crucial. Si no se resuelve este reto, los problemas económicos mundiales se mantendrán latentes. Y seguiremos atrapados por estructuras políticas desiguales y concentradoras. En síntesis, destacando la necesidad de una profunda transformación de la economía mundial, sin olvidar el comercio mundial, se requieren normas para civilizar a los mercados financieros. Eso implica actuar desde lo local y regional hasta lograr las transformaciones globales. Por ejemplo, los banqueros deberían ser banqueros y nada más que banqueros. Es decir, la banca debería deshacerse de todas sus empresas no vinculadas a las actividades financieras, empezando por sus medios de comunicación. ¿Será posible pensar en Europa en este tipo de soluciones que ya se han plasmado en la Constitución de un país pequeño como el mío?
¿Habría algo que se debería impulsar desde varias regiones en el mundo?
Sin duda. Del ámbito nacional y regional habría que pasar al internacional. ¿Por qué no hacer realidad ya y ahora el fin de los paraísos fiscales? Se ha hablado tantas veces de hacerlo y se hace tan poco al respecto. ¿Por qué Europa no da el primer paso para eliminar los paraísos fiscales existentes en el continente? De paso convendría abordar la cuestión de los paraísos judiciales, como Canadá, en donde han encontrado refugio la mayoría de empresas mineras dedicadas a tareas depredadoras en términos ambientales y sociales a lo largo y ancho del mundo. Otra idea fuerza. Un impuesto a las transacciones financieras, planteado hace mucho tiempo atrás por el Premio Nobel de Economía James Tobin, podría ayudar a desarmar -al menos en parte- todo este mecanismo de acumulación especulativa global que, como mencionaba, es la esencia del sistema capitalista. Ahora que Europa sufre una crisis de deuda externa, como antes lo sufrió América latina, ¿por qué no pensar en un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana? Sería una instancia en la que los países con problemas de deuda puedan procesar una crisis, sin llegar a paralizar sus economías. Ya lo propuse conjuntamente con Oscar Ugarteche. Tampoco es algo nuevo.
¿Tribunal de la deuda? ¿Y como funcionaria?
Vamos por partes. Hay que construir una institucionalidad que permita la suspensión de pagos de su deuda de manera ordenada. Eso no debería ser motivo de preocupación, siempre y cuando exista el marco adecuado para procesar este proceso, garantizando al país el financiamiento suficiente para asumir ese momento y luego, de ser del caso, poder pagar aquella deuda que deba ser pagada. Pensemos no solo en el caso europeo. Para empezar todos los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, deben dejar de ser espacios de decisión sobre los acuerdos de reestructuración de deudas en donde los acreedores imponen condiciones a los deudores. Igualmente deben desarmarse todas las condicionalidades cruzadas, las que, cual una telaraña construida y controlada por los organismos multilaterales de crédito, tienen presos a los países endeudados. Un país que suspende el pago de la deuda, debe encontrar las condiciones para recuperarse. Ese es el meollo de la propuesta. Eso ya se hizo en 1953 con Alemania. ¿Por qué no dar un tratamiento similar ahora a los griegos? Es lamentable e indignante ver ahora a los alemanes dando lecciones de austeridad y buen gobierno neoliberal a los griegos, cuando ellos lograron su «milagro económico» luego de la guerra mundial también gracias al generoso e inteligente arreglo conseguido en Londres, un 27 de febrero de 1953. Los países acreedores de Alemania, justamente a los que Alemania agredió en dos guerras consideradas como mundiales, se pusieron de acuerdo para apoyar a Alemania para que pueda pagar sus deudas. Para facilitarle dicho servicio, muchas de las deudas fueron totalmente anuladas. Además, los acreedores se comprometieron a comprar productos alemanes. Hay mucho que aprender de esta solución, que incluyó incluso la posibilidad de un arbitraje y cláusulas de contingencia para proteger al deudor.
