Como el título de este ensayo lo indica, el presente texto se enmarca en una reflexión analítica de carácter teórico sobre la aplicación del concepto de márgenes a las consecuencias sociales de este fenómeno sociopolítico. Desde la década de los años cincuenta en el siglo XX, los golpes de estado en América Latina han estado […]
Como el título de este ensayo lo indica, el presente texto se enmarca en una reflexión analítica de carácter teórico sobre la aplicación del concepto de márgenes a las consecuencias sociales de este fenómeno sociopolítico. Desde la década de los años cincuenta en el siglo XX, los golpes de estado en América Latina han estado asociados directamente a la experiencia de programas políticos de gobiernos democráticos, en el contexto de los intereses de las oligarquías nacionales de la región. El origen causativo de los golpes de estado se encuentra en esta relación antagónica entre las elites económicas y los líderes que han promovido cambios sociales necesarios para el bienestar social general de la población. Los intentos de poner en marcha dinámicas de transformación política que afectan a estas hegemonías tradicionales, han producido la reacción no sólo de los grupos dominantes de las sociedades latinoamericanas, sino también de sus aliados políticos y económicos del Norte. Tratándose muchas veces de un contubernio entre ciertos sectores disidentes del aparato gubernamental y estamentos de las fuerzas del ejército. Cada uno de los casos en el continente, está signado por otros fenómenos políticos singulares, con sus propios procesos y características entre sí diferentes. Para dar una idea de la complejidad del asunto, dentro de los mismos gobiernos militarizados por ejemplo, ha habido sucesivos intentos de golpes de estado, como en el caso de Guatemala en la década de los ochentas. Una situación que además permitió a los gobiernos militares detentar el poder político por varios años. Como es bien sabido, los gobiernos afectados por lo general han respondido -en mayor o menor medida- a intereses y necesidades de los sectores populares mediante: reformas agrarias, legislaciones en códigos de trabajo, programas de salud y educación comunitaria, políticas de defensa de la autonomía del estado, procesos de descentralización, etc [1] . Esto, entre otra serie de cambios en materia económica que plantean un contravenir a los modelos que las cúpulas económicas han sostenido durante años interviniendo continuamente en el devenir político de estos países, y moldeando la estructura social de los mismos, profundizando sus desigualdades sociales [2] . En países como Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Brasil; los estados conformados a partir de esta experiencia golpista [3] , han perseguido objetivos en común que han sido definidos de forma canónica por la política exterior estadounidense, sea de forma impuesta o en términos de asistencias contrainsurgentes. De hecho, desde un principio, para el caso de América Latina, las prácticas y formas de ejercer la violencia por los grupos golpistas se reconocen de forma axiomática a partir de la Escuela de las Américas, una organización para la instrucción militar de Estados Unidos financiada hasta el día de hoy por los sucesivos gobiernos de dicho país [4] . Cabe subrayar que esta organización ha sido la principal formadora de líderes políticos de corte militar que han llevado a cabo los golpes de estado más exitosos de la región, instaurado regimenes políticos dictatoriales que han cometido sistemáticamente crímenes de lesa humanidad, bajo el pretexto de una lucha anticomunista. Las prácticas y operaciones actuales de los ejércitos latinoamericanos, le deben mucho a ese espacio de adoctrinamiento político-militar conformado en el contexto mundial de la guerra fría, al mismo tiempo que llevan la impronta de sociedades desde antaño represivas atravesadas por un proceso de violencia política de larga duración. Por esta razón no es sorprendente ver que las acciones y lógicas operativas del ejército en países como los centroamericanos, no han sufrido mayor modificación en la supuesta «etapa democrática». Esto es notable en la forma como intervienen en los procesos de protesta social, así como en las estrategias de desarticulación política de los movimientos sociales.
Desde esta perspectiva y con base a la propuesta de Veena Das y Deborah Poole (2008) podemos apreciar que cuando se suscita un golpe de estado, son precisamente los márgenes del mismo un espacio político indefinido que puede evidenciar un desafío a los grupos golpistas, o bien, constituirse como sitios clave para fortalecer las «nuevas estructuras políticas». Estos márgenes pueden satisfacer las necesidades de los golpistas en términos de estructurar socialmente una red de apoyo contra todas las variables organizativas de resistencia popular que pudiesen emerger en contra de ellos. Los márgenes (2008:24): sitios donde el estado está constantemente redefiniendo sus modos de gobernar y legislar…en parcial o total descontrol administrativo del estado, explican las autoras«…no son meramente territoriales: son también sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones, con el fin de asegurar la supervivencia política y económica. Tres conceptos de márgenes han sido propuestos por ellas, textualmente definidos:
- Periferias o territorios habitados por gente insuficientemente socializadas en los marcos de la ley del estado. Por lo tanto, el estado debe transformar a estos «rebeldes» en sujetos legales del estado.
