El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso -siguiendo los pasos de los tres presidentes anteriores- ha convocado para el año próximo una consulta popular con ocho diversos y complejos temas, que podrían servirle para desviar la atención de otros temas y reforzar la alicaída figura presidencial.
Sin dudas, éste no es el mejor momento político del presidente ecuatoriano, pues los estudios de opinión señalan que su gestión tiene entre el 20% y el 30% de aceptación.
La propuesta presentada por Lasso, que primero debe pasar el filtro de la Corte Constitucional, incluye ocho preguntas, que están agrupadas en tres ejes temáticos: seguridad de los ciudadanos, calidad institucional y medioambiente. «Son preguntas vacías, no resuelven nada», respondió el movimiento indígena de Ecuador, al rechaza la propuesta de consulta popular presentada por el neoliberal banquero-presidente.
Leonidas Iza, presidente de la presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie, «el Gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada»; y aseguró que con la consulta, el Ejecutivo «está buscando oxigenarse políticamente», lo que considera «un acto irresponsable».
«Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y vamos a ir de frente […] dijo junto a representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).
Iza añadió que en el bloque de seguridad, se busca consultar a la ciudadanía, para realizar enmiendas a la Constitución, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional o la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, asegura que con este mecanismo el Ejecutivo «está buscando oxigenarse políticamente». «Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y vamos a ir de frente […] Son preguntas vacías, no resuelven nada», dijo Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en una conferencia de prensa ofrecida este martes junto a representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).
Iza añadió que «el Gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada»; y aseguró que con la consulta, el Ejecutivo «está buscando oxigenarse políticamente», lo que considera «un acto irresponsable».«Pretende controlar todos los espacios del poder del Estado», lo que significaría ir hacia una «dictadura».
Así, en el bloque de seguridad, se busca consultar a la ciudadanía, para realizar enmiendas a la Constitución, sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional o la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
Respecto a la calidad institucional, Lasso propone reducir el número de asambleístas, obligar a los movimientos políticos a llevar un registro de sus miembros y eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Y en medio ambiente, la consulta plantea incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y beneficiar con compensaciones a quienes presten servicios para la conservación de la naturaleza.
Iza aseguró «Mientras pretende posicionar la consulta ambiental, en este momento están aperturando 39 bloques petroleros sin ni siquiera haber garantizado lo que dice la Constitución y lo que dicen los instrumentos internacionales, del derecho a la consulta previa, libre e informada», enfatizó. «No es verdad que estén queriendo salvaguardar los intereses de la ecología, del ambientalismo o de pronto salvaguardar los nichos ecológicos en el Ecuador». «Es una mentira, es una falacia», afirmó.Respecto a la calidad institucional, Lasso propone reducir el número de asambleístas, obligar a los movimientos políticos a llevar un registro de sus miembros y eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Finalmente, en medio ambiente, la consulta plantea incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y beneficiar con compensaciones a quienes presten servicios para la conservación de la naturaleza.
El dirigente indígena recordó que en la consulta popular de 2018, impulsada por el entonces presidente Lenín Moreno, también se preguntó por temas petroleros y mineros y eso no impidió la continuación de esas actividades en el país.
En cuanto a la extradición de ecuatorianos vinculados a delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, cuestionó que ese posible traslado sería a EE.UU., «el país más consumidor de la droga».
La misma posición asumió Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, quien, aunque reconoció que es legal la acción del mandatario, considera que estas preguntas están fuera de lugar. «Es inmoral en estas condiciones que está el Ecuador consultarle sobre esos temas que nada tienen que ver con los problemas que tenemos los ecuatorianos para salir de la pobreza, salir de la situación de miseria que vivimos», dijo.
Espinoza indicó que los ecuatorianos necesitan, entre otras cosas, reabrir las escuelas rurales, que se atiendan a los hospitales y fuentes de trabajo, entre otros asuntos y no desviar la atención con una consulta “inmoral”.
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)