La sostenibilidad local está llamada a converger con la global. Sin embargo, la diferencia entre ambas cobra importancia cuando, como es habitual, no se razona a largo plazo. José Manuel Naredo Lo que va a cambiar al mundo son las prácticas locales. Raúl Zibechi En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los compañeros y […]
La sostenibilidad local está llamada a converger con la global. Sin embargo, la diferencia entre ambas cobra importancia cuando, como es habitual, no se razona a largo plazo. José Manuel Naredo
Lo que va a cambiar al mundo son las prácticas locales. Raúl Zibechi
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los compañeros y compañeras del Foro Social de Villanueva [http://forosocialvillanueva.
El esquema de propagación de la monumental recesión económica mundial que padecemos y las grandes cifras que describen la situación actual son perfectamente conocidas, y aquí apenas las referiré por encima. En la primavera-verano de 2008, el sector hipotecario norteamericano colapsó debido a las masivas prácticas especulativas de alto riesgo posibilitadas por la sistemática desreglamentación. En su caída, el mercado de hipotecas arrastró primero al resto del sector financiero. Y luego se ha extendido a la economía real, dado que, si se contrae el crédito por falta de liquidez del mercado financiero, desciende la demanda, y si desciende la demanda se recorta la producción y, consecuentemente, el empleo. Evidentemente, un sistema económico mundial basado en la especulación, la desregulación y el endeudamiento es un disparate demencial que, como ahora estamos constatando, sólo puede terminar de una manera: estrepitosamente mal.
El impacto de la crisis sobre el empleo y las condiciones de vida de la clase trabajadora mundial es ya una trágica pandemia. La Organización Internacional del Trabajo calcula que este año se perderán unos 50 millones de empleos en todo el mundo, cifra que otras fuentes elevan significativamente. En el Estado español, la tasa de paro prácticamente se ha duplicado desde principios de 2007 y supera ya el 17% de la población activa (más de cuatro millones de personas). La Unión Europea nos augura un 20’5% de aquí a año y medio. Un porcentaje que en Extremadura ya hemos superado (21’7% en abril de 2009, lo que equivale a más de 105.000 trabajadores desempleados). Las consecuencias sociales de esta debacle económica pueden perfilarse a través de unas pocas cifras significativas. Más de un millón de parados españoles han perdido ya su cobertura de desempleo y dependen exclusivamente de la asistencia social o la cooperación de sus familias (en Extremadura, los desempleados sin cobertura son ya más de 15.000). El número de ejecuciones hipotecarias se ha incrementado en 2008 un 126% en el Estado español (en cifras redondas 59.000 casos, frente a los 26.000 del ejercicio anterior), y podría alcanzar durante 2009 los 85.000 casos, según previsiones del Consejo General del Poder Judicial (el incremento interanual en Extremadura ha sido del 100%, de 361 a 723 casos). La organización asistencial Cáritas ha incrementado sus intervenciones en un 50% a lo largo de 2008 y afronta 2009 completamente desbordada por las demandas de alimentos, alojamiento, asistencia médica… Las colas interminables a las puertas de sus comedores se están convirtiendo en el más expresivo icono del devastador impacto social de esta crisis de sistema.
Es evidente que esta crisis tiene un origen y un alcance global, y que sus grandes soluciones deberán ser igualmente globales. Los Estados y los organismos internacionales deben tomar (o más bien, deberían haber tomado hace mucho) una serie de medidas imprescindibles e inexcusables, como son la aplicación de regulaciones e impuestos a los grandes capitales especulativos transnacionales, la supresión de los paraísos fiscales, la recuperación del control democrático sobre los bancos centrales y la creación de potentes bancas públicas, la imposición de una fuerte progresividad fiscal sobre las rentas más altas y los beneficios empresariales… Por desgracia, al menos de momento, gobiernos y organismos multilaterales están haciendo, según el caso, entre poco (y mal), nada o sencillamente lo contrario de todo esto. Para describir la (completa ausencia de) respuesta económica del gobierno español ante la crisis, nuestro convecino Mario Trinidad ha empleado este certero y expresivo titular (que sería también aplicable a otros muchos países y organismos internacionales): «esperar a que escampe». Pero, ¿implica eso que en nuestros territorios, ciudades, pueblos y barrios, quienes no disponemos de poltrona propia en el G-20 (ni cuenta numerada en las Islas Caimán), debemos quedarnos también de brazos cruzados ante la crisis económica y sus devastadoras consecuencias sociales, agachar la cabeza y entregarnos al sálvese quien pueda y tonto el último, permitiendo que nuestros lazos y afectos ciudadanos, los fundamentos de nuestra convivencia social, sean también entregadas como víctimas sacrificiales del desorden económico? ¿No existen acaso mejores alternativas, construidas desde abajo, desde la realidad cotidiana de nuestros territorios y comunidades, para enfrentarnos a esta dramática situación?