- Los espacios y prácticas donde se experimenta el poder del estado a través de documentos escritos.
- El espacio entre los cuerpos, la ley y la disciplina: el poder soberano ejercido por el estado no es ejercido sólo sobre el territorio sino que también es ejercido sobre los cuerpos.
Así, cuando las poblaciones de los márgenes han sido además históricamente excluidas de los beneficios sociales de la estructura productiva del país, y permanecen desatendidos por el gobierno en turno, constituyen la base social de los grupos golpistas. Son territorios donde el gobierno estatal ejerce un control sumamente débil, y las mismas políticas de estado han producido una subjetividad rebelde que puede aprovecharse por los grupos golpistas -a veces con manipulación política y medidas coercitivas- con la finalidad de realizar incursiones militares y lograr su objetivo [5] . En tal caso, son verdaderamente unos «rebeldes» -en potencia- a favor y al servicio del ocaso del gobierno, actuando a menudo en regiones distantes con deficiente comunicación terrestre, escuelas, hospitales y otros signos de presencia estatal. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, cuando el gobierno cuenta con un amplio apoyo popular, con políticas y programas de gobierno que han logrado eficientemente satisfacer las expectativas sociales y políticas de las poblaciones situadas en estos márgenes. Es en este caso que para los golpistas puede resultar más dificultoso derrocar el poder político legítimo, al no contar con formas de apoyo popular dentro de estos territorios de la nación.
En la mayor parte de golpes de estado del siglo XX en América Latina, cuatro «pasos» estratégicos han sido progresivamente aplicados por los grupos militares golpistas: 1. Deslegitimar públicamente al presidente y al gobierno que tiene el poder político del estado (principalmente a través de campañas mediáticas de información masiva y otras tecnologías de información generalmente al servicio de la derecha política y los oligopolios); 2. Fragmentar o segmentar políticamente al gobierno a través del boicoteo del parlamento, el congreso y el orden legislativo específicamente; 3. Privar al gobierno del uso legítimo de la violencia controlando el aparato militar y policíaco del estado, así como los poderes legislativo y judicial; 4. Desvirtuar por vía militar el control del estado de los órganos administrativos públicos que ponen en contacto directo a la ciudadanía con el poder político. Y podría agregarse que el propósito final de los grupos golpistas es derrocar al presidente o gobernante y colocar en su lugar a uno que responda a sus intereses.
Así que, al efectuarse un golpe de estado, es común que el gobierno de facto declare -de forma indefinida- un estado de excepción, durante el cual se suspende el libre ejercicio de algunos derechos por parte de los ciudadanos, tales como la libre locomoción en horas determinadas o la libre asociación de la sociedad civil [6] . El control del orden interno pasa a ser controlado por el ejército y algunas leyes que rigen al país son canceladas. Se trata en realidad de un procedimiento aprobado por el congreso de diputados que facilita llevar a cabo acciones violatorias del derecho internacional y la constitución misma del país, a fin de socavar el poder político del gobernante y manipular las leyes en conveniencia de los grupos golpistas. Como señalan Das y Poole (2008:30) las prácticas estatales en estado de excepción no pueden ser entendidas en términos de ley y transgresión sino más bien en términos de prácticas que se encuentran simultáneamente dentro y fuera de la ley. El oficial de policía, como personificación del estado de excepción, desafía no tal o cual ley sino la misma posibilidad de ley (Benjamin, 1978; citado por Das y Poole: 30). Se deshacen y garantizan derechos, y como el estado está por detrás o sobre la ley, se vuelve difusa la frontera entre lo legal y lo ilegal. De tal modo, se configuran y aparecen nuevos márgenes del estado: prisiones, destacamentos y bases militares; donde el poder del estado es arbitrario y su injerencia cobra la forma de operaciones militares represivas a determinados grupos sociales. Surgen espacios y sujetos de protesta popular y la geografía política de las naciones se reorganiza de múltiples formas tanto por las acciones de grupos y organizaciones de resistencia colectiva, como por aquellas llevadas a cabo por los grupos y organizaciones civiles que apoyan el golpe de estado. Este es un momento de gran tensión entre las múltiples fuerzas políticas