Piñera en su laberinto

El paro en la región de Magallanes, que afectó a las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, obligó al gobierno a dialogar con la Asamblea Ciudadana Magallánica con el dedo en el gatillo de la Ley de Seguridad del Estado. La protesta en la zona austral demostró la rebeldía latente en vastos sectores ciudadanos contra las inhumanas políticas neoliberales que se vienen aplicando sin misericordia desde la dictadura militar. Este fue el factor de fondo que obligó al presidente a reajustar su gabinete. El mandatario dobló la página de la cacareada «nueva forma de gobernar» y echó mano a los procedimientos tradicionales y probados que ofrecen zorros de la política como los ex senadores Allamand y Evelyn Matthei, o los frutos artificiales de la publicidad, como Golborne. El reajuste ministerial -es de presumir que pronto habrá otros- lo desencadenó el ex democratacristiano Jaime Ravinet, que desde la cartera de Defensa hizo enrojecer de vergüenza al gobierno. Lo suyo partió con una pachotada sobre el costo de un puente mecano, que en realidad ocultaba un oscuro asunto de licitaciones y compras del ejército en que se adivina el perfil de las tradicionales comisiones que acompañan las adquisiciones castrenses. Ravinet extremó la maniobra distractiva sugiriendo que revelar el costo del puente -con un sobreprecio de dos millones de dólares- afectaría la seguridad nacional y provocaría tal disgusto al ejército, que éste se restaría de cooperar en catástrofes como el terremoto-maremoto del 27 de febrero de 2010.

Pero no sólo fueron las estúpidas declaraciones de Ravinet las que desataron la tormenta que terminó con su salida del gabinete. Lo peor aún no asomaba en la fortaleza de la Contraloría General de la República. Y cuando lo hizo, sonó como un cañonazo. Se reveló que el general Cristián Le Dantec, jefe del estado mayor conjunto de las FF. AA. (designado en ese cargo por la presidenta Bachelet), andaba en trámites para que el Estado le comprara una residencia por valor de un millón de dólares. En un país donde miles de familias viven en mediaguas que cuestan 250 mil pesos, las aspiraciones de Le Dantec superaban a las de un príncipe saudita. La compra del palacete fue aprobada -según Le Dantec- por el ex ministro Ravinet y por el comandante en jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Después de las renuncias de Ravinet y Le Dantec, la situación de Fuente-Alba no puede ser más incómoda y comprometida, esperándose que siga el camino de los anteriores.

Pero el panorama es todavía más complejo para La Moneda.
En estos meses ha habido un notorio aumento de las movilizaciones sociales y un deterioro constante de la confianza ciudadana en el presidente de la República, a quien se acusa de no cumplir sus promesas de campaña. La expresión del reciente conflicto con los funcionarios públicos fue insólita en cuanto a su masividad, alcance, organización y voluntad de protesta. Pero la solución del conflicto fue literalmente «entregada» por la CUT con el aval del presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, generando un clima de frustración y cólera. Entretanto, la huelga de los mineros de Collahuasi fue un éxito, a pesar de las amenazas represivas. Hubo además otras movilizaciones importantes, como la de los trabajadores de la cadena de Farmacias Ahumada y de los maquinistas del Metro. Se mantienen las protestas en la zona de Caimanes, por la construcción de un tranque de relaves para la mina Pelambres del consorcio Luksic, y son habituales las protestas de vecinos, profesores y estudiantes y de los damnificados en la zona del terremoto. Las huelgas legales han aumentado, como asimismo el número de trabajadores involucrados. El incendio de la cárcel de San Miguel, con ochenta y un reclusos muertos, desnudó un drama pavoroso que afectó al gobierno aunque el hacinamiento carcelario sea de larga data.
Si bien la reorganización del gabinete no es un hecho fundamental, sí lo fueron las razones que la motivaron, en especial la protesta antineoliberal de Magallanes. Queda por ver si los nuevos ministros se ajustarán a las orientaciones de un presidente formado en la especulación financiera y refractario al trabajo en equipo.

Pero lo gravitante es otra cosa. El gobierno quiere avanzar con rapidez en la profundización del modelo y completar la tarea que dejó inconclusa la Concertación. Hay en marcha diversas privatizaciones. Codelco venderá Edelnor, principal productora de electricidad del Sistema Interconectado del Norte Grande, a menos que triunfe la resistencia de los trabajadores. Tanto la privatización de las sanitarias, ya vendidas en proporción mayoritaria por la Concertación, como la privatización de Enap, que se está estudiando, se podrían materializar sin pasar por el Congreso. Se ha anunciado por otra parte el posible traspaso de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) a inversionistas privados.
Entretanto, la reforma educacional en marcha, con apoyo de la oposición, reforzará el predominio de la educación privada en desmedro de la municipal, laica, igualitaria y gratuita. Y la utilización del bono Auge en las clínicas privadas por los usuarios de la salud pública que no puedan ser atendidos por ésta, significa el traspaso de una enorme masa de recursos fiscales al sector privado, en vez de ocuparlos en solucionar las carencias de los hospitales públicos.