Afortunadamente, sí, existen. Podemos dar respuestas desde lo local ante la crisis económica y el desempleo, articulando aquello que llamaré provisionalmente, a falta de una denominación mejor, resistencias de proximidad. Decisiones sobre nuestro contexto más inmediato, que muy posiblemente no van a remansar el tsunami globalizado en el que nuestras comunidades navegan, pero que pueden ofrecernos en esta situación de emergencia un marco local más aceptable de estabilidad, de seguridad y de equidad. Y que, a la vez, pueden convertir a nuestras comunidades locales en contribuyentes netas a la causa común y a largo plazo de un orden social y económico mundial más estable, seguro y justo.
En lo que sigue, propondré sólo unas cuantas de estas posibles decisiones. Se trata apenas de unas piezas, partes de un puzzle más grande y complejo, cuya elaboración y puesta en práctica no puede ser sino extensamente colectiva y profundamente democrática.
(1) introducir cláusulas sociales y criterios de utilidad pública en las ayudas públicas a la gran actividad económica privada. Aunque la mayoría de medidas de apoyo público a la actividad empresarial están en manos de las CCAA o el Estado central, otras son gestionadas desde los Ayuntamientos y las comarcas o mancomunidades. Una muy importante, aunque no la única, es la cesión de suelo público municipal a precios preferentes (o directamente gratis) para la actividad productiva y comercial. Hasta ahora, casi nadie desde las instancias locales ha aplicado más criterio a la hora de otorgar esas ayudas que la creación de empleo y la generación de impuestos, en bruto y a muy corto plazo. Rara vez se han puesto en cuestión, desde los Ayuntamientos, la calidad y la duración del empleo que esas actividades iban a generar, ni el trato que iban a prestar a sus proveedores y empresas auxiliares locales, ni el impacto de conjunto y a largo plazo que esas grandes empresas iban a tener sobre la actividad económica y el mercado de trabajo locales. Así, se ha promovido que grandes empresas multinacionales se hayan instalado en nuestras comunidades locales con amplio apoyo público, desdeñando el hecho de que, generando empleo precario y muy dependiente de los vaivenes globales, y llevándose muy lejos el grueso de los beneficios empresariales, destruían empleo de mayor calidad y estabilidad en el tejido económico local (que es el que reinvierte un porcentaje mucho mayor de su beneficio empresarial en el propio territorio). El caso más evidente son las grandes superficies de ocio y consumo como Carrefour, que están desertizando el pequeño comercio y la actividad económica familiar en todos los municipios en los que se instalan y en las comarcas que los circundan, como ya se puede constatar en nuestra región en Plasencia y el Valle del Jerte, o Villanueva y la comarca de La Serena. Sin olvidar que, por causa de esta crisis o de la siguiente, estas grandes cadenas pueden perfectamente de un día para otro echar el cerrojo y deslocalizar su actividad doscientos kilómetros arriba o abajo en el mapa, dejando como legado una masiva catástrofe laboral y social en el territorio que les acogió aturdido por su propaganda.
