El 30-S y la Consulta Popular Más allá de la propaganda gubernamental, la insubordinación policial del 30 de Septiembre de 2010 terminó en la más importante derrota política que ha tenido el régimen de Rafael Correa, en gran parte auto-infringida por la cadena de errores y el pésimo manejo político de la situación. Durante aquel […]
El 30-S y la Consulta Popular
Más allá de la propaganda gubernamental, la insubordinación policial del 30 de Septiembre de 2010 terminó en la más importante derrota política que ha tenido el régimen de Rafael Correa, en gran parte auto-infringida por la cadena de errores y el pésimo manejo político de la situación.
Durante aquel día, desde el impulsivo y violento ingreso del Presidente al principal cuartel insurrecto, su poco feliz discurso frente a la tropa, hasta el asalto militar al Hospital policial donde se refugió Correa. Pero se continuaron en la auto-justificativa teoría del golpe (por lo demás inexistente), el manejo mediático sin reconocer errores propios y echando la culpa de todo a los demás, la judicialización a ciegas que ha implicado una serie de abusos, con graves acusaciones sin sustento, con tratamientos diferenciados en contra del personal policial, con meses de prisión que terminan en excarcelaciones, etc., y ha culminado en absoluciones por falta de pruebas.
El 30-S y su tratamiento develaron las costuras del régimen. Además de la nulidad de sus asesores y de su construcción política, su incapacidad para movilizar orgánicamente masas (ni siquiera sus propias bases de apoyo), su orfandad de organización política, su autoritarismo que provoca respuestas similares, su deuda estratégica con los militares. El 30-S sumado a los casos de corrupción (más de 8.100 según Vanguardia) entre los que sobresalen los contratos por 752 millones de su hermano Fabricio (según Vistazo, #1042, Enero 20 de 2011, p. 9), a la ineficacia de la política económica para generar empleo, a los límites asistencialistas-clientelares de su política social (sin cambiar los modelos, en gran parte bancomundialistas), finalmente sumado a la hegemonía cada vez más desembozada del capital monopólico (en especial transnacional) dentro del gobierno, debilitaron la legitimidad del mismo y su margen de maniobra.
La Consulta y la continuidad del proyecto hegemónico: vía bonapartista
Para dar continuidad al proyecto de hegemonía del capital monopólico (transnacional), en especial a sus aristas más autoritarias, Rafael Correa recurrió a su fortaleza electoral (a la campaña, a la tarima y a los medios, que es lo que mejor maneja) y convocó a la Consulta.
El centro de ella es, por lo tanto, el intento del gobierno por relegitimarse (ante las debilidades mostradas el 30-S y el desgaste acumulado) en la perspectiva de dar continuidad y profundizar el proyecto transnacional (el asalto al petróleo, la minería, etc., la depredación medioambiental), que también favorece al capital monopólico interno aliado-subordinado (a los grupos beneficiarios del régimen) y apoyar la acumulación de la fracción emergente. Pero además, la necesidad de fortalecer y ampliar el control del Presidente sobre todo el poder del Estado, en específico sobre el sistema judicial dado que ya controla los demás poderes, dentro de esa misma lógica. Lo cual acentuaría los rasgos autoritarios del régimen. Como ya es experiencia histórica, el saqueo de recursos genera resistencias. Entonces, se quiere controlar también las Cortes para completar la criminalización de la lucha popular: además de la capacidad de generar leyes anti-populares (control de la Asamblea) y de represión (control de los aparatos armados), contar con jueces obedientes. Pero éstos también ayudarán a encubrir la corrupción, elemento consustancial al proceso de acumulación de la fracción burguesa en ascenso que se construye a la sombra del régimen (Fabricio Correa, Mera, Alvarado, Celi, etc.).
Con el pretexto de la inseguridad (un problema muy sentido por la población) el Presidente Rafael Correa convocó a una Consulta inconstitucional porque restringe derechos (impedir la caducidad de la prisión preventiva, aplicación de medidas sustitutivas, por ejemplo) y reforma la Constitución sin Asamblea Constituyente, que es el procedimiento previsto, en la estructura del Estado en el Poder Judicial (por ejemplo), elimina atribuciones del Poder de Participación Ciudadana (la selección del Consejo de la Judicatura) y permite la intervención y el control de Correa en la Justicia (conformación del mismo Consejo de la Judicatura). El Presidente ha sido explícito en su deseo de «meter la mano a la Justicia» pidiendo al pueblo «confíen en mí», pero desde una perspectiva francamente reaccionaria y represiva.
Sin embargo, nada de lo anterior va a resolver la inseguridad, cuyas causas estructurales no se abordan. Por ejemplo, el desempleo solo marginalmente se ha enfrentado en la política de un gobierno que ya completó 4 años. La impunidad que se garantiza a los principales atracadores de la historia del Ecuador (en el salvataje bancario), en los dineros públicos en la corrupción, y en general avalada para los delincuentes de alto vuelo. La difusión abrumadora en los medios de comunicación (incluso públicos) de los (anti)valores de una sociedad consumista, a la cabeza el dinero que se busca acumular al costo que sea y la depredación inmisericorde de la naturaleza y las personas por el apetito insaciable por ganar. Los paradigmas de «éxito» social que giran alrededor del dinero, el poder y la «fama». Pero además, la nefasta metástasis de la inseguridad (no solo pero si también) es responsabilidad del gobierno: la inexistencia de una estrategia de combate al desempleo, la corrupción, las políticas permisivas que incluyen reformas chapuceras al Código Penal y la «ciudadanía universal» unilateral que ha permitido que los paramilitares colombianos y otros delincuentes extranjeros ingresen con facilidad al Ecuador, la no transformación del sistema judicial (lentísima transición constitucional, falta de jueces, presupuesto e infraestructura moderna, corrupción, etc., etc.). Lo cual en un contexto de transnacionalización del delito, de conformación de mafias globalizadas, con la cercanía de la guerra colombiana y toda su podredumbre, no han hecho sino agravar la condición de inseguridad.