del país, el ejército y los ciudadanos; y la sociedad a su vez experimenta un proceso de polarización ideológica y política. Este proceso se extiende en larga duración de forma indefinida, y puede llevar a guerras internas que afectan principalmente a las poblaciones marginales y los sectores populares. Asimismo, de acuerdo con la teoría de Giorgio Agamben (1998), es en esta fase de gran incertidumbre cuando se constituyen cuerpos -individuales y sociales- que son «dignos de darles muerte o desaparecer», porque son posicionados por la misma ley como anteriores a la institución de la misma. Es mediante el estado de excepción que se sustenta una teoría de soberanía que está tanto por dentro como por fuera de la ley, a manera tal que las políticas de muerte quedan vinculadas a la biopolítica del estado: la disolución de la integridad física y moral de estos cuerpos sociales responde a la necesidad de continuar con el proyecto golpista y legitimarlo socialmente a través de una producción discursiva -en clave democrática muchas veces- que busca presentar «un proceso ilegitimo» como una transición política legítima en defensa del derecho constitucional del país. Un proceso a partir del cual a ciertos ciudadanos se les despoja de sus derechos y son llevados a juicios ya previamente planeados con el propósito de llevarlos a la prisión. Se evidencian por el estado los nuevos subversivos, a quienes se les somete a una diversidad de atrocidades que van desde la tortura en sus diversas formas, hasta la muerte. El estado organiza la vida al producir de esta manera categorías de gente que puede ser juzgada y asesinada. Una administración de la vida social con la cual las vidas de algunas personas son juzgadas sin valor (Das y Poole, 2008:40). En este plano, otro efecto de un golpe de estado en el funcionamiento de las leyes, es la instauración de un margen de inseguridad ciudadana en esos términos que viabiliza políticamente en el estado operaciones genocidas. Las autoras al respecto mencionan que, «… prácticas que pueden parecer relativas a una continua redefinición de la ley a través de formas de violencia y autoridad, en realidad son construidas como extra judiciales tanto como previas al, y fuera del estado…la frontera entre lo legal y extra-legal no es sustantiva en un estado de excepción (Das y Poole, 2008:31).
En este contexto de crisis política y habiendo los golpistas tomado el control del estado, es que se instalan los mecanismos de disciplinamiento y coerción social. Las fuerzas paramilitares cumplen este objetivo cuando actúan como representantes del estado y atraviesan la aparentemente clara separación entre formas de imposición y castigo legales y extralegales (Das y Poole, 2008:29). En efecto, d entro de sus miembros pueden estar desde fuerzas policiales, mercenarios , integrantes de escuadrones de asalto, hasta grupos de seguridad privados. Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la represión, lo cual les permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas de un estado. De este modo, en la ejecución de un golpe de estado los dispositivos de violencia están encuadrados en una modalidad tal que da lugar ulteriormente al paramilitarismo, en una etapa de consolidación del poder golpista militar.
A manera de síntesis, un golpe de estado origina a menudo nuevos márgenes o penetra en los ya existentes para consolidar su poder dentro del aparato administrativo y militar. Los nuevos márgenes, espacios de incertidumbre y riesgo, percibidos como peligrosos», están conformados por organizaciones sociales, movimientos y gente de la sociedad civil que pone en marcha acciones de resistencia ante el gobierno golpista, constituyéndose en sujetos de coerción por parte de los dispositivos de disciplina viejos o instaurados: militares, paramilitares, policía, escuadrones de la muerte [7] . Los márgenes en esta situación coyuntural deben ser suprimidos porque socavan el proyecto político de los golpistas. Asimismo, se despliegan acciones de propaganda política a través de las tecnologías de información y medios de comunicación masiva, que evidencian y denuncian públicamente a los «rebeldes del gobierno» que habitan en estos márgenes y deben ser transformados en sujetos legales y no peligrosos al nuevo gobierno. Vale recordar el sentido de margen que las autoras manejan: no es tanto un sitio que queda fuera del estado, sino dentro de él, siendo no sólo márgenes territoriales, sino sujetos y prácticas sociales que evidencian la inestabilidad y falta de control del estado.
