Más de mil lingotes de oro habrían sido descubiertos en un banco de Hong Kong a nombre del ex dictador Augusto Pinochet. El botín superaría los 180 millones de dólares. Según informaciones de agencias de noticias, los lingotes se encontraban en las bodegas del Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC). El Consejo de Defensa del […]
Más de mil lingotes de oro habrían sido descubiertos en un banco de Hong Kong a nombre del ex dictador Augusto Pinochet. El botín superaría los 180 millones de dólares. Según informaciones de agencias de noticias, los lingotes se encontraban en las bodegas del Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC). El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al tribunal que remita los antecedentes sobre la aparición del oro a la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones. Según El Mercurio, el gerente de asuntos externos de Hong Kong, Garet Hewett, al ser consultado sobre el hallazgo «optó por responder con un ‘sin comentarios’ para luego señalar que no está en condiciones de ‘confirmar ni desmentir’ los antecedentes». El CDE intenta que se decreten medidas cautelares y evitar que Pinochet o eventuales abogados contratado por él en Hong Kong retiren el oro, como sucedió con los fondos que Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, guardaba en Suiza.
El año 2004, una investigación del Senado de Estados Unidos entregó luces sobre las cuentas y empresas en paraísos fiscales y bancos de Europa que mantuvo Augusto Pinochet, su familia y colaboradores cercanos. Hasta ahora, el botín de Pinochet se calcula en 31 millones de dólares, según el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los tribunales chilenos. «La aparición de estos más de mil lingotes abre una nueva veta de misterio no sólo sobre el origen de los mismos, sino respecto a quién fue el operador con el banco asiático, en momentos en que el caso Riggs perdía notoriedad pública», afirma La Nación.
El Banco de Hong Kong HSBC habría iniciado una investigación para verificar la existencia de la multimillonaria suma en lingotes de oro, según informó la BBC, quien cita al vocero de la casa bancaria, Richard Lindsay. Según el portavoz, «hasta el momento no han recibido una comunicación oficial del Gobierno chileno o de las autoridades de Hong Kong, aunque en vista de los reportes de prensa, hemos iniciado una investigación», afirma.
Según el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, hace algunos días «conocían de la existencia de esta información» y «entregaron de inmediato los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a los tribunales». En Radio Cooperativa, aclaró que «no es una información oficial todavía, pero en cuanto recibimos esa información con fotocopia de documentos, etcétera, le hicimos entrega inmediatamente a los tribunales y al Consejo de Defensa del Estado. En este momento es un tema que está en manos de ellos, ellos tendrán que tomar rápidamente las medidas precautorias para que, de comprobarse esta información, de comprobarse naturalmente sería muy grave, habría que congelar las cuentas respectivas y proceder judicialmente como corresponde».
Según el juez Sergio Muñoz, a cargo de la investigación por las cuentas secretas de Pinochet, el ex dictador -hasta octubre del año 2005- tenía una fortuna calculada en unos 31 millones de dólares. En mayo del 2004, el diario Washington Post dio a conocer un informe del Senado de Estados Unidos que reveló que Pinochet ocultó entre cuatro y ocho millones de dólares en cuentas personales en el Banco Riggs. El juez Muñoz fue designado en Chile para investigar los delitos de «fraude al Fisco», «exacción ilegal», «malversación de caudales públicos» y «cohecho», en que habría incurrido el ex dictador.
En abril de 2005, la fortuna de Pinochet se calculaba en 17 millones de dólares. Se habían descubierto hasta entonces las cuentas del Riggs y las del Banco de Chile en Nueva York. En mayo de 2005, Muñoz y la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de Estados Unidos, descubrieron que el Banco de Chile mantenía los fondos de Pinochet sin considerar las disposiciones del Acta Patriótica para evitar el lavado de dinero. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha recabado antecedentes de unas cien cuentas en veinte bancos. «Banco de Chile habría ayudado al abogado y albacea de Pinochet, Oscar Aitken, a abrir una serie de firmas en paraísos fiscales, para así esconder los dineros de la acción de la justicia española. El año 2004, y para evitar un daño a su imagen e incurrir en ilícitos, el Banco de Chile cerró las cuentas de Pinochet y las de su familia. Con esto terminó un vínculo comercial iniciado en 1973», señala La Nación.
Posteriormente, la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) informó al juez que las cuentas en Estados Unidos, más los intereses y las inversiones que se realizaron, sumaban 28 millones de dólares. Además, en Suiza se descubrieron más 3 millones de dólares pertenecientes al ex dictador y su entorno. Según los abogados querellantes, el botín de Pinochet podría llegar a los 100 millones de dólares.
Según El Mostrador, un «operador comercial estadounidense», informó al Consulado de Chile en Los Ángeles sobre el oro. «Según la documentación, cuya veracidad aún no ha sido confirmada, el otrora jefe del Ejército habría abierto la cuenta en junio de 1980, después del plebiscito en que se impuso», señala.
«Un posible negocio en Estados Unidos entre dos brokers dejó al descubierto el posible depósitos de más de nueve toneladas de oro que el general en retiro Augusto Pinochet habría mantenido en secreto en el banco Hongkong & Shanghai Bannking (HSBC). Así lo establece el informe de 20 páginas que el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el lunes al ministro de fuero, Carlos Cerda, y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), según confirmaron fuentes que tuvieron acceso al documento», agrega El Mostrador.
El 11 de octubre, el operador comercial Al H. Landry se habría comunicado con el consulado chileno en Los Ángeles, alertándolos de un certificado de depósitos por 9.620 kilos de oro. «Landry obtuvo el documento a través del intercambio de varios correos electrónicos con otro operador, Kevin Shani, quien estaba ofreciendo la transacción del metal en los mercados financieros de Estados Unidos, a nombre de Augusto Pinochet. Los certificados que acompañan el negocio son una suerte de diploma, donde se establece que la apertura de la cuenta fue abierta el 11 de junio de 1980 (pocos meses después del plebiscito en el que se impuso y que siempre fue cuestionado por sus opositores), que identifica al propietario a través de un código. Sin embargo, otros antecedentes remitidos por Landry a las autoridades chilenas individualizan a Pinochet como el propietario del depósito, e incluso en uno de ellos se destaca su calidad de Presidente de la República de Chile», afirma El Mostrador.
