Mayo: el pueblo francés se rebela, repudia la propuesta de Constitución de la Unión Europea, y con ella, toda una panoplia de decretos neoliberales y legislación pasada, presente y futura que da marcha atrás a 60 años de avance social. Junio: casi dos terceras partes de los holandeses acuden a las urnas y casi el […]
Mayo: el pueblo francés se rebela, repudia la propuesta de Constitución de la Unión Europea, y con ella, toda una panoplia de decretos neoliberales y legislación pasada, presente y futura que da marcha atrás a 60 años de avance social.
Junio: casi dos terceras partes de los holandeses acuden a las urnas y casi el mismo porcentaje dice no a la propuesta de Constitución.
En los días anteriores a los referendos (e inmediatamente después), expertos, políticos y periodistas inventaron toda una serie de calumnias para desacreditar el no, entre las cuales citaron la xenofobia de extrema derecha, el miedo a que nuevos países entren en la UE, la «rapidez del cambio» y, según Tony Blair, las «dificultades de lidiar con la globalización y la nueva tecnología».
Lo que estos comentaristas no logran analizar (o se cuidan bien de mencionar) son los profundos cambios estructurales que han perjudicado a la vasta mayoría de trabajadores, agricultores, profesionales asalariados y pensionados europeos, sin respetar fronteras geográficas y políticas, edades o nacionalidades.
El voto por el no fue un rechazo a las privatizaciones, la subcontratación de trabajo en el extranjero, las reubicaciones de fábricas y la legislación social regresiva que se han implantado en consonancia con lo que se denomina «integración», «competitividad» y «engrandecimiento» de la UE. El negativo pasado y la promesa de un futuro aún peor pesaron con fuerza en la decisión de los electores.
El no en Francia y Holanda fue una afirmación y defensa de su sector público de servicio social, su legislación laboral, su protección de salarios y empleos, que se ven amenazados por la nueva concentración de poder en Bruselas.
La Constitución creaba el mecanismo institucional para arrancar las decisiones socioeconómicas cruciales de manos de las legislaturas y autoridades locales, las cuales están sujetas a presiones populares (huelgas generales, protestas en masa), y llevarlas a Bruselas, donde el bloque reaccionario de los países de nuevo ingreso a la UE, aliado con la derecha de Europa occidental, tendría la última palabra sobre políticas.
La Constitución, como aseguran sus defensores, no hacía explícita la agenda de «libre mercado» de la derecha, pero industriales, grandes inversionistas, banqueros y economistas liberales daban por sentado que el cambio institucional consistía en crear condiciones óptimas para una nueva y más profunda ola de medidas de liberalización.
Ernest-Antoine Seilliere, presidente de la Federación Francesa de Empleados (Medef, por su nombre en francés), señaló que la derrota de la Constitución haría más difícil la realización de la «agenda de Lisboa» de la UE (Financial Times, 31/5/05, pág. 2). Dicha agenda promueve la privatización de servicios sociales, y concede mayores facultades a los empleadores para cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo, rebajar salarios y contratar y despedir trabajadores.
En toda Europa occidental la clase capitalista y sus economistas domesticados tronaron contra el no porque fue un golpe a su poder, a sus prerrogativas y sus planes de incrementar la explotación de los asalariados y acabar con las regulaciones sociales, y porque fue un estímulo potencial para la acción de los trabajadores.
Jurgen Thumann, presidente de la Federación de la Industria Alemana, al rechazar el resultado del referendo francés sin aludir a la decadencia social que lo motivó, aconsejó a los políticos «dar pasos rápidos y convincentes» para instaurar la agenda privatizadora. «Terminar de integrar un solo mercado, en beneficio de todos los ciudadanos europeos (sic), debe seguir siendo prioritario. Esto se refiere sobre todo a abrir el mercado de los servicios (íbid., pág. 4).»
Otros líderes empresariales germanos se mostraron menos optimistas sobre los prospectos de su clase después de la derrota en el referendo: «Las decisiones, por ejemplo, relativas al financiamiento a largo plazo del presupuesto de la UE, y en particular al dominio de la liberalización y el empleo, deben volverse aún más difíciles» (cursivas mías).
La victoria de los trabajadores, agricultores, profesionales asalariados y pequeños empresarios franceses ha demostrado que existe una mayoría capaz de derrotar a los grandes consorcios, los medios masivos, los líderes políticos y los partidos conservadores y socialdemócratas. La afirmación del poder popular es un gran levantón moral y de seguro encenderá mayor activismo y mayor rechazo a la Constitución en los sectores perjudicados por las políticas neoliberales.
Es un hecho que la política de clase está en el centro de la confrontación política sobre el referendo. El analista francés Olivier Duhamel destaca que, después de 20 años de privatizaciones, reubicaciones hacia nuevos sitios de mano de obra barata en estados clientes de Europa oriental y recortes en el gasto social, «la tercera parte de los franceses están afectados por el desempleo, ya sea porque están desempleados o porque tienen miedo de estarlo, o porque sus esposos, esposas, hijos o hijas lo están» (íd.).
