“¿Está Ud. de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de (1) escala artesanal / (2) a pequeña escala / (3) a mediana escala / (4) a gran escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?” -Texto de las 4 preguntas de la consulta popular del 20 de agosto
A Quito se le atribuye haber dado el primer grito de Independencia. Aquí habrían empezado las luchas para desembarazarnos del Imperio Español en América latina. Y esta ciudad nuevamente puede hacer historia de la grande. El 20 de agosto, conjuntamente con las elecciones generales anticipadas, se realizan dos consultas populares: una para proteger un paraíso amazónico, el Yasuní-ITT y otra para salvaguardar el paraíso de la capital ecuatoriana: el Chocó-Andino.
Esta segunda consulta popular, planteada por los movimientos sociales del campo y la ciudad, así como por las comunidades del Noroccidente de Quito, busca prohibir la explotación minera metálica en el territorio del Distrito Metropolitano: un área de enorme importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible. Esta área esta conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que integran la mancomunidad del Chocó Andino, un territorio que construye una transición profunda desde la resistencia, en clave de re-existencia.
Es indudable la trascendencia de esta consulta. Siendo la protección de la vida en todas sus formas, la salud, el agua y los alimentos, lo fundamental, es evidente que, además, con esta consulta se vigoriza la democracia participativa en el país: se abre la puerta para otras consultas similares, en línea con las ya realizadas en el Cantón Girón en el año 2019 y en el Cantón Cuenca en el año 2021, ambas en la provincia del Azuay. Además, este ejemplo -proveniente de la capital de un país-, sin duda fortalecerá las luchas en la región que enfrentan los diversos extractivismos. Es más, un resultado positivo contribuirá a forzar los procesos de transición energética y productiva populares y democráticos, desde la gente, desde la sociedad civil, desde lo comunitario, que superen las estrechas e incluso contraproducentes transformaciones energéticas de corte corporativo que impulsan los grupos de poder nacionales y transnacionales.
- La minería amenaza el paraíso de Quito
La Reserva de la Biósfera Chocó Andino de Pichincha está ubicada entre dos grandes puntos de alta biodiversidad (hotspots) que atraviesan el país: Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes Tropicales. Fue considerada como tal justamente para focalizar esfuerzos de conservación en áreas con elevados niveles de diversidad, endemismo y también para enfrentar los altos niveles de amenaza que le rodean. Su importancia ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito es indudable, en especial para el sostenimiento de la salud del presente y futuro de la vida de la ciudad y de la ruralidad.
El uso actual de la gran biodiversidad de la zona está dividido, por un lado, entre actividades agropecuarias y, por otro lado, por ecoturismo, investigación y conservación.
Considerando que el turismo en la región se mueve principalmente por sus valores culturales y naturales único. Se debe considerar que en el Distrito Metropolitano de Quito se producen por está actividad 1.000 millones de dólares, incluido el turismo interno e internacional. A su vez se generan entre 60 y 70 mil empleos directos y 200 mil indirectos, en un proceso de complementariedad entre el área urbana con el área rural, según información de la empresa pública Quito Turismo.
Allí existen bosques bien conservados y llenos de vida, los que, de acuerdo a investigaciones de la Universidad de las Américas, presentadas por el doctor Francisco Cuesta C., remueven anualmente de la atmósfera 390.000 toneladas de carbono a través de la fotosíntesis, 6 veces más que lo emiten anualmente los taxis en Quito. Este importante sumidero de carbono representa una contribución fundamental para que como humanos tengamos algúna oportunidad de sobreviviencia frente al cambio climatico. Todas estas fortalezas generan también interesantes oportunidades culturales (investigación, educación ambiental) y emocionales (recreación, identidad, valor de existencia).