Ya nadie duda que el botín de Pinochet proviene del tráfico de armas y drogas. Cuando fue detenido en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón, Pinochet poseía pasaporte diplomático otorgado por el gobierno de Chile. Poco después de su detención, Alan Sherman, general de división del Ejército de Su Majestad Británica, declaró en Excelsior de México, que el ex dictador había viajado «al frente de una misión militar con el conocimiento del gobierno chileno», para coordinar los detalles de un importante negocio de armamentos con las empresas británicas Royal Ordnance y British Aerospace. Pocos recuerdan su bochornoso viaje a Checoslovaquia -donde ingresó con «nombre falso»- en una misión similar.
No era su primer viaje ni el primer negocio de esta naturaleza. A principios de 1980, Chile se convirtió en el primer exportador de armas de Latinoamérica hacia países del Tercer Mundo.
La «misión» de Pinochet ciertamente incluía jugosas ganancias, reforzadas por la actitud de los gobiernos concertacionistas que han privilegiado el desarrollo de la industria militar como parte de «las metas de desarrollo y modernización de las FFAA». El descubrimiento del tráfico de armas a Croacia en enero de 1992 reveló la punta del iceberg de una práctica de antigua data. En esos días en un terminal aéreo de Hungría, se descubrieron 2 containers con decenas de toneladas de armas que salieron de FAMAE. Yves Marzialle, representante de la empresa francesa IVI Finance Management contrató un avión de Florida West para el traslado. Tanto él como FAMAE, violaban así el embargo de la ONU. La venta de armas era fácil forma de financiar millonarias operaciones de encubrimiento. En el tráfico a Croacia aparecieron involucrados el general Carlos Krumm, el coronel Gerardo Huber -encargado de exportaciones e importaciones del Ejército y 3er jefe de la División Logística- quien fue asesinado en el Cajón del Maipo posteriormente, queriendo hacer aparecer el crimen como un «suicidio».
Pinochet en Londres actuaba en el filo de la legalidad, haciendo gestiones como comisionista debido a su influencia para determinar las adquisiciones de material bélico. El periodista argentino Rogelio García Lupo, afirma que Pinochet «buscaba cobrar su comisión por la adquisición de 3 barcos ingleses para la Armada», gestión que «se traducía en gastos por US$ 443 millones, con una comisión personal de US$ 4,43 millones», entre otras. Había sido «invitado» por la Royal Ordnance y la British Aerospace. Pinochet ya había logrado el contrato de coproducción (FAMAE-Royal Ordnance) del cohete Rayo, «primera actividad conjunta que, según los programas de desarrollo, serviría de punto de partida para un proyecto de comercialización de armas a nivel mundial», afirmó en 1998 revista Punto Final.
Por sus negocios como «comisionista» y «asesor» Pinochet habría recibido millonarias sumas, que engrosaron la fortuna de su familia. Uno de los procedimientos reconocidos utilizados para «desaparecer» la pista de cuentas y otros negocios el llamado «senda verde». Consiste en efectuar depósitos, utilizando a un tercero o nombre falso, en una cuenta de un banco internacional. Luego los dineros se transfieren a una cuenta de concentración en la casa matriz del banco, por ejemplo en Nueva York, y enviados a cuentas de una «empresa» de pantalla registrada en Islas Caimán, Panamá, Bermudas, Islas Vírgenes, etc. Protegidas por el secreto bancario, se traspasan, en acciones, bonos o títulos de inversión, a cuentas privadas en Luxemburgo, Suiza y otros países.
En marzo de 1999 quedó en evidencia, gracias a la investigación del diario mexicano El Universal, la primera cuenta bancaria de Pinochet en el extranjero, en Banco Riggs de EE.UU. Garzón pidió congelar las cuentas de Pinochet en Suiza y Luxemburgo, lo que fue denegado por la Corte Suprema chilena. Nuevos antecedentes dan cuenta que Pinochet además mantenía una póliza de seguro de vida en la empresa Standard Life de Bermudas.
La cuenta bipersonal que mantenía con su esposa, Lucía Hiriart, en el Riggs, se habría mantenido por varios meses en 1997, con el manejo de un millón de dólares en marzo de 1997. Siendo el primer indicio de que Pinochet mantiene cuentas en el extranjero. Según el Universal de México «no fue posible confirmar que la cuenta del banco Riggs aún exista. Oficialmente el banco declinó confirmar que la cuenta exista o haya existido, alegando las leyes de privacidad en EE.UU. De acuerdo con una fuente familiarizada con la operación, que pidió no ser identificada, se trata de una cuestión clásica de ‘banca privada’, una práctica de bancos estadounidenses que garantiza máxima privacidad a sus clientes. ‘No hay duda’, dijo la fuente, al revisar la fotocopia del estado de cuentas y asegurar que no sería la única que la familia Pinochet tuviera, aunque también advirtió que otras cuentas han sido establecidas a través de empresas con registro en Europa o naciones en el mar Caribe. ‘Estoy seguro que no es la única’, comentó, haciendo notar la instrucción de retener correo, lo que evitaría incluso el estado de cuentas por ruta postal».
Hasta enero de 1999 no existían pruebas de que Pinochet hubiese enviado dinero al extranjero. Pinochet siempre procuró mantener una imagen de «austeridad». Sin embargo, reportes verificados sobre adquisición ilícita de propiedades en Chile y versiones sobre el enriquecimiento de sus hijos han sido frecuentes desde el momento mismo del golpe militar.
Pinochet, el oro y la sangre (II)
El juez Juan González envió exhortos a Hong Kong y Alemania solicitando antecedentes sobre las 9,6 toneladas de oro que el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte mantendría en un banco de Hong Kong, cuyo valor superaría los 170 millones de dólares. El magistrado ofició a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), de la Policía de Investigaciones para establecer «el origen del oro» y se verifique la existencia de viajes de la familia Pinochet y su entorno a Hong Kong y otros destinos entre 1973 y 1980. El juez solicitó a Alemania que también recaben información acerca de la empresa securitizadora Schell Security Gmbh, miembro de Schell International Security Group, que pudiese estar en «certificado de securitización sobre los bienes en oro». «La celeridad que pide el magistrado se explica porque, en la eventualidad de que la existencia de estos depósitos fuera efectiva, se busca impedir que los lingotes de oro, valorados en 170 millones de dólares, sean transados en los mercados financieros, con lo que se perdería su pista», señala El Mostrador.
El Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC) inició una investigación, aunque funcionarios de la entidad señalan que no hay hasta ahora antecedentes que confirmen la existencia de una cuenta del ex dictador. La noticia ha causado revuelo en todo el mundo. Según El Universal de México, el informe que envió la Cancillería chilena a los tribunales y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), señalaría que «el metal tendría un 99,9 por ciento de pureza y equivale a 339.335 onzas. También indica que los lingotes pueden haber sido fabricados en Bélgica y que los certificados del HSBC señalan que la cuenta fue abierta el 11 de junio de 1980 e identifican al propietario. (…) Antecedentes remitidos individualizan a Pinochet como el dueño del depósito e incluso en uno de ellos se destaca su calidad de Presidente de la República de Chile».
Por su parte, Clarín de Argentina añade que las denuncias de que el ex dictador Augusto Pinochet tiene guardados 9.000 kilos de oro en lingotes en el banco HSBC serán investigadas en Chile y en Hong Kong, «donde directivos de la entidad aseguraron que en las primeras averiguaciones no encontraron rastros del presunto depósito ni hallaron al ex presidente de facto en sus registros de clientes. (…) La autoridad monetaria de Hong Kong anunció sus propias pesquisas, aún antes de recibir el exhorto. Y, aunque dijeron no tener ningún rastro del oro ni registros de Pinochet como cliente, directivos del HSBC manifestaron su compromiso a cooperar con las investigaciones. El nuevo escándalo en torno a la fortuna de Pinochet tiene su origen hace poco más de dos semanas, cuando el cónsul de Chile en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Fernando Urrutia, recibió un grueso legajo de documentos que acreditarían la denuncia».
El gerente de asuntos externos del HSBC, Gareth Hewett, no quiso desmentir ni confirmar la denuncia, mientras un portavoz del Banco Central de Hong Kong afirmó que se investigará. El 2004, el juez Baltasar Garzón pidió al HSBC informar si tenía depósitos del ex dictador. Los cercanos al ex dictador reaccionaron «escandalizados». Han desmentido que Pinochet tuviera nueve toneladas de oro en el exterior. Incluso el jefe de su equipo jurídico, Pablo Rodríguez -ex miembro de la ultraderechista agrupación terrorista Patria y Libertad, durante el gobierno de la Unidad Popular-, declaró: «Ayer estuve con él y su familia y me dijeron que jamás ha poseído un gramo de oro en ningún banco del mundo. Si el general Pinochet tuviera un gramo en el extranjero yo sería el primero en renunciar a su defensa». En Chile no es extraño que la opinión pública y la prensa se preocupen más de los fraudes e ilícitos financieros cometidos por Pinochet, sus cercanos y funcionarios de la DINA y CNI, que de los asesinatos, desapariciones forzadas, exilio, prisión política, torturas y crímenes de lesa humanidad que afectaron a cientos de miles de ciudadanos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.
Negaron información
El HSBC ya ha sido mencionado en la investigación por enriquecimiento ilícito que se siguen contra Pinochet, su familia y colaboradores cercanos. En el primer informe del Senado norteamericano sobre las cuentas de Pinochet y su familia en el Banco Riggs aparecieron transacciones y cuentas en el HSBC. La entidad financiera le negó información al comité de senadores, amparándose en el «secreto bancario». El HSBC y el Banco Santander negaron información a la investigación seguida en Estados Unidos. En julio de 2004, la Fundación Presidente Allende de España solicitó que el juez Baltasar Garzón pidiera al HSBC y al Banco Santander información acerca de cuentas bancarias dentro o fuera de España relacionada con el ex dictador Pinochet, su familia y colaboradores cercanos. El HSBC volvió a negar la información.
Tras el segundo informe del Senado estadounidense, en marzo de 2005, y abierta la causa en Chile, los tribunales chilenos solicitaron a Financial Services Authority (FSA) de Estados Unidos que investigara cuentas relacionadas al caso Riggs en instituciones financieras con oficinas en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las instituciones investigadas figuraba el HSBC. «Según informaron dos fuentes independientes entre sí, los resultados de estas indagaciones confirmaron la existencia de depósitos en ese banco ligados al caso. Las mismas fuentes indicaron que no les era posible precisar si se trata de los lingotes de oro investigados ahora o de otros fondos», publicó La Nación.
La Nación agrega que Patricio Baeza Aspée es el representante legal del HSBC en Chile y que posee, además, su representación en Estados Unidos y Suiza. «Baeza Aspée, como el banco que representa, no es nuevo en el caso. Estuvo relacionado a las inversiones de la familia Pinochet Ugarte, como gerente de la Citigroup Private Bank, cuya oficina funcionaba en el sexto piso de la avenida Andrés Bello 2687, como dio a conocer La Nación Domingo en abril de 2005. Desempeñó el cargo durante doce años, entre 1990 y 2002, y le tocó administrar, según testigos, el cierre paulatino de las cuentas que el clan Pinochet mantenía en esa entidad a partir del impacto que generó la detención del ex dictador en Londres en 1998 y las medidas cautelares que dictó el juez Garzón sobre sus activos. Desde entonces, ocupa el mismo cargo en el HSBC, y se llevó consigo a varios ex empleados de la banca privada del Citigroup, que dejó de operar en Chile meses después de la denuncia de este medio», señala.
De acuerdo a los antecedentes recabados por Cancillería habría veintiséis páginas de documentos en las que se señalaría que el oro posee una ley de 99,9 por ciento, el número de serie de los lingotes que habrían sido fabricados en Bélgica, los depósitos en julio y noviembre de 1980 en el HSBC, y un certificado de la empresa de valores alemana Schell Security Gmbh de diciembre de 2004. Aunque la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la orden de «no innovar» que pesa sobre la causa y que impide al ministro titular Carlos Cerda seguir la investigación, estimó que el juez González iniciara las indagatorias acerca de la existencia de las 9,6 toneladas de oro en un banco de Hong Kong.
