El presente artículo es un fragmento del capítulo 8º de un trabajo inédito titulado «Breve Historia de las personas con discapacidad: de la opresión a la lucha por sus derechos».
Durante la década de 1970 surgieron los primeros movimientos de Personas con Discapacidad como continuidad de los movimientos por los derechos civiles que protagonizaron importantes luchas en los años anteriores. Su objetivo era luchar por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la accesibilidad al medio físico y social, y por el derecho a una «vida independiente». Bajo el lema «Nada para Nosotros, sin Nosotros», reclamaban ser tenidas en cuenta en la elaboración de políticas de inclusión.
En esta época se comienza a utilizar el concepto de «Persona con Discapacidad» en lugar de «discapacitado» o «insuficiente» del Modelo Médico Biológico, dominante en las décadas anteriores, ya que hace referencia a la persona como sujeto de derecho antes que a la discapacidad.
Como consecuencia de sus luchas se fueron incorporando los derechos de las personas con discapacidad en las normativas internacionales. En 1982 las Naciones Unidas aprobaron el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Pero el máximo logro obtenido por las organizaciones de personas con discapacidad fue la aprobación de la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y el «Protocolo Facultativo» el 13 de diciembre de 2006.
Pero existe una contradicción entre los derechos establecidos por las convenciones internacionales y las leyes aprobadas por los diferentes Estados, y la realidad que supone la implementación a partir de las décadas de 1970 y 1980 de políticas neoliberales que tenían como objetivo desmantelar las estructuras del Estado de Bienestar. En este época se produce la privatización o tercerización de sectores clave como la salud, la educación, la seguridad social o los planes de vivienda, mientras que las políticas de flexibilización y precarización laboral suponen un retroceso de las conquistas obtenidas por la clase obrera a través de sus luchas, llevando a una explotación que se asemeja al capitalismo salvaje del siglo XIX.
Las personas con discapacidad se vieron severamente afectadas por el capitalismo neoliberal debido a los recortes presupuestarios: los hospitales y las escuelas públicas quedaron en muchos casos imposibilitadas de brindar la atención y las herramientas de accesibilidad necesarias, y las obras sociales no cubren la totalidad del tratamiento o el costo de los insumos (prótesis, sillas de rueda, audífonos, implantes).
En el ámbito laboral el porcentaje de desocupación de las personas con discapacidad supera ampliamente a la media de la población. Según un informe de la OIT para 2005, el índice de empleo de personas con discapacidad era de 38% frente al 78% del resto de la población. Esto se ha venido incrementando tras la crisis económica de 2008, y en la actualidad se calcula que del 60% de la población con discapacidad que están en edad de trabajar, el índice de desempleo se encuentra entre el 80 y 100% por encima del promedio. Las personas con discapacidad han pasado a superar la categoría de desempleados para pasar a ocupar la de «excluidos» del mundo laboral, es decir, que ni siquiera pueden ser pensados como trabajadores potenciales.
En El Capital (1859) Karl Marx sostenía que existen dos tipos de Ejércitos Industriales: uno Activo y uno de Reserva. Al segundo pertenece en algún momento toda la clase obrera, ya sea cuando se encuentra desocupada o cuando trabaja a tiempo parcial. Sin embargo existe un sector tan marginado que no puede llegar a formar parte del Ejército Activo en ningún momento: son las personas con discapacidad, que no solo se ven imposibilitadas de acceder al proceso de producción, sino que el mismo sistema, al generar la separación del hogar y el trabajo, y destruir las formas de autosubsistencia de las sociedades tradicionales las deja marginadas completamente del proceso de producción. Esto que teorizó Marx a mediados del siglo XIX continúa teniendo plena vigencia a comienzos del siglo XXI.
En el caso de las mujeres hay que mencionar que cuentan con menos posibilidad que los hombres de encontrar empleo (lo que empeora con la edad) y mas posibilidad de sufrir violencia física o sexual.