En este punto, entonces, asoma como indispensable el establecimiento de cláusulas de contingencia. Sería conveniente disponer de una cláusula que explicite la posible suspensión del pago (y cobro) de las deudas, cuando los ingresos por exportaciones tuvieran una contracción por efecto de un problema ajeno a la economía nacional del deudor o cuando la especulación financiera internacional estrangule alguna economía. Así mismo, las rebajas en los saldos de la deuda deben ser directamente proporcionales a las restricciones comerciales de los acreedores. Es decir, a más barreras arancelarias en los países acreedores, más desendeudamiento de su parte. Todo esto nos ayudaría a evitar traumas a todos los actores: deudores y acreedores. Estos, por lo demás, actuarían con más responsabilidad y no tanto por su desmedido afán de lucro que alimenta permanentemente la especulación. Los deudores, por cierto, requerirían fortalecer sus estructuras tributarias. En concreto hay que construir la puerta que posibilite un retiro ordenado y a tiempo de un país con problemas de deuda, antes de que una debacle económica y social sea la antesala de una moratoria forzada de la deuda externa. Uno de los capítulos medulares, que debería contemplarse en ese Tribunal, será el de la legalidad y la legitimidad de las actividades financieras. Es preciso separar las deudas adquiridas legal y legítimamente, que pueden ser pagadas, de aquellas deudas que pueden y deben ser impugnadas a partir de la doctrina de las deudas odiosas, usurarias y corruptas. El descubrimiento de aquellas deudas odiosas, es decir contratadas en contra del interés de los habitantes de un país, normalmente por gobiernos autoritarios, no sólo conduciría a la suspensión de su pago, sino que podría constituirse en una barrera para prevenir aventuras dictatoriales. Para empezar esta tarea nada mejor que una auditoria con amplia participación y control de la ciudadanía. Dentro de los temas vinculados al endeudamiento externo, también deberían considerarse aquellos elementos susceptibles de prohibición y sanción: cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, gastos y comisiones desproporcionados cubiertas por los deudores sin control alguno, operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas «estatizadas» o «socializadas», etc.
Por otro lado, cualquier arreglo de deuda no debe afectar las inversiones sociales y la capacidad de recuperación del aparato productivo. De ninguna manera se puede hipotecar el diseño y ejecución de las políticas económicas nacionales como consecuencia de los esquemas de renegociación de deuda. Para hacer realidad estos cambios a nivel global habrá necesidad de un código financiero internacional. Incluso se debería discutir las ventajas y desventajas de la constitución de un banco central mundial, sin ninguna injerencia del Fondo Monetario y Banco Mundial, entidades que deben ser redefinidas desde afuera y no desde adentro si es que todavía convendría mantenerlas. Debe quedar claro que no se trata de construir un nuevo Bretton Woods; aquel sistema que nació a mediados del siglo pasado y que propulsó al dólar como moneda mundial. Tampoco está en la mira simplemente la construcción un organismo internacional de supervisión financiera internacional, tal como lo propuso al inicio de la crisis la canciller alemana Angela Merkel, apoyada por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. No nos olvidemos que cuando creíamos que el Fondo había llegado al fondo, resulta que el Fondo está influyendo en el nivel más alto de muchos gobiernos europeos a los que les impone sus condiciones con el apoyo de poderosos gobiernos europeos más fondomonetaristas que el propio Fondo. Sería realmente un error creer que ahora si el FMI va a acertar con sus recetas. Sería como aceptar que Drácula se ha vuelto vegetariano y que podemos encargarle el cuidado del banco de sangre. El FMI va a seguir en lo de siempre, gracias al G-20 que lo revivió y fortaleció en el año 2009. Con el ajuste propuesto, la crisis la pagarán los pobres en Europa. Por eso en América Latina, donde ya le hemos sufrido demasiado al Fondo, debemos estar preparados. Drácula, luego de recuperar sus fuerzas en Europa, volará directamente a otras regiones.
¿Podrías hablarnos de las auditorias de la deuda en los países del sur, y de la interesante experiencia que se llevo a cabo en Ecuador en particular?
La auditoria de deuda de Ecuador se dio gracias a la presión de la sociedad civil. Es una propuesta que surgió en América Latina allí hace más de diez años. Se cristalizó desde la necesidad de conocer cuál es la realidad de la deuda externa. En el caso concreto del Ecuador, nosotros hemos tenido problemas de deuda externa desde nuestros orígenes: cuando no éramos todavía república independiente, ya nos habíamos endeudado. Es más, no nos habíamos separado de la Gran Colombia en 1830 y ya caímos en moratoria. Toda la historia de la deuda, que es muy larga, a la vez que interesante y dolorosa, se caracterizó por la ausencia de transparencia. Por lo tanto, en el marco de la resistencia al endeudamiento externo y a los ajustes que éste provocó, desde la sociedad civil se planteó una auditoria. Esta tesis, esta propuesta cobró fuerza en el gobierno del presidente Rafael Correa, que aceptó esta exigencia de la sociedad civil. El, con un decreto ejecutivo, en julio del 2007, conformó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Sus resultados fueron muy interesantes. Mucha de la información recogida nos demostró que gran parte de la deuda ecuatoriana cumple con los criterios de deuda odiosa, corrupta o usuraria. Incluso se trata de deudas que resultaron impagables por las condiciones con que fueron contratadas. Desde esa posición de ilegitimidad e incluso ilegalidad de las deudas, el gobierno suspendió el pago de un tramo de la deuda a fines del 2008. Y, luego, en una coyuntura favorable, a inicios del año 2009, recompró cerca de 3.000 millones de dólares de deuda externa. Sin embargo, el pragmatismo financiero que se impuso en dicha operación de recompra de la deuda, que tiene algunos puntos cuestionables, terminó por archivar los reclamos de legitimidad y legalidad, que deberían ser principios fundamentales del mencionado tribunal.
