Este martes los trabajadores portuarios del país iniciaron una paralización que involucra los terminales de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Huasco, San Antonio, Lirquén, San Vicente, Talcahuano, Penco, Schwager, Coronel, Muelle CAP, Corral y Valdivia, Calbuco, Puerto Montt y Chacabuco, todos agrupados en la Unión Portuaria de Chile. La medida fue tomada luego de conocer […]
Este martes los trabajadores portuarios del país iniciaron una paralización que involucra los terminales de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Huasco, San Antonio, Lirquén, San Vicente, Talcahuano, Penco, Schwager, Coronel, Muelle CAP, Corral y Valdivia, Calbuco, Puerto Montt y Chacabuco, todos agrupados en la Unión Portuaria de Chile.
La medida fue tomada luego de conocer una indicación propuesta por el gobierno, en la discusión de la llamada «Ley Corta Portuaria» que fijará el modo de implementar la pausa de 30 minutos para la colación dentro de cada turno.
Esta conquista se alcanzó mediante otra paralización nacional, en enero de este año, cuando el Gobierno y las empresas reconocieron la necesidad de este espacio y de que se recompensara a los obreros, al menos una parte, de estos 30 minutos que nunca fueron asignados para la alimentación. La primera medida fue cancelar una primera cuota de $1.500.000 para después pagar la segunda y última, calculada a partir de la cantidad de turnos de cada trabajador.
Este martes se discutía el modo de implementación del momento para la alimentación, frente a lo cual el gobierno planteó que en esa media hora los obreros fueran relevados por otros, lo que fue calificado de atentatorio contra sus intereses por los voceros de la Unión Portuaria, quienes también denunciaron que «no pudimos ingresar a dicha Comisión, dado que no se nos autorizó». Para ellos, la intención es de precarizar el empleo en el rubro, aumentando caóticamente la cantidad de mano de obra disponible, propiciando la competencia por acceder éste. También declararon que este plan contraviene la legislación de trabajo portuario, en tanto no se considera legal un contrato que fije menos de 4 horas de trabajo.
Este intento del gobierno de Bachelet tiene el propósito de debilitar la organización de trabajadores portuarios y está en la misma línea de las modificaciones impuestas por la dictadura bajo la Ley 18.032, llamada «Ley Maldita». En ella, entre otras medidas, se estableció el fin de la condición de poseer «matrícula» para laborar al interior de un puerto o abordo de naves recaladas en ellos. La saturación del rubro propició la formación de múltiples agrupaciones de trabajadores, dispuestas a pelearse los convenios con empresas, bajándose cada vez más el salario, descendiendo a a menos del 20% de lo que ganaban antes.
A continuación, un recuento de las luchas portuarias de estos últimos años.
El 2011 la unión de los portuarios de la región del Bío Bío logró la victoria de sus compañeros de Lirquén. Por mucho tiempo habían estado al margen de los procesos de reivindicación y de sus logros. A través de un paro regional conquistaron alzas salariales de hasta un 40%, además de que la empresa se retractara de todas las medidas represivas que había anunciado tomar en contra de quienes habían bloqueado el ingreso de rompehuelgas.
El mismo 2011, los portuarios fue uno de los gremios más activos en la lucha por derribar los pilares de la educación heredada de la dictadura. Sucesivas paralizaciones en los días en que se convocó a protesta nacional marcaron estas jornadas.
Para el 2012, un paro de todos los puertos de la región les permitió conquistar demandas que ya eran históricas y que, a través de los métodos del sindicalismo burócrata no hubieran tenido ninguna posibilidad de realización. Por ello es que los portuarios del Bío Bío, de San Antonio y Huasco pudieron recibir la devolución del dinero cobrado erróneamente por la aplicación del impuesto a la renta. Pudieron jubilarse los trabajadores que, teniendo 48 años o más, tenían alguna discapacidad física. Además de quienes tenían 53 años y más. Sólo en la región, comenzaron su descanso unos 200 obreros. Todos ellos jubilaron con una pensión vitalicia y heredable de unos 250 mil pesos, dispuesta a sumarse a la mísera pensión que percibirán a través de la AFP.
En medio de estos hechos fueron restableciéndose vínculos entre sindicatos de norte y sur, interrumpidos luego de pasados intentos organizativos. Así llegamos a marzo de 2013, cuando se efectuó el primer paro nacional portuario de la historia reciente en solidaridad con en el puerto de Angamos en Mejillones. Finalmente, la empresa Ultraport se comprometió a pagar un bono de colación y a permitir trabajar a quienes habían sido represaliados luego de movilizarse.
Hasta el momento, la acción ha sido el mecanismo que los portuarios de Chile han tenido para verse a sí mismos, su organización y su disposición a pelear. Esto constituye una diferencia con el sindicalismo al servicio de los patrones que tiene en la palabrería y la demagogia la manera de esconder su real compromiso.
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