Solo tengamos en cuenta el impacto negativo que podría provocar la minería sobre el eco turismo, en especial el turismo ornitológico, uno de los rubros más importantes; allí existen varios destinos de renombre a nivel nacional e internacional como son Maquipucuna, Bellavista, Santa Lucia, Paz de las Aves, La Amagusa. Por igual cuentan los cientos de emprendimientos y servicios turísticos encadenados a esta actividad. De hecho,la mayor amenaza que tiene esta región se encuentra ya en la extracción de minerales metálicos, que al ampliarse forzaría la apertura de vías, la instalación de campamentos, en lugares de altísima fragilidad ecológica con especies endémicas y en peligro de extinción. Prohibir la actividad minera metálica, es más que imperativo.
Según el Catastro Minero, en la actualidad existen 20 concesiones de minería metálica inscritas, 7 en trámite. En total ocupan un total de 20.771 hectáreas en las parroquias la Mancomunidad del Chocó. El 17% de dicho territorio ya está concesionado a minería metálica, sobretodo de oro. Varias de estas concesiones mineras además se encuentran otorgadas para la explotación sobre sitios arqueologicos culturales del Pueblo Yumbo, que sería destruidos antes siquiera de haber sido estudiados. Esta afectación ya se dio en el Área de Coservación del Patrimonio Cultural y Arqueologico y Uso Sostenible Rio Pachijal, espeificamente en la conseción Rumiñahui de la compañía Natural Resources, que se vio forzada a detener sus operaciones por la denuncia de la comunidad frente a la Fiscalia.
- La minería amenaza las fuentes de agua
Destaquemos un punto fundamental. El agua proveniente de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, con más de 250 litros por segundo, beneficia a muchos barrios del norte de la capital, desde la Roldós, El Bosque y Pisulí hasta parte de San Carlos. Unas 170.000 personas se abastecen directamente del agua potable y unas 900.000 personas hacia el occidente de la cuenca se benefician del agua para el riego, producción de alimentos, turismo y también para la generación de electricidad. Los bosques del Chocó Andino son parte fundamental del ciclo del agua, si llegan a desaparecer, los mantos acuíferos que abastecen los sistemas de agua se verán afectados por la diminución en la evapotranspiración, y la capacidad de condensación que tienen.
Los últimos ríos limpios de Quito se encuentran en el Chocó-Andino: Pachijal, Mashpi, Alambi, Chirapi, Tulipe. Con la actividad minera estos ríos podrían ser destruidos. Y sus impactos pueden durar decenas sino centenas de años después de cerradas las actividades mineras. Adicionalmente, la seguridad hídrica potencialmente será afectada por la lluvia acida que se genera en las piscinas de relave. Y la soberanía alimentaría de una de las ciudades más densamente poblada del país estaría en riesgo.
Sin ser solo un problema solo de esta zona, cabe dejar constancia que en Ecuador no se cumplen los mandatos constitucionales sobre el derecho al agua.
Empecemos por destacar que el agua es un derecho humano que debe ser garantizado para toda persona, por tanto, se supera la visión mercantil del agua y de “cliente” que solo puede acceder al agua según su capacidad de pagar. El agua es un bien nacional estratégico de uso público; así, se rescata el papel del Estado para otorgar los servicios de agua; papel donde el Estado puede ser muy eficiente, tal como se ha demostrado en muchas ciudades del país. El agua es un patrimonio de la sociedad; por lo tanto, debe pensarse en función del largo plazo, es decir en las futuras generaciones, liberando al agua de las presiones cortoplacistas del mercado y de la especulación.
Desde la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza, el agua es fundamental. El agua tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales; así, en tanto componente de la Naturaleza, se reconoció en la Constitución de Montecristi la importancia del agua como esencial para la vida de todas las especies.
Para completar este complejo escenario, cuando la roca del sitio es sulfurosa (como en la mayoría de los yacimientos ecuatorianos), siempre existe el riesgo de drenaje ácido de mina que dura por décadas de décadas. En los últimos años, en América Latina, se han dado colapsos de las infraestructuras mineras -que no pueden considerarse como accidentales- con derrames de decenas de millones de metros cúbicos de lodos contaminados, que han destruído ecosistemas y comunidades enteras, con cientos de muertos y desaparecidos y otros cientos de miles de personas privadas de agua limpia.