Como efecto del golpe de estado, en el registro histórico se refleja ampliamente que justamente después del triunfo de los golpistas, comienzan a formarse organizaciones populares que canalizan de diversas formas el descontento social ante el régimen de gobierno instaurado: se articulan movimientos sociales que al ser reprimidos se retiran de la arena pública, y en sus actividades clandestinas forman guerrillas y otros grupos de resistencia política, militar e intelectual. La aparición de guerrillas en América Latina tiene su origen en esta confrontación de la sociedad civil y organizaciones populares con los estados militarizados cuyos gobiernos han conseguido permanecer en el poder mediante golpes de estado llevados a cabo por otras facciones del ejercito (que han instituido dictaduras) o a través de procesos electorales fraudulentos.
Las guerrillas y movimientos sociales al margen del estado, despliegan una diversidad de actividades clandestinas que atentan contra «el orden de cosas» establecido por los golpistas, por lo tanto, una medida táctica de estos últimos para controlarlos es hacerlos legibles y clasificar bipolarmente a la población de los «nuevos márgenes» como agentes del gobierno o subversivos en un marco jurídico maniqueísta que reglamenta quienes son los buenos ciudadanos y quienes por otra parte los civiles incómodos. Se han puesto en práctica distintas formas de control de este tipo durante años en el continente. La interpelación de los sujetos no sólo situados en los márgenes sino en la sociedad en general, opera a través de categorías y prácticas de documentación que regulan y construyen los objetos de intervención estatal en la población, en este contexto de procesos sociales de resistencia política. En Guatemala, al formarse las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), o en Colombia con los Paramilitares, se crearon dispositivos de control para codificar las identidades insurgentes. Durante la década de los años 80 en Guatemala, así como en otros países centroamericanos que sufrieron los regimenes militares, cualquier estudiante de la universidad pública del estado podía ser sospechoso de colaborar con la guerrilla, razón por la cual podía ser sometido a indagatorios por parte de la policía nacional en cualquier momento de la vida cotidiana en el espacio público. Portar un libro en las manos mientras se caminaba en la vía pública, era razón suficiente para que un militar o policía lo detuviera violentamente con uso de armas de fuego, y lo sometiera de inmediato a un interrogatorio. Algunos sitios dentro de la ciudad eran considerados por el estado como «lugares de subversivos» donde se concentraban estudiantes a socializar ideas y discutir el acontecer político del país, o bien para organizar actividades de resistencia a través de la colaboración o participación directa con el trabajo logístico, político y militar de las organizaciones guerrilleras. En las comunidades indígenas las PAC solicitaban documentos tales como cartas de racionamiento, de identidad y cedulas de vecindad a sus propios vecinos, vigilaban las actividades diarias de personas sospechosas [8] y los sometían a interrogatorios para obtener información de «los guerrilleros». Es así como el estado hace legible para sí a la población generando lo que se conoce como el efecto de legibilidad (Scott, 1998; citado por Das y Poole, 2008:31). Para la consolidación del golpe de estado se hace necesario intensificar las prácticas de regulación de este tipo en el transcurso de distintas fases, pero sobre todo en la supresión de los márgenes de resistencia popular que buscan restaurar el orden anterior o simplemente derrocar al golpista a fin de fundar un nuevo gobierno. Con pertinencia al caso aquí tratado, las autoras citan a Troulliot (2001:126) para explicar que este efecto de legibilidad es tanto una producción de un lenguaje y de un conocimiento para gobernar, como un conjunto de herramientas teóricas y empíricas para clasificar y regular las colectividades.
En fin, cuando la resistencia logra de algún modo poner en riesgo el proyecto golpista o ya el régimen militar instalado, la violencia política-militar se intensifica y aparecen otros márgenes que son sin embargo evidenciados en lo público precisamente para provocar terror en la población, una medida de disciplinamiento psicológico altamente efectiva. Esta es una práctica que ya se ha mencionado arriba, pero que en los momentos de mayor resistencia, se institucionaliza dentro de las políticas de represión y combate del estado. Es decir, las formas son las mismas pero se vuelven más sofisticadas. Así, el estado en la situación descrita crea sitios de reclusión o aislamiento: cuarteles o instalaciones destinadas y diseñadas para controlar a los «civiles desobedientes» o «insurgentes», desmantelando con ello a las organizaciones colectivas de resistencia «desde abajo». La práctica a la que han recurrido los militares en repetidas ocasiones, en una gran diversidad de modalidades por todo el continente latinoamericano: es la tortura física y psicológica. Privilegiando la obtención de información y datos del capturado, antes de acabar con su vida y desaparecerlo. Ya en esta fase, cuando la intencionalidad política es clara y los grupos políticos «peligrosos» de la sociedad civil bien definidos, es muy posible hablar -en términos del derecho internacional- de genocidio de estado.