Últimamente se ha visto en Ecuador movilizaciones sociales muy importantes, y tensiones crecientes entre Correa y el movimiento indígena (por ejemplo en torno al tema de la ley de agua), ¿cuál es la situación actual?
En estos momentos se está decantando el proceso revolucionario, que se inicio hace más de tres años en Ecuador, en un proceso reformista, cada vez más tímido e incluso contradictorio. El tema del agua en Ecuador y en todo el mundo es importante, diría que crucial. En nuestro país se ha venido discutiendo sobre el uso y manejo del agua desde hace mucho tiempo atrás. En el debate constituyente fue uno de los puntos más analizados y más discutidos. Dio lugar a enfrentamientos entre quienes querían mantener la puerta abierta a la privatización y quienes defendemos el agua como un derecho humano fundamental. En el pleno de la Asamblea Constituyente en Montecristi, que la presidí durante siete de los ocho meses de duración, se aprobaron los siguientes puntos fundamentales en relación al agua: el agua como un derecho humano, el agua como un bien nacional estratégico de uso público, el agua como un patrimonio de la sociedad, y el agua como componente fundamental de la Naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.
La trascendencia de estas disposiciones constitucionales es múltiple. En tanto derecho humano se superó la visión mercantil del agua y se recuperó la del «usuario», es decir la del ciudadano y de la ciudadana, en lugar del «cliente», que se refiere solo a quien puede pagar. En tanto bien nacional estratégico, se rescató el papel del Estado y las comunidades en el otorgamiento de los servicios de agua; papel en el que el Estado puede ser muy eficiente, como se ha demostrado en el Ecuador. En tanto patrimonio se pensó en el largo plazo, liberando al agua de las presiones cortoplacistas del mercado y la especulación. Y en tanto componente de la Naturaleza, se reconoció en la Constitución de Montecristi la importancia del agua como esencial para la vida de todas las especies, que hacia allá apuntan los Derechos de la Naturaleza. Para hacer realidad estos planteamientos es indispensable, entonces, una ley de agua, tal como dispone la propia Constitución. Hay que impedir cualquier privatización al tiempo que se debe dar paso a la desprivatización. La concentración del agua es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo solo tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal. El acceso inequitativo a estos recursos constituye una causa determinante de la inequidad social. Y es, a su vez, es una explicación del poder político hegemónico de pocos grupos oligárquicos. El consumo de agua (y por cierto la contaminación de la misma) creció por el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de actividades productivas excesivamente demandantes de agua, sobre todo aquella orientadas al mercado externo. Hay mucho más agua empleada en los productos agrícolas de exportación que en los que se consumen en el mercado interno. La pérdida de los páramos y la deforestación creciente complican más la realidad de un país que cuenta con significativas disponibilidades de agua, pero que las está perdiendo en cantidad y calidad.
Una de las tensiones fundamentales de la coyuntura actual es la intención de permitir las actividades mineras a gran escala y a cielo abierto, consumidoras de gran cantidad de agua. Este es un tema conflictivo en extremo, pues la gran minería provocaría permanentes enfrentamientos por la disponibilidad del agua y por contaminar el líquido vital, causando afectaciones a la población, a la Naturaleza y a la soberanía alimentaria, otro mandato constitucional. Aprobada la Constitución, que se podría decir que es «la Constitución del agua», ahora vemos con preocupación e indignación que no se cristaliza una ley del agua acorde con los mandatos constitucionales. Es más, el presidente Rafael Correa ha dicho que no sería fundamental ni prioritaria la nueva ley del agua… ¿Será acaso que pretende mantener la estructura de la tenencia del agua intocada? ¿Será que está conforme con la institucionalidad legal de la época neoliberal? En ese contexto, el movimiento indígena ha cumplido un papel muy importante. Los indígenas han sido y son actores fundamentales del proceso constituyente, desde sus propuestas de convocatoria a un gran acuerdo nacional en 1990. Y luego, sobre todo en el tema de agua, han luchado y siguen luchando en contra de la aprobación de una ley de agua inconstitucional. Lamentablemente la represión o la intolerancia han sido con creciente frecuencia la respuesta gubernamental al reclamo y a las propuestas de indígenas y campesinos. Resulta fundamental impedir el acaparamiento del agua en pocas manos, su redistribución debe ser una tarea inmediata. La nueva ley debe garantizar el ejercicio de la plurinacionalidad. La gestión del agua debe estar en manos públicas y comunitarias, tal como ordena la Constitución. No basta impedir la privatización a futuro. Hay que propiciar la desprivatización, como lo señalé antes. Por lo tanto, es intolerable la ampliación de la concesión a INTERAGUA en la ciudad de Guayaquil por parte del gobierno del presidente Rafael Correa; ésta tiene que ser revertida para cumplir la misma Constitución. Tampoco hay señales para dar marcha atrás en las concesiones para las embotelladoras de agua y las aguas termales, encontrando respuestas que