Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Desde hace algunas semanas, Venezuela vive estremecida por manifestaciones casi diarias de protesta (y contraprotesta) con las que los oponentes de derechas del presidente Nicolás Maduro intentan derribar su gobierno.
Los medios de comunicación describen estos sucesos como una rebelión popular contra el gobierno autoritario, mientras que los seguidores de la revolución bolivariana a favor de los pobres iniciada por el anterior presidente Hugo Chávez afirman que el país está siendo testigo de una escalada de la campaña contrarrevolucionaria que pretende devolver el poder a las élites tradicionales venezolanas y revertir los avances conseguidos por Maduro y Chávez para la mayoría pobre.
El periodista de Green Left Weekly Federico Fuentes entrevista en estas líneas a Steve Ellner, reputado analista de las políticas de Venezuela y América Latina y profesor jubilado de la Universidad de Oriente de Venezuela, para que dé su punto de vista sobre estos acontecimientos recientes.
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Federico Fuentes: Los medios de comunicación ofrecen una versión unánimes sobre la tormenta política que agita en estos momentos Venezuela: El régimen de Maduro está en las últimas a causa de la abrumadora oposición popular a la que se enfrenta, incluyendo a los sectores más pobres que anteriormente apoyaban al gobierno, por lo que su último recurso para sobrevivir es la represión violenta. ¿Son exactos estos argumentos de los medios?
Steve Ellner: Es una conclusión apresurada. No hay mejor indicador de la falsedad de la narrativa de los medios de comunicación que fijarnos en la naturaleza espacial de las protestas antigubernamentales conocidas como «guarimba» que tuvieron lugar a comienzos de 2014 y se han repetido este año.
Las protestas se centran en los distritos de clase media y alta regidos por alcaldes de la oposición. La estrategia en la que se basan es la desobediencia civil masiva, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y destrucción generalizada de propiedad pública que se extiende a las zonas más pobres.
Es cierto que las clases populares tienen una larga tradición de protestas en la calle, especialmente contra los servicios públicos deficientes. Pero en este caso los sectores populares se han mantenido pasivos por lo general, aunque con más excepciones que en 2014. Es evidente que la oposición cuenta con más apoyo popular que en 2014.
De modo similar, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) ha sido más perjudicado por la abstención electoral (de los chavistas desencantados) que la oposición. Dicho comportamiento electoral es lo que explica su derrota en las elecciones legislativas de diciembre de 2014.
Pero los dirigentes chavistas mantienen una impresionante capacidad de movilización, como se demostró en dos manifestaciones recientes, una el Día de la Independencia de Venezuela, el 18 de abril, y otra el 1º de mayo.
La precaria situación económica de la nación así como el viraje político que afecta a todo el hemisferio refuerza a la oposición. En anteriores crisis políticas, como el intento de golpe de Estado de 2002 y la huelga general de 2002-2003, el gobierno de Chávez podía contar con el respaldo de otras naciones sudamericanas, incluyendo algunas cuyos gobiernos no eran de izquierdas.
Pero ahora, los gobiernos vecinos de Venezuela, a pesar de su considerable falta de apoyo popular y de descontento interno, han apoyado explícitamente la causa de la oposición venezolana.
Dicho lo cual, yo describiría la situación en Venezuela como de empate, de punto muerto, desde luego muy alejada de la afirmación de que el gobierno está en las últimas. Pero claro, dada la volatilidad política del pasado más reciente, las predicciones, en el mejor de los casos, solo pueden ser provisionales.
En último término, los sectores populares tienen la última palabra. Si finalmente se unieran a las protestas, la afirmación de que el gobierno de Maduro ha llegado a su fin, como dices, sería acertada. En ese caso, la situación sería similar a la de la Unión Soviética en 1991, cuando los mineros se manifestaron contra el gobierno marcando la caída del régimen.
En la actualidad, incluso algunos de los antiguos partidarios del gobierno hablan de que Maduro ha adoptado un giro autoritario. ¿Hay algo de cierto en esa acusación?
Antes de contestar a esa pregunta es preciso señalar que Venezuela no está en una situación normal, no cuenta con lo que los politólogos denominan una «oposición leal», que reconoce la legitimidad del gobierno y actúa respetando las reglas del juego. Por ese motivo, hablar de las acciones del gobierno sin situarlas en contexto -como suelen hacer las corporaciones mediáticas- es engañoso.
