Un estudio difundido este miércoles reveló que las personas pobres de la capital chilena creen que la reforma procesal penal, implementada hace dos años en Santiago, no ha mejorado ni la calidad ni el acceso a la justicia. «Lo más relevante de este estudio es que la gente pobre de Santiago manifiesta elevados niveles de […]
Un estudio difundido este miércoles reveló que las personas pobres de la capital chilena creen que la reforma procesal penal, implementada hace dos años en Santiago, no ha mejorado ni la calidad ni el acceso a la justicia.
«Lo más relevante de este estudio es que la gente pobre de Santiago manifiesta elevados niveles de insatisfacción respecto de la calidad de justicia a la cual ellos creen que pueden acceder», señaló a IPS Marcelo Yáñez, encargado del estudio.
La población más desposeída nota «profundas dificultades» para acceder a la justicia y su desigualdad de oportunidades respecto de sectores más acomodados, explicó el académico e investigador de la privada Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.
«Hay datos tremendamente clarificadores: nueve de cada 10 personas señalan tener la convicción de que la gente con mayores recursos puede acceder a una mejor calidad de justicia que la gente pobre», remarcó Yáñez.
Según el sondeo, 58,8 por ciento de los pobres de Santiago entrevistados consideraron que la calidad de la justicia que obtienen los chilenos en general es «mala» o «muy mala», mientras que 85,3 por ciento de ellos piensan que la que logran los pobres, específicamente, es «mala» o «muy mala».
El sondeo contempló más de 40 preguntas aplicadas cara a cara a una muestra de 352 personas residentes en las comunas (barrios) de Renca, El Bosque, Estación Central, Lo Espejo, San Ramón, Quinta Normal y La Cisterna. El grado de confianza es de 99,7 por ciento.
Aunque la encuesta «Percepción de la población pobre de Santiago sobre la justicia en Chile al año 2006 y visión evolutiva desde 2003» fue realizada a fines del año pasado, sus resultados se ajustan al actual momento del Poder Judicial, que en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica por la actuación de algunos jueces.
Uno de los casos más conflictivos se vivió la semana pasada, cuando la magistrada del séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, María Geraldine Aguirre, de 27 años, se negó a detener a tres imputados por el robo frustrado de una sucursal bancaria –que concurrieron voluntariamente a entregarse– porque éstos no contaban con su cédula de identidad.
La jueza se disculpó diciendo que tenía poca experiencia, ya que llevaba dos meses como suplente. Esto motivó que la Corte Suprema designara a la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago Sonia Araneda para investigar la irregularidad.
Los jueces de garantía también son señalados de permisivos para otorgar libertades provisionales a los imputados. El caso de Richard Núñez, quien el 3 de este mes utilizó como escudo humano a una mujer para evadir la acción de Carabineros (policía uniformada), fue ampliamente tratado por los medios de comunicación. Núñez fue dejado en libertad mientras se seguía la investigación, lo que provocó la indignación de su víctima.
En este contexto, la Comisión de Constitución del Senado, que discute un proyecto de ley que refuerza las atribuciones preventivas de la policía, aprobó el martes en segundo trámite legislativo una norma que restringe la libertad provisional de los delincuentes que hayan cometido delitos graves como robo con homicidio o secuestro.
Los encuestadores consideraron que una persona es pobre si su ingreso líquido mensual en una familia de dos o más integrantes es de hasta 100.000 pesos (unos 200 dólares), y de hasta 150.000 pesos (300 dólares) si vive sola.
De los consultados, 22,6 por ciento dijeron haber recurrido a los juzgados en el último año, proporción que creció 2,8 puntos porcentuales respecto del año anterior, mientras que 76,9 por ciento indicaron lo contrario. De los que acudieron a los tribunales, 35,5 por ciento afirmaron que «le solucionaron el problema», 30,3 por ciento que «el caso está en proceso» y 28,9 por ciento que «no le solucionaron el problema».
Los principales motivos de reclamos judiciales fueron por «pensión alimenticia», con 17,7 por ciento, «robo o hurto en la casa, negocio, automóvil, casa de veraneo», con 11,4 por ciento, «violencia en la familia», 10,1 por ciento, y asaltos, con 8,9 por ciento.
De forma espontánea, 17,4 por ciento de los entrevistados asociaron el concepto de justicia a la idea de «no hay justicia/injusticia». Le siguieron «igualdad para todos», con 14,5 por ciento, y «cumplimiento de leyes», con 14,2 por ciento.
En tanto, 59,7 por ciento de los consultados piensan que «las amistades sí influyen en los fallos judiciales», frente a 34,9 por ciento que creen lo contrario.
Además, el sondeo revela un importante desconocimiento de la población santiaguina sobre la reforma procesal penal, implementada gradualmente desde 2000. La capital, donde viven 6,5 millones de habitantes, 40 por ciento de la población total, fue la última en sumarse a los cambios, en 2005.
La justicia penal chilena pasó de ser un sistema inquisitivo, donde los jueces investigaban y dictaban sus resoluciones a puertas cerradas, a un modelo garantista, entre cuyos principios se promueven la imparcialidad, transparencia, eficiencia y protección de víctimas y testigos. En este marco, se creó la Fiscalía, encargada de realizar las investigaciones, y la Defensoría Pública, que representa a los imputados.
Además, se instauraron los jueces de garantía, entre cuyas funciones está la de resolver sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición y dirigir la audiencia preparatoria de los juicios orales, instancia en la que una terna de jueces colegiados determina finalmente la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Pese a las campañas de información realizadas por el gobierno y la exhibición de programas televisivos inspirados en el nuevo sistema, 62,8 por ciento de los encuestados creen que la función del defensor público es la de «defender a los afectados», proporción que creció en 15,1 puntos porcentuales respecto de 2005.
Asimismo, 27,7 por ciento de las personas pobres «no saben» cuáles son las funciones del fiscal público y 24,9 por ciento ignoran las del juez de garantía.
Sólo 29,2 por ciento de los encuestados aseguraron que «la reforma ha mejorado la calidad de la justicia en Chile», resultado similar al de 2005. En tanto, 52,9 por ciento estimaron lo contrario, una opción que creció 3,5 puntos porcentuales respecto de aquél año.
«Por más que se hayan implementado diversas reformas, finalmente la gente mantiene una imagen tremendamente negativa respecto de la calidad de la justicia en el país», concluyó Yáñez.
A su juicio, el hecho de que se mantengan estables los resultados durante cuatro años seguidos indica que la población pobre no sólo tiene una percepción desfavorable acerca de la justicia sino que se ha formado «cierta convicción» al respecto, lo que es muy «preocupante».
Una explicación plausible es que los medios de comunicación, que suelen concentrar su atención en aquellos casos donde se da una actuación negativa de la justicia, están influenciando a la población en sus juicios.
Sin embargo, el investigador sostiene que es «difícil creer» que sólo este factor incida en la percepción de la gente. Su opinión es que las personas tienen una relación directa e indirecta con la justicia, ya sea por problemas personales o de familiares y amigos, muchos de los cuales llegan a los tribunales.
Esto lo demostraría la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística, que a fines de junio reveló que 42 por ciento de los hogares capitalinos fueron víctimas de delitos en 2006.