incorporen a las comunidades en su aprovechamiento. Si resulta fundamental impedir el acaparamiento del agua en pocas manos, como manda la Constitución, su redistribución debe ser una tarea inmediata. En esa línea debe quedar terminantemente prohibido cualquier forma de servicio ambiental sobre el agua y todos los ecosistemas. Hay que cerrar todas las opciones que puedan encubrir procesos de privatización de los páramos, bosques, humedales, pantanos, es decir de las fuentes de agua. Garantizar el mínimo vital gratuito para todos los habitantes del país, sin discriminación alguna, es otro de los puntos clave que tendrá que incorporar la nueva ley. Complementariamente, en la ley debe quedar claramente establecida la prelación del uso del agua: 1) para el ser humano, 2) para la soberanía alimentaria, 3) para asegurar el ciclo vital del agua y 4) para actividades productivas. Debería precautelarse la vida sobre todas las cosas. En suma, el agua en tanto recurso estratégico, patrimonio de la sociedad, derecho humano y parte constitutiva de la Naturaleza, no puede ser visto como un negocio. Esto es lo que no acaba de entender el gobierno del presidente Correa. Y esto es lo que provoca la respuesta popular, sobre todo indígena y campesina.
Analistas cercanos al gobierno dicen que el movimiento indígena tiene posiciones inconsideradas, hablan de «repliegue étnico» y piensan que al final es una prueba de debilidad más que de fuerza (de la CONAIE en particular). ¿Qué opinas?
Como dije antes, lo cierto es que desde hace tiempo el gobierno viene perdiendo su carácter progresista y revolucionario. Luego de haber cerrado la puerta a que los movimientos sociales sean parte activa del proceso de transformaciones, los grupos más retardatarios e incluso neoliberales dentro del gobierno han cobrado mucha fuerza. El gobierno, su presidente, impidieron la construcción colectiva de un horizonte de expectativas compartidas con la participación activa de los movimientos sociales, que fueron quienes forjaron las condiciones para el triunfo electoral de Rafael Correa y que, además, esto es lo más trascendente, fueron los portadores de gran parte de las propuestas revolucionarias asumidas por el movimiento político del presidente Correa. Sin negar muchos logros cristalizados durante estos ya tres años y medio de gobierno del presidente Correa, tenemos que constatar, con pesar, que son muchos también los puntos pendientes y no pocas las flagrantes contradicciones con las iniciales propuestas revolucionarias. Citemos un par de ejemplos actuales. No sólo que no se ha avanzado en definir una nueva relación con las empresas petroleras, sino que se propone una ley de hidrocarburos que tiene varios puntos cuestionables por su constitucionalidad y entreguismo; que con seguridad, de ser aprobada tal como está, significaría pérdidas al Estadio. La banca sigue obteniendo utilidades enormes: en el 2008 la banca tuvo utilidades de más del 20% en dólares, en el año 2009, el año de la crisis, un 13%. Varios grupos económicos, vinculados a los agronegocios, a las grandes cadenas comercializadoras de alimentos o a los importadores de agroquímicos, han obtenido enormes utilidades por las políticas agrícolas gubernamentales; como pocas veces en la historia del país. Entonces, a la postre, este gobierno que se precia de ser revolucionario, no ha afectado aún el patrón de acumulación concentrador y excluyente. Los resultados en términos de reducción de la pobreza, son limitados. Tampoco hay una disminución importante en los índices de inequidad. Por otro lado, este gobierno, que dice que va a encaminar a la sociedad ecuatoriana hacia una economía sustentada en el conocimiento, en la biotecnología y en el ecoturismo, no ha da señales claras de querer transitar hacia esa meta. Se mantiene la lógica extractivista, que implica una inserción primario-exportadora sumisa en el mercado mundial. Es más, el gobierno del presidente Rafael Correa, quien conoce perfectamente los destrozos provocados por el petróleo en la Amazonía, está empeñado en abrir la puerta a la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. Es una cuestión que yo personalmente no acepto. Si queremos llegar a construir una economía post-extractivista, una economía post-petrolera, transitando por el camino del buen vivir o sumak kawsay (otro mandato constitucional), con propuestas tan interesantes revolucionarias y de vanguardia como las de dejar el crudo en el subsuelo en el Yasuni, es un error y un horror históricos abrir la puerta a un esquema de extractivismo a ultranza, como sería la minería metálica a gran escala a cielo abierto. Es como que alguien nos quiera convencer que para salir de una gran adicción a las drogas, en la primera etapa hay que aumentar la dosis de droga consumida. Estamos entonces en un momento de definiciones. La ley del aguas o la ley de hidrocarburos pueden ser un parte aguas definitivo. Aunque cada vez más me convenzo, con enorme pesar de mi parte, y como ya lo dije antes, que este proceso ha perdido su carácter revolucionario…
Tú fuiste una de las figuras fundamentales de este debate o incluso de esta disputa que hubo dentro del gobierno entre extractivismo y neo-desarrollismo. Al mismo tiempo, defiendes el proyecto ITT, que consiste en conservar el crudo en la tierra y en el que hay varias orientaciones posibles. En el día de hoy, ¿en qué estamos en Yasuni?
