El oasis neoliberal chileno, su implosión y la estrategia del Gobierno Chile es una larga y angosta faja de desigualdad. Tras la instalación del neoliberalismo a sangre y fuego (que es el único modo posible en que puede instalarse un modelo que desprotege a las mayorías sociales), Chile se convirtió en un lugar progresivamente más […]
El oasis neoliberal chileno, su implosión y la estrategia del Gobierno
Chile es una larga y angosta faja de desigualdad. Tras la instalación del neoliberalismo a sangre y fuego (que es el único modo posible en que puede instalarse un modelo que desprotege a las mayorías sociales), Chile se convirtió en un lugar progresivamente más inhóspito para vivir. Y, al mismo tiempo que estimulaba el consumo insaciable y el individualismo exacerbado, generó un deterioro en la capacidad real para lograr dicho nivel aspiracional, supliendo aquello con deuda. En el plano económico-social, uno de los aspectos más relevantes es quizás que la fragmentación productiva (las grandes industrias del «capitalismo desarrollista» que producían un artículo terminado se fragmentan en cadenas productivas en que cada parte del producto final se produce por empresas distintas) repercute a tal punto en la vida social que genera una atomización de lo colectivo, una ruptura de la identidad social en pequeñas identificaciones parciales que dificultan el reconocimiento en el otro. El oficinista no se identifica como parte de una misma clase con el obrero industrial, aunque tengan en común la venta de su capacidad laboral como único modo de subsistir. Así mismo, el Estado jibarizado, marginado de su función de proteger los derechos sociales, quedó relegado a simple subsidiario del gran capital. Todo estrechamente regulado por un marco legal (Constitución del 80) diseñado para evitar cualquier camino que pudiera poner en cuestión la ultraliberalización instalada durante la dictadura.
Esta forma «fundamentalista» de capitalismo ha conducido -como era de esperar- a la agudización veloz de las contradicciones sociales, a una tensión cada vez más inextensible entre la clase poseedora y dominante y las distintas clases y sectores que componen al pueblo dominado y explotado (con todas sus caras).
En nuestro país, las fisuras comenzaron a evidenciarse más notoriamente con algunos hitos conocidos, luego de un ciclo de protestas estudiantiles principalmente, durante la década de los 90: el «mochilazo» del 2001, la «revolución pinguina» del 2006, el estallido estudiantil del 2011, el levantamiento social de Magallanes el mismo año, el movimiento reivindicativo de Aysén y Freirina el 2012, pasando por la gran movilización No+AFP del 2017 y el auge del movimiento feminista el 2018.
Sin embargo, el estallido social iniciado el 18 de octubre ha sido probablemente el más grande e intenso de las últimas décadas. La chispa, no podía ser de otra manera, la encendieron los estudiantes secundarios quienes vienen cumpliendo el rol de vanguardia, de catalizador, de los procesos sociales transformadores hace bastante tiempo. Una simple campaña por la evasión tras el alza del pasaje del Transantiago se convirtió abruptamente en una gran protesta popular. Y lo que inicialmente fue un contagio entre secundarios para promover la evasión, pronto se convirtió en la canalización del descontento mayoritario de la población trabajadora por tantos años de usurpación, por tantos años de sufrir tremendas inequidades en el acceso a educación, salud, pensiones, con gobiernos de una Concertación que abanderó el proyecto neoliberal de la dictadura (completando las privatizaciones de servicios básicos y corroborando la Constitución pinochetista con la firma de Ricardo Lagos) y que ha tenido como aliada estratégica a la derecha más dura.
En primera instancia, la respuesta del gobierno fue la represión, estado de emergencia y toque de queda, que revivió tristemente a la dictadura de antaño con milicos y pacos golpeando a la gente, torturando, violando, asesinando, lo que hizo recordar que -como muchos sabíamos- el «para que nunca más» era una ilusa consigna y que las «fuerzas de orden» harían exactamente lo mismo que en dictadura porque tienen la misma formación ideológica y cumplen el mismo rol de protección de los intereses de las clases dominantes. Los montajes, evidenciados largamente durante estas jornadas, con pacos y milicos construyendo barricadas, infiltrándose en ferias libres para promover el saqueo y el miedo, iniciando el fuego de grandes tiendas, bancos y -probablemente- estaciones de metro, han también evidenciado la guerra sucia que éstos siguen y seguirán perpetrando para quitar legitimidad a las demandas sociales, amedrentar, generar conflictos entre sectores del pueblo y -de ser necesario- eliminar a dirigentes sociales (tal como se ha hecho recientemente haciéndolos pasar por «suicidios»).
