La pregunta cobra sentido luego de que el gobierno de Ecuador pidiera al FBI ayuda para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, crimen que es parte de la violencia que azota al país: robos, inseguridad, asesinatos, secuestros y más delitos, cuyas cifras son escalofriantes. Según información de la Policía Nacional, en 2021 la tasa de homicidios fue de 13,89 por cada 100.000 habitantes; en 2022 se cometieron 4.823 homicidios, o sea, 26,68 por cada 100.000 habitantes; el 2023 es más violento que el 2022, entre el 1 de enero y el 2 de julio de este año, hubo 3.568 homicidios, de mantenerse esta tendencia, se finalizaría el año con 40 asesinatos por 100.000 habitantes. En comparación, en 2017 se cometieron 6 homicidios, por cada 100.000 habitantes.
El expresidente Rafael Correa comentó: “Ecuador era conocido como una isla de paz, ocupaba el puesto 57 a nivel mundial y el quinto a nivel de América Latina”. Según Correa, al incremento de la violencia contribuyeron los siguientes factores: “Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, ahora las cárceles están bajo control de las mafias, eliminaron el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad ciudadana y el control policial. Desmantelaron todo, decían que era un Estado obeso”. Asimismo, no se tomaron las medidas adecuadas contra el crimen organizado, que “ahora se ha infiltrado en el Estado. Es claro que hay infiltración en el Gobierno, en la fuerza pública, y vemos unos niveles de violencia sin precedentes”.
Según el expresidente de Colombia, Ernesto Samper: “Los malos gobiernos después de Correa, coincidiendo con la internacionalización de los carteles mexicanos de la droga, que también llegaron a Colombia, dejaron libre el camino para el desembarque de estas organizaciones criminales”, que trajeron violencia, corrupción y narcotráfico.
En un país controlado por los narcotraficantes, la vida es una pesadilla para todos sus ciudadanos, porque corre mucha sangre por causa de la guerra entre las diferentes pandillas dedicadas al ilícito y se crea un clima de terror y una cultura de supervivencia. La militarización del Estado convierte a un país en una sociedad compleja, en la que el miedo a lo que puede pasar y la lucha por sobrevivir adecúa la vida al instante que se vive, pues la violencia puede estallar en cualquier momento. Para permanecer con vida se debe mirar y no ver la dura realidad que se extiende en el país, pues esa es la única táctica para conservar la vida en un mundo donde, más allá del mito, no se persigue al que está en el negocio de la droga y el Estado se estructura a gusto y paladar de los poderosos grupos de poder. Esto permite a las organizaciones delictivas, vinculadas al narcotráfico, enviar anualmente toneladas de droga a EEUU, Japón y Europa.
La lucha contra los actos delictivos de los carteles del narcotráfico, llevada a cabo por la DEA, el FBI y la CIA, ha empeorado la situación legal, social y económica de los países donde actúan, que se hunden en una incontrolable espiral de violencia. Tampoco han logrado desmantelar a las redes de la droga; de hecho, cuando una asociación delictiva sufre detenciones, mutilaciones o su completa eliminación, el vacío creado lo llenan de inmediato otras estructuras que se apoderan del territorio sin mando, sin que la capacidad de exportar droga disminuya.
¿Qué hizo el gobierno ecuatoriano para investigar esta problemática? Pedir ayuda al FBI. Parecería que el Presidente Lasso vive en el mundo fantasioso creado por los medios de información y todavía no se ha enterado de qué es el narcotráfico. Se le explica el asunto. Existen lugares donde se produce droga y lugares donde la consumen; ello exige que haya productores, narcotraficantes y consumidores de drogas. La diferencia entre el costo de producción y lo que paga el consumidor es tan descomunal que convierte a este ilícito en un elemento importante de la economía mundial, en un negocio gigante que engorda las arcas de todos los que participan en él, como la banca mundial y los paraísos fiscales. El carácter ilegal del negocio lo convierte en una competencia en la que la violencia física se emplea como característica principal. En el ilícito participan todas las instituciones del Estado: el poder político, el económico, el financiero, el judicial, el administrativo, el militar y el policial, sin cuyas complicidades sería imposible producir, transportar y distribuir la droga.