Para completar el carácter autoritario y la voluntad represiva que anima a la Consulta, además de dar potestades absolutistas a Correa en la Justicia (perfeccionando su control total del Estado), se crea el delito de «enriquecimiento privado no justificado» que podrá ser utilizado contra cualquiera y para los medios de comunicación se exige la creación de un «Consejo de Regulación» y de «criterios de responsabilidad ulterior» para privatizar la libertad de expresión: solo para Correa.
Dado el carácter del gobierno, no sería extraño que el «enriquecimiento privado no justificado» así como la prohibición a directivos y accionistas del sistema financiero y de medios de comunicación para que intervengan en empresas fuera de esos ámbitos, sirvan en la lucha inter-burguesa para que el gobierno favorezca a la fracción emergente frente a sus posibles competidores. Es que cada vez es más claro que el discurso de una «sociedad de propietarios y productores», de la «lucha contra los monopolios», incluso del «buen vivir», y que el fortalecimiento de la acción del Estado, son bazas utilizadas para apoyar la acumulación de capital de la fracción emergente y sus aliados internos, y el realineamiento transnacional (disminución relativa del peso estadounidense a cambio del fortalecimiento de China, Brasil, Unión Europea,…). Y como dice René Báez en «La cara oculta de la consulta correísta», no hay que excluir que también sirvan para facilitar el ingreso de «capitales legales o mafiosos que circulan a lo largo y ancho de la economía-mundo».
En cuanto a los demás temas de la Consulta (prohibición de juegos de azar, de muerte de animales en espectáculos, convertir en delito la no afiliación al IESS), algunos ya están legislados o están para conseguir aliados y/o solo son elementos diversionistas sirviendo de cortina de humo. Porque para el gobierno la Consulta Popular también es fundamentalmente política.
Consulta: Apariencia y contenido
Las contradicciones entre el discurso gubernamental y la Consulta son evidentes. Correa hacía propaganda a favor de la Constitución diciendo que era para 300 años, no duró ni 3. En la Constitución se puso énfasis en la participación ciudadana; más allá de los límites conceptuales y prácticos de una «participación» estatizada, la Consulta elude y devalúa incluso dicha «participación» al evitarla en la conformación del Poder Judicial. El convocar una Consulta Popular de 10 preguntas con 5 anexos que no solo reforman inconstitucionalmente la Carta Magna sino que hacen 50 modificaciones de la normatividad secundaria, algo ya difícil de manejar para los especialistas no se diga para los ciudadanos comunes y corrientes, trastoca el carácter participativo que debería tener una Consulta en su opuesto falsificado, en un evento engañoso y manipulador. El ejercicio de doble moral que constituye «el meterle la mano a la Justicia», cuando se derrocaron gobiernos de la «larga noche neoliberal» por ese tipo de prácticas (en el último episodio desatado el 2005 contra Gutiérrez precisamente por aquello, el ex-«forajido» Correa también participó); y por buscar constituirse en juez y parte al imponer una conformación del organismo máximo de la Judicatura controlado por Correa, primero con delegados nombrados por el Presidente, el Legislativo y la Función de Transparencia en la transición, y luego con delegados de la nueva Corte Nacional, el Presidente, el Legislativo, el Fiscal y el Defensor Público en el definitivo, lo que garantiza no solo ese control para la persecución y la criminalización de la lucha popular, sino la impunidad para agnados y cognados. En lugar de educar al pueblo construyendo un discurso sobre la inseguridad que dé cuenta de toda su complejidad, la Consulta recoge la peor versión de la histeria derechista (propia de un Partido Socialcristiano), llena de prejuicios y lugares comunes, para legitimar las aristas más represivas de esa visión. Lo cual da continuidad a la militarización de las calles, a la obsesión por el trabajo de inteligencia, a oscuras estrategias como el «Plan Libertador» dirigido al control de la sociedad al estilo «big brother» siguiendo el camino trazado por el ex-Presidente Bush, etc.
Toda esa fascinación por el poder, esa manía por el mando, las necesidades del proyecto transnacional-monopólico y el desgaste político, hacen sospechar (a casi todo el arco de la izquierda) de la voluntad presidencial de ganar la Consulta a toda costa. Un proceso fraudulento habría comenzado con la convocatoria inconstitucional del Presidente, la aprobación de la Corte Constitucional auto-prorrogada y sospechosa de corrupción, la campaña hecha con fondos públicos y totalmente asimétrica, y culminaría en los resultados, pues Correa tiene el control efectivo de la información del Registro Civil, del Consejo Nacional Electoral, de las empresas que le dan soporte, de las juntas intermedias, etc.
Entonces, por todo lo mencionado queda claro que, con la Consulta, Correa intenta relegitimarse para profundizar el proyecto transnacional-monopólico, de re-primarización; fortalecer su poder ahondando su autoritarismo necesario para dicho proyecto. Complementar su construcción bonapartista.
* Economista. Profesor de la Escuela Politécnica Nacional, Quito.
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