Una primera muestra de nuestra resistencia de proximidad ante la crisis debería ser, sin duda, poner coto a estas prácticas de estas grandes corporaciones en nuestro territorio local, condicionando mediante una exhaustiva negociación las condiciones laborales que deben ofrecer a sus trabajadores y trabajadoras, y las condiciones comerciales que deben ofrecer a sus proveedores y empresas auxiliares locales, y poniendo todas las trabas jurídicamente imaginables a su instalación en caso contrario. ¿Es posible? Sí. Por ejemplo en EEUU muchas comunidades han adecuado sus normativas municipales en materia de urbanismo o medio ambiente a fin de imposibilitar legalmente la instalación de grandes cadenas como Wall-Mart o Starbucks, perfectamente conocidas por todos los norteamericanos como campeonas de la explotación laboral y el maltrato salarial a sus trabajadores y trabajadoras.
(2) atraer los tramos de mayor valor añadido de las actividades económicas locales y tradicionales. En El modelo extremeño. Ecodesarrollo de La Serena y La Siberia, el profesor Mario Gaviria proponía tajantemente hace ya treinta años: «Se prohíbe la salida [de la comarca] de materias primas alimentarias (ganado vivo, cereal sin molturar y transformar, etc.)«. ¿Por qué? Los economistas explican que los márgenes más amplios de beneficio de las actividades económicas suelen desplazarse hacia las fases más avanzadas y por tanto más cercanas al consumidor. Así, por ejemplo, procesar, empaquetar, distribuir o comercializar deja unos beneficios mayores que sembrar y cosechar, algo muy relevante en una comunidad como la extremeña, que conserva una fuerte base primaria en su estructura económica, pero que carece, con un puñado de excepciones (como pudiera ser el tomate de las Vegas Altas del Guadiana), de un sector de transformación y comercialización equiparables, con lo que los extremeños nos vemos sistemáticamente hurtados, a beneficio de terceros muy lejanos, del mayor valor añadido de esos eslabones avanzados de la cadena de producción. No sólo perdemos con ello nivel de renta, también hacemos nuestra economía regional insoportablemente esclava del capricho y la avaricia ajena. Nuestras actividades agroganaderas más tradicionales, más arraigadas en el entorno y más compatibles con su sostenibilidad medioambiental, como el corcho, el aceite o el cerdo, no están en crisis sólo por la recesión mundial: también por los constantes abusos de las grandes corporaciones, que constantemente juegan con su red de proveedores para presionar a la baja sus precios, hasta arruinarles si les place y conviene a sus estrategias comerciales, como hace unos días denunciaban los productores de aceite de La Serena en las calles de Monterrubio. ¿Cómo resistirse a estas prácticas mafiosas de las grandes corporaciones, que no sólo destruyen empleo y saquean riqueza en los pueblos y comarcas extremeñas, sino que además las arrojan a los pies de los caballos del insensato modelo de industrialización esquilmadora y contaminante que subyace a iniciativas como la refinería petrolera de Tierra de Barros, las centrales térmicas de la comarca de Mérida o las minerías de uranio de La Serena, Las Hurdes o la Sierra de Gata?
Para no irme más lejos, citaré el ejemplo de una explotación familiar de porcino de la que son propietarios unos amigos residentes en esta comarca. En manos de las grandes distribuidoras, a los precios que actualmente estas imponen, su explotación ya hubiera quebrado y ellos hubieran tenido que emigrar sabe Dios dónde para ganarse el sustento. En lugar de eso, han hecho un gran esfuerzo humano y económico para procesar y comercializar su propio producto… A pesar de la crisis, la empresa sigue abierta y genera empleo y beneficios. Se trata de un caso afortunado pero particular, que para convertirse en una segunda muestra de nuestra resistencia de proximidad debería inspirar todo un modelo de actuación empresarial, fomentada y protegida desde lo público, que preserve del exterminio a las actividades económicas tradicionales localmente enraizadas y facilite su inserción competitiva en un mercado como el actual, en el que los grandes monopolios (como ejemplo de especial interés para los extremeños, los cinco oligarcas corporativos que se reparten el 55% de la distribución alimentaria en el Estado español) campan libremente sembrando desgracias. Desde los poderes públicos locales se pueden fomentar estas iniciativas prestándoles un apoyo preferente, fomentando la cooperación entre emprendedores y la diversidad y complementariedad de sus proyectos, aportando recursos humanos y materiales para tareas de interés compartido como investigación y desarrollo, formación, mercadotecnia, distribución… Un ejemplo de referencia podría ser el sector de la madera y el mueble en la localidad cacereña de Hervás, en el que siguen siendo predominantes el capital local y las formas empresariales familiares y cooperativas, y que se ha dotado en una estructura asociativa que facilita su presencia y competitividad en el mercado nacional e internacional (sin olvidar su importante papel como garante de la supervivencia del ecosistema autóctono y de la cultura popular y tradicional a este vinculada).