Luego de la represión intensiva, tras comprender que no podría aplacar la protesta, el gobierno realiza propuestas irrisorias. Por supuesto, la protesta no se apagó sino que se masificó aún más concentrándose sólo en Plaza Italia alrededor de 1 millón y medio de personas.
La masividad junto con la imposibilidad de identificar cabezas políticas llevó al ejecutivo a buscar una estrategia comunicacional con la que hizo el ridículo: el ataque extranjero, cubano-venezolano, «alienígena», incluyendo el demonio de moda: los agentes rusos. Algo que se volvió absolutamente intragable hasta el punto que debieron dejarlo de lado para pasar a decir que validaban las demandas populares.
Entonces, el gobierno hizo un nuevo viraje táctico: «ya escuchamos a la gente, ahora, volvamos a la normalidad». Pese al levantamiento del estado de emergencia y del toque de queda y a toda esa campaña secundada por los grandes medios de comunicación (volviendo a transmitir programas de entretención, partidos de fútbol, etc. y acallando las jornadas de manifestaciones) que apuntaba a dar sentido de normalización de la vida, la protesta no mermó como esperaban. Las grandes concentraciones y marchas se sucedieron a lo largo del país, aunque más centralizadas (en la periferia ya no se observa el nivel de movilización de las primeras semanas). Por supuesto, la represión policial se ha mantenido para coartar las protestas. De acuerdo a la Sociedad de Oftalmología de Chile, desde el 19 de octubre al 13 de noviembre (sólo en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador), se presentaron 193 pacientes con traumas oculares severos, 34 pacientes con estallido ocular o herida penetrante ocular (mayormente provocados por balines), 29 pacientes con pérdida total de la visión del ojo afectado y 48% con disminución severa de la visión, además de 55 casos en otros centro de atención en Santiago y regiones en el mismo período (todo un récord mundial por cuanto el conflicto palestino-israelí tiene un registro de 154 casos ¡en 6 años!).
Tras la migración de las protestas hacia el barrio alto, Piñera volvió a virar su estrategia hacia la intensificación de la represión llamando inmediatamente al Consejo de Seguridad Nacional y levantando una agenda orientada a reforzar la represión política hacia el levantamiento social (ley antiencapuchados, ley antibarricadas, ley antisaqueos, reforzamiento de la protección policial y de la PDI, reforzamiento de la inteligencia política), pero encontrando resistencia dentro de su propio bloque. Esto señala una tendencia previsible hacia la mantención de la estrategia de criminalización de la protesta y el esmero en apagar a punta de violencia el alzamiento, al mismo tiempo que quitar legitimidad social y dividir al pueblo.
Un factor que ha pasado desapercibido es la incidencia político-militar del ejército norteamericano a través del Comando Sur en la base de Con-Con, enfocada a la instrucción de las fuerzas represivas en torno al control antisubversivo urbano de la población civil desde el 2012 tras su inauguración (un año después de las protestas estudiantiles del 2011). El tipo de formación no ha cambiado sustancialmente desde la terriblemente célebre Escuela de las Américas. Chile es una pieza importante en Latinoamérica en tanto constituye (constituía) el paradigma del éxito del neoliberalismo y posee importantes recursos naturales en su territorio (mayor reserva de cobre, segunda reserva mundial de litio además de sus reservas de agua dulce, entre otros), por lo que cabe pensar que el país del norte tiene un interés tremendo en mantener el control del país del modo que sea necesario. Los más grandes asesinos y defensores de la desigualdad deben estar no sólo atentos, sino con agentes en terreno.
Del debate constituyente al oportunismo de un sector del Frente Amplio
Dentro de todas las demandas, poco a poco el debate en torno a una nueva constitución se volvió uno de los temas centrales de la coyuntura y su abordaje ha estado en pleno apogeo desde, al menos, 2-3 semanas, con negociaciones cupulares del gobierno y su bloque con partidos de la oposición (incluyendo los de la ex-Nueva Mayoría y FA, éstos últimos incluso con un intento temprano de negociación que fue desenmascarada por organizaciones de la Mesa Social lideradas por la ACES). En dichas negociaciones se venía jugando una salida pactada, intermedia, que no pusiera en peligro los intereses de los grandes grupos económico-políticos pero que fuera lo suficientemente «representativa» como para descomprimir la presión social. En este sentido, el esfuerzo del gobierno por levantar «diálogos ciudadanos» (no vinculantes) se enmarcaron dentro de esa estrategia, pero fracasó estrepitosamente. Posteriormente, el gobierno anunció de hecho la formulación de una nueva constitución a partir de un Congreso Constituyente (¡los mismos que han provocado esta crisis darían la solución!).