El 11 de octubre, el operador comercial Al H. Landry se habría comunicado con el consulado chileno en Los Ángeles, alertándolos de un certificado de depósitos por 9.620 kilos de oro. Landry obtuvo la información a través del intercambio de correos electrónicos con otro operador, Kevin Shani, quien habría estado ofreciendo la transacción del metal en los mercados financieros de Estados Unidos, a nombre de Augusto Pinochet. El operador entregó a la Cancillería chilena los antecedentes y asegura que la documentación es «genuina y auténtica». «Sostiene que fue autorizado por su compañía para recibir una comisión de 0,5 por ciento, por haber hallado el metal precioso. La posibilidad de recibir un 0,5 por ciento de comisión por encontrar las 9,6 toneladas de oro que, supuestamente, Augusto Pinochet Ugarte mantiene en un banco de Hong Kong, habría motivado a un operador financiero de Estados Unidos a revelar al gobierno chileno la existencia del millonario depósito en el metal precioso, cuyo valor superaría los 170 millones de dólares», publicó El Mostrador. «Los certificados que acompañan el negocio son una suerte de diploma, donde se establece que la cuenta fue abierta el 11 de junio de 1980 (pocos meses después del plebiscito en el que se impuso y que siempre fue cuestionado por sus opositores), que identifica al propietario a través de un código. Sin embargo, otros antecedentes remitidos por Landry a las autoridades chilenas individualizan a Pinochet como el propietario del depósito, e incluso en uno de ellos se destaca su calidad de Presidente de la República de Chile. (…) Se trata de fotocopias de documentos que fueron digitalizados, y que aparentemente habrían sido legalizados en una notaría alemana, en diciembre de 2004. Hasta el momento ninguna autoridad ni funcionario chileno ha podido acceder a los papeles originales. Ello explica la cautela con la que reaccionaron las autoridades de gobierno y del CDE luego que los diarios El Mercurio y La Nación revelaran la existencia del supuesto depósito», dice El Mostrador.
Para la Fundación Presidente Allende de España, el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España aún mantiene en vigencia la petición de «investigar» y «embargar» los bienes que el ex dictador pudiese tener a su nombre o a nombre de terceros en el Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC) y en certificados a nombre de Schell Security Gmbh, miembro de Schell International Security Group, de Alemania: «La Fundación Presidente Allende solicitó la medida cautelar en el procedimiento donde ejercita la acción popular por los delitos de blanqueo de dinero y alzamiento de los bienes que, desde 1998, mantiene embargados la Justicia española en el procedimiento que desde 1996 instruye contra Pinochet y otros por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas», advierte. Su interés es que los bienes del ex dictador procesado actualmente por crímenes y fraudes, sean «íntegramente destinados a compensar a las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por funcionarios del Estado chileno bajo su mando». La Fundación distribuirá entre algunas de las cientos de miles de víctimas de la dictadura militar ocho millones de dólares que el Riggs Bank ayudó a que Pinochet ocultara a la justicia.
Pinochet, el oro y la sangre (III)
El juez Juan González, ministro suplente del caso Riggs, seguirá investigando la existencia o no de las 9,6 toneladas de oro depositadas a nombre del ex dictador Augusto Pinochet en un banco de Hong Kong. Las diligencias hasta ahora incluyen exhortos enviados a Hong Kong y Alemania. El magistrado verificará la posible falsificación de los documentos: «Vamos a continuar con las diligencias, no obstante lo manifestado por el representante del banco. En el evento que sea efectivo de que esos documentos eran falsificados hay que determinar cómo se originó esto, quién sería el responsable de esta supuesta falsificación, por eso tenemos que esperar los resultados de la investigación, de las diversas diligencias que hemos decretado», señaló el juez.
El gerente general del Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC), Rob Underwood, señaló que según «investigaciones preliminares» realizadas en su institución «no se encontró ningún depósito a nombre de Augusto Pinochet». Para el HSBC, los documentos exhibidos por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) serían completamente «falsos». La sucursal chilena entregó esa versión luego que el CDE le permitiera el acceso a los documentos que permanecen en el tribunal. El HSBC agregó «continuaremos cooperando con cualquier requerimiento de las autoridades chilenas en esta materia». Pero los dichos del Hong Kong & Shanghai Bank merecen dudas. La institución financiera ya había sido nombrada en la investigación por enriquecimiento ilícito que se siguen contra Pinochet, su familia y colaboradores. En el primer informe del Senado norteamericano sobre las cuentas de Pinochet y su familia en el Banco Riggs aparecieron transacciones y cuentas en el HSBC. El banco le negó información al comité de senadores, amparándose en el «secreto bancario». No fue el único en negar información, también lo hizo el Banco Santander. Además, en julio de 2004, la Fundación Presidente Allende de España solicitó que el juez Baltasar Garzón pidiera al Hong Kong & Shanghai Bank y al Banco Santander información acerca de cuentas bancarias dentro o fuera de España relacionada con el ex dictador Pinochet, su familia y colaboradores cercanos. Nuevamente el HSBC negó la información.
«De llegar a comprobarse que los documentos carecen de veracidad, se iniciará una segunda etapa del proceso, tendiente a determinar cómo, quién y con qué propósito se llevó a cabo una operación de este tipo que habría requerido de una poderosa logística para falsificar la documentación. Para la verdad procesal, entonces, los papeles que hablan de los lingotes de Pinochet aún están en el limbo», señala La Nación.
«El broker -corredor o agente- Al Landry, quien se contactó con el gobierno para informar sobre el supuesto oro que tendría Augusto Pinochet, insistió en que ‘todo’ apunta a que los documentos del caso son legítimos, pese a ser desestimados por el Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC), donde estaría el depósito del ex dictador. Landry insistió: ‘no puedo pensar en que sea un fraude, todo dice que es legítimo. Todo. Así es que si el banco dice que no son auténticos, simplemente dudo de que esté en lo correcto’. (…) Tras el desmentido, Landry señaló que no quiere ‘decir nada en contra del banco, pero existen repercusiones legales muy fuertes en su contra si se descubriera, en forma tardía, que están guardando oro para Pinochet’. (…) ‘Tengo todos los antecedentes para decir que son ciertos (los documentos). Reviso cientos, si no miles de documentos al año, y vemos si descubrimos una serie documentos que son falsos. Y tenemos un modo de determinar que son reales, en algunos sentidos’, aseveró. Además, subrayó el corredor, ‘mandé esto a la empresa que represento, CSI, y coincidieron en que son verdaderos'», señala Radio Cooperativa.