(3) fomentar la economía social y cooperativa frente a otras formas de organización empresarial. Las iniciativas empresariales cooperativas, descritas por la vigente Ley 27/1999 como «de libre adhesión y baja voluntaria […] con estructura y funcionamiento democrático«, permiten una redistribución muchos más amplia y justa del beneficio empresarial, y tienden a sostener modelos de gestión mucho más sensatos y nichos de empleo mucho más resistentes ante situaciones como la actual que el régimen convencional de separación trabajo-propiedad o el régimen de autónomos. Ante una reducción de la demanda, una cooperativa opta naturalmente por un reparto del trabajo en lugar de por la destrucción o la precarización del empleo. Asimismo, a cambio de las ventajas fiscales y de otro tipo de las que se benefician, las cooperativas tienen importantes limitaciones a la hora de realizar operaciones especulativas que pudieran comprometer su patrimonio y la continuidad de sus actividades productivas. Además, la ley les fija unos porcentajes mínimos que del beneficio empresarial deben dedicarse a inversión productiva, previsión, formación…
Cientos de empresas españolas y extremeñas están quebrando y arrojando al desempleo a sus trabajadores, no tanto por causa de la crisis mundial, como por el completo descompromiso de sus empresarios con la actividad económica que realizaban, por sobreendeudarse, por no dedicar esfuerzo alguno a la innovación tecnológica, la investigación de mercados o la formación de capital humano. Después de años de incentivos de la Junta de Extremadura, después de cientos de miles de horas de formación del SEXPE, después de importantes inversiones como los semilleros tecnológicos Vivernet o el Centro Tecnológico de la FEVAL de Don Benito, ¿qué porcentaje de la población activa extremeña trabaja en el sector de la I+D y la tecnología punta, de más alto valor añadido y más resistente a la coyuntura negativa? Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística para 2007, apenas un lígrimo 3%, frente al 7’3% de media estatal, el 10’7% de Aragón, el 11% de Navarra o el 13% de Euskadi. ¿Para qué invertir en formación, tecnología u otras menudencias, cuando se puede apostar el grueso de los beneficios en algún chiringuito financiero o inmobiliario, y fundir el resto en coches de importación, cocaína y clubes de alterne? Dejaremos para otro día el debate, a la significativa luz de los actuales acontecimientos, sobre la capacidad y la moralidad de la clase empresarial española y extremeña. Aunque parece claro que el balance no será, en términos generales, precisamente positivo…
Es cierto que una cooperativa de trabajo asociado, como cualquier otra empresa en un mercado capitalista, pueden quebrar. Pero el margen de seguridad que ofrecen a sus trabajadores es incomparablemente mayor que cualquier otra forma empresarial. Y lo mismo cabe decir de los asociados a otros tipos de cooperativas que recoge la Ley: de vivienda, de seguros, sanitarias, de enseñanza, de servicios financieros… Una decidida apuesta de los poderes públicos locales por la economía social sería una tercera muestra de nuestra resistencia de proximidad, que debería plasmarse en una intensa promoción del cooperativismo en forma de ayudas directas e indirectas, formación profesional, acompañamiento administrativo… E incluso, de experiencias de empresarialidad mixta público-cooperativa, mediante un modelo de propiedad y administración colegiada entre instituciones municipales y cooperativistas. Quisiera en este punto hacer mención a la importante experiencia de las llamadas fábricas recuperadas que proliferaron en Argentina después de la crisis que destrozó la economía de ese país a principios de esta década. Trabajadores y trabajadoras de esas fábricas, que sus patronos pretendían cerrar, permanecieron en sus puestos, asumieron la gestión y la comercialización, siguieron produciendo, hicieron beneficios y mantuvieron sus empleos, demostrando que el único motivo de su cierre hubiera sido la deficiente gestión o la avaricia desmedida de sus dueños, que en muchos casos empleaban las supuestas quiebras para ocultar una posterior deslocalización de su actividad. Exactamente lo mismo que está ocurriendo en muchas ocasiones en