Mientras en la Argentina el ex dictador Jorge Rafael Videla y otras ex autoridades del último régimen de facto (1976-1983) han sido procesados y detenidos con prisión preventiva por el juez federal Jorge Urso quien los consideró responsables de los crí- menes cometidos en el marco de la «Operación Cóndor», en Chile a pesar de […]
Mientras en la Argentina el ex dictador Jorge Rafael Videla y otras ex autoridades del
último régimen de facto (1976-1983) han sido procesados y detenidos con prisión
preventiva por el juez federal Jorge Urso quien los consideró responsables de los crí-
menes cometidos en el marco de la «Operación Cóndor», en Chile a pesar de todas las
evidencias, la justicia de este país ha hecho todo lo posible para dilatar un virtual
procesamiento al ex dictador Pinochet.
En Paraguay el general (r) Alejandro Fretes, investigado en este país por la desaparición
de personas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), responsabilizó a
Pinochet por la Operación Cóndor. Fretes atribuyó al ex dictador chileno de la autoría
del tenebroso plan de detenciones y exterminios masivos de opositores políticos, consta-
tando así la coordinación y los vínculos de las dictadura del cono sur en la década de los
70.
Augusto Pinochet (1973-1990) que ha sido desaforado por segunda vez en Chile para ser
investigado por la desaparición forzosa de personas afronta ahora un pedido de priva-
ción de la inmunidad como ex presidente autodesignado en el caso del acto terrorista
que le costara la vida al ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats ocurrido en
Buenos Aires en 1974.
La familia del general Carlos Prats recientemente solicitó el desafuero del ex dictador chileno,
para que sea juzgado, junto a otros cinco militares y cuatro civiles procesados por el doble
crimen del del ex comandante en jefe del Ejército y su esposa, hace casi 30 años en la
Argentina.
Frente a ello es que el magistrado Alejandro Solís afirmó que existen pruebas fundadas
de la participación del ex militar en el crimen del general Prats y su esposa Sofía Cutberth
en la ciudad de Buenos Aires. Así lo señalo al explicar su decisión de elevar su petición de desafuero contra el ex dictador al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. El funcio-
nario judicial expresó » que en la investigación tanto en Chile como Argentina, respectiva-
mente han surgido indicios fundados de la participación criminal del imputado (Augusto
Pinochet) .
Ahora en noviembre próximo, la máxima instancia del tribunal de alzada de Santiago
comenzará a conocer los antecedentes de la petición formulada por la defensa de la
familia Prats, que solicitó que Augusto Pinochet sea despojado de su inmunidad legal
por cuanto está establecida su responsabilidad en los hechos criminales que terminaron
con la vida de Carlos Prats y su esposa, el 30 de octubre de 1974.
Ahora está solicitud de desafuero se ha presentado en los momentos en que se esperan los
resultados de los exámenes médicos realizados a Pinochet en el marco de las investigaciones
por los crímenes de la «Operación Cóndor», y que debieran conocerse en el transcurso de la
presente semana. Por algunas opiniones que el juez Juan Guzmán dejo traslucir a la prensa
además de las opiniones vertidas por Sergio Ferrer, médico que representó a los abogados
del ex dictador, él que manifestó que «a su juicio, el ex general golpista no esta en condiciones
de ser procesado, ya que presenta un deterioro general de su estado de salud», estaría indi-
cando que lo más probable es que Pinochet sea sobreseído por razones médicas, estable-
ciendo así la más absoluta impunidad ante los crímenes cometidos bajo su régimen de facto.
Todo esto se produce además cuando a fines del presente mes (25 de octubre) la Comisión
Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, que encabeza el obispo católico Sergio
Valech, entregue el informe sobre los casos de aplicación de tormentos a los detenidos
ocurridos durante los 17 años de la dictadura militar. El documento dará a conocer la
historia de más de 30 mil chilenos que fueron torturados mientras permanecieron
recluidos en más de 1200 centros de detención a lo largo de todo el país. El informe
entregará un relato histórico exhaustivo de lo que paso en Chile tras el golpe de 1973 en el
tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había eludido hasta ahora.
«Se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los lugares. Y
aunque no va haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la gravedad de lo
que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas Armadas, porque va
a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra todas las instituciones castrense
y no a casos aislados como se ha mostrado hasta ahora las violaciones a los derechos humanos»
expresó un miembro de la comisión.
Mientras tanto en forma paralela el juez Sergio Muñoz, investiga el origen de la fortuna de
Pinochet y su familia en virtud de una denuncia interpuesta por los abogados Alfonso
Insunza y Carmen Hertz, además del Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de impuestos
Internos, que han hecho lo propio, después que un informe senatorial de Estados Unidos
revelara las cuentas secretas del ex dictador. De acuerdo a lo emanado de fuentes judiciales,
lo más probable es que estas querellas deriven en una nueva petición de desafuero de Pinochet.
El desafuero del ex militar como ex gobernante autodesignado se pide caso a caso por lo que
se espera que el juez Sergio Muñoz también deba solicitar el recurso, de la misma forma como
lo ha hecho el magistrado Alejandro Solís, complicándose aún más la situación judicial de
Augusto Pinochet.