Asimismo, el carácter clasista del no, por lo menos en Francia, queda de manifiesto en que la campaña de rechazo fue encabezada por las principales organizaciones sindicales (la CGT izquierdista y la Fuerza Obrera, de centroizquierda); por la gran mayoría de los activistas del Partido Social y por los dos principales partidos trotskistas (que cuentan con 10 por ciento del voto electoral). El Frente Nacional, de extrema derecha, fue factor, pero sólo en la medida en que apeló al mismo descontento de la izquierda.
Como ocurre normalmente cuando los burgueses pierden una elección democrática en un asunto de clase revestido de importancia estratégica, de inmediato se movilizan para circunvalar el resultado, con una variedad de mecanismos. Algunos comisionados europeos sugieren una serie de «revisiones de minitratados», que centralizarían la toma de decisiones sin que sea necesario un referendo. Javier Solana, representante de política exterior de la Unión, advirtió que seguirían adelante los planes de instaurar un nuevo servicio diplomático, pese a que éste era una de las principales disposiciones de la constitución rechazada por los votantes franceses y holandeses.
Otros defensores del neoliberalismo proponen que los países «pro reformistas» impulsen el cambio sin Francia y Holanda. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ferviente partidario del libre mercado, se comprometió a implantar la agenda neoliberal citando como fundamento la aprobación del Consejo Europeo (que representa a los gobiernos), lo cual equivale a repudiar el masivo voto popular en Francia y Holanda.
Atemorizados por la victoria del pueblo francés, la mayoría de los líderes políticos de la UE dan pasos para acabar con los referendos. Guiada por la filosofía de «si no puedes ganar las elecciones, suprímelas», la estrategia pretende que todas las decisiones se tomen en el parlamento.
Por último, ahora que Tony Blair volverá a la presidencia de la Unión, en julio próximo, ha anunciado una guerra total contra «la Europa social». Sin tomar en cuenta las preocupaciones de los trabajadores asalariados y jornaleros franceses, alemanes, españoles, belgas y luxemburgueses, quiere liberalizar y privatizar servicios (70 por ciento de la economía europea), apoyar los planes de la Comisión Europea de acabar con la ayuda gubernamental a empresas en dificultades (garantías) e impulsar una agenda de libre comercio. En una palabra, se dispone a arrasar con el sistema de atención universal a la salud de alta calidad, como hizo en Gran Bretaña. Elevaría de manera sustancial los costos de la educación superior y promovería la privatización de ferrocarriles, para convertirlos en el mismo sistema inseguro, caro y deteriorado que ha producido en Inglaterra.
Estos esfuerzos de desdeñar el no y proseguir con la agenda neoliberal encontrarán resistencia a partir del ejemplo francés y por la presión masiva sobre el gobierno de Francia para que se oponga a la liberalización. Es muy probable que la clase trabajadora europea bloquee la estrategia derechista de «engrandecimiento», orientada a incorporar estados clientes de libre mercado, dominados por la derecha. Las razones son claras: Europa oriental, Ucrania y los Balcanes son enormes reservas de mano de obra barata y no sindicalizada (o con sindicatos controlados por el «Estado»).
El «engrandecimiento» de la Unión Europea significa engrandecimiento por y para la clase capitalista como mecanismo orientado a reubicar fábricas y valerse de amenazas para reducir salarios, vacaciones y prestaciones sociales, y forzar a los trabajadores de Europa occidental a competir con los de la oriental. Además, la «integración» significa importación y contratación en gran escala de trabajadores y profesionales calificados de bajos salarios y no sindicalizados para minar los centros de trabajo sindicalizados y reducir salarios y prestaciones sociales. La lucha no es sobre la «integración» o el «engrandecimiento» por sí mismos, sino sobre el designio capitalista de cada uno, dirigido a aplastar el poder sindical, incrementar el desempleo y reducir los niveles de vida.
Los trabajadores y agricultores de Europa occidental dotados de conciencia de clase y sus sindicatos tienen pocos interlocutores dentro de la clase trabajadora de Europa oriental, donde los sindicatos son prácticamente cautivos de sus patrones neoliberales y sus elites políticas. Sin contrapartes para proponer una agenda común conjunta o interregional, el movimiento de los trabajadores debe basarse en fortalecer su poder y posición dentro del Estado nación, mientras permanece abierto y alerta a cualquier oportunidad en el este.
Conclusión
Las victorias de las clases trabajadoras y asalariadas en los referendos de Francia y Holanda abren nuevas posibilidades para contener y revertir la escalada de libre mercado de los decenios pasados. Estimula e impulsa con claridad a los trabajadores de toda la Unión Europea a imitar el ejemplo, y en ese sentido tiene implicaciones internacionalistas.
Sin embargo, si no hay movilizaciones sostenidas, la clase capitalista europea tratará de meter pasajes claves de la constitución por la puerta trasera, valiéndose de decretos elitistas y de la adopción gradual de medidas.
Una vez más, los trabajadores franceses han demostrado que el poder organizado de clase puede derrotar hasta a las mejor organizadas maquinarias de riqueza y propaganda. A diferencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, los trabajadores franceses no están sujetos a partidos reaccionarios (como los demócratas y laboristas): son movimientos sociales libres e independientes, en los cuales el debate abierto y la competencia entre tendencias revolucionarias y reformistas educan a sus miembros sobre los temas importantes del día, y en los que el descontento privado se vincula al debate público y el sufrimiento individual se liga con la acción colectiva.
Traducción: Jorge Anaya