En cuanto a las afectaciones cuantitativas, son principalmente vinculadas al consumo de agua de las voraces empresas mineras. En el caso del oro, la producción de tan solo una onza implica contaminar un promedio de 20.000 litros de agua. Como comparación, la producción de una tonelada de carne requiere 15.000 litros de agua.
Pensemos también en la topografía del noroccidente de Quito, el contexto topográfico y la ubicación de los proyectos mineros podrían amplificar los impactos al agua. En este caso se corre el riesgo de que en las próximas décadas se generalice una contaminación de acuíferos y ríos que van hacia el Océano Pacífico con aguas ácidas y cargadas en metales pesados, afectando la salud humana y ecosistemas únicos y frágiles. Cuando estas aguas tóxicas se usan para el riego, como en las plantaciones bananeras en la costa ecuatoriana, las plantas absorben elementos tóxicos como arsénico y plomo y los transfiere a las frutas, y por ende a nuestros platos.
El Chocó Andino, entonces, requiere ser tomado en cuenta como un área de seguridad nacional en especial del Distrito Metropolitano de Quito, si ocurre la erupción del Cotopaxi o del Antisana, lo que afectaría el abastecimiento de agua para consumo humano.
El agua es vida, no puede ser destruida en su esencia vital por un vulgar negocio.
- Minería legal o minería ilegal: una falsa disyuntiva
Aunque el discurso oficial distingue entre minería legal e ilegal, en los hechos toda la minería realmente existente es ilegal: todos los proyectos han incumplido, de una u otra manera, normas legales e inclusive constitucionales.
Esas violaciones a las normas constitucionales arrancaron con el incumplimiento del mandato número 6 -o mandato minero- del 18 de abril de 2008. Para colmo, la ley de Minería -aprobada en enero de 2009- no solo que no asumió el mandato minero, sino que no se dio paso a la consulta prelegislativa, como ordena el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Luego vendrían las violaciones al artículo 57, numeral 7, que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas; tanto como al artículo 389 que establece la consulta ambiental para toda la sociedad. Ninguna de estas consultas se ha realizado de acuerdo a los estándares internacionales. Tan es así que el gobierno de Guillermo Lasso, a través del decreto 754, hace pocos días trató de subsanar este tema intentando imponer con la fuerza pública una seudo-consulta en Palo Quemado, provincia del Cotopaxi, y Las Naves, provincia de Bolívar; lo que provocó la reacción de las comunidades afectadas que lograron suspender dicho decreto en la Corte Constitucional.
No hay duda que se ha consolidado un festín minero del siglo XXI (https://www.rosalux.org.ec/pdfs/festin-minero.pdf) que ha violado sistemáticamente la Constitución y la ley.
En los proyectos mineros en el Ecuador -marcados por ilegalidades e inconstitucionalidades- hay un sesgo que alienta la inseguridad jurídica de personas, comunidades, territorios y la Naturaleza. Desde una perspectiva de seguridad jurídica integral, lo que cuenta en todo momento es el bien común y no exclusivamente los intereses particulares, incluyendo, en todo momento, la vigencia plena de los Derechos de la Naturaleza, en conplemento con los Derechos Humanos.
Dejemos en claro que, “legal” o “ilegal”, la minería per sé provoca graves impactos sociales y ambientales. Unas y otras han demostrado tener el poder para doblegar al Estado e irrespetar las normas jurídicas y constitucionales. De hecho, recordemos no solo la inoperancia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes y la Constitución, sino que la corrupción en la que incurren esas autoridades es inocultable; basta ver cómo -vía “puertas giratorias”- funcionarios públicos y empresarios mineros/petroleros deambulan del sector estatal al sector privado sin vergüenza alguna.