nuestro entorno más inmediato. Con posterioridad, el Parlamento y los jueces argentinos has dictado leyes y sentencias que respaldan la iniciativa de los trabajadores y trabajadoras de fábricas como Zanón, Bruckman u otras muchas, reconociendo temporal o definitivamente sus derechos sobre instalaciones, materias primas, marcas comerciales… (esta extraordinaria historia de tesón y coraje puede conocerse, por ejemplo, a través del emocionante documental La toma que realizaron Naomi Klein y Avi Lewis). ¿Cuántas de las empresas que hoy están cerrando sus puertas en nuestros pueblos y comarcas podrían seguir produciendo, obteniendo beneficios y dando empleo duradero y de calidad, si fueran convertidas en cooperativas bajo el control de sus trabajadores, con el apoyo público suficiente que les permitiese emprender esta tarea, mediante la ayuda financiera directa o la asignación preferente de carga de trabajo, o incluso mediante la copropiedad público-cooperativa, temporal o definitiva? ¿No tendría mucho más sentido emplear el dinero de las ayudas (por ejemplo, las encuadradas en el Fondo Estatal de Inversión Local y el Plan Extremeño de Empleo Local implementados respectivamente por los gobiernos central y autonómico) en mantener abiertas las fábricas bajo ese nuevo modelo de gestión y con nuevas estrategias laborales, productivas y comerciales, en lugar de gastarlo en peonadas de trabajo descualificado de muy escasa utilidad pública, más allá de su valor puramente asistencial (y sin embargo, enormemente gravoso para las arcas públicas, con un disparatado coste promedio que supera los 35.000 euros trabajador / año)?
(4) preservar los bienes y servicios públicos y comunitarios, e impulsar la creación de consorcios empresariales público-comunitarios de ámbito local. La defensa de los servicios municipales de titularidad pública es absolutamente imprescindible, no sólo como garantía de la correcta atención de aquellos derechos universales de ciudadanía de los que son proveedores, sino por su importante papel como herramienta de políticas públicas de empleo y redistribución de la renta. Así, por ejemplo, los servicios municipales en manos públicas pueden modular sus políticas de contratación ante situaciones de emergencia como la actual, poniendo en primer plano, no sólo el beneficio empresarial o la reducción de costes (como por pura lógica lo hacen una vez puestos en manos privadas), sino la lucha contra la exclusión social, por ejemplo discriminando positivamente a desempleados de media y larga duración o con cargas familiares, demandantes de primer empleo, mayores… O, con idéntico fin de combatir la exclusión social, pueden establecer sus tarifas de modo que refuercen la proporcionalidad de la contribución tributaria, aliviando la presión sobre los más desfavorecidos y repercutiendo sobre los más pudientes la gratuidad o el precio protegido de quienes en caso contrario no podrían costearlos.
Por todas estas razones, proteger el carácter público de los servicios municipales sería una tercera muestra de nuestra resistencia de proximidad, y sin duda es hoy el más inequívoco signo de sensatez de un gobernante local y de los ciudadanos que le otorgan su confianza. Pero esta no es sólo una propuesta defensiva, también ofensiva. En primer lugar, hay que recuperar para el bien común todo aquello que siendo tradicionalmente público en los últimos años se hubiera privatizado, como por desgracia ha sucedido con los servicios de aguas en Villanueva de La Serena y muchísimas otras localidades españolas y extremeñas. Pero más allá de esos servicios municipales esenciales como el transporte colectivo, el suministro de agua o la recogida de basura, hay otros campos a los que la empresarialidad institucional, o institucional-comunitaria, puede ser un factor de estabilidad económica y equidad social en los escenarios locales. La creación de nuevas empresas presenta en el primer trimestre de 2009 un descenso interanual del 35%, mientras miles de empresas cierran y miles de autónomos se dan de baja en la Seguridad Social. ¿No podrían las municipalidades y la iniciativa comunitaria y cooperativa ocupar ese espacio de la esfera económica desertizado por la crisis (y por décadas de pésimas prácticas empresariales)?