El propio Alan Landry aventuró una hipótesis tras revelar que el vendedor que le mandó la oferta señala «que el oro ahora está a nombre de una iglesia. Creo que entonces alguna persona, a lo mejor Pinochet, lo entregó no como donación, sino para esconder el hecho de que lo tiene, de que lo robó», agregó en entrevista exclusiva de Radio Cooperativa. Según la versión de La Nación, Landry aseguró que «luego de revisarlos (los documentos) una y otra vez, sigo creyendo que esos certificados son verdaderos, aunque no puedo asegurar su autenticidad, porque no he visto los originales ni he tomado contacto con el banco. (…) Soy un consultor de CCI Group, que es uno de los conglomerados más reservados del mundo y que sólo las entidades que manejan grandes volúmenes de oro, como los bancos centrales, conocen de cerca y acuden a sus servicios, porque los pagos, en mercados de este volumen, se hacen en efectivo», señaló.
Los doce documentos en el tribunal constan de veinticinco páginas escaneadas. En nueve de éstos se cita el nombre de Augusto Pinochet Ugarte como dueño del depósito Nº 81070 DC. En una fotocopia está la declaración del gobierno británico, con el logo del Ministerio de Finanzas, del 7 de noviembre de 1980 y el ex dictador es identificado como «Presidente de Chile». En todas las páginas aparece el logo de la aseguradora alemana Schell Security Gmbh. También figura un documento notarial alemán fechado en 2004 y en el legajo aparece el nombre de un supuesto funcionario del Hong Kong & Shanghai Bank, Chung Yui Hen Liem. En el certificado Nº 1863050351 -del 10 de diciembre de 2004- de Schell Security, firmado por el director administrativo Robert Schell y el oficial de seguridad Fred Kasperts, se señala que la empresa tiene en custodia el certificado del depósito del oro.
Los partidos de derecha y ultraderecha han denunciado que el «descubrimiento» del supuesto depósito en oro atribuido al ex dictador y la «oportunidad en que se dio a conocer», además de la «espera de varios días desde que la Cancillería recibió el informe» son una «cortina de humo» del gobierno para desviar la atención por las millonarias irregularidades financieras detectadas en Chiledeportes. La Agencia Xinhua (China), señala que «el ministro de Interior, Belisario Velasco, negó que el descubrimiento de un supuesto depósito en oro en un banco asiático sea una cortina de humo del gobierno. El titular descartó igualmente cualquier anomalía o problema entre la fecha de recepción de la información por parte de la cancillería, el pasado 13 de octubre, y el momento de enviarla a la justicia, el 23 del mismo mes. ‘Desde que fue informado el cónsul en Los Angeles, hasta que se recibió en la oficina de éste los papeles correspondientes y fueron enviados a Santiago y luego a los tribunales, hay un lapso completamente normal’, dijo Velasco». Por su parte, el presidente del CDE, Carlos Mackenney, aseguró que «las pericias las encarga el tribunal. El Consejo no tiene peritos especialistas en estos temas y simplemente lo que hicimos hacer el día martes cuando pusimos la información a disposición del tribunal es entregarnos a la decisión del tribunal sobre la manera de conducir la investigación, sobre la forma en que se determina en definitiva si esa documentación es verdadera o falsa y someterse a las consecuencias que una decisión de esta naturaleza tiene».
Asesino y ladrón
Mientras el oro sigue en el limbo, la sangre sigue brotando, pues el ex dictador fue interrogado por el juez Alejandro Solís, por su responsabilidad en torturas y desapariciones ocurridas en el cuartel y centro clandestino de torturas «Terranova», de la DINA, conocido como Villa Grimaldi. «Pinochet respondió a las preguntas con sus conocidas respuestas de ‘no me acuerdo’, y dijo no tener responsabilidad en los hechos, ‘que ni siquiera conoce las circunstancias ni los nombres de las víctimas’, al apelar reiteradamente a su falta de memoria», dijo el juez Solís a la prensa, tras el interrogatorio. Solís lo procesó por los delitos de torturas, secuestros y homicidios perpetrados al interior de Villa Grimaldi. Rechazó la solicitud de sobreseimiento del caso presentada por la defensa de Pinochet y sostuvo que «no se ha demostrado que este inhabilitado ni física, ni mentalmente, por lo que corresponde seguir adelante con el proceso». Pinochet fue desaforado por la desaparición forzada de treinta y cinco opositores y las torturas que sufrieron otros veintitrés detenidos.
A mediados de agosto, el ex dictador fue desaforado por la Corte Suprema por «malversación de caudales públicos» en el caso Banco Riggs. Se sabe que Augusto Pinochet transfirió fondos fiscales desde cuentas de la Casa Militar a cuentas personales o de sociedades que formó.
El ministro Sergio Muñoz, antes de dejar el caso, solicitó a la Corte de Apelaciones el desafuero de Pinochet para investigar la «utilización de fondos reservados en beneficio propio y de su familia, por la suma total de 2.056.840,97 dólares». La solicitud daba suculentos detalles del «traspaso de fondos» desde las cuentas de la Casa Militar al Banco Riggs y a cuentas personales de Pinochet y sus colaboradores cercanos.
En mayo, se investigaba el desvío de fondos del ex dictador a Panamá, a las sociedades anónimas Tasker Investment Limited, Cornwall Overseas Corp, Eastview Finance, Abanda Finance Limited, Sociedad Belview International Inc. y GLP Limited. Se solicitó el interrogatorio de Jaime Alemán, Lorenzo Marquínez, Andrés Sánchez, John Foster, Marcos Muñoz y Carlos Cordero, por la creación de sociedades anónimas «de papel». En octubre de 2005, una fiscal anticorrupción de Panamá confirmó que investigaba a una firma de abogados y a varias sociedades anónimas vinculadas a Augusto Pinochet Ugarte. En el expediente se menciona a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Se descubrió que Cornwall Overseas Corp. esta involucrada en el desvío a Panamá de unos 500 mil dólares provenientes de la venta de armas de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE), controlada por el ex dictador.
En marzo de este año, el propio abogado del Pinochet, Pablo Rodríguez Grez, confirmó que su defendido «usó nombres falsos en la apertura de tres cuentas en bancos chilenos a principio de la década de 1980». El ex dictador usó a bancos chilenos para ocultar su millonario patrimonio y hacer transferencias de dineros a sociedades de papel formadas en paraísos financieros y bancos del exterior. En 1981 Pinochet utilizó el alias: «José Ramón Ugarte» en los bancos de Talca, Citicorp & Santiago S.A., y en el de Crédito e Inversiones (BCI). El informe de la Policía de Investigaciones con estos antecedentes fue entregado a la jueza María Eugenia Campos, quien reemplazaba al ministro Carlos Cerda. Contenía documentos, cartas y declaraciones de ejecutivos que acreditan la infracción a la Ley General de Bancos.