La vinculación de estas dos formas de mineria: legal e ilegal, está presente en varios países de la región, inclusive enlazadas con el crimen organizado. Es evidente la complicidad con autoridades estatales, incluyendo miembros de la fuerza pública y operadores de justicia. Diversas formas de corrupción están omnipresentes. Es más, se conoce perfectamente donde hay la minería ilegal propiamente dicha: en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, difundido en el segundo semestre del año 2020; si esto es evidente, la pregunta que surge es porqué el Estado no interviene ante esta violación de las leyes.
Además, las mineras legales pueden convivir y hasta lucrar de la minería ilegal, sin propiciar su desaparición. Sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso podrían alentarla, quizás aprovechando los trabajos de prospección de la minería ilegal o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica, tal como se experimenta en Buenos Aires, Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. En estos días, en el Distrito Metropolintano, concretamente en Pacto una o dos empresas supuestamente legales compran el material aurifero, inclusive de otras provincias.
Incluso el argumento de que surgirá la ilegalidad si no hay actividades legales se derrumba en varios lugares por las propias condiciones geológicas. Y en otros casos no han prosperado las actividades gracias a la defensa de las propias comunidades. En el mismo noroccidente del Distrito Metropolitano vemos la eficaz y valiente resistencia de las comunidades de la zona ante la inoperancia gubernamental.
- La minería, un mal negocio para el país
Aparte de los problemas legales y constitucionales asociados a la minería, en términos económicos la actividad es un mal negocio para el país. Debemos, pues, aceptar que la minería no nos sacará de la pobreza ni del subdesarrollo, como tampoco lo hizo el petróleo; más bien nos mantendrá como una sociedad dependiente y de gran violencia. Solo con economía no extractivista saldremos de nuestra crónica postración económica.
Ante la insistencia del discurso desarrollista alrededor de la minería, urge advertir de las falacias que el supuesto “boom minero” promete al Ecuador.
Con la información oficial disponible para algunos de los megaproyectos mineros (Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y Panantza-San Carlos), se estiman un total de exportaciones en las próximas cinco décadas de unos 132 mil millones de dólares, de los cuales sólo unos 27 mil millones llegarían al Estado ecuatoriano en períodos de hasta 50 años. Para lograr ese monto de exportaciones, de estos proyectos habría que extraer del subsuelo más de 5 mil millones de toneladas. Considerando apenas 3,- dólares por tonelada para el monitoreo tendríamos un costo de 15 mil millones de dólares que reducirían los ingresos del Estado. Si se intenta un mínimo cuidado de repación este costo por tonelada podría llegar a 10,- o más dolares, con lo que definitivamente desaparecerían los ingresos del Estado, salvo que se acepte que ese territorio del Distrito Metropolitano de Quito puede ser considerado como una zona de sacrificio, tal como sucede con el nororiente de la Amazonía ecuatoriana sacrificada social y ambientalmente para extraer petróleo desde hace más de 50 años, sin que el Ecuador haya logrado el bienestar para su población.
Además, no se contabilizan los “subsidios ocultos” que recibe la minería: agua sin costo, electricidad subsidiada, infraestructura construida por el Estado, por ejemplo. También habría que sumar los gastos en salud que asume el Estado por enfermedades físicas y mentales que provoca la minería. Tampoco se considera la contaminación del agua de superficie y de los acuíferos. Mucho menos se considera la destrucción de la biodiversidad. Igualmente no se toma en cuenta las actividades pérdidas por parte de las comunidades: agrícolas, turísticas o artesanales. Y no podemos olvidar los enormes beneficios y excensiones tributarias de las que goza esta actividad extractiva.