No es mi interés seguir enfatizando sobre estos márgenes del estado donde se perpetran toda clase de atrocidades, pero es que son estos espacios los principales medios de mutilación de la subjetividad revolucionaria porque atentan contra la memoria misma de la resistencia al desaparecer al individuo. Pues de tal modo, retomando algunas ideas de W. Benjamin, los golpes de estado establecen un precedente en la memoria colectiva de los movimientos sociales, desde la cual se define esta subjetividad revolucionaria que trasciende y rompe con el tiempo lineal que concibe los hechos pasados como inertes, posibilitando que la experiencia de los movimientos sociales en lucha se nutra del pasado constantemente. De hecho, uno de los elementos discursivos más sobresalientes de la institución armada en Guatemala es la de «superar el pasado»: con lo cual, en palabras de ultratumba de Th. W. Adorno, no se apunta a reelaborar y asumir seriamente lo pasado, a romper su hechizo mediante la clara consciencia; sino que lo que se busca es trazar una raya final sobre él, llegando incluso a borrarlo, si cabe, del recuerdo mismo. La indicación de que todo ha de ser olvidado y perdonado por parte de quienes padecieron injusticia es hecha por los correligionarios de los que la cometieron. En una controversia científica escribí ocasionalmente: en casa del verdugo no hay que hablar de la soga, porque de lo contrario se suscita resentimiento (1998:12). Como he dicho anteriormente, un efecto casi inmediato de un golpe de estado es la polarización de la sociedad en términos políticos e ideológicos, lo cual puede interpretarse de dos maneras: como efecto de la defensa de los movimientos sociales ante el ataque y la represión; que se sostiene mediante los discursos del estado como actos subversivos; o bien, como una consecuencia natural del enfrentamiento entre dos grupos u organizaciones políticas con intereses y objetivos opuestos.
Finalmente, quisiera reflexionar sobre el concepto de márgenes desde un punto de vista muy diferente a la de las autoras aquí referidas. Para ilustrar esta cuestión, plantearía si lugares como la Escuela de las Américas no son un lugar al margen de los estados latinoamericanos, pero en el centro de los intereses de la hegemonía del hemisferio. ¿Son estos lugares márgenes que se extienden/localizan fuera de los territorios nacionales de la hegemonía y de los mismos países intervenidos?, con las consecuencias legales que conlleva este alejamiento de los centros de control político y legislativo dominantes en la geopolítica internacional. El caso de la Escuela de las Américas y de Guantánamo, son paradigmáticos en ese sentido. Estos márgenes de los Estados latinoamericanos, atentan contra la debilidad inherente de las soberanías y democracias nacionales latinoamericanas frente a una hegemonía imperialista y los intereses económicos de las oligarquías y clases empresariales que servilmente la acompañan. Las autoras nos invitan a reflexionar al estado desde sus márgenes desde un punto de vista aun delimitado a partir de las fronteras políticas y territoriales de los estados nación -aunque plantean de pronto lo contrario-, sin dimensionar el efecto decisivo de estos lugares en la definición geopolítica del destino de las sociedades latinoamericanas y de otros «lugares» del mundo.
En conclusión, en estos tiempos de crisis y desasosiego en algunas latitudes del continente, es importante mirar hacia atrás para ver la historia del presente: este esfuerzo por recobrar antiguas memorias permite vislumbrar los procesos contemporáneos que no son tan diferentes a aquellos «dejados atrás», y que siguen marcando el porvenir de las naciones.
BIBLIOGRAFÍA CITADA:
Adorno, W.T. (1998) Educación para la emancipación.
Asad, Talal. (2008) ¿Dónde están los márgenes del estado?, en Cuadernos de Antropología Social N. 27 pp. 53-62, FFyL -UBA-
Veena Das y Deborah Poole (2008) El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas en Cuadernos de Antropología Social N. 27 pp. 19-52, FFyL -UBA-.