Recordar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad

La Comisión de la Verdad, creada en 2007, mediante el Decreto Ejecutivo 305,  tenía por objetivo esclarecer el proceso, hechos y responsabilidades de la violencia estatal y violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el periodo de 1983 hasta 2008; es decir, desde finales del gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea hasta el primer periodo presidencial de Rafael Correa. Asimismo buscaba proponer iniciativas para reparar a las víctimas y adoptar garantías de no repetición. 

Clara Merino Serrano, presidenta del Comité de víctimas, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, fue una de las víctimas indirectas de estos hechos. Ella  junto a otras víctimas, se activó para demandar la conformación de la Comisión de la Verdad y ser parte del equipo de apoyo. 

Ella relata la ejecución extrajudicial de su hermano, Ricardo Merino Serrano, un activista de izquierda de “Alfaro Vive Carajo”, ejecutado extrajudicialmente el 28 de junio de 1986, durante el gobierno de León Febres Cordero. En un operativo policial, en horas de la madrugada en la ciudad de Cuenca, Ricardo se encontraba en la cama, en ropa interior, cuando la policía llegó lo puso contra la pared y le disparó a quemarropa. En ese tiempo, hicieron pasar el caso como un “enfrentamiento” entre la fuerza pública y el joven Merino. 

El caso fue investigado por la Comisión de la Verdad por presión del Comité de Víctimas y por medio de una dirección específica creada por la Fiscalía en 2012. Entre los principales responsables, está Paco Urrutía, quien fue director de Operaciones de la Policía. Sin embargo, después de más de 30 años, Clara ni su familia obtienen justicia.   

La Comisión de la Verdad trabajó a partir de 300.000 documentos desclasificados por el Estado ecuatoriano. El informe presentado por la Comisión de la Verdad reportó 119 casos, varios de ellos, colectivos, con un total de 456 víctimas de seis tipos de violaciones de derechos humanos. 

Tipo de violación de derecho	Número de víctimas
Privación ilegal de la libertad	269
Tortura	365
Violencia sexual	86
Desaparición forzada	17
Ejecución extrajudicial	68
Atentando contra la vida	26

Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad, recogidas por Fundación Inredh 

Varios casos quedaron por fuera del informe debido a que no se pudieron completar las investigaciones, otros no fueron documentados y en otros casos, las víctimas por “temor, desconocimiento, vergüenza o represalias no denunciaron sus casos durante el periodo de investigaciones de la Comisión de la Verdad”, detalla el informe. 

Para el 2010, la Comisión presentó el informe con conclusiones y 155 recomendaciones, entre ellas: medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización, la creación de un Museo de la Memoria y garantías de no repetición. En el marco del 140 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado ecuatoriano presentó este informe final y se comprometió a implementar las recomendaciones.      

Sin embargo, no ha dado seguimiento ni cumplimiento a lo dispuesto. Para octubre de 2015, al celebrarse el 156 Periodo de Sesiones de la CIDH, se presentó el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, donde se menciona que está pendiente la creación de un “Museo de la Memoria”, entidad que debió crearse en 2014, pero no fue así. El Estado ecuatoriano no se presentó a la audiencia y con ello, demostró la falta de compromiso e interés que tenía en reparar a las víctimas.  

Como resultado del informe presentado en la CIDH, el INREDH presentó el texto Ecuador sin justicia, sin verdad, sin reparación. Diez años de la Comisión de la Verdad, en 2019, donde demandó el cumplimiento del Estado ecuatoriano a las recomendaciones presentadas en el informe de la Comisión. 

¿Qué pasó con el “Museo de la Memoria”?

Otras de las medidas aprobadas por la Comisión de la Verdad fue la creación de la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, en 2013. Clara Merino, presidenta del Comité de víctimas, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos,  tiene algunos reparos a la ley aprobada, pues asegura que dividió los tipos de reparación en varios espacios oficiales. Por ejemplo; puso a cargo de la Defensoría del Pueblo, la reparación material que después pasó al Ministerio de Justicia, luego a la Secretaría de Derechos Humanos y por último, al reciente Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Según Merino, esto no ha permitido una reparación integral.  

Además, dentro de la Comisión de la Verdad, se creó una comisión especializada, que tiempo después fue ampliada sin aumentar el número de fiscales para la investigación de los casos; por ello, sólo dos casos han obtenido sentencia. La reparación en relación a la justicia, dice, no llegó, al igual que la no ejecución del museo.  

