Juan Marileo, Jaime Marileo, Juan Huenulao y Patricia Troncoso, conocida como «La Chepa», cumplieron un mes en huelga de hambre con el fin de exigir la revisión de su situación judicial que invocó la ley antiterrorista, cuestionada por un informe Federación Internacional de Derechos Humanos, recientemente dado a conocer a autoridades y dirigentes mapuche en […]
Juan Marileo, Jaime Marileo, Juan Huenulao y Patricia Troncoso, conocida como «La Chepa», cumplieron un mes en huelga de hambre con el fin de exigir la revisión de su situación judicial que invocó la ley antiterrorista, cuestionada por un informe Federación Internacional de Derechos Humanos, recientemente dado a conocer a autoridades y dirigentes mapuche en Temuco, Traiguén, Angol y Concepción.
Los huelguistas, que fueron condenados a diez años de prisión y al pago de una indemnización $423.000.000 a la Forestal Mininco S.A., reclaman que el incendio del que se les acusa fue calificado como un acto de carácter terrorista.
El caso Poluco-Pidenco se inició tras la quema 100 hectáreas de plantaciones de monocultivos de pino en Ercilla en 2001, y fue el segundo juicio en el marco de la Reforma Procesal Penal en el que se invocó la ley antiterrorista.
En ella se realizó una investigación de la Fiscalía de la cual se hizo parte la empresa forestal y la Gobernación de Malleco, en representación del Ministerio del Interior.
«El gobierno acepta y se suma a la aplicación de la ley antiterrorista para investigar estos hechos, lo que ha generado una amplia crítica de todos los organismos internacionales de derechos humanos que han revisada este caso, entre ellos el relator especial de Naciones Unidas para temas indígenas», señaló José Araya, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).
HUELGUISTAS EVIDENCIAN DESGASTE FISICO
Según datos proporcionados y constatados por el Codepu, los huelguistas han acusado merma física producto de la huelga sin tener resultados de parte de las autoridades.
Patricia Troncoso Robles, de 36 años, bajó de 85 a 72 kilos de peso. En tanto, Juan Carlos Huenulao Lielmil, de 39 años, contaba con un peso de 76,5 y hoy evidencia 70,2 kilos. José Marileo, de 31 años, bajó de 79,5 a 67,9 kilos de peso. Finalmente, Jaime Marileo, de 27 años, pesaba hasta antes de la huelga 71 kilos y hoy cuenta con 65,4 kilos de peso.
Esta se trata de la segunda huelga de hambre en el Penal de Angol. Cabe recordar que el año pasado realizaron una manifestación similar entre el 7 de marzo y el 1 de abril sin resultados concretos.
«Sin embargo, se les prometió revisar su situación carcelaria para deponer la huelga, lo que nunca ocurrió. Además, el pasado 7 de abril el Tribunal Oral de Angol leyó la sentencia absolutoria para José Cariqueo y Juan Carlos Colihuinca, acusados de los mismos hechos en el caso Poluco Pidenco en el que están condenados los huelguistas, lo que refuerza la petición de ellos de que su proceso debe ser revisado», denunció Araya.
A juicio del representante del Codepu, la situación en que viven presos mapuches en las cárceles de Traiguén, Angol y Concepción condenados bajo la legislación antiterrorista es alarmante. «Es una de las situaciones mas aberrantes en materia de derechos humanos ocurridas bajo la administración del Presidente Ricardo Lagos», aseguró José Araya.
MISION INTERNACIONAL PIDE REVISAR CASOS
El pasado viernes 7 de abril, una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos se entrevistó con los cuatro huelguistas. Los integrantes de la entidad internacional expusieron a través de un documento su preocupación por la situación y concluyeron la necesidad de revisar los procesos y condenas en los cuales se usó una legislación cuestionada y que no había sido aplicada desde el gobierno del general Augusto Pinochet.