Se iniciará en breve un proceso de análisis de empresas estatales con pérdidas, cuyas implicaciones fueron anunciadas desde 2011. Las circunstancias no permiten postergar más esta opción.
Recientemente, la dirección del gobierno anunció un análisis de aquellas empresas estatales que proyectan pérdidas en el 2022 y un cuerpo de recomendaciones a seguir en cada caso, cuya realización estará a cargo de equipos multidisciplinarios: universidades, gobierno, asociación de economistas y contadores.
Los problemas acumulados, bajo coyunturas hoy aún más adversas en las que se desempeña – y se desempeñará- la economía cubana, determinaron que no pudiera postergarse más la decisión.
La idea, en realidad, no es nueva. Ya en los documentos iniciales del proceso de transformaciones del modelo económico aprobados en 2011 por el VI Congreso del Partido (Lineamientos Económicos y Sociales , numerales 17 y 18) se enunciaba que se eliminarían los subsidios al sector empresarial y que aquellas entidades que de forma sostenida reportasen pérdidas y la incapacidad para honrar los compromisos contraídos serían liquidadas o pasarían a formas de gestión no estatal.
Una década después
A lo largo de los once años transcurridos de esta formulación, se han producido no pocas modificaciones parciales del marco jurídico de la empresa estatal y asistimos a la constitución de grupos empresariales y uniones de empresas con la cuestionada creación de Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial y la desaparición de empresas que terminaron convirtiéndose en Unidades Empresariales de Base.
Más recientemente, han aparecido otras decisiones como la promulgación de una nueva figura organizativa – Empresas Filiales – así como las ya citadas medidas generales de incentivos y flexibilización para la gestión de las empresas estatales, acompañadas por otras más específicas para sectores como la agroindustria azucarera, el agropecuario y también para el comercio y la gastronomía, incluyendo para esta última la cooperativización de algunas de sus entidades, ocurrida años atrás.
Y finalmente la aplicación del ordenamiento monetario, más la posibilidad de crear micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales.
Este apretado e incompleto recuento muestra que no han sido pocas las decisiones adoptadas y puestas en práctica para propiciar una suerte de relanzamiento de las empresas estatales. Pero la práctica de otorgar subsidios se mantuvo.
Al respecto, estudios relativos a este tema , previos al inicio en enero de 2021 del proceso de ordenamiento monetario, revelan que dichos subsidios llegaron a representar un monto significativo equivalente a un 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) y además demuestran que, si bien una razón plausible para concederlos habría sido la sobrevaloración de la tasa de cambio oficial del peso cubano respecto al dólar estadounidense, también sirvieron para financiar parcialmente ineficiencias del sistema empresarial estatal.
Proceso necesario y complejo
El cuestionamiento acerca de si este análisis de las empresas con pérdidas debió hacerse antes, en mejores circunstancias- al igual que el ordenamiento- queda ya para el recuento. Lo cierto es que ahora deberá enfrentarse, a pesar de sus riesgos y secuelas , un proceso a todas luces tan necesario como complejo. Y doloroso.
La información ofrecida en la reunión donde se hizo el anuncio revela que 446 empresas del Estado arrojaron pérdidas en el mes de enero del 2022. De ellas, más de un 90 por ciento se concentra en la agricultura, industrias azucarera y alimentaria, transporte y construcción, y también se incluyen empresas de subordinación local. Sólo 16 de las 446 concentran la mitad de las pérdidas. No se ofrecieron más detalles en cuanto a la estructura por sectores, territorios y niveles de subordinación de estas empresas.
Pero al momento de cierre de esa información, la propia fuente señalaba que había más de 270 entidades sin reportar sus resultados, luego es posible suponer una cifra mayor de empresas estatales con pérdidas en enero. Y llama la atención que sólo 87 empresas del Estado habían planificado pérdidas para este año, lo cual denota proyecciones bastante alejadas de la realidad, que resultó unas cinco veces superior a dichas proyecciones.
En otras palabras, al menos 446 empresas del Estado muestran resultados a corto plazo que evidencian destrucción de valor. Ello significa , tomando las cifras de finales del 2021, un 23.9% del total de empresas estatales. En una primera lectura, deberían ser evaluados aspectos como la estructura
de costos, gastos y del empleo, las estructuras organizativas y sus plantillas asociadas, la base normativa del trabajo y el consumo, los controles de gestión.
Pero en esencia se tratará de determinar la viabilidad de un proyecto empresarial, más allá de buenos deseos, del afán lógico de supervivencia y de coyunturas favorables o no que aparecen a lo largo de la vida de las empresas .
Deberá diseñarse un programa de transformaciones estratégicas que permita relanzar la empresa , liderado por directivos capaces y comprometidos, con objetivos, plazos , fuentes de obtención de recursos, criterios de medida e indicadores que posibiliten verificar a corto (y no tan corto plazo también) el éxito de las transformaciones.
Y también se tratará, en los proyectos inviables, de aplicar decisiones como las anunciadas hace ya 11 años, con el tratamiento financiero y laboral que corresponda.
Humberto Blanco Rosales, Centro de Estudios de la Economía Cubana
Fuente: https://www.ipscuba.net/espacios/reestructuracion-y-el-estremecimiento-de-la-empresa-estatal-cubana/