Sin que los chilenos lo adviertan, por debajo de los esfuerzos periodísticos orientados a denunciar la corrupción sistémica en Codelco, y por encima de la voluntad de sus trabajadores, el consenso privatizador entre un sector de la Concertación y la derecha, sigue avanzando impertérrito. A modo de ejemplo, en el mismo programa de Chilevisión, el […]
Sin que los chilenos lo adviertan, por debajo de los esfuerzos periodísticos orientados a denunciar la corrupción sistémica en Codelco, y por encima de la voluntad de sus trabajadores, el consenso privatizador entre un sector de la Concertación y la derecha, sigue avanzando impertérrito.
A modo de ejemplo, en el mismo programa de Chilevisión, el Ministro de Minería, Santiago González, aseguró que la fiscalización existe en Codelco, y que ésta es «una empresa que opera con transparencia». Pero, agregó, «pensamos que en eso tenemos que avanzar y poner a Codelco en el mismo nivel y en el mismo estándar que tienen las empresas del sector privado»; probablemente la frase que justificó todo el reportaje de Chilevisión.
Es, comparativamente, la misma situación que se dio con el escandaloso informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Sin perjuicio de constatar de que » Codelco carece de un adecuado sistema de control, tanto externo como interno» y de recomendar que «s e fortalezca la transparencia de los actos de Codelco», la principal conclusión de dicha comisión fue haber llegado a la convicción de que «es urgente modificar la institucionalidad del gobierno corporativo, a estándares de calidad modernos y competitivos. Dada la importancia estratégica de Codelco, este cambio debiera estar impulsado por un verdadero consenso nacional, que involucre a todos los estamentos de nuestra sociedad. Solicitamos al Ejecutivo perfeccionar y colocar urgencia al proyecto de ley actualmente en trámite en la Cámara de Diputados».
Para presionar la rápida aprobación de esa ley, en el Plan de Estímulo Fiscal para reactivar la economía, anunciado el 6 de enero pasado, el gobierno condicionó la capitalización de mil millones de dólares para inversión de Codelco, por la vía de incluirlo como indicación del proyecto que «moderniza» el gobierno corporativo de la empresa.
A modo de autocumplimiento de la profecía, el pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el gobierno corporativo de Codelco, pasando a segundo trámite legislativo en el Senado.
La integración del nuevo directorio tuvo algo más de disputa, por cuanto fue aprobado por 75 votos contra 24 y dos abstenciones.
El respectivo artículo establece un Directorio de nueve miembros, que serán renovados cada 4 años por parcialidades.
Cuatro de los nueve directores serán designados por el Presidente de la República de una quina propuesta por los 4/5 de los miembros del Consejo de la Alta Dirección Pública, mientras un quinto será nominado por los trabajadores de la empresa estatal y nombrado por el Mandataria por derecho propio. O sea, la representación de los trabajadores baja en un 50%, pues hasta ahora tienen dos.
Otros cuatro miembros del directorio serán independientes, nombrados por el Jefe de Estado.
El directorio podrá sesionar con la asistencia de al menos siete de sus miembros. Los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta de los miembros presentes y, en caso de empate, decidirá el voto de quien presida la sesión.
La fiscalización de Codelco será transferida a la Superintendencia de Valores y Seguros, al tiempo que la empresa deberá inscribirse en el registro de valores y publicar sus estados financieros auditados por auditores externos independientes. El directorio deberá constituir un comité de directores, integrado únicamente por directores independientes, y someterse a las normas de operaciones con partes relacionadas en los términos de la ley de sociedades anónimas, que también se aplica a la junta de accionistas.
De este modo, se constituirá un directorio elegido al margen de cualquier mecanismo democrático, con cuatro miembros designados sin contrapeso por el Presidente de turno, y cuatro nombrados dentro de una quina extraída del Consejo de la Alta Dirección Pública, un organismo tecnocrático por definición, a cuyos miembros tampoco los elige nadie.
El lector podrá imaginar que podría suceder con semejante directorio si llega a la Presidencia de la República un personaje como Sebastián Piñera, que en su Programa de Gobierno tiene la privatización de Codelco.
En consecuencia, si en virtud de la denuncia periodística, salieron ejecutivos sospechosos de haber incurrido en actos de corrupción; y si producto de la firme posición de los trabajadores del cobre, hoy el mineral Gabriela Mistral permanece cien por ciento en poder del Estado, los trabajadores deben estar más alerta que nunca para detener esta nueva maniobra que se propone privatizar lo que queda de Codelco en manos de todos los chilenos.