En primer lugar, yo anotaría algo que me parece importante. La critica que le hago desde hace tiempo al gobierno del presidente Rafael Correa, por no definirse por el camino post-extractivista, también puedo hacérsela al gobierno de Evo Morales y por supuesto al gobierno de Hugo Chávez. Estos gobiernos dicen que caminan hacia el socialismo del siglo XXI, cuando en realidad consolidan una suerte de neo-extractivismo del siglo XXI. Son gobiernos que siguen por la misma senda anterior, con algunos cambios sustantivos, pero no de fondo. Por eso me parece bastante aventurado hacer más de lo mismo y creer que van a cambiar los resultados finales, simplemente porque ahora ellos, dichos gobernantes, están al frente de sus respectivos procesos transformadores. Eso es un error. Ya lo dijo mi tocayo Alberto Einstein: «Nada es un signo más real de necedad que hacer lo mismo y lo mismo una y otra vez, y esperar que los resultados sean diferentes». Un comentario al margen, antes de abordar el tema del ITT. Aquello del socialismo del siglo XXI, socialismo al que se le quiere vaciar de varios de sus elementos fundacionales, como la lucha de clases, según el presidente Correa, le veo como un ejercicio bastante retórico e incluso inconsecuente. Negar los errores de lo que fue el socialismo realmente existente en el poder sería una gran equivocación. Pero proponer eliminar sus bases consustanciales resulta una aberración.
Volviendo al tema de la pregunta, en relación a la Iniciativa Yasuní-ITT se ha dado ya la firma del fideicomiso que abre la puerta para que ésta pueda realmente ponerse en marcha. Aún cuando no firmó directamente el fideicomiso el presidente Correa, se ha dado un paso histórico. Sin embargo, sin esconder mi satisfacción, debo reconocer que el proyecto está en un punto donde las amenazas son múltiples. Por lo tanto, en las actuales circunstancias la sociedad civil dentro y fuera del Ecuador debe estar atenta. Los intereses petroleros, representados por sus gerentes y tinterillos, no van a bajar la guardia. Hay demasiado dinero en juego. Inclusive se podría provocar, desde el propio gobierno, el fracaso de la Iniciativa bajo la excusa de que la comisión negociadora conformada por el propio presidente finalmente no funcionó. Incluso si se firma el fideicomiso, también se podría endilgar el fracaso a los países desarrollados, al PNUD o a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario… En estas condiciones, a más del fideicomiso, que esperamos otorgue confianza a los potenciales contribuyentes, sin afectar la soberanía ecuatoriana, se esperan señales claras para que esta propuesta pueda ser una realidad. Se precisa coherencia y consistencia a nivel gubernamental. Este equilibrio entre confianza y soberanía para asegurar la utilización de los recursos establecida por el Estado ecuatoriano es crucial. Sin embargo, siendo importante el fideicomiso, éste no será suficiente. El presidente Correa debería remontar los problemas generados por él mismo. Le corresponde dar nuevas y reforzadas muestras de respaldo a la Iniciativa. Convendría que se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante su gestión. Tampoco debería tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT, lo que incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario en cualquier lugar de la Amazonía, por ejemplo en el Bloque Armadillo fuera del parque Nacional Yasuní. El gobierno debería frenar también las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación y extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco del IIRSA, heredado de la época neoliberal. También habrá que controlar las actividades que se despliegan en los bloques petroleros adyacentes y las mismas carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos. Inclusive convendría analizar si conviene incorporar el bloque 31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo y baja calidad, cuya rentabilidad se aseguraría explotando el ITT.