Tras el rechazo, inclusive dentro de sus propias filas, el gobierno se ve obligado a generar una mesa de negociación -siempre por arriba y a espaldas del pueblo movilizado- la cual culminó la madrugada del 15 de noviembre con un publicitado «Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución», donde los mismos partidos políticos vinculados a privatizaciones, corrupción, represión política, etc., más parte del FA (RD, PL, Comunes y Boric) montan un acuerdo como siempre lo han hecho, sin pudor alguno de dejar nuevamente de lado a las organizaciones sociales. Lamentablemente, los sectores del FA que se han sumado entusiastas a esta maniobra de la casta política tradicional se han graduado de oportunistas. El ambiente de triunfalismo que intentaron instalar al día siguiente logró permear a la población más incauta pero prontamente se esparcieron los cuestionamientos y las denuncias en contra de este acuerdo establecido por la misma casta política que nos trajo a donde estamos. No se les puede creer ni lo que rezan, menos se puede confiar que estarán dispuestos a las transformaciones sociales profundas que se requieren porque éstas implican destruir el paraíso de sus fortunas.
La potencia de la protesta popular, nuestras debilidades y nuestras perspectivas
Esta revuelta popular ha logrado visibilizar demandas profundas, multidimensionales, algunas de las cuales atacan el corazón del neoliberalismo chileno, y que podríamos resumir en los siguientes puntos (extraídos de diversas propuestas emergidas desde el mundo popular volcado en las calles):
Demandas mínimas e inmediatas
· Comisión de justicia y DD.HH: justicia por los abusos de DD.HH. cometidos por fuerzas de seguridad durante las protestas contra el pueblo. No se puede aceptar otra vez la impunidad. Esto implica:
– Exigir la renuncia de Piñera
– Libertad a los presos políticos
– Intervención y reforma profunda en Carabineros y PDI
· Asamblea Constituyente para formulación de una Nueva Constitución, decidida y debatida por el pueblo a través de asambleas y cabildos con capacidad vinculante. No a los acuerdos por arriba a espaldas del pueblo.
· Gratuidad en transporte para estudiantes y tercera edad.
· Congelamiento de tarifas de servicios básicos (agua, luz, gas) y regulación de precios en productos básicos (alimentos y medicamentos)
· Trabajo digno:
– Ajuste del sueldo mínimo a 500 mil pesos
– Jornada laboral de 40 horas
– Negociación ramal y huelga efectiva
Programa Mínimo
· Transporte público estatal : considerando que el transporte público chileno es de los más caros del mundo, éste debe centrarse en la eficiencia y bajo costo, eliminándose el sistema TAG y la concesión de autopistas a privados.
· Fortalecimiento del sistema de salud pública en vías de construir un sistema único de salud para todos, eliminando las diferencias con instituciones privadas y militares/policiales, además de aumentar el gasto público en salud a un 6% del PIB, fortalecer la atención primaria y regular los precios de medicamentos.
· No + AFP : pensiones dignas, bajo un sistema de reparto.
· Protección ambiental : fin a las zonas de sacrificio, estudio de proyectos industriales que cuiden el medio ambiente, devolver el agua al pueblo (reestatizar), cambiar la matriz productiva extractivista.
· Derecho a vivienda digna
· Educación pública, gratuita y de calidad .
· Estado plurinacional y desmilitarización del territorio mapuche .
· Respeto a todas las identidades de género
· Nacionalización de los recursos naturales estratégicos (litio, cobre, molibdeno, yodo, agua).
· Anulación de la Ley de Pesca que solo favorece a los grandes grupos económicos
· Reforma tributaria que alivie la carga al pueblo y aumente la recaudación entre las grandes riquezas del país.
· Lucha contra la corrupción política y económica
· Reforma a las FF.AA y de orden : modificación curricular que incluya respeto a los DD.HH. (y agregaríamos, comprensión de la historia de Chile con énfasis en el rol político que el ejército ha cumplido reprimiendo al pueblo), incorporación a las actividades y labores comunitarias, disolución de los privilegios de la oficialidad incluyendo mecanismos de ascenso basados en currículum.