Otro informe de Investigaciones puesto en manos del juez Cerda establece que desde la Casa Militar se «desviaron fondos reservados» por 285 mil dólares «para uso personal del ex dictador y su familia». La investigación fue realizada por la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), y descubrió la utilización de gastos reservados de la Casa Militar, que formaban parte del presupuesto de la Presidencia, entre 1981 y 1989, durante el período en que funcionó.
El subcomité del Senado de Estados Unidos estableció que en 1981, desde la Casa Militar -a cargo del general Jorge Ballerino-, se transfirieron 61.320 dólares para «solventar gastos» de Augusto Pinochet Hiriart -hijo del ex dictador-, «a dos cuentas del banco Riggs en Miami». Las cuentas en Estados Unidos estaban a nombre del general Jorge Ballerino y del ex edecán de Pinochet Ramón Castro. Según el informe, de las cuentas correspondientes a fondos reservados de la Casa Militar se transfirieron -entre junio y julio de 1984- 1.127.576 dólares a una cuenta del mismo banco registrada con el alias de «John Long». Augusto Pinochet Hiriart se encontraba viviendo en California bajo el nombre de «Augusto del Pino».
El ex dictador utilizó trece nombres falsos en bancos de Estados Unidos y creó catorce firmas ficticias y varios fideicomisos que hacían sus operaciones a través del Banco Riggs y el Banco de Chile en Nueva York.
Tras la investigación del juez Sergio Muñoz, continuada por el ministro Carlos Cerda, Pinochet sólo «justificó» ingresos por 661.732 dólares entre 1973 y 2004, que incluyen espurios «honorarios» como «presidente», «comandante en Jefe del Ejército», «Senador vitalicio», y «una pensión del Ejército».
Pinochet, el oro y la sangre (IV)
El 11 de octubre, el broker Albert Harold Landry se comunicó con el consulado chileno en Los Ángeles y los alertó de la existencia un certificado de depósitos por 9.620 kilos de oro a nombre del ex dictador Augusto Pinochet. Según Landry obtuvo la información a través del intercambio de correos electrónicos con Kevin Shani, otro operador, quien le ofrecía la transacción del metal.
Fue autorizado por su compañía para recibir una comisión de 0,5 por ciento por encontrar las 9,6 toneladas de oro. Según Landry, después de entregarle los antecedentes al cónsul Fernando Urrutia se comunicó con su empresa CCI. «Les advirtió que el dueño de esa fortuna era requerido por la justicia y que no podían aceptar. De hecho, reconoce que se tomó la libertad de llamar al consulado sin notificar previamente a la compañía, aunque ésta lo respaldó. Sus superiores le pidieron entonces que notificara al gobierno chileno el interés de CCI de comprar finalmente el oro. ‘Me pidieron que les dijera que los ayudaríamos con gusto si necesitan asesoría para cambiar el registro del oro a nombre del gobierno, si es que deciden venderlo, lo que transmití al cónsul'», señala El Mercurio.
«Poco después -según el testimonio de Landry-, el ejecutivo de CCI encargado de aprobar las transacciones de oro, Gerald Drown, recibió en su oficina de Arizona tres llamadas desde Chile. Una habría provenido de un funcionario del gobierno chileno. En la otra dice que les ofrecieron algo así como una recompensa, pero la compañía habría aclarado que no buscaban eso, y que en todo caso le correspondería recibirla al broker. ‘Quien llamó dijo que era de la Agencia Nacional de Inteligencia y que habían determinado que la cuenta sí existe, que son 9,6 toneladas de oro por un valor de 185 millones de dólares, pero que probablemente no están a nombre de Pinochet en este momento'», relata el periódico. La versión de Landry no ha variado tras el desmentido del Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC): «Creo que lo que trataron de decir es que el nombre (de los documentos) probablemente cambió de Pinochet a algún otro nombre desde 2004, que es la última fecha que tienen esos documentos, hasta ahora. Por eso pueden decir honesta y legalmente que no tienen nada del general (r) Pinochet», aseguró en la misma entrevista. Hasta ahora, el gobierno no ha desmentido la aseveración de Landry, que, de ser cierta, pondría otra guinda en el caso, la oscura participación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Millonarias cuentas y depósitos
El escándalo de las millonarias cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet en el Banco Riggs estalló en julio de 2004, tras una investigación del senado norteamericano. Pinochet tenía -al menos- 128 cuentas en varios países y paraísos fiscales. El juez Sergio Muñoz, quien estuvo a cargo del proceso en un primer momento, estableció que el ex dictador atesoraba un botín de 26.992.712 dólares y que defraudó al Estado chileno cometiendo varios delitos de evasión tributaria en más de 8.700 millones.
En octubre de 2005, la Corte Suprema confirmó el desafuero del ex dictador para investigar su responsabilidad en los delitos de «evasión tributaria», «uso de pasaportes falsos», «adulteración y uso de certificados de la Subsecretaría de Guerra» y «falsificación de una declaración jurada de bienes efectuada en 1989». Pero la Corte Suprema dejó fuera el delito de «alzamiento de bienes» y «lavado de activos» que cometió Augusto Pinochet al eludir el embargo dictado por el juez Baltasar Garzón. También la justicia chilena prefirió no investigar los delitos y fraudes en la compra de propiedades en El Melocotón y que fueron investigados a fines de los 80 por las revistas de oposición a la dictadura.
El juez Carlos Cerda procesó y dejó bajo arresto a Pinochet acusándolo de «evasión tributaria» -con un perjuicio fiscal de más de 1.200 millones desde 1999 en adelante- y «falsificación de pasaportes y documentos públicos». En diciembre el tribunal acogió el desafuero por «malversación de fondos públicos» por la suma de 2.056.840,97 dólares.