Sería importante auscultar la posibilidad de que en el Perú se dé un tratamiento similar en el bloque peruano directamente vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes en el lado ecuatoriano. Todos estos bloques sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una importante reserva de vida. Sin embargo, a pesar de los problemas que atraviesa, muchos de ellos fraguados por las incoherencias y dudas del presidente Correa, esta iniciativa demuestra resultados satisfactorios aún antes de cristalizarse. El tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables a la Iniciativa. No nos olvidemos que inicialmente se plantearon en el seno del gobierno del presidente Correa, concretamente en marzo del 2007, dos opciones, que sintetizaban las dos posiciones contrapuestas. La de dejar el crudo en tierra, en el marco de una amplia moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana, que planteé cuando era ministro de Energía Minas, y la de extraer el crudo, impulsada por quien fungía de presidente Petroecuador. Ahora, incluso si no prospera la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo para proteger la vida de los pueblos indígenas no contactados y la megadiversidad de la zona, se podría cristalizar una tercera opción: dejar el crudo en el subsuelo aún sin aporte externo. Somos cada vez más personas las que reclamamos con poderosos argumentos, que es conveniente dejar el crudo en el subsuelo, aún sin que se consiga la contribución internacional. Eso sí, debe quedar claro, que si llegara a fracasar la propuesta de alcance internacional, la humanidad entera habría perdido una magnífica oportunidad para empezar a resolver los problemas ambientales globales con acciones mancomunadas, sustentadas en el respeto a los principios de corresponsabilidad que deben normar el marco jurídico ambiental internacional. Esta tercera posición habría que impulsarla a través del cumplimiento irrestricto de las disposiciones constitucionales. En primer lugar está el artículo 57, que garantiza los derechos colectivos de manera irrestricta a los pueblos no contactados. Entre otros, también está el artículo 407, que abre la puerta a una consulta popular cuando se trata de explotar recursos naturales no renovables en un parque natural. A la postre, debe quedar absolutamente claro que la real garantía de éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT, que asegura la vida en esta región amazónica, radica en el compromiso de la sociedad civil de Ecuador y también del mundo, que están conminadas a apropiarse y defender este proyecto de vida.
¿Y a nivel de los contribuyentes extranjeros, ¿hay pistas interesantes?
Bueno, hay algunas señales de los gobiernos de Alemania, sobre todo, pero también de España, Bélgica, Inglaterra e incluso Francia. Lo que falta es un posicionamiento más contundente de la sociedad civil de esos y otros países. Los gobiernos de los países industrializados manejan el proyecto apenas en el marco de la ayuda al desarrollo. No aceptan el tema de su corresponsabilidad, al ser sus países los mayores depredadores en el mundo. Además de las incoherencias y contradicciones gubernamentales que han frenado la marcha de la Iniciativa Yasuní-ITT, tenemos que preguntarnos ahora sobre su viabilidad financiera en medio de la crisis, un tema que lo abordamos inicialmente. Quizás habrá que tener un poco más de paciencia y ver como evoluciona la economía en Europa y en el mundo. Sin embargo hay que seguir trabajando y hay que estar muy atentos para no aceptar soluciones falsas, como sería involucrar el proyecto en el mercado de bonos de carbono o en la REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) . El canje de deuda tampoco es una solución adecuada, porque no se puede financiar un proyecto de vida con recursos provenientes de deudas corruptas, como son muchas de las deudas bilaterales contratadas con el Estado español. Este tipo de cosas tienen que estar muy claras.
Un pequeño país, un país del sur empobrecido por el intercambio desigual y por siglos de colonialismo como el Ecuador, ¿puede llegar a ser un modelo de economía post-extractivista, post-neoliberal si no tiene el apoyo internacional?
Ecuador debe superar, en cualquier caso, muchos retos pendientes. Incluso aberraciones que resultan intolerables. Ecuador extrae petróleo, Ecuador exporta petróleo, pero Ecuador importa derivados del petróleo porque no tiene la suficiente capacidad de refinación. Y esos costosos derivados del petróleo, como el diesel, los quema para generar electricidad en plantas térmicas contaminantes. No aprovechamos la energía hidráulica, la energía solar, la energía eólica, la geotermia, recuérdese que nosotros literalmente dormimos sobre volcanes activos. Esa es una gran tarea, transformar la matriz energética reduciendo la dependencia del petróleo y sus derivados. Otro punto: ¿por qué no discutimos y encontramos respuestas a una serie de subsidios a los combustibles, mucho de los cuales no están beneficiando a los sectores populares, sino a los sectores más acomodados de la población? No se trata de quitar los subsidios a la bruto, es decir a lo neoliberal. No, de ninguna manera. Hay que hacerlo con creatividad, de manera selectiva. Los subsidios deben mantenerse para los grupos empobrecidos y marginados, no para los acomodados. Un tercer punto: hay que revisar los contratos petroleros para maximizar el ingreso que tiene el Estado de cada barril de petróleo que se extrae, a partir del respeto a la Constitución. No se trata de maximizar los ingresos fiscales petroleros ampliando la frontera petrolera. Este punto se discute ahora con el proyecto de ley de hidrocarburos, que como indiqué tiene algunas flaquezas constitucionales. Un cuarto punto: en el Ecuador, y en prácticamente todos los países del mundo empobrecido, aunque como lo vimos antes también en Europa, se precisa una adecuada política tributaria. Los que más ganan y más tienen deben contribuir en mayor medida al financiamiento del Estado. Con el gobierno del presidente Rafael Correa se registra una cierta mejoría en la presión fiscal. Esta se acerca al 15% en relación con el producto interno bruto. Pero todavía estamos lejos de lo que debería ser una meta aceptable. El promedio en América Latina es del 24%, el promedio del mundo desarrollado es del 44%, el promedio de Europa es del 46%. Nuestra meta debería estar en por lo menos un 35%.
