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Por qué continua la dispersión

Fuentes: Rebelión

Existen dos formas de entender cual es papel del estado. Una como instrumento para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y libertades de las personas y garantizar su seguridad, otra como dispositivo al servicio de quienes lo controlan para garantizar su perpetuación en el poder de un modo legítimo, utilizándolo como herramienta recaudatoria con […]

Existen dos formas de entender cual es papel del estado. Una como instrumento para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y libertades de las personas y garantizar su seguridad, otra como dispositivo al servicio de quienes lo controlan para garantizar su perpetuación en el poder de un modo legítimo, utilizándolo como herramienta recaudatoria con vistas a poner la política al servicio del mercado de acumulación, secuestrándolo para reproducir su hegemonía.

Nos tememos que la aplicación de políticas de excepcionalidad penal y los recortes de derechos, así como la persecución y castigo añadido a quienes las ponen en cuestión, responde más a la segunda acepción del concepto de estado, es decir, al uso del estado no como herramienta para hacer valer los derechos, sino como maquinaria de guerra para imponer intereses particulares y sobre todo para tratar de exterminar cualquier resquicio de disidencias que cuestione este uso perverso del mismo. Es decir al uso bélico de la política y del derecho.

En este contexto podemos entender porqué las políticas especiales de dispersión de determinadas categorías de personas presas siguen aplicándose, habiéndose demostrado que desde la normativa internacional, desde las propia legislación constitucional, orgánica y reglamentaria que regula las condiciones de cumplimiento de las penas privativas de libertad es ilegal, supone un sufrimiento añadido no contemplado en el fallo condenatorio y, lo que es peor, extiende la penalización al entorno familiar del penado. Responde a lógicas de desgaste, de ensañamiento, de venganza… en definitiva a un concepto de «justicia vengativa» militarista, tan cruel como insaciable en términos de violencia.

Pero sobre todo es uno de los exponentes más claros de la instigación a la violencia con el único fin de no desactivar e incluso de reactivar los conflictos políticos, en lugar de optar por el camino de la transformación de los mismos en la senda de la reconciliación y la justicia restaurativa. Esta apuesta por la vía criminalizadora se inscribe en el permanente y exponencial proceso de construcción de un modelo de sociedad totalitaria y antidemocrática, fundamentada en la continua devaluación de los derechos mediante la edificación de un estado punitivo que con el recurso al castigo busca disciplinar, acobardar y anestesiar a la población, instalando una lógica del terror que justifica la supuesta necesidad de que el estado viole sus propias leyes y los derechos fundamentales en aras de intereses superiores que finalmente no son sino los intereses particulares de los proxenetas del estado.

Por eso más que nunca hemos de visibilizar las políticas de dispersión, el sufrimiento que acarrea para las familias, el descontento de la sociedad vasca con estas prácticas y, tal y como se propone para la convocatoria de la Udazkenfest en Gasteiz del próximo 1 de octubre, hacerlo en un clima reivindicativo, participativo y festivo por ser la mejor respuesta que podemos dar desde el compromiso en una acción política compartida con las víctimas de las políticas de dispersión: recuperar la soberanía secuestrada, poner por encima de todo el respeto a los derechos y un modelo de sociedad justa e igualitaria.

César Manzanos Bilbao, Doctor en sociología, Salhaketa de Araba.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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