«Repatriación voluntaria» es la bondadosa expresión que estamos empezando a leer y que se acentuará en las próximas semanas. El ministro de Hacienda asegura que no salió de él, pero que tiene apoyo de algunos parlamentarios de la Concertación. Por tanto está estudiando a toda marcha con sus asesores un proyecto de ley que contaría […]
«Repatriación voluntaria» es la bondadosa expresión que estamos empezando a leer y que se acentuará en las próximas semanas. El ministro de Hacienda asegura que no salió de él, pero que tiene apoyo de algunos parlamentarios de la Concertación. Por tanto está estudiando a toda marcha con sus asesores un proyecto de ley que contaría con la aprobación del Congreso. El Presidente de la desinteresada Confederación de la Producción y el Comercio se apresuró a entregarle un fuerte respaldo a la «idea».
Es ampliamente sabido en los círculos de negocios que fuera del país se encuentran colocados en los paraísos fiscales, lejos de los controles tributarios enormes capitales amasados en Chile principalmente en negocios turbios, fraudes tributarios, ganancias del narcotráfico, comisiones o ganancias ilícitas. Los autores de estos delitos de guante blanco, podrían con un proyecto de ley de esta naturaleza, convertirse en patriotas que vendrían a reinvertir sus ganancias en el país. Larraín y Piñera les agradecerían este gesto patriótico, y les darían como «incentivos» por tamaño sacrificio dos regalitos. Uno, una tasa baja y única de pago por la remisión de esos capitales; (un 3% o un 5%, por ejemplo) y dos, lo más importante, la promesa de Impuestos Internos de no investigar nada, acerca de cómo sus capitalistas hicieron esas fortunas. Esto es lo que en la jerga económica se llama «blanqueo» de capitales, que es una expresión menos delicada que «repatriación», pero más exacta: convertir lo negro en blanco, lo ilegal en legal. Es una operación equivalente en materia económica a la amnistía que la dictadura le otorgó a los criminales de los años setenta, a los cuales pretendió darles impunidad y prohibir que se les hicieran procesos.
Para ilustrar a quiénes podría beneficiar esta maloliente operación, veamos el caso Pinochet y junto con él sus cómplices en delitos tributarios. Se descubrió desde luego dónde tenía escondidos esos dineros, las cuentas ocultas que utilizó, los paraísos fiscales empleados, las sociedades inventadas en las islas del Caribe y los bancos que operaban para ayudarle, entre ellos el venerable Banco de Chile. El Ministro encargado del proceso sobre «las platas» del dictador ya tiene en sus manos el informe de la Universidad de Chile que dictaminó a cuánto ascendió el patrimonio del tirano. Suma 21 millones de dólares, o sea 11 mil 550 millones de pesos chilenos.
De esa suma, poco más del 10% la reconoció, aunque admitió no haber declarado y pagado los impuestos correspondientes, los cuales finalmente cancelaron sus herederos, por esa parte. Pero respecto de más del 80% , es decir, cerca de 9 mil millones de pesos , el informe de los expertos asegura que no están justificados y se desconoce su origen. Por lo tanto aquí hay delitos mayores que siguen ocultos. El proyecto de ley que propondrían Piñera y Larraín permitiría a los herederos de Pinochet acogerse a sus beneficios. Borrón y cuenta nueva. El delito desaparece y las sanciones también. Al mismo beneficio podrían acogerse no pocos protagonistas de sonados escándalos de los últimos años, cuyas platas hasta ahora siguen ocultas en el exterior.
«El Mercurio» del 26 de Junio pasado, reveló que el subsecretario de Hacienda le solicitó a parlamentarios de la Concertación ya en el mes de Marzo su apoyo para este proyecto, con lo cual Piñera evitaría que a su administración se le acusara de blanquear capitales. Además los delincuentes temen que por el ingreso de Chile a la OCDE y por la crisis financiera, los paraísos tributarios están en la mira de la opinión pública y podrían aumentar los controles internacionales, por lo que los servicios fiscalizadores podrían perseguir la evasión con más posibilidades. Con el pago único del 4% al 6%, los capitalistas evasores quedarían libres de reajustes, intereses, multas y sanciones penales. En resumen, parlamentarios de la Concertación están siendo cortejados para que caigan en la nefasta política de los consensos con la derecha económica y, lo más grave, en una materia impresentable y de alto costo moral.