Para resolver esos retos requerimos mucha voluntad y una amplia concertación política, que lidere un proceso revolucionario con la participación activa de los movimientos sociales y por cierto del movimiento indígena. Por último, cuando estamos enumerando una serie de opciones para conseguir el financiamiento que requiere la economía ecuatoriana sin destrozar más la Amazonía, recordemos que las actividades petroleras y también las mineras provocan elevados costos ambientales. Costos que, por lo demás, no entran nunca en los cálculos de rentabilidad que hacen las empresas e incluso los gobiernos. Costos que luego, de una u otra manera, se los traslada de manera brutal a la sociedad. En este contexto hay que ubicar a la Iniciativa Yasuní-ITT. Esta abre la puerta, si hay coherencia, a la construcción de una economía post-petrolera, post-extractivista. Sin embargo, esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que gobierno del presidente Correa hinche el pecho y diga que ya hacemos mucho por la Naturaleza y la vida de los pueblos no contactados, mientras, simultáneamente, amplíe la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía y aliente la minería metálica a gran escala a cielo abierto. El reto es complejo, no lo dudo. Está en juego una transformación profunda,. Eso es lo que propusimos hace ya cuatro años. No queríamos conformar simplemente un gobierno mejor que los anteriores. Primero porque eso no tiene mérito alguno y segundo porque nuestra propuesta era radical y revolucionaria. Cuando lanzamos la candidatura de Rafael Correa buscábamos la construcción democrática de una sociedad democrática, entendiendo que no hay revolución sin democracia, ni democracia sin revolución.
Una última pregunta para concluir y ampliar la mirada: tu escribiste hace poco un texto proponiendo la declaración universal de los derechos de la Madre Tierra. Como sabes, en la Constitución ecuatoriana la Naturaleza tiene derechos. ¿Para ti es esa la perspectiva para salir de este modelo depredador?
Estamos caminando hacia un rencuentro con la Naturaleza. Paulatinamente, el mundo entero está cobrando conciencia de que lo que estamos haciendo no tiene futuro. Ya en la actualidad, el estilo de vida imperante, dominante, no solo en los países ricos sino en los países empobrecidos, atados a la lógica de los países enriquecidos a costa de los pobres, hay conciencia de esta realidad. Tenemos que encontrar respuestas de fondo. La catástrofe en el Golfo de México con el hundimiento de la plataforma de extracción de petróleo es otra advertencia más de que debemos superar la dependencia de energéticos fósiles. Lo que sucede allí, en donde está concentrada la preocupación y atención internacional ya aconteció en la Amazonía ecuatoriana. La compañía Texaco ocasionó destrozos enormes en varios ámbitos, sobre todo ambientales y humanos, mucho mayores a los que ha provocado la plataforma de la BP. Se estima que los daños ambientales en la Amazonía serían superiores a los 27.000 millones de dólares. Compañía que ahora se niega a asumir su responsabilidad y recurre a todo tipo de artimañas corruptas para frenar el trabajo de la justicia. La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes- no tiene futuro. Los límites de estilos de vida sustentados en la visión ideológica del progreso clásico son cada vez más notables y preocupantes. Los recursos naturales no pueden ser vistos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo. Y por cierto no se puede olvidar que lo humano se realiza en comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza. Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto una construcción social, es decir en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar la humanidad no está fuera de la Naturaleza. Recordemos que desde los albores de la humanidad el miedo a los impredecibles elementos de la Naturaleza estaba siempre presente en la vida cotidiana. Poco a poco la ancestral y difícil lucha por sobrevivir se fue transformando en un desesperado esfuerzo por dominar las fuerzas de la Naturaleza. Hasta que la visión hoy dominante, que pretende ver al ser humano por fuera de la Naturaleza, incluso al definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, abrió la puerta para dominarla y manipularla.