Para los abogados de derechos humanos, el que el HSBC niegue la existencia de la cuenta no es prueba suficiente de que los depósitos no existen o no existieron. Alfonso Insunza, querellante en el caso del Banco Riggs señala: El hecho que el Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC) se haya apurado en desmentir la existencia de la cuenta equivalente a más de nueve toneladas de oro de 99,9 por ciento de pureza y avaluado en 160 millones de dólares, no es suficiente en términos legales. La verdad es que lo que diga el banco es sólo un antecedente, porque en realidad el banco es parte interesada en el asunto», dijo a El Mostrador. «Para una entidad financiera es muy grave que aparezca ocultando dinero, sea del terrorismo, el narcotráfico o corrupción y eso tienen que defenderlo. Cuando surgió la información de las cuentas de Pinochet, el Banco Riggs también dijo que era mentira. Negó al principio y después quedó en evidencia, tras una investigación del Senado norteamericano», agregó en El Mostrador.
El Banco Riggs fue multado en 38 millones de dólares y tuvo que pagar cerca de 9 millones de dólares a la Fundación Presidente Allende en España. «Si la documentación fuera falsa como lo asevera el banco, yo espero que el propio banco tome las acciones que correspondan para efectos de determinar la responsabilidad y el origen de una falsificación de esa naturaleza. Ustedes comprenderán que si es así, son documentos del mismo banco los falsificados, y eso ciertamente afecta la situación de dicha institución», señaló a la prensa el titular del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney.
Pero todavía no hay certeza de lo que ocurrirá en el caso y si el gobierno de Michelle Bachelet digitó o no el que estallara el escándalo. Según publica La Nación Domingo, el director de Schell Security GmbH, Robert Schell reconoció que el certificado que lleva su firma y el timbre de agua de su empresa, emitido en diciembre de 2004, es «auténtico»: «Agregó que fue el mismo Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC) el que le confirmó en esa fecha la existencia en sus bóvedas de 9,62 toneladas de oro con un 99,99 por ciento de pureza, registrados bajo el certificado de depósito Nº 81070 D.C. 72». Pero, tras revisar el resto de la documentación, «desconoció como propios los timbres en que figura el nombre de su compañía certificando la autenticidad del resto de los documentos, supuestamente emitidos por el Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC)», asegura La Nación Domingo.
Pinochet, el oro y la sangre (V)
Las autoridades judiciales de Hong Kong no han recibido aún ninguna petición de los tribunales chilenos para investigar el supuesto depósito de 9,6 toneladas de oro a nombre del ex dictador Augusto Pinochet en el Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC). La agencia EFE, difundió un comunicado del órgano de Justicia de Hong Kong: «Con respecto a consultas recibidas, les informamos de que no hemos recibido petición alguna de la parte chilena para iniciar una investigación al respecto». Según la prensa, el juez Juan González enviaría un exhorto a Hong Kong solicitando información sobre el supuesto depósito en el HSBC, pero debe esperar que la Sala Penal de la Corte Suprema autorice el envío del exhorto.
La familia del ex dictador continúa señalando que «todo ha sido una canallada» y «una persecución política». El Hong Kong & Shanghai Banking reiteró que no ha descubierto «ningún depósito» a nombre del ex dictador Pinochet.
La agencia EFE agrega: «La misma fuente insistió también en que el gobierno de Chile no nos ha contactado al respecto». Y agrega: «Según un experto bancario de Hong Kong, que pidió el anonimato, ‘nunca un banco como el HSBC va a decir nada de un cliente si no se lo ordena la Justicia. Lo que sí parece curioso es que se trate de un supuesto depósito en un banco que es inglés, con sede central en Londres, cuando de todos son conocidos los vínculos del ex general con aquel país'», añade.
El ministro (s) del caso Banco Riggs, Juan González, autorizó a Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) realizar «diligencias en el extranjero» con el fin de aclarar la autenticidad de los documentos que atribuyen a Pinochet el depósito de oro, lo que implicó ampliar la orden de investigar.
El abogado Pablo Rodríguez, que defiende al ex dictador, solicitó también diligencias relacionadas con la llamada telefónica que habría hecho un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) al broker estadounidense. El director de la ANI, Gustavo Villalobos, negó la veracidad de la información publicada por El Mercurio. Sin embargo, el juez acogió tres de las solicitudes del abogado Rodríguez, y citará al periodista de El Mercurio para que responda si posee «más antecedentes». González rechazó la solicitud de consultar a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que podrían haber autorizado las «diligencias» de la ANI.
«Rentas vitalicias»
En julio de 2006, el juez titular del caso Banco Riggs, Carlos Cerda, incautó informes bancarios de familiares y colaboradores cercanos del ex dictador para determinar si éstos utilizaron cuentas en el Banco de Chile y el Citibank, con el objetivo de «lavar dinero» proveniente de la «venta ilegal de armas» y «malversación de caudales públicos», entre otros ilícitos.
En un principio, los bancos sólo aportaron «algunos» antecedentes, reservando bajo «secreto bancario» los demás. El ministro Cerda debió aclarar que los requeridos estaban en calidad de «inculpados». Solicitó informes de Augusto, Jacqueline y Marco Antonio Pinochet Hiriart; de Soledad Olave -esposa de Marco Antonio-, y de Francisco Javier García y Julio Ponce, nietos del ex dictador Pinochet. También incluyó al ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, y los militares en retiro Ramón Castro, Eugenio Castillo y Guillermo Letelier; además de un funcionario del Banco Chile, Luis Kaid, que manejó las cuentas del ex dictador y con quien tramitaba la ex secretaria del Pinochet, Mónica Ananías, también procesada.
En enero de 2006, los tribunales de Suiza aceptaron una solicitud para investigar las cuentas bancarias relacionadas con el ex dictador Pinochet y sus vínculos con el «tráfico de armas». El portavoz de la Oficina Federal de Justicia en Berna, Folco Galli, indicó: «Le hemos solicitado a Chile clarificar sobre una persona mencionada en la documentación recibida, para saber si se le imputan delitos comunes o fiscales», sin entregar mayores antecedentes.
El año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra el ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken, pues éste no declaró ingresos por más de un millón de dólares. El dinero era fruto de «rentas» percibidas por el «manejo de las cuentas» del ex dictador en el extranjero. Las sociedades GLP Limited y Tasken Limited, administradas por Aitken, poseían recursos por un fondo fiduciario de 6 millones de dólares que Pinochet destinó para pagar «rentas vitalicias» a su esposa e hijos. Aitken «depositaba» los excedentes en su propia «cuenta corriente», pero nunca declaró esos «ingresos». El juez Sergio Muñoz lo procesó como «cómplice» en el delito de «declaraciones tributarias maliciosamente falsas o incompletas». Aitken también enfrenta una querella presentada por el Banco de Chile en Nueva York por «fraude» y «abuso de confianza», pues -según el banco- el ex albacea «ocultó» el origen de los 6 millones de dólares, transfiriéndolos desde el Banco Riggs en julio de 2002.
