Después de la crisis económica de 2008 hubo un sector que no solo se recuperó rápido, sino que siguió creciendo exponencialmente, el de los artículos de lujo.
Mientras una buena parte de la población veía recortados sus derechos sociales y laborales, la ocupación de hoteles de 5 estrellas, la venta de inmuebles de firmas de lujo como Engel & Völkers o la compra de productos como relojes caros, joyería o arte, aumentó por encima del 10% anual.
Este obsceno indicador sintetiza muy bien lo que significó la crisis de 2008 para la humanidad. La salida a la crisis la pagaron las mayorías sociales en beneficio de una élite. Se socializaron las perdidas, mediante la compra de la deuda de los bancos privados con el objetivo de que no colapsara el sistema financiero internacional, y se privatizaron las ganancias. Se rescataron otras grandes empresas como General Electric o General Motors, sin que el Estado después de salvar a estas empresas, impusiera ninguna cláusula de recuperación de empleos. Y cuando una parte de esos empleos se recuperaron, fue con unas condiciones salariales infinitamente peores que antes de la crisis.
Hoy día, cuando parece que ya ha pasado lo peor de la pandemia y la crisis de salud, nos encontramos a las puertas de una crisis económica mundial, probablemente más fuerte y profunda que la de 2008.
La Organización Mundial del Comercio ha estimado que la economía mundial podría contraerse hasta en un 18’5%, y el informe de abril del Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB regional podría descender un 5’2%, porcentaje mayor al 5% de los años 30 posteriores al crack de la bolsa de Nueva York de 1929 y desde más grande que el 2% posterior a 2008.
En América Latina y el Caribe, una región exportadora de materias primas y productos manufacturados, la OIT calcula que más de 10 millones de personas perderán sus empleos por la pandemia, y la CEPAL en su informe [1] “El desafío social en tiempos del COVID-19” calcula un aumento de la pobreza de 4.4 puntos porcentuales que se traducen en 28’7 millones adicionales de personas pobres (para alcanzar los 214’7 millones de personas) y un aumento de la extrema pobreza de 2.6 puntos porcentuales, que eleva el total a 83’4 millones de personas en la región.
A todo lo anterior hay que sumarle la crisis petrolera, con una rebaja de la producción de 10 millones de barriles y el desplome de los precios que aunque ya en recuperación, no volverán a alcanzar a finales de 2020 los de 2019, según la Agencia Internacional de la Energía.
Si a todo lo anterior le sumamos la crisis estructural en forma de cambio climático que vivimos, con un aumento de las emisiones anuales de dióxido de carbono por encima de los 50 gigatones (cada gigantón equivale a 1.000 millones de toneladas), el resultado es devastador: deshielo acelerado de los polos al mismo tiempo que se eleva el nivel del mar, y aumento de la temperatura media global de entre 1.2 y 1.3º en los próximos 5 años, que nos acerca al temido límite de más 2º de temperatura media del planeta por encima del periodo preindustrial.
Por todo lo anterior se hace cada vez más urgente el debate sobre el modo de producción capitalista, pero sin posiciones maniqueas como las que estamos acostumbrados a leer en todo lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Los países del sur no solo tienen el derecho, sino la obligación de sacar a centenares de millones de personas de la pobreza, haciéndolo eso sí, en un equilibrio entre ese crecimiento al que tuvieron acceso los países del norte, y los derechos de la naturaleza en un planeta finito que no da mucho más de sí.
La pandemia global de coronavirus ha venido a acelerar una crisis que ya se atisbaba en el horizonte, el de un modo de producción insostenible, sobre todo de los países del norte, que además no quieren hacer una transferencia de tecnología, como pago parcial de la deuda ecológica que tienen con el sur por la explotación de sus pueblos, personas, y recursos naturales durante siglos. Si además le agregamos a la ecuación la variable de la financiarización de la economía, con cada vez menos producción de bienes tangibles, y mayor especulación económica, la combinación es explosiva, y sobre todo, insostenible.
Pero si algo bueno deja esta pandemia es el retorno del Estado, la ruptura entre amplias capas de la clase media del consenso cultural instalado por el neoliberalismo de que el Estado no era necesario, y de que a menos Estado, más eficiencia. Va a ser muy difícil para los defensores de la globalización neoliberal en crisis defender que los bienes comunes, especialmente la salud, no deben estar en manos del Estado para garantizar el acceso universal y en las mejores condiciones posibles a su población.
Ahí está la grieta para romper el consenso neoliberal, todavía hegemónico desde el punto de vista cultural. La necesidad del retorno del Estado. Y después de instalar ese nuevo consenso, es necesario dar un nuevo paso: que la crisis no la paguen las y los de siempre, los de abajo, los más humildes. Que la crisis económica que está llegando la paguen los de arriba. Que la crisis la paguen los ricos.
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