La tan ansiada reforma al sistema previsional ya está en marcha. El 17 de marzo la Presidenta Bachelet constituyó un consejo asesor que estudiará el tema y le entregará una propuesta el 30 de junio para que se transforme en un proyecto de ley. Pero antes de hacer público su informe, este consejo ya genera […]
La tan ansiada reforma al sistema previsional ya está en marcha. El 17 de marzo la Presidenta Bachelet constituyó un consejo asesor que estudiará el tema y le entregará una propuesta el 30 de junio para que se transforme en un proyecto de ley.
Pero antes de hacer público su informe, este consejo ya genera críticas por su composición, de sus 15 miembros, once son ingenieros y, entre ellos se cuenta al ex ministro de Hacienda de Pinochet, Martín Costabal. Pero además, si en un comienzo se pensó que tendría un fuerte componente ciudadano, éste se relegó a las audiencias. Mario Marcel, quien encabeza esta comisión, afirmó que todos los sectores involucrados serán escuchados. Ya han comparecido desde pescadores artesanales, mujeres indígenas, futbolistas, hasta académicos y centros de estudios, planteamientos que deberá contener el informe final.
Entonces, las razones sobran para que, aunque se sintieron excluidos, organismos sindicales, ONGs, universitarios, organizaciones sociales y centros de estudios, entre otros, convocados por la CUT, hayan conformado el Consejo Ciudadano para la Reforma Previsional Solidaria, del que – afirman- saldrá una propuesta basada en los derechos, más humana y con una mirada desde la ciudadanía, la propia beneficiaria -o afectada- del sistema de pensiones.
«Este es un tema que abarca a todas las personas de este país, es necesario hacer confluir un debate en el que podamos darle fuerza a una profunda reforma previsional, que sea un tema de país, en la que confluyamos todos los ciudadanos, tengamos opinión y expongamos nuestra propuesta al Gobierno», afirmó Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), organismo que participa del Consejo Ciudadano.
«Es una lucha fuerte, estamos frente a un grupo que controla el 60% del PIB, que es el que tiene las mayores utilidades del país. La única manera de poder hacer frente a un grupo tan poderoso es con unidad del movimiento sindical, en articulación con los movimientos sociales», señaló De la Puente.
El grupo de la ciudadanía propone un sistema solidario con aportes del Estado, los trabajadores y el empresariado, en el que se aseguren pensiones mínimas o cercanas a los ingresos en actividad, lo contrario al sistema actual de capitalización individual en el que cada quien recibe lo que logró acumular durante sus años de trabajo. Esto implicaría que, como en el sistema anterior, los empleadores aporten un monto de las cotizaciones mensuales, un tercio es lo que piden específicamente.
Pero también demandan mayor participación de las y los trabajadores en las empresas que administran los fondos, formando parte de los directorios de éstas, y así tener más injerencia en el destino de sus dineros. «Es muy importante que los trabajadores sepan en qué se están invirtiendo sus recursos», señala el presidente de la ANEF y agrega «los recursos son de los trabajadores, pero quienes administran esto son los privados y en distintas empresas que producen utilidades que van en beneficio de esas empresas. Vale decir que los trabajadores ponemos la música y la fiesta la hacen los grandes grupos económicos».
Mujeres, las más perjudicadas
De acuerdo a estudios de la CEPAL, en América Latina las reformas al sistema previsional históricamente se han discutido a nivel de organismos de Hacienda, sectores de gobierno y empresariales, la voz de la sociedad civil, siempre ha estado ausente, lo que ya convierte en inédito el proceso que está viviendo Chile. Esta es una reforma de la que todo el mundo opina. Pero más novedoso aún es que estén en el tapete los derechos de las mujeres, un grupo que raramente ha tenido voz en estos asuntos y que, ciertamente, es el más perjudicado con el sistema actual de pensiones.
«Las mujeres trabajan menos, cotizan menos, viven más y ahorran menos, por lo tanto, al ser evaluadas sus jubilaciones con una tabla diferenciada por sexo, ellas terminan disponiendo de menos recursos a lo largo de su ciclo de vida», explica Sonia Montaño, jefa de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL.
Hace algunas semanas sacó chispas la propuesta de la AFP Provida de aumentar la edad de jubilación de las chilenas a los 65 años para que, al trabajar más tiempo, tuvieran mayores ahorros provisionales. No, no y no, se las escuchó decir, sobre los derechos ganados ya no hay vuelta atrás y el jubilar a los 60 ya es un derecho.
Sonia Montaño explica que en el debate sobre las pensiones femeninas hay dos puntos de vista. Uno más tecnocrático, que mira el tema desde una visión financiera y técnica y dice que el que las mujeres coticen menos no es un problema del sistema previsional, es un problema de mercado laboral. «Dejan la esperanza para las próximas generaciones y dicen que cuando las mujeres entren en igualdad de condiciones al mercado de trabajo el problema provisional será solucionado».
La otra perspectiva, aclara la experta, está basada en una mirada de derecho y plantea que el hecho de que las mujeres entren al mercado de trabajo precariamente es un acto de discriminación, que se consolida cuando entran al sistema previsional. A esto debe sumarse que en América Latina, salvo Brasil y Costa Rica, las mujeres reciben pensiones basadas en tablas diferenciadas por sexo y expectativas de vida, algo que en Europa atenta contra un principio constitucional de igualdad.
De lo que se trata es de buscar una vida digna y medidas igualitarias para las mujeres lo que, aseguran, debiera partir en el mercado laboral y en el trato que reciben desde el Estado. La representante de la CEPAL acota que este es el punto más novedoso en el debate sobre las pensiones femeninas: las recompensas que debe tener el trabajo no remunerado que se ejerce en el hogar y por el que, finalmente, se cotizan menos años y se reciben jubilaciones menores.
«Antes se consideraba como un acto generoso de subsidio estatal a las mujeres inactivas, hoy se está entendiendo como una recompensa al trabajo no remunerado de las mujeres, que no es sólo la procreación de la familia y la sociedad. En muchos lugares se ha reducido el gasto público del Estado y se ha trasladado a las mujeres el cuidado de los enfermos, de los niños, en reemplazo del rol público de las guarderías, de los hogares de ancianos, subsidiando indirectamente al Estado y penalizadas posteriormente», sostiene.
Pero no se trata sólo de pasar los últimos años de una forma digna, de recibir lo merecido por una vida de trabajo, temas que ya son fundamentales, sino también de cortar el círculo de la pobreza que este modelo tiende a perpetuar.