Guatemala es el país latinoamericano con mayor porcentaje de presencia indígena: más del 50% de la población total (lo cual ya dice mucho, sabiendo cómo ha sido la historia para los pueblos originarios de América desde la conquista en adelante). Detenta, además, varios discutibles récords mundiales: es uno de los países con mayor distancia entre […]
Guatemala es el país latinoamericano con mayor porcentaje de presencia indígena: más del 50% de la población total (lo cual ya dice mucho, sabiendo cómo ha sido la historia para los pueblos originarios de América desde la conquista en adelante). Detenta, además, varios discutibles récords mundiales: es uno de los países con mayor distancia entre ricos y pobres, tiene el mayor porcentaje de automóviles Mercedes Benz per capita así como de avionetas particulares. Todo eso indica, en una breve pincelada, de qué se trata: es un gran Estado finquero manejado desde épocas coloniales por un reducido grupo de familias dueñas de todo, en asociación con capitales internacionales, estadounidenses en lo fundamental, que hace de esa tierra una grosera demostración de lo que significa «patio trasero» de la gran potencia: aquí se estrenó la CIA en 1954 con su primera operación encubierta desplazando al por entonces presidente constitucional Jacobo Arbenz, y aquí sigue siendo la Casa Blanca la que tiene la última palabra en las decisiones nacionales.
Luego de aquel cruento golpe en que se terminó con el único intento de democracia en toda la historia con avances para los sectores populares, durante 36 años el país se vio atravesado por una furiosa guerra interna con características de conflicto contrainsurgente (ejército contra movimiento guerrillero), guerra «sucia» que dio como resultado alrededor de 250.000 víctimas, hechos sobre los que no ha habido un solo responsable debidamente juzgado. Producto de ese enfrentamiento, algunos sectores militares, siempre con la modalidad desplegada desde el Estado contrainsurgente, pasaron a controlar sectores de una economía «caliente» (narcotráfico, contrabando, nexos con el crimen organizado), lo cual fue posicionándolos como una casta de nuevos ricos emergentes. Firmada la paz formal en 1996, quedaron como virtuales dueños del país, además de la Embajada estadounidense (verdadero centro de gravedad de la política desde siempre), los grandes grupos económicos tradicionales y estos nuevos grupos ligados a los negocios no muy santos. Los nexos entre unos y otros no se conocen con exactitud, pero hay de todo un poco: los dineros «calientes» se lavan en respetables bancos, aunque a veces también se dan choques entre las partes, en definitiva, por una exclusiva pugna de intereses. En lo que sí coinciden es en su visceral diferencia de clases con la gran mayoría históricamente postergada: los pobres urbanos y los pueblos mayas, ubicados en el interior fundamentalmente.
La situación político-social del país es compleja, y desde la firma de la paz hace ya más de una década las condiciones de gobernabilidad y de vida en general no mejoran. La pobreza crónica (61% de la población por debajo de la línea de pobreza) es el común denominador. En cuanto a la consolidación de la paz, la situación de violencia generalizada en lo cotidiano (crimen organizado, secuestros, pandillas violentas, sensación de inseguridad extendida) permite pensar que hay planes maestros tras todo ello que impiden o no desean avanzar en tal sentido. Es difícil, cuando no imposible, encontrar responsables intelectuales, más allá de los operadores directos detenidos por las fuerzas de seguridad (pandilleros juveniles fundamentalmente), pero la lógica en juego lleva a pensar en aquello de «a río revuelto, ganancia de pescadores». Por cierto, no son los sectores populares los que se benefician con este clima de inseguridad perpetua. 20 muertos diarios por hechos de violencia (sobre una población de 13 millones), balaceras dentro de transportes públicos de pasajeros, feminicidio, pandillas que controlan sectores pobres de la ciudad capital y barrios de clase media y alta cada vez más protegidos con policías privadas y alambradas de púas, hacen del paisaje cotidiano del país una situación virtualmente bélica. Pero las grandes empresas, pese a esto, no dejan de hacer sus negocios. Y los Mercedes Benz y las avionetas particulares siguen sin correr peligro.
La actual administración política del presidente Álvaro Colom, surgida de elecciones libres y con amplio apoyo popular, es un tibio -muy tibio- planteamiento socialdemócrata, sin ningún ánimo transformador, pero que para la lógica de los poderes más conservadores no es totalmente fiable, pues no habla exactamente su mismo lenguaje. Eso es lo que estaría en la base de los actuales acontecimientos políticos que sacuden el país.
La reciente aparición de un video (con más detalles sugestivos que convincentes) donde se incrimina al presidente y su entorno inmediato por la muerte de un abogado ligado a algunos de estos poderosos grupos económicos (video hecho por el mismo denunciante antes de ser asesinado, lo cual abre significativas dudas: ¿quién hace denuncias de ese calibre y al día siguiente sale tranquilamente a hacer gimnasia por su barrio?), sirve para crear un estado de inestabilidad política que, en definitiva, para nada podría beneficiar a las grandes mayorías. Acompañando al video en cuestión surgieron inmediatamente voces pidiendo la renuncia del mandatario, e incluso movilizaciones de clase media y alta (muy mediáticas, muy orquestadas, donde los manifestantes en muchos casos iban acompañados de sus guardaespaldas) que pedían el fin de la violencia y la impunidad.
Sin dudas que la impunidad, a lo que se liga la corrupción generalizada y el clima de inseguridad que se vive, constituyen problemas enormes que ponen en entredicho la estabilidad social. Lo significativo es que la muerte de este abogado (Rodrigo Rosenberg), es utilizada por algunos sectores como un estandarte de la lucha por la justicia y contra la actual administración, cuando las causas estructurales de todos estos males no tienen que ver con el gobierno de turno. Es evidente la manipulación en juego, puesto que nunca esos sectores que ahora reclaman tuvieron la más mínima intención de pedir la recuperación de la memoria histórica con juicio y castigo a los culpables de las masacres de la guerra (considerada genocidio por Naciones Unidas), ni se han movilizado indignados por la cantidad de asesinatos diarios y la impunidad que reina campante en todas las esferas del Estado (con un sistema de justicia inoperante copado por el crimen organizado, un poder legislativo absolutamente desacreditado y plagado de hechos de corrupción y negociados por todos lados, que continúan muy tranquilos sabiendo que no habrá penalización).
¿A dónde lleva la actual situación? Es difícil predecirlo. Quizá algunos de estos sectores buscaron la desestabilización y un virtual golpe de Estado técnico en este momento. Ello no se logró, pero sin dudas debilita a la administración y le pone obstáculos cada vez más dificultosos para poder seguir adelante. Hoy, a más de dos semanas de producida la aparición del video en cuestión, las investigaciones permitían ver que hay más intereses ocultos de lo que se imaginaba al principio, por cuanto aparecen negocios y vinculaciones insospechadas entre los grupos de poder implicados, con lo que podría resumirse diciendo que es una lucha de fracciones dentro de la misma clase dominante. Por supuesto, y como hasta ahora ha sido siempre, la población es la convidada de piedra. O la manipulada a través de los medios comerciales de comunicación, presentándosele (ahora que conviene a los grupos de poder dominantes) la imagen de corrupción e impunidad como el principal problema del país, supuestamente encarnada en la figura del presidente.
Podríamos atrevernos a decir que esta historia recién comienza, y va para largo.