A esto se le suma los obreros y las obreras que quedan en situación de discapacidad debido a las pésimas condiciones en las que deben ejercer sus tareas. Según la OIT hay dos millones de fallecimientos anuales relacionados con el trabajo, lo que equivale a más de 5.000 muertes al día, y que por cada accidente mortal hay entre 500 y 2.000 lesiones de todo tipo, muchas de las cuales generan discapacidad. Además, la OIT afirma que, por cada enfermedad mortal relacionada con el trabajo, hay otras 100 enfermedades que provocan absentismo laboral.
Ante un obrero que adquiere una discapacidad como consecuencia de su trabajo, las empresas tratan de «sacárselo de encima» induciéndolo a jubilarse por invalidez, debido a que sospechan que no podrá generar con su trabajo el beneficio que se espera obtener de él, así como los aportes que ambos deben realizar al Estado en materia de impuestos y cargas sociales. Esta expulsión del mercado laboral constituye una violación al derecho a ganarse la vida mediante su trabajo, y a las leyes de cupo laboral para las personas con discapacidad.
Exceptuando a las clases mas pudientes, la abrumadora mayoría de las personas con discapacidad sobreviven sin empleo gracias a los aportes provenientes de: 1) su familia empobrecida aún mas por la presencia de una persona con discapacidad que no representa ingresos y supone gastos extraordinarios; 2) por las prestaciones sociales del Estado (siempre que ellas o sus familias tengan conocimiento de su existencia y cuenten con el certificado de discapacidad correspondiente); 3) a través de la limosna ya que en el imaginario social son las únicas personas que se les reconoce el derecho a limosnear; y 4) por los aportes de las instituciones caritativas y religiosas, cuyos fondos provienen de la comunidad o del mismo Estado (1).
La Crisis Económica desatada en 2008 ha venido a empeorar esta situación por lo que las personas con discapacidad se han venido a sumar a las luchas contra las políticas de ajuste y recortes presupuestarios que se están aplicando en todo el mundo. En Madrid protagonizaron una manifestación de 50 mil personas el 2 de diciembre de 2012 para reclamar a las administraciones públicas el pago de los 300 millones que adeudados al sector y exigir al gobierno del conservador Mariano Rajoy que deje de recortar sus derechos (2). En Gran Bretaña varios movimientos de personas con discapacidad integraron la Asamblea del Pueblo contra la Austeridad que, junto con organizaciones sindicales, movimientos en defensa de los bienes comunes, asociaciones feministas, ambientalistas y partidos de izquierda, se manifestaron en Londres el 22 de junio de 2013 para reclamar contra los recortes presupuestarios impuestos por las políticas de austeridad de la Unión Europea (3).
Pese al retroceso en los derechos económicos y sociales que representó la implementación de políticas neoliberales, se ha producido en las últimas décadas un incremento de la toma de conciencia de las personas con discapacidad acerca de cuales deben ser sus derechos y obligaciones en la sociedad. Inclusive en algunos casos se ha superado el reclamo por el «derecho a ser explotadas» dentro del sistema capitalista, para plantear la necesidad de construir una nueva sociedad basada en la solidaridad e igualdad, en donde no existan explotadores ni explotados.
Referencias:
(1) Joly, Eduardo; (2007) «La discapacidad: una construcción social al servicio de la economía», en: http://www.rumbos.org.ar/discapacidad-una-construccion-social-al-servicio-de-la-economia-clase-facderuba.
(2) Publico.es , 2 de diciembre de 2012.
(3) Larrabeiti, Gorka; «La izquierda británica se une, organiza y lucha», en: Rebelión, 23 de junio de 2013.
Luciano Andrés Valencia es escritor, autor de La Transformación Interrumpida (2009) y Páginas Socialistas (2013). Integra el Consejo Consultivo de la Comisión de Accesibilidad al Medio Físico y Social de la Universidad Nacional del Comahue, y el Consejo Local para Personas con Discapacidad de Cipolletti (Rio Negro).
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