El asesinato de 11 militares por parte de una banda criminal vinculada a la minería ilegal sacude a la sociedad. Con justificada razón nos impacta este hecho tan brutal, que debe despertar no solo la solidaridad con las víctimas, sino la reflexión profunda sobre lo sucedido teniendo conciencia de que este crimen se podía evitar…
Desde hace mucho tiempo atrás se conocía en dónde hay la presencia activa de minería ilegal. Basta recordar que, en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero [2], difundido en el segundo semestre del año 2020, en las páginas 109 a 112, se enlistan los lugares donde existe minería ilegal, ubicándolos de forma precisa por provincia, cantón y parroquia. Con seguridad, en estos cinco años deben haber aparecido nuevos lugares de dicha actividad irregular.
La pregunta que emerge es por qué el Estado no intervino oportunamente ante esta violación de la ley. Siendo una ilegalidad evidente, oficialmente comprobada, bien cabe preguntarnos, porqué no han intervenido los diferentes gobiernos, la fiscalía, la fuerza pública… Si se bloqueaba a tiempo este tipo de irregularidades, fortaleciendo incluso la acción de comunidades que defienden sus territorios, algunas de las cuales hasta son criminalizadas por impedir la expansión minera (Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, por ejemplo), con seguridad no se habría llegado a esta situación extrema en la que el crimen organizado ha encontrado una nueva actividad tan lucrativa. Téngase presente que la extracción del oro ha roto ampliamente la barrera de los 3 mil dólares por onza, transformándose en un negocio aún más lucrativo que aquel vinculado a la cocaína.
En este momento de profunda indignación, una vez más, tenemos que insistir que el tema no es minería ilegal versus legal. La cuestión de la minería debe abordarse más allá de esa falsa dicotomía, teniendo en cuenta siempre que la minería considerada como ¨legal” es también ilegal, pues, en ningún, caso cumple con la Constitución. [3]
Recordemos también la complicidad entre la minería ilegal y funcionarios gubernamentales, en todos los niveles. Así, por ejemplo, en este año fueron evidenciadas las relaciones de un subsecretario del Ministerio de Defensa del actual gobierno, que fue delegado a dos instancias gubernamentales para combatir la minería ilegal, mientras siguió como presidente de una consultora cuyos socios estaban relacionados con empresas que han realizado millonarias exportaciones de oro, a las que las autoridades no han podido ubicar. [4]
Es más, muchas veces la minería formal puede lucrar directamente de la informal, cuando las empresas legales compran el mineral a las ilegales. Veamos a modo de constatación cómo se ha expandido la exportación de oro en el último año, en el que 56 exportadores sin rastros exportaron oro por más de 1.300 millones [5]; mineral proveniente de extracciones no necesariamente legales. En otras ocasiones los mineros ilegales actúan como punta de lanza de los formales para romper la resistencia de las comunidades, como sucede en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, para mencionar apenas un caso. Y no faltan situaciones en los que hasta comparten áreas concesionadas sin ningún control estatal.
Si no se actúa con responsabilidad y de forma inmediata en todo el territorio nacional, tendremos una y otra vez más y más saqueo, devastación, violencias de todo tipo; una dura realidad que no desaparecerá por la acción de las mineras “legales”. Esto nos debe llevar a aceptar que la minería en el Ecuador, a más de las inocultables inconstitucionalidades e ilegalidades, constituye una grave amenaza para la vida de seres humanos y no humanos. Ya esa razón debería ser suficiente para impedir el desarrollo de este tipo de actividades. Más aún si en términos económicos, toda la minería, que constituye una suerte de festín minero del siglo XXI [6], es un muy mal negocio para el país.
En juego está la vida misma de seres humanos y de la Pachamama. Nos urge, entonces, desarrollar transiciones post-extractivistas, impulsando otro tipo de actividades económicas, basadas en el respeto permanente a los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.
Notas:
[1] Alberto Acosta. Economista. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008).
[2] Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Viceministerio de Minas; Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero (2020); https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Sector-Minero-2020-2030.pdf
[3] Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro (2020); “¿Minería legal o minería ilegal?: una falsa disyuntiva” https://planv.com.ec/historias/mineria-legal-o-mineria-ilegal-una-falsa-disyuntiva/
[4] Revista Plan V (2025); “Un exsubsecretario de Defensa tuvo vínculos con socios de exportadoras opacas de oro”; https://planv.com.ec/investigacion/exsubsecretario-ministerio-defensa-exportadoras-opacas-de-oro/
[5] Revista Plan V (2025); 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador; https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/
[6] Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020); El festín minero del siglo XXI ¿Del ocaso petrolero a una pandemia megaminera?; https://www.rosalux.org.ec/pdfs/festin-minero.pdf
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