El ser humano se organizó para dominar a la Naturaleza. Esto condujo a una suerte de tajo al nudo gordiano de la vida, al separar al ser humano de su convivencia armónica con la Naturaleza, transformándola a ésta en una fuente de negocios aparentemente inagotable… En concreto, la Naturaleza ha sido asumida como «capital natural» a ser domado, explotado y por cierto mercantilizado. Para empezar a enfrentar este añejo mensaje, sostenido en un divorcio profundo de la economía y la Naturaleza, hay que rescatar las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad. Esta exige una nueva ética para organizar la vida misma. Se precisa reconocer los límites físicos del desarrollo convencional. La realidad nos demuestra hasta la saciedad que la Naturaleza tiene límites. Y eso límites, aceleradamente alcanzados por los estilos de vida antropocéntricos, particularmente exacerbados por las demandas de acumulación del capital, son cada vez más notables e insostenibles. La tarea es simple y a la vez en extremo compleja. En lugar de mantener el divorcio entre la Naturaleza y el ser humano, la tarea pasa por propiciar su reencuentro, algo así como atar el nudo gordiano roto por la fuerza de una concepción de vida que resultó depredadora y por cierto insostenible. Para lograr esta transformación civilizatoria, la desmercantilización de la Naturaleza se perfila como indispensable. Los objetivos económicos deben estar subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas. Los Derechos de la Naturaleza son vistos como un «galimatías conceptual» por los conservadores del derecho (¿defensores de los privilegios de las oligarquías?), en esencia incapaces de entender los cambios en marcha. A ellos les resulta difícil comprender que el mundo está en movimiento permanente. A lo largo de la historia legal, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños y niñas fue alguna vez rechazada por ser considerada como un absurdo.
Está en juego, una vez más, el derecho a tener derechos. La liberación de la Naturaleza de su condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, exige un esfuerzo político que le reconozca como sujeto de derechos. Dotarle desde la sociedad humana de derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho. Pero lo central de los Derechos de la Naturaleza es rescatar el derecho a la existencia de los propios seres humanos: sin Naturaleza nosotros, los seres humanos no podemos vivir. Así de fácil. Esta definición pionera a nivel mundial de que la Naturaleza es sujeto de derechos, plasmada en la Constitución ecuatoriana, es una respuesta de vanguardia frente a la actual crisis civilizatoria. No va más la identificación del bienestar y la riqueza como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de crecimiento y consumo ilimitados. Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio o armonía entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión constitucional. Y para lograrlo nada mejor que diferenciar los Derechos Humanos de los Derechos de la Naturaleza. Los primeros nos conducen a construir la justicia ambiental, que tiene como una de sus herramientas básicas la reparación a los seres humanos. Los segundos proponen la justicia ecológica, que abre la puerta a la restauración de la Naturaleza. En los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona. Se trata de una visión antropocéntrica. En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza, que incluye por cierto al ser humano. La Naturaleza vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano. Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas. Estos planteamientos ubican con claridad por dónde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, si realmente ésta pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la Naturaleza. En suma, los Derechos de la Naturaleza, imbricados cada vez más con los Derechos Humanos, nos conminan a construir democráticamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ambiental.
En síntesis, no se puede reducir la atención a los temas coyunturales. El mundo debe contar con una estrategia que permita sentar las bases estructurales para el cambio, aprovechándose inclusive de las actuales dificultades coyunturales y por cierto de las debilidades relativas de los centros de poder mundial. Este cambio no surgirá si se espera simplemente que los países desarrollados resuelvan sus problemas, olvidando el carácter interdependiente y desigual de la economía internacional. Ecuador está en la vanguardia en lo que a formulación de este tipo de propuestas revolucionarias se refiere. Pero ha sido el gobierno de Evo Morales el que lidera estas discusiones a nivel internacional, aún cuando la Constitución boliviana no considera los Derechos de la Naturaleza como lo hace la ecuatoriana. Con la convocatoria a la Cumbre de la Tierra en Cochabamba, con la propuesta de conformación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes contra la Pacha Mama formulada por el presidente boliviano y con la Declaración del Agua como Derecho Humano Fundamental en Naciones Unidas liderada por Bolivia, este país del altiplano, que también tiene varias contradicciones internas como consecuencia del redoblado extractivismo de sus recursos naturales, se ha colocado a la cabeza del mundo en la lucha por un cambio de las relaciones internacionales en el ámbito ecológico. Lamentablemente, parecería que el gobierno del presidente Rafael Correa tiene temor de transformar los puntos de vanguardia de la Constitución de Montecristi en realidad.
Transcripción Bettina Ghio / www.contretemps.eu
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.