La ley ordenó al Ministerio de Cultura la creación del Museo de la Memoria, en un plazo de 90 días. El objetivo del museo es documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La Defensoría del Pueblo señala que este proyecto es fundamental porque “los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. Además le recuerda al Ministerio de Cultura y al Ministerio del Interior, la suscripción en mayo de 2017, al convenio en el marco de cooperación interinstitucional, para establecer lineamientos de colaboración orientados a desarrollar actividades conjuntas que permitan agilitar los procesos de planificación, intervención y operación del Museo de la Memoria. Sin embargo, el proyecto no se ha materializado. 

Según la información proporcionada por Fundación Inredh, el museo se realizará en un recinto administrado por el Ministerio del Interior, que cuenta con terreno donado por la Alcaldía de Quito, en el sector de la Marín. Este lugar es la Unidad de vigilancia comunitaria Manuela Sáenz, lugar donde funcionaba anteriormente, el ex Servicio de Inteligencia Criminal de Pichincha, SIC 10, y que según la Comisión de la Verdad, fue un centro de tortura, y por ende, es importante que se mantenga este lugar como un sitio de memoria.

En 2018, el Ministerio de Cultura y Patrimonio contrató una consultoría para la materialización del museo; sin embargo, las personas sobrevivientes a las violaciones de derechos desde 1983 hasta el 2008, no han participado de esa actividad y la creación del museo no se ha concretado. 

Por ello en agosto de 2020, Guadalupe Muñoz, Yelena Moncada y Mario Muñoz, “en calidad de víctimas directas de violación de derechos humanos”, junto con Estevan Herrera, Ketty Moncada, “en calidad de víctimas directas de violación de derechos humanos no reconocidas”; Pedro Restrepo, Zadkel Cárdenas Muñoz, Félix Basantes “en calidad de víctimas indirectas de violación de derechos humanos”; Fernando Andino Montalvo, como tercero interesado; domiciliados en la ciudad de Quito y miembros de la Mesa Andina de Víctimas, que agrupa a los diferentes colectivos y víctimas de casos denunciados ante la Comisión de Verdad, presentaron ante la Corte Constitucional una acción por incumplimiento en contra del Ministro de Cultura y Patrimonio.

En la demanda presentada, las personas afectadas argumentan que buscan el cumplimiento de la disposición de la Ley de Víctimas que ordena la creación del museo y demandan la participación en el proceso de creación del proyecto. 

Según la presidenta del comité de víctimas, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, la creación del museo es una de las reparaciones importantes y básicas porque la “memoria es clave para encontrar justicia, verdad y no repetición”.   

Ante este pedido y el incumplimiento del Ministerio de Cultura con las víctimas de violaciones de derechos y lesa humanidad, la Corte Constitucional en su sentencia No.27-20-AN/23 y acumulados declaró el incumplimiento de la Disposición General Segunda de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derecho Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador, entre el 04 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, por parte del Ministerio de Cultura.

Además, resolvió llamar la atención a las autoridades del Ministerio de Cultura desde el año 2013 hasta la actualidad, quienes no han cumplido con lo dispuesto en la Ley para la Reparación de las Víctimas. Por último, la Corte Constitucional dispuso que el Ministerio de Cultura cumpla con la obligación de crear el Museo de la Memoria en el plazo de un año, desde la notificación de la sentencia, y que entregue reportes trimestrales sobre el avance del proyecto. Exhortó al Ministerio de Finanzas para brindar todas las facilidades necesarias.

Para Clara Merino, es importante la no repetición de estos delitos y que todas las víctimas sean reparadas y los responsables sean judicializados. También es fundamental, dice, ampliar la Ley de Víctimas para el resto de personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos durante el periodo de octubre de 1983 hasta el 2008, pero también en los años posteriores. Según Merino, esto hará que los familiares de las personas víctimas de crímenes de lesa humanidad y vulneraciones de derechos, puedan tener verdad y justicia, antes de morir. 

“Seguiremos accionando para que se cumpla. Estamos alegres de que por lo menos, la Corte Constitucional nos haya reconocido esta acción y que haya dado este tiempo al Ministerio de la Cultura. Seguiremos actuando para que no nos sigan engañando, para que no sigan con el incumplimiento y es un puntal importante, exigir los demás aspectos que deben ser cumplidos, sobre todo: justicia”, agrega Merino.   

Fuente: https://wambra.ec/museo-memoria-ecuador-recordar-victimas-crimenes-de-lesa-humanidad/