Los líderes de la oposición actuales son, en su mayor parte, los mismos que participaron en el golpe de Estado y la huelga general de 2002-2003, los mismos que se negaron a reconocer la legitimidad de los procesos electorales de 2004 y 2005 y que cuestionan una y otra vez la legitimidad del Consejo Electoral, excepto en los casos en los que el gobierno fue derrotado.
Son también los mismos que se negaron a reconocer el triunfo de Maduro en la elección presidencial de 2013, provocando una docena de muertes, y luego promovieron cuatro meses de protestas que incluyeron desobediencia civil a gran escala junto a una considerable violencia, lo que provocó 43 muertes, entre ellas las de 6 miembros de la guardia nacional.
El periodo actual se inició con el triunfo de la oposición en las elecciones para la Asamblea Nacional de 2015, cuando el presidente de dicha institución, Henry Ramos Allup, anunció inmediatamente después de tomar posesión que lograrían un cambio de régimen en menos de seis meses; posteriormente, la Asamblea Nacional rechazó la dotación presupuestaria del ejecutivo. La oposición ha rechazado todo el tiempo las propuestas de llevar adelante un diálogo nacional, exigiendo concesiones como requisito previo a las negociaciones.
Las protestas realizadas las pasadas semanas son un calco de la guarimba de 2014. Los líderes opositores evaden por completo el tema de la violencia, limitándose a declarar que la rechazan en un sentido abstracto.
Prácticamente cada día convocan manifestaciones en el este de Caracas que intentan alcanzar el centro de la ciudad, donde se ubica el palacio presidencial. Portavoces del gobierno han declarado numerosas veces que las marchas de la oposición no están autorizadas para llegar hasta el centro de Caracas y las fuerzas de seguridad suelen emplear gases lacrimógenos para evitarlo.
Las razones para ello son evidentes. Si un gran número personas opositoras se establecen en el centro de la ciudad durante un periodo indefinido de tiempo, lo que vendría a continuación sería el cerco al palacio presidencial y la violencia, todo ello en medio de un caos incontrolado.
Los enfrentamientos se verían agravados por la cobertura que realizarían los medios de comunicación internacionales, que siempre han informado sesgadamente de los hechos a favor de la oposición. El hecho de que las últimas semanas los principales líderes de la oposición hayan convocado a diario manifestaciones en dirección al centro de Caracas, a pesar de saber demasiado bien que provocarían enfrentamientos, sugiere que la estrategia escogida para hacerse con el poder pasa por los altercados y el combate en las calles.
La naturaleza espacial de las protestas es clave. Se puede decir que el gobierno actúa justificadamente al evitar que las protestas lleguen al centro de Caracas. Pero habría que preguntarse: ¿Tolerarían los chavistas manifestaciones pacíficas que partieran de la mitad oriental acomodada de la ciudad en dirección a los bastiones chavistas de los sectores populares?
La pregunta se ve enturbiada por el hecho de que las marchas de la oposición casi invariablemente implican desobediencia civil y violencia.
¿Diría usted que tanto chavistas como oposición están adoptando posturas intransigentes?
Ambas partes están jugando duro pero, para apreciar lo que está en juego, es indispensable describir el escenario político en que nos encontramos. El hecho es que la naturaleza democrática de algunas de las decisiones del gobierno, en concreto dos de ellas, es cuestionable.
Hace un mes, el excandidato presidencial (en dos ocasiones) y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles fue inhabilitado del derecho a participar en elecciones acusado de corrupción.
En segundo lugar, las elecciones municipales y de gobernadores programadas para diciembre de 2016 han sido retrasadas sobre la base de que otros procesos electorales pendientes han forzado su aplazamiento. Aunque el presidente Maduro ha manifestado que su partido está listo para tomar parte en dichas elecciones, la fecha todavía no ha sido fijada. Si se celebraran hoy, posiblemente los chavistas sufrirían pérdidas.
El núcleo duro del movimiento chavista, encabezado por el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, es el que tiene la sartén por el mango y es partidario de mantener una línea dura hacia la oposición. La voz más visible de la «línea blanda» es el antiguo vicepresidente José Vicente Rangel, partidario de realizar gestos que permitan las negociaciones y refuercen al sector de la oposición opuesto a los enfrentamientos en las calles.
Lo mismo ocurre en la oposición, dominada por los radicales. Estos han manifestado claramente que, una vez en el poder, encarcelarían a los líderes chavistas acusándoles de corrupción y violación de los derechos humanos. Su consigna, «no a la impunidad», implica en realidad una caza de brujas contra el movimiento chavista y una represión que allanaría el camino para la imposición de políticas neoliberales impopulares.