De entre los distintos ejemplos posibles, quisiera centrarme en uno de especial interés en esta cálida y soleada tierra extremeña que nos da sustento y cobijo: la energía. Desde que el Estado español impulsó los precios protegidos para la energía solar, cientos de empresas han invertido con la expectativa de grandes y seguros beneficios en esta actividad generosamente incentivada (y no es baladí añadir que el llamado «fraude solar» acumulado en estos pocos años se cifra en miles de millones de euros y es uno de los principales factores de ralentización en el desarrollo del sector, demostrando que no hay negocio lo suficientemente limpio como para quedar al margen de la insana y desmedida avaricia de la clase empresarial). ¿Por qué no podrían haber invertido también en esas condiciones ventajosas los Ayuntamientos y las mancomunidades de municipios, partiendo de sus propios recursos y/o canalizando la inversión cooperativa de la comunidad, y aplicando las ganancias en la mejora de su calidad de vida mediante el refuerzo financiero de los servicios públicos y/o la redistribución directa de renta bajo criterios de necesidad, equidad y progresividad, bajo la forma por ejemplo de una Renta Básica de inserción de ámbito local? Como cercano botón de muestra de esta empresarialidad comunitaria, podemos mencionar el caso de la localidad cacereña de Baños de Montemayor, cuyo conocido balneario de aguas termales es de propiedad históricamente pública (aunque su gestión es licenciada a una empresa privada) y un sustancioso margen de sus beneficios revierte en la comunidad, que asambleariamente decide los fines a los que esos beneficios son destinados. Resulta estimulante imaginar las posibilidades de desarrollo y bienestar para las localidades y los ciudadanos de la región si se pusiese bajo ese modelo de propiedad y explotación un razonable 50% del potencial energético solar extremeño. Afortunadamente, muchos municipios extremeños aún tienen la posibilidad de emprender este camino.
(5) implementar una nueva política de suelo y vivienda y de control efectivo de las actividades urbanísticas especulativas y depredadoras. Si bien, como decíamos al principio, esta crisis es mundial y tiene su detonante en el mercado financiero transnacional, las (peores) características específicas de nuestra economía han intensificado su impacto en el Estado español. No hay casi nada que podamos añadir a todo lo que ya sabemos sobre el fabuloso despliegue de codicia, inmoralidad e incompetencia que ha alimentado la hecatombe del sector inmobiliario español, cuya responsabilidad es compartida con unos poderes públicos, del Estado central al más humilde consistorio, que han fracasado clamorosamente en sus funciones de planificación y vigilancia. De hecho, la burbuja inmobiliaria nunca se hubiera producido si los Ayuntamientos hubieran practicado, o el Estado les hubiera impuesto, otra política del suelo. Estas y no otras son las causas de que España sea hoy campeona de Europa, además de en fútbol, en destrucción de empleo, aportando 2 de cada 3 nuevos parados en el territorio de la UE.
Al igual que ha sucedido con tantos miles de ciudadanos y familias españolas, el ilusorio «efecto riqueza» generado por la especulación inmobiliaria ha hipnotizado a los Ayuntamientos. Dejando al margen la pandemia de corrupción de trasfondo inmobiliario que intoxica la vida política municipal española, y manteniéndonos dentro de los estrictos límites de la legalidad, muchos ayuntamientos españoles y extremeños han bendecido increíbles desatinos urbanísticos cegados por la perspectiva de ingresos fáciles y rápidos. Ingresos que casi nunca se han revertido en inversiones productivas a medio o largo plazo (y sí en el mantenimiento de redes clientelares y despilfarros suntuarios, sin más objeto que asegurarse la siguiente victoria electoral), y que hoy muestran su cara más amarga: municipios descapitalizados, sin liquidez ni patrimonio, incapacitados para afrontar los importantes gastos sociales que exige paliar las consecuencias sociales de la crisis sobre las comunidades, además de completamente desacreditados ante sus ciudadanías. En semejante panorama de desolación económica, ética y política es comprensible que haya adquirido un brillo especial la lucha contra el urbanismo depredador y la defensa de la sostenibilidad económica y ecológica de sus comunidades del puñado de alcaldes decentes e inquebrantables, como los de Seseña (Toledo) o Villanueva del Rosario (Málaga), que han marcado la diferencia en estos años de fango.