Tras la última jugada comandada por el bloque en el poder ha sido la proclamación con bombos y platillos del «Acuerdo por la Paz y la Constitución» como un modo de darle una salida pactada y controlada a la coyuntura, se evidenció con mayor fuerza que lo que en un comienzo constituyó una ventaja para el movimiento de protesta (la espontaneidad, la prescindencia de referentes políticos) comenzó a tornarse, hace 1 semana al menos, una debilidad. En este estadio del levantamiento social, la falta de conducción política, de un referente canalizador, que emerja del propio pueblo y sus organizaciones y que sea capaz de cualificar las luchas populares, darles coherencia y horizonte estratégico, comienza a penar (teniendo en cuenta que ni el PC ni el FA han demostrado ser alternativas representativas y que las organizaciones sociales no han logrado aún confluir en una expresión política con capacidad de liderazgo). A lo largo de la historia de Chile, nos dice Gabriel Salazar, los grandes estallidos sociales (1903 en Valparaíso, 1905 y 1957 en Santiago hasta 1983 y 1987 en plena dictadura), que hicieron tambalear el edificio socio-político del país, no lograron madurar hacia una revolución que pudiera transformar la estructura del sistema social debido -en primer lugar- a la falta de cualificación política, a la falta de autoconciencia y autorrepresentatividad, quedando a merced de operadores políticos que transan rápidamente sus intereses en pos de logros mezquinos.
Este vacío de referentes políticos populares hoy en día -como ha ocurrido siempre- busca ser llenado por la elite política tradicional y el oportunismo de izquierda.
Por el lado del bloque en el poder, los partidos de la otrora Concertación (PS, PR, PPD; y la DC que siempre en estas circunstancias se ladea hacia la derecha), así como los partidos de la derecha tradicional (UDI, RN, Evópoli) que intenta sobrevivir a Piñera, siendo parte de los principales responsables de la instalación del modelo neoliberal en Chile, sólo se realizan concesiones estrictamente necesarias para calmar el clamor popular. En la actual coyuntura, Desbordes (presidente de RN) está siendo levantado por los medios de comunicación y su bloque como un líder flexible y audaz, buscando lograr salir de esta crisis con un posible candidato presidencial con potencial.
Mientras, en el campo popular, el PC y buena parte del FA, han mostrado un fuerte interés por catapultarse como alternativas presidenciables principalmente y masifican la convocatoria a un «nuevo pacto social» que no referencia la transformación estructural del capitalismo chileno sino un nuevo acuerdo de gobernabilidad. En este sentido, no es descabellado que éstos puedan -junto con partidos de la ex-Concertación- constituir una nueva alianza reformista, que otorgue gobernabilidad al capitalismo chileno (una «nueva Concertación») con reformas de menor intensidad (aunque se verían presionados por el Chile que despertó).
Por su parte, las organizaciones populares, aun cargando la atomización desde los márgenes de la escena política, intentan conducir el movimiento desde la base a través de las asambleas territoriales o cabildos autoconvocados y desde la calle.
Mesa de Unidad Social , en tanto agrupa una gran cantidad de organizaciones sociales, gremiales y sindicales, tiene el potencial de representatividad por su transversalidad pero tampoco ha logrado asumir el liderazgo del movimiento en tanto ha primado la visión de «un pie en la calle y el otro en el Congreso» llevando a que la ACES, como representante de los estudiantes secundarios, se retirara de dicho espacio denunciando que existía la tendencia a enmarcar el movimiento en la institucionalidad y negociar a espaldas del pueblo.
Otro gran «factor» que pena dentro del campo popular es la aún escasa movilización de sectores de trabajadores que debieran constituir el cuerpo de esta rebelión. Sin el pueblo trabajador organizado no hay posibilidad de lograr transformaciones estructurales como las que se demandan. Sin embargo, unificados, varios actores sindicales y gremiales (Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No + AFP, CUT, Unión Portuaria de Chile, Unión de Sindicatos de la Minería, Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial (SINTEC), Colegio de Profesores y Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)) han hecho llegar a Piñera el «Pliego de las y los Trabajadores de Chile», con un llamado a Paro Nacional que se efectuó el 12 de noviembre y al cual se plegaron varios sectores de trabajadores (aunque los mineros no adhirieron finalmente, confirmando su apelativo de antaño de «aristocracia obrera»). Sin embargo, la escasa participación a lo largo de este mes de protestas, demuestra falta de madurez política y voluntad de lucha en el pueblo trabajador que debe ser abordado colectivamente por los trabajadores organizados.