Un punto clave: el cálculo de los posibles beneficios para el Estado se puede diluir más en la práctica, teniendo en consideración que los “costos de operación” pueden inflarse artificialmente para reducir la participación del Estado. Apenas como ejemplo e ilustración referencial, reflexionemos sobre los costos de gestión de los desechos que generarían las futuras minas asociadas a los proyectos considerados, una vez éstas se cierren. Y en no pocos casos estas empresas, muchas veces con sede en los paraísos fiscales, suelen declararse en quiebra y dejan el país –o al menos la zona– una vez sus yacimientos están agotados. Bien sabemos, en síntesis, que muchas de estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, más aún cuando no hay los mínimos controles estales.
En definitiva, aparte del saqueo económico que las mineras generarían al país al llevarse el grueso del negocio, generarían una grave devastación social, con impactos irrevercibles en las economias rurales y campecinas. Estas actividades mineras traen impactos profundos en términos sociales, psicosociales y de salud pública. La llegada de nuevos trabajadores (por su mayoría hombres jóvenes) y moradores atraídos por las minas es por ejemplo una fuente importante de impactos severos para las poblaciones locales. Por otra parte, esta nueva población, con la llegada de técnicos y trabajadores foráneos aumenta drásticamente el costo de vida en las comunidades (alimentación, arriendos, valor de la propiedad, servicios básicos). Los nuevos moradores no tienen vínculos sociales o culturales con el resto de la comunidad, lo cual alienta graves problemas sociales, exacerbados: delincuencia, prostitución, trata de personas y explotación sexual, drogadicción y alcoholismo, inseguridad, violencias de género. Los territorios mineros suelen ser expuestos a procesos de re-patriarcalización, y violencia en general, tal como sucede en las zonas petroleras.
Adicionalmente, a lo anterior se suma una débil capacidad de generar empleo. Según la CEPAL a 2017 el sector minero solo representó el 1,8% de empleos en Chile y el 1,1% en Perú, dos grandes países mineros de nuestra región.
Cabe agregar que, como van las cosas, en ningún caso se cumplirá el artículo 408 de la Constitución, que dispone que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.”
Es importante mencionar como ejemplo, que solamente una de las actividades productivas del Chocó Andino que es la panela organica, esta generando 5´000.000 de dolares anuales, y se estiman 3.000 empleos directos asociados. Este rubro, al igual que el turismo, y otras actividades productivas se verian impactadas por la actividad minera metalica, dejando sin empleo a miles de personas en el territorio, a favor de las poquísimas personas dueñas de las concesiones en este territorio.
En suma, hay incluso potentes razones económicas que apoyan el SI por el Chocó-Andino.
- Quito frente a una decisión histórica
Todo lo antes dicho nos lleva a plantear que la minería en el Ecuador y en este caso concreto en la región del Chocó Andino, a más de las inocultables inconstitucionalidades e ilegalidades constituye una grave amenaza para la vida de seres humanos y no humanos. Ya esta sola razón debería ser suficiente para impedir el desarrollo de este tipo de actividades. Más aún si en términos económicos, es un muy mal negocio para el país.
Para parar el supuesto “derecho al lucro sin fin” de las empresas mineras, es urgente fortalecer los derechos de participación a toda la ciudadanía establecidos en la Constitución. En ese sentido, tal como sucede con la consulta popular por el Yasuni, es más que indispensable una gran respuesta democrática para decirle este 20 de agosto, en las urnas, cuatro veces SI a la vida y a la paz.
Estamos seguros que esta victoria, muy importante para
el pueblo quiteño, tendrá repercusiones nacionales inclusive internacionales,
pues -como bien sabemos de la historia- las victorias populares son
contagiosas.-
Alberto Acosta: Economista. Funcionario de la Corporación Petrolera Ecuatoriana – promotor de la gerencia de planificación y gerente de comercialización- y de la Organización Latinoamericana de la Energía- OLADE, en los años ochenta. Consultor internacional y nacional de temas energéticos y petroleros. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros y artículos sobre cuestiones de petróleo, minería y energía.
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