Es hora, y este sería el eje vertebrador de una quinta muestra de nuestra resistencia de proximidad ante la crisis, de mudar radicalmente de modelo de gestión del suelo y la edificación, poniendo en primer plano el imperativo que nunca debió abandonarlo: el derecho universal y garantizado a una vivienda digna. La Ley del Suelo vigente, aprobada durante la anterior legislatura, fue un paso, es cierto que en la buena dirección, pero insuficiente hasta la irrelevancia para enmendar décadas de bandolerismo urbanístico. En un país repleto de gente sin casa y de casas sin gente (según datos del Banco de España, el parque total superaba a finales de 2007 los 25’5 millones de viviendas, sobre un total de 16’5 millones de familias, cifras de las que resulta uno de los promedios más altos del mundo), la única alternativa razonable es la que componen una tajante moratoria que paralice durante una década la reclasificación y venta de suelo público para uso residencial, la focalización de todos las ayudas y estímulos dirigidos al sector de la construcción (tanto residencial como de uso público, institucional, comercial y de servicios) en empresas y proyectos de rehabilitación, el despliegue de una activa política de incentivo al alquiler (por ejemplo, penalizando duramente la fiscalidad de los inmuebles de prolongada desocupación) y la creación de importantes parques municipales de vivienda pública, con los que (en régimen de cesión temporal, bajo periódica revisión y precios directamente proporcionales a la renta disponible), las instituciones puedan cubrir las demandas de alojamiento de los individuos y familias en situación o riesgo de exclusión social, con el objetivo mínimo de alcanzar ese promedio del 18% de presencia del sector público en el mercado de alquiler de la Unión Europea, frente al misérrimo 1% que se registra en el mercado español.
En lo que respecta a Extremadura, es preciso señalar, además del menoscabo al derecho universal a una vivienda digna, la interacción que se ha producido entre el expolio urbanístico y la degradación de la base agroganadera de la economía regional. El alza de los precios del suelo a causa de la inversión en alojamiento turístico y vivienda vacacional en el medio rural, y la indiscriminada política recalificadora de los Ayuntamientos (muchas veces impotentes o cómplices ante los hechos consumados de la masiva edificación ilegal), han animado al desmantelamiento de muchas explotaciones primarias y han añadido dificultades a los ya de por sí escasos nuevos emprendimientos en el sector. Parte de una estrategia de resistencia local relacionada con el suelo y la edificación en nuestra región debería ser el diseño y la aplicación de una nueva legislación que recoja la protección de aquellas actividades económicas que participan de la sostenibilidad del entorno, y del territorio en que se desarrollan. Donde puede haber regadíos, bosques o dehesas productivos no hay lugar para más chalés ni más campos de golf.