Por su parte, los cabildos ciudadanos convocados por municipios de diverso origen partidario que han permitido efectivamente iniciar un proceso de participación y canalización de las inquietudes populares que apuntan hacia un cambio de constitución mayoritariamente en función de una Asamblea Constituyente, han sido abortados en gran medida luego del «acuerdo por la paz». Mientras, el surgimiento de asambleas territoriales o cabildos autoconvocados que provienen desde sectores sociales y que igualmente apuestan a la gestación de una Asamblea Constituyente como única alternativa pero resguardando la instrumentalización de estos espacios por parte de partidos políticos que pretendan encarrilarlos hacia su reducción como masa electoral, han mostrado mayor potencialidad organizativa a largo plazo.
Sin justicia no hay paz: Chile no se vende
Por último, tras 4 semanas de protesta resulta importantísimo lograr que este hito histórico constituya un evento que levante la autoestima popular, algo que en algún sentido ya ha sido logrado por cuanto hoy en día buena parte de la población cree que el pueblo, la comunidad, puede lograr transformaciones importantes a través de la movilización social. Ya es un hecho que el pueblo ha corrido el cerco varios metros más allá. Todo lo que la casta política ha cedido ha sido exclusivamente por la vigorosa lucha popular.
Pero al mismo tiempo, necesitamos que este hito potencie la organización, la coordinación y la planificación de las luchas sociales para darle perspectivas estratégicas. En este sentido, las asambleas territoriales y populares autoconvocadas (mucho más que los cabildos municipales, más instrumentalizables por partidos o instancias institucionales que pueden limitar su desarrollo y expresión) resultan espacios prometedores que deben ser multiplicados y fortalecidos de tal modo que puedan absorber al resto de iniciativas, empujando hacia la convocatoria de una Asamblea Constituyente como único modo válido y legítimo para generar una nueva constitución.
Ahora, es fundamental llamar la atención respecto a una cosa: sabemos que las demandas estructurales, tales como cambiar las AFP (el gran mercado de capitales para los grupos económicos), el fortalecimiento de la salud pública o la nacionalización de los recursos naturales estratégicos, en tanto atentan directamente contra el corazón del modelo neoliberal chileno (o sea, los intereses de los grandes grupos económicos), implicará una fuerte resistencia del bloque dominante; bastante más intensa que la que hemos observado en las últimas semanas. Si la estrategia de cooptar la protesta a través de esta negociación de la casta política que intenta pasar como un gran y representativo acuerdo nacional no logra contener la marea popular, volverán a mirar hacia las instituciones castrenses y policiales. No debemos olvidar -y el actuar de milicos y pacos durante el estado de emergencia y los toques de queda nos volvieron a poner los pies sobre la tierra- que el último eslabón es la fuerza militar de los ricos. No nos puede volver a pasar que con lxs compañerxs asesinadxs, mutiladxs, violadxs y la potente fuerza de nuestro pueblo alzado no podamos defender o enfrentar la revancha de los ricos. Si hay algo que nos ha enseñado la historia de Chile y Latinoamérica es que las intervenciones militares son la regla cuando hay que aplacar las luchas sociales (y el golpe cívico-militar contra Evo en Bolivia es un recordatorio dramático). De aquí que la planificación estratégica desde el mundo popular debe comenzar a tejerse considerando en profundidad todas las variables de esta crisis política y las perspectivas de la lucha de clases reagudizada.
En lo inmediato, creemos que las tareas emergidas desde la movilización popular pueden resumirse en:
a) No soltar las calles . Continuar con la protesta popular hasta que se logre un piso mínimo para asegurar las transformaciones sociales que se requieren.
b) Elevar los niveles de organización, coordinación y acción conjunta entre las organizaciones populares tomando como centro aglutinador los cabildos o asambleas autoconvocadas para dar perspectiva estratégica a la protesta popular y relanzar la lucha por una vida digna para el pueblo.
c) Denunciar fuertemente el «Acuerdo por la paz social y nueva constitución» como un acuerdo ilegítimo, como un nuevo engaño, una nueva negociación a espaldas del pueblo, que no puede ser aceptado por cuanto no contó con la participación de las organizaciones sociales.
d) Exigir el cumplimiento de las demandas mínimas e inmediatas y comenzar a abordar las soluciones para el programa mínimo.
e) Por último, escuchemos más a quienes han sido el catalizador de este despertar del pueblo. La sabiduría está del lado de los estudiantes secundarios.
Hemos transitado de la potencialidad a la posibilidad a lo largo de las últimas décadas; ahora, la gran labor será pasar de la posibilidad a la realidad.
¡Chile no se vende!
¡No hay acuerdos sin el pueblo!
¡Corrimos el cerco, ahora tenemos que tomarnos la dignidad por asalto!
¡Luchemos hasta que valga la pena vivir!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.