Por un plazo de 15 días, que puede extenderse a 15 días más, el mandatario chileno, Sebastián Piñera, declaró este martes el estado de excepción constitucional en cuatro zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía, argumentando como principal motivo una “grave alteración del orden público”.
El decreto presidencial habilita a que las Fuerzas Armadas puedan dar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones a las fuerzas de seguridad de la zona, Carabineros y Policía de Investigaciones.
La medida fue adoptada por el presidente luego de los últimos hechos de violencia que se dieron en esa zona del país, cometidos por grupos armados en las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía”, informó El Mercurio.
Los últimos incidentes se registraron en las Termas de Pemehue, en Collipulli, el viernes. Un día después, fueron quemados camiones y maquinaria dentro de la empresa Forestal Mininco, en Loncoche, y una situación similar se dio en otra forestal ubicada cerca de la ciudad de Temuco, donde 18 camiones fueron incendiados.
La crisis que se vive en esa región chilena no es nueva, y el problema de fondo pasa por la tenencia de la tierra, cuestión que no fue debidamente abordada por los sucesivos gobiernos que pasaron por La Moneda y tampoco por el que encabeza Piñera.
La zona ahora militarizada forma parte del Wallmapu, denominación que se utiliza para designar a los territorios ancestrales del pueblo mapuche, el mayor grupo étnico originario del país.
Sin mencionarlos, Piñera hizo alusión a los mapuches al anunciar el decreto, cuando dijo: “Este estatuto de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”, aclarando que la medida “en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o de un grupo de ciudadanos”.
Buena parte de las tierras en las que tiene lugar este conflicto –aproximadamente 600.000 hectáreas, 20% de la superficie total de La Araucanía– pertenecen desde hace décadas a industrias forestales. De acuerdo a una investigación hecha por el portal Ciper Chile, dos familias, Matte y Angelini, controlan 70% del negocio forestal de todo el país. Estos dos grupos empresariales construyeron un millonario negocio con base en los monocultivos de eucaliptus y pinos, que con el paso de las décadas generaron una enorme degradación de todas las tierras adyacentes debido a la gran cantidad de agua que demandan estas plantaciones. Según estimaciones de 2018, más de 100.000 personas que vivían en la región –la más pobre de Chile– no tenían acceso directo al agua potable; debían acceder a ella por medio de camiones cisternas. Además, la actividad forestal generó la contaminación de los cursos de agua de la zona, generando una situación extremadamente compleja para quienes se dedican a los cultivos de alimentos a pequeña escala. Al contrario de lo que pregonaron los impulsores de la industria forestal, la expansión de su negocio en la región no sólo no aumentó los ingresos de la población, ni generó más fuentes de trabajo, sino que redundó en el aumento de la pobreza y de la desigualdad de ingresos entre la población indígena y no indígena.
En este marco, son frecuentes los hechos de violencia protagonizados básicamente por grupos mapuches, como el ataque contra instalaciones de las empresas forestales y también contra camioneros que trabajan en la zona. Esta situación llevó a que la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile expusiera sus inquietudes al gobierno de Piñera y realizara varios cortes de ruta, algo que en el caso de extenderse en el tiempo tendría consecuencias devastadoras, ya que cortaría la llegada de numerosos insumos, incluyendo alimentos, a Santiago y otras ciudades del país.
“Si las instituciones no hacen su trabajo tendremos que autodefendernos y armarnos para enfrentar a los delincuentes”, advirtió hace algunos días Sergio Pérez, presidente de esta gremial, tradicionalmente afín a la derecha. Ahora, luego de la decisión presidencial, los camioneros decidieron no seguir adelante con los cortes de ruta.
A fines de setiembre la Contraloría General de la República había calificado de “inconstitucional” el decreto enviado por el Ejecutivo para autorizar a las Fuerzas Armadas a cumplir labores de prevención y control del orden público en la zona del conflicto mapuche, recordó el portal El Mostrador. Pese a ello, Piñera adoptó la medida, que generó muchas repercusiones.
La diputada comunista Camila Vallejo escribió en su cuenta de Twitter: “El Gobierno, al declarar Estado de Excepción en La Araucanía, repite una estrategia fracasada que sólo aumenta el espiral de violencia. Con esto demuestran que no quieren dialogar, ni buscar acuerdos, ni menos respetar los Derechos Humanos, sólo aumentar la polarización”.
En una línea similar se manifestó en la misma red social la convencional constitucional Manuela Royo Letelier, que expresó: “Le manifestamos al Gobierno Regional nuestro rechazo al Estado de emergencia en el Wallmapu. Esta medida pasa por alto los dictámenes de la Contraloría y profundiza la violencia, siendo el Gobierno cómplice del desarrollo forestal que destruye los territorios”.
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Acusación constitucional contra Piñera por los Pandora Papers
En la mañana del miércoles, diputados de la oposición presentarán una acusación constitucional contra el presidente Piñera, luego del escándalo que se desató luego de que en la investigación Pandora Papers se reveló que el mandatario participó en la compraventa de la minera Dominga por medio de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, burlando así al fisco chileno.
Al respecto, el diputado independiente René Saffirio explicó en sus redes sociales que una vez presentada la acusación constitucional “se dará cuenta a la Sala de la Cámara para sortear los cinco diputados que deberán hacer una propuesta a la Sala”.
“Luego del informe de la Comisión sorteada y con o sin la contestación del acusado, pasa a la Sala para su debate y votación”, añadió el parlamentario sobre los pasos a seguir, según lo consignado por la revista The Clinic.
Respecto de la votación de la acusación, detalló que “en la Sala debe aprobarse con la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, es decir, necesitamos 78 votos”.