(6) constituir organismos de ámbito municipal con la capacidad y legitimidad necesarias para impulsar estas y/u otras estrategias locales de resistencia ante la crisis y el desempleo. Es a primera vista evidente que existe un insalvable abismo entre, por un lado, las distintas medidas hasta ahora enunciadas, la concepción general de la economía de escala local de la que emanan y el papel que lo público y lo público-cooperativo juegan en ella, y por otro lado, la actual configuración institucional y capacidad de gestión de los municipios españoles y extremeños. Tal y como hoy son entendidas y puestas en práctica, las instituciones locales serían completamente incapaces de promover y gobernar actuaciones como las descritas. Por ejemplo, los Ayuntamientos se han acostumbrado a funcionar con plantillas muy escasas, concentradas en la pura administración burocrática y en aquellas actividades deficitarias en términos de mercado (y, por tanto, más difícilmente susceptibles de ser privatizadas), además de un escaso puñado de puestos de trabajo (o más bien, de «jornales») de finalidad sobre todo asistencial, cuando este modelo de resistencias de proximidad apuesta decididamente por un muy importante incremento en las plantillas públicas o público-cooperativas, diversificadas hacia diversas actividades rentablemente productivas. Si adjudicamos a esta nueva economía política popular de proximidad el modesto objetivo de neutralizar el desempleo de media y larga duración y las formas más salvajes de precariedad laboral, estaríamos hablando de plantillas públicas y público-cooperativas que acapararían según territorios entre un 20 y un 30% de la población activa local (y un porcentaje equivalente de los capitales y bienes productivos, incluyendo algunos de tan compleja gestión como infraestructuras energéticas, redes de distribución comercial, capitalizaciones de seguros y pensiones…).
«¿Un 25% de la población haciendo compulsas detrás de un mostrador?», preguntarán irónicos y desdeñosos los enemigos por sistema de lo público. Evidentemente no, no estamos hablando de eso. Hablamos de ingenieros, de médicos, de maestros, de albañiles, de transportistas, de impresores, de agricultores, de economistas… Hablamos de fábricas, de laboratorios, de explotaciones agrícolas, de mutuas médicas y de seguros, de centros de estudio, de comercios… Si revisamos la lista de actividades susceptibles, según la ley vigente, de realizarse bajo la forma de sociedad cooperativa, son pocas las facetas de la vida económica sobre las que este modelo no puede desplegarse. Por ejemplo, las cooperativas de servicios financieros pueden convertirse en el germen de auténticas bancas públicas locales, capaces de ofrecer la cobertura crediticia preferente tan necesaria en la presente coyuntura para el pequeño y mediano emprendimiento empresarial, pero que el desmantelamiento de la banca pública estatal tradicional y las insuficiencias del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hacen hoy imposible. E incluso es posible, como hoy se está experimentando en la comarca catalana del Montseny, implementar sistemas monetarios alternativos o complementarios de ámbito local, propuesta de la que existen precedentes en municipios de Brasil, Argentina, Chile o el Reino Unido.
¿Se basta una simple concejalía económica, un Ayuntamiento tal y como ahora los conocemos, para dinamizar y coordinar procesos tan complejos como estos? Por supuesto que no. Y no ya sólo por cuestión de eficacia, sino también por cuestión de legitimidad y representatividad. Ningún proceso de esta naturaleza es concebible sin el sólido y fértil sustento del diálogo y la participación entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas del que hoy sistemáticamente adolece la vida pública de nuestros municipios. En este sentido, una imprescindible sexta muestra de nuestra resistencia de proximidad es la constitución democrática de una institucionalidad municipal reforzada, capacitada y legitimada para gobernar democráticamente estos márgenes crecientes de soberanía económica que las comunidades locales pueden recuperar frente al (des)orden económico de la globalización capitalista. Un camino complejo y laborioso que puede arrancar con la puesta en marcha de un Consejo Económico y Social Local, con fines similares a los de sus equivalentes estatal y regional, aunque de ámbito municipal, con mayor poder de decisión y de base representativa más amplia e incluyente, dando voz propia al tejido vecinal, a los usuarios de servicios públicos, a los desempleados, a los trabajadores precarios, a los jubilados, a los inmigrantes…
A la abierta y vibrante pluralidad, en suma, del trabajo vivo y la multitud productiva. Las únicas fuerzas conocidas capaces de embridar el rumbo desbocado y suicida de las fuerzas económicas, sometiéndolas al imperio de aquellos principios rectores ante los que nunca deberíamos haberles permitido insubordinarse: el desarrollo humano integral y el perfeccionamiento de la constitución democrática de nuestros proyectos de convivencia.
Jónatham F. Moriche, Vegas Altas del Guadiana, Extremadura Sur, 7 de mayo de 2009
http://jfmoriche.blogspot.com [email protected]
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BASES DE DATOS:
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es