Pinochet, el oro y la sangre (VI)
Continúan apareciendo antecedentes en el caso del depósito de oro del ex dictador Pinochet en Hong Kong. El director de la aseguradora alemana Schell Security GmbH, Robert Schell, reconoció en La Segunda que «certificó los papeles» que atribuyen las 9,62 toneladas de oro -con un 99,99 por ciento de pureza-, «registrados bajo el certificado de depósito Nº 81070 D.C. 72», a nombre del ex dictador, y que habrían estado en el Hong Kong & Shanghai Bank (HSBC).
Robert Schell tiene su propia teoría para explicar el entuerto: Augusto Pinochet habría actuado como «testaferro» de otro ex gobernante de facto. «Aunque parezca extraño que alguien pudiera pedirle al ex uniformado que le prestara su nombre y firma, las razones no son demasiado complejas, bien pudo hacerlo ‘como un favor o por dinero», señaló a La Segunda. En la entrevista añadió que el oro existe y que su empresa tiene custodiados los documentos originales que acreditan el depósito en metal, aunque aseguró que las 9 mil toneladas no pertenecen a Pinochet. «El profesional sostuvo que en 2004 llegó a sus oficinas un abogado australiano con los certificados que supuestamente acreditan la existencia de un depósito por más de 160 millones de dólares en el Hong Kong & Shangai Banking. Agregó que el metal entre 1980 y 2004 estuvo en poder de su propietario en el país que éste residía. Schell añadió que en los documentos aparece la firma de Augusto Pinochet aunque dijo no haber corroborado que efectivamente la rúbrica pertenezca al militar. No obstante, explicó que de todas maneras el oro no puede ser suyo y que en realidad sólo participó como el «tenedor» de los fondos», señala La Nación. «Pinochet nunca podría llegar a tener 9 mil toneladas de oro, esa cantidad la tendría un gobierno, como el de las Filipinas, u otro», dijo a Schell a La Segunda. «Schell no quiso dar el nombre del dueño de los lingotes porque a pesar de que es su cliente, se trataría de un hombre ‘conocido por todos’, dijo. Al ser consultado por la presunta falsedad de los papeles y por las declaraciones públicas del banco que negó a través de un comunicado oficial tener depósitos en oro por esa cantidad y a nombre de Pinochet, Schell sólo aseguró que si el metal no existiera se le hubiera avisado porque él tiene las certificaciones originales. ‘Eso es una táctica de los bancos grandes’, sentenció», publicó La Nación.
Sacerdote español desaparecido
Hace algunas horas, la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Pinochet por desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual (38 años) y los delitos de «secuestro calificado», «torturas» y «asociación ilícita». En la causa se encuentran procesados los integrantes de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). «Hay antecedentes directos que vinculan a Pinochet, con declaraciones de testigos e incluso del propio Manuel Contreras, que con sus dichos lo amarra a este caso», dijo el abogado Héctor Salazar, que patrocina la querella interpuesta por la hermana del sacerdote, Eva Llidó.
Entre las pruebas que acusan a Pinochet se encuentra el testimonio de un grupo de obispos de distintos credos que se reunieron con Pinochet para expresarles su preocupación por algunos detenidos desaparecidos, entre ellos Llidó. Pinochet habría señalado: «No es un cura, es un marxista. A los marxistas hay que torturarlos porque de otra manera no cantan».
El testimonio fue entregado al ministro en Visita Jorge Zepeda por el obispo luterano alemán Helmut Frenz. Zepeda, procesó en mayo de 2003 procesó como autores del secuestro del religioso al general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la DINA, y a otros ocho agentes. El sacerdote Llidó fue arrestado en Santiago el 1 de octubre de 1974 por una patrulla militar que, según consta en el expediente judicial, lo entregó a agentes de la DINA. Llidó fue visto por última vez con vida en el centro de detención y tortura conocido como «Cuatro Álamos».
En julio de 1996, Eva Llidó Mengual, interpuso una querella criminal contra Pinochet en España y en Chile. En 1998, el caso fue sobreseído en Chile al aplicarse la Ley de Amnistía. En junio de 2003, la Corte de Apelaciones de Santiago, reabrió el proceso.
Luego de una larga jornada de deliberación, 13 ministros optaron por quitarle la inmunidad y 8 estuvieron en contra. «A Pinochet se le imputa haber tenido conocimiento de la detención del religioso que tuvo lugar a fines de septiembre de 1974 y de los apremios ilegítimos de los que fue objeto mientras estuvo detenido en los centros de la DINA en José Domingo Cañas y Cuatro Álamos», señala la web Clarín.cl. «En sus alegatos, los abogados querellantes Fabiola Letelier y Héctor Salazar afirmaron que existen presunciones fundadas en la causa para sostener que Pinochet tiene responsabilidad en la desaparición del sacerdote. Citaron la declaración del obispo luterano Helmut Frenz, quien en noviembre de 1974, junto a otros miembros del Comité Pro Paz, se reunió a solas con Pinochet, oportunidad en que éste habría sostenido que Llidó no era un religioso sino un comunista, y que era necesario aplicarle tortura», agrega.
Paradojalmente, en el caso «Villa Grimaldi», la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones concedió la «libertad provisional» al ex dictador Pinochet, quien se encontraba con detención domiciliaria. «El beneficio le fue otorgado en forma unánime por los magistrados Jorge Dahm, Manuel Valderrama y el abogado integrante Luis Orlandini, quienes fijaron una fianza de 500.000 pesos. De esta forma, el tribunal de alzada revocó el arresto domiciliario al que estaba sujeto el otrora gobernante de facto desde el lunes 30 de octubre, tras su procesamiento por los delitos de torturas, secuestros y homicidios de opositores a la dictadura», dice la Agencia UPI.
El arresto había sido decretado por el ministro de fuero Alejandro Solís, quien lo encausó por 36 secuestros, 23 casos de tortura y un homicidio de presos políticos que permanecieron detenidos en el Cuartel Terranova, centro de torturas clandestino de la DINA, conocido como Villa Grimaldi.