Según un informe del “Transnational Crime and the Developing World”, elaborado en marzo del 2017, se estima las ganancias del narcotráfico entre 426.000 y 652.000 millones de dólares anuales. Ningún país que pretenda mantener su hegemonía puede obviar este importante comercio a nivel mundial. En la “Guerra contra las drogas”, al gobierno norteamericano no le interesa acabar con el narcotráfico sino controlarlo. La DEA, el FBI y la CIA determinan los sitios donde se produce la droga, su cantidad y calidad; quienes la fabrican, la comercializan y se benefician del negocio; las cadenas de intermediación y el destino de los narcóticos; la logística del narcotráfico y dónde se invierten las ganancias originadas por el ilícito.
La banca es tal vez el eslabón más importante del narcolavado y los banqueros, que lavan los ingresos del narcotráfico, son sus capos. La “Guerra contra las drogas” debería ser la guerra contra todos los eslabones de este ilegal negocio, cuyos mayores accionistas son las altas esferas de Wall Street. Según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, el comercio de droga por miles de millones de dólares salvó a la banca durante la crisis financiera de 2008, por ser las únicas inversiones líquidas que afluían a los bancos.
El The New York Times calificó el 11 de diciembre del 2012 como el más negro para un Estado de derecho. Ese día, el HSBC, uno de los más grandes bancos del mundo, no pudo ser enjuiciado pese a que había blanqueado más de siete mil millones de dólares de la mafia mexicana y de organizaciones terroristas, como al Qaeda. Luego de que el Presidente del HSBC admitiera su culpabilidad, las autoridades federales de Estados Unidos decidieron no enjuiciar al banco y que sólo debió pagar una multa de 1.92 millones de dólares. Ni un banquero fue acusado, como parte del acuerdo alcanzado, lo que es un signo claro de que en su conjunto el sistema financiero funciona incluso gracias a las mafias.
El Departamento del Tesoro y la FED advirtieron al Departamento de Justicia de EEUU de que temían que tomar una medida agresiva contra el HSBC podría poner en riesgo a uno de los mayores bancos del mundo, lo que podría desestabilizar al sistema financiero mundial y tener efectos negativos para la economía. Lamy A. Breuer, entonces asistente del Fiscal General de EEUU, se refirió al acuerdo con el HSBC como un ejemplo de responsabilidad: “Si se enjuicia a uno de los mayores bancos del mundo, se pone en riesgo los puestos de trabajo de mucha gente, otras instituciones financieras y las demás partes abandonarán el banco y se produciría algún tipo de conmoción en la economía mundial”. El HSBC encabeza la lista de los grandes bancos del mundo que han pagado multas ridículas por actividades penales, además, entre otros, están el Credit Suisse, el Lloyds, el ABN Amro y el ING.
En la guerra contra el narcotráfico están libres los verdaderos responsables. ¿Por qué no se conoce a los capos del narcotráfico en EEUU? ¿Por qué no se los persigue? Porque ni las autoridades ejecutivas, ni las legislativas, ni las judiciales quieren que se sepa quiénes son, pues en este negocio todos están coludidos. Si nada se sabe es porque los secretarios de Estado, los gobernadores, los legisladores, los senadores, los jueces, los periodistas, la policía, el FBI, la CIA, la DEA y las Patrullas Fronterizas podrían estar involucradas con los narcotraficantes. Así pues, nadie va a eliminar el narcotráfico ni está interesado en hacerlo, pero lo que sí interesa a EEUU es impedir que ciertas áreas del narcotráfico crezcan fuera de su control.
Cuentan que alguna vez Gabriel García Márquez le preguntó a Bill Clinton sobre este asunto. Obtuvo por respuesta que se trataba de un grave problema de Estado, cuyo meollo se conocería después de varias décadas, igual que los misterios de Fátima.
Tal vez, la respuesta de Bill Clinton aclare que el FBI es incapaz de resolver los móviles del asesinato de Fernando Villavicencio. Es más, se recuerda que hace 60 años asesinaron al Presidente John F. Kennedy, sin que el FBI pare de repetir la vieja cantaleta, en la que nadie cree, que su asesino fue un desquiciado, Lee Harvey Oswald, y que no hubo conspiración por parte de ninguna ‘institución respetable’, como las que denuncia Robert Kennedy Jr., sobrino de Presidente Kennedy y precandidato presidencial demócrata. “Todo fue una especie de teatro Kabuki coordinado”, dijo él. Por tanto, a mal palo ha arrimado su hacha el Presidente Lasso, pasarán siglos y lo que aclare el FBI no servirá ni de papel higiénico.
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