En realidad, la plataforma creada por Capriles para las elecciones de 2012 y 2013 es claramente neoliberal. Hay una relación evidente entre las tácticas radicales y la intolerancia exhibida por la oposición, por un lado, y el programa neoliberal que impondría la oposición si retomara el poder, por el otro.
Es decir, la narrativa que tilda de «autoritario» al gobierno de Maduro es una tergiversación flagrante de lo que está ocurriendo. Pero también es cierto que los dirigentes chavistas se han distanciado en ocasiones de los principios democráticos. De cualquier modo, sus acciones deben ser contextualizadas.
¿Cuál ha sido el impacto de las interferencias del gobierno estadounidense y de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto al cambio de actitud de algunos gobiernos de la región?
Los actores extranjeros a los que hace referencia no han conseguido situarse por encima de la política interna de Venezuela para poder así promover la resolución pacífica de un conflicto que bien pudiera degenerar en guerra civil. Las declaraciones emitidas tanto por la Casa Blanca como por Luis Almagro, secretario general de la OEA, coinciden por completo con la narrativa y las demandas de la oposición.
En lugar de alinearse con una de las partes del conflicto interno venezolano, la OEA debería haber hecho un llamamiento a un diálogo nacional y nombrado una comisión imparcial que investigara las cuestiones en disputa. El presidente Maduro tomó la decisión de retirarse de la OEA en respuesta a la falta de imparcialidad de dicha organización, que solo ha contribuido a exacerbar la polarización política en Venezuela.
La OEA y otros actores internacionales refuerzan la narrativa de la oposición venezolana que fusiona los acuciantes problemas económicos y el supuesto autoritarismo del gobierno de Maduro. Esta línea argumental refuerza involuntariamente el poder de la oposición más radical.
El único modo de justificar el cambio de régimen por medios no electorales y la intervención de actores extranjeros, como la OEA, es tratar de demostrar que la nación va camino de convertirse en una dictadura y que viola sistemáticamente los derechos humanos.
Pero la facción moderada de la oposición -que en este momento no cuenta con ningún líder nacional visible- es partidaria de hacer hincapié en los temas económicos con el fin de llegar a los sectores populares de la población, atraer a algunos chavistas desencantados y, al mismo tiempo, aceptar el diálogo con representantes del gobierno. Por tanto, los moderados ponen el acento en los temas económicos, más que en los políticos.
En este aspecto, la intromisión de los actores extranjeros que cuestionan las credenciales democráticas del gobierno venezolano solo sirve para apuntalar la posición de los opositores radicales y polarizar aún más la nación.
Hablando de los actuales problemas económicos, ¿cuán grave es la escasez de abastecimiento?
El problema de la escasez de productos básicos es innegable, aun cuando medios de comunicación como el Wall Street Journal afirmen que la nación está al borde de una hambruna generalizada. El hambre es un flagelo que aflige a los estratos más bajos de otras naciones latinoamericanas, si no a todas. Pero la clave desde el punto de vista social y político es el contraste con los niveles existentes en Venezuela en años anteriores. Se ha producido un marcado deterioro en relación al periodo anterior a la caída de precios del petróleo, a mitad de 2015.
¿Qué cree que va a ocurrir en un futuro inmediato? ¿Está destinado al fracaso el gobierno del presidente Maduro? ¿Qué opina de la propuesta de celebrar una Asamblea Constituyente?
No está claro si la propuesta de celebrar una asamblea constituyente servirá para estabilizar el país.
Por un lado, se trata de una iniciativa -novedosa- diseñada para romper el punto muerto en que está atrapado el país. Si todo fuera bien, los chavistas podrían poner en marcha sus bases y las de los movimientos sociales para lograr un nivel importante de participación electoral.
Además, en el mejor de los casos, los delegados de la asamblea constituyente podrían formular propuestas viables para abordar los asuntos apremiantes, como la corrupción, y los chavistas que detentan el poder podrían demostrar una genuina receptividad ante ellas.
En resumen, una asamblea constituyente basada en una participación desde abajo podría cambiar la situación.
Pero en el caso de que las cosas salieran de otra manera, la propuesta de asamblea constituyente podría entenderse como un modo de prolongar la situación y dejar de lado el proceso electoral.
* Steve Ellner es actualmente coordinador de un número sobre políticas de clase en los gobiernos progresistas latinoamericanos de Latin American Perspectives, una revista en la que participa como editor. Su trabajo «Implications of Marxist State Theories and How They Play Out in Venezuela» verá la luz en el próximo número de Historical Materialism.
Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/standoff-venezuela
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