La anterior semana se aprobó la ley de fomento productivo, denominada Ley Trole 3, un auténtico subsidio a los grupos más poderosos del país. Este instrumento jurídico se centra en la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones fiscales no realizadas; además de una serie de exoneraciones al impuesto a la renta (uno de […]
La anterior semana se aprobó la ley de fomento productivo, denominada Ley Trole 3, un auténtico subsidio a los grupos más poderosos del país. Este instrumento jurídico se centra en la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones fiscales no realizadas; además de una serie de exoneraciones al impuesto a la renta (uno de los principales impuestos progresivos que disminuye la desigualdad). En ese sentido, se estima que solo los 50 principales deudores se favorecerían del no pago de USD 1 344 millones, entre los que se encuentran grandes grupos económicos. A su vez, este subsidio recuerda a aquellos realizados históricamente a los grupos de poder en el país, tales como la sucretización y el feriado bancario.
En ese contexto, se está discutiendo la eliminación de los subsidios a combustibles, específicamente gasolina, diésel y gas doméstico. Sin embargo, dicha supresión al no plantearse como una estructura de incentivos que busque la eficiencia empresarial, debilitará la competitividad del país y el poder adquisitivo de las familias. De esa manera, en 2018 se presupuestó USD 3 470 millones para subsidios y aproximadamente USD 1 707 millones se destinarían para gasolinas, diésel y gas de uso doméstico. No obstante, parece ser que la «focalización» de la eliminación se centraría en la gasolina, que corresponden al 34% del monto total de subsidios. Específicamente se analiza la posibilidad de quitar el subsidio a la gasolina súper.
La decisión de enfocarse en la gasolina súper indica que no se desea afectar el subsidio realizado a la estructura de costos de las empresas que hacen uso de diésel y sí se desea afectar el subsidio al consumo, especialmente al transporte. Este proceso es un desperdicio de la competitividad sistémica generada a partir de la energía de bajo precio generada por la construcción de varias hidroeléctricas. En ese sentido, desde el 2015 el uso de diésel en las centrales térmicas disminuyó de 2,9 millones de barriles a 216 mil barriles en el año anterior.
Por lo tanto, la eliminación del subsidio no tiene una estructura de incentivos que procuren eficiencia empresarial sino que afecta la competitividad, dado que eliminación del subsidio de la gasolina súper aumentaría los costos de transporte (tanto de producción como de consumo), mismos que se trasladarían a los consumidores lo que genera un aumento de los precios relativos de la economía, disminuyendo el consumo de las familias. Esto estrangularía la economía y profundizaría los problemas de liquidez. Los mayores precios, a su vez, van a volver menos competitiva la producción nacional, misma que se destina tanto al mercado interno y como al externo.
Por otra parte, de concretarse el incremento en el precio de la gasolina súper seguramente habrá una migración de los consumidores a la gasolina extra, con lo cual paradójicamente aumentará el subsidio que hace el estado y generará un mayor crecimiento de los precios de los bienes y servicios.
La disminución de los subsidios a los combustibles se realiza en medio de generar un clima para acceder a financiamiento de organismos multilaterales, tales como el FMI. De hecho, dada la aprobación de la ley de fomento productivo como condición, el BID otorgará un préstamo por USD 600 millones. Financiamiento innecesario -que representa menos del 50% de la remisión de intereses y multas- si se hubiera realizado efectivo el cobro a los mayores 50 deudores. La cuestión es ¿Qué otras condiciones se van a realizar? Tales como disminución de empleados y salarios en el sector público, en el sector privado, etc.
Si bien es necesario realizar una revisión de los subsidios que son acaparados por personas de altos ingresos, es necesario establecer las condiciones para realizarlo y este no es el momento. Un ejemplo de ello es el subsidio al gas. Se plantea eliminar este subsidio y aumentar al bono de desarrollo humano el nivel de subsidio. En lugar de ello se debería pensar en una inversión pública que implemente gas por tubería, esto permitiría generar empleos y, al mismo tiempo, establecer un subsidio a las personas más vulnerables y eliminarlo a quién no lo necesite, de igual manera eliminaría el problema de contrabando. De igual manera, se puede aprovechar las potencialidades de la matriz energética para una sustitución progresiva de las cocinas de inducción.
En resumen, se observa que actualmente se subvenciona a los grupos de poder y se eliminan los subsidios a la población en general. Es pertinente potenciar las capacidades ya generadas y pensar en alternativas que permitan generar multiplicadores en la economía y no contracciones. De esa forma, no se subvenciona a quién se ha subvencionado históricamente y castiga a quién se ha castigado históricamente.