«¿Pueden suicidarse los pueblos?», se preguntaba el sociólogo Atilio Borón en un artículo publicado el 31 de marzo en el periódico Rebelión. Concluía que así ocurrió en Argentina tras la llegada a la presidencia de Mauricio Macri: en año y medio se liquidaron las conquistas sociales de toda una década, y la aplicación de un […]
«¿Pueden suicidarse los pueblos?», se preguntaba el sociólogo Atilio Borón en un artículo publicado el 31 de marzo en el periódico Rebelión. Concluía que así ocurrió en Argentina tras la llegada a la presidencia de Mauricio Macri: en año y medio se liquidaron las conquistas sociales de toda una década, y la aplicación de un ajuste «salvaje» aumentó en 1,5 millones el número de pobres. La reflexión venía motivada por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del dos de abril en Ecuador, que enfrentan al candidato oficialista Lenín Moreno, de Alianza País, y al derechista Guillermo Lasso, del Movimiento Creo. Parecidas advertencias a las de Atilio Borón se plantearon en un manifiesto suscrito por economistas de once países, entre otros el estadounidense James K. Galbraith. Tras una década de «importantes avances económicos y sociales» (la que siguió a la victoria de Correa en los comicios presidenciales de diciembre de 2006), los economistas recuerdan que la pobreza se redujo un 32% en Ecuador entre 2006 y 2014. Señalan asimismo una distribución más equitativa de los ingresos petroleros (principal rubro exportador de Ecuador), lo que llevó por ejemplo a que la inversión en salud medida en porcentajes del PIB se duplicara en la década siguiente.
Pero una parte de los movimientos populares realiza un análisis diferente. María Fernanda Vallejo (Quito, 1966) trabaja en la educación popular y para adultos desde hace más de dos décadas. En conversación tras un acto organizado por la ONG Perifèries en Valencia, caracteriza como «muy desarrollistas y coloniales» a los gobiernos del presidente Rafael Correa. «En diez años podrían haber propuesto otras líneas de generación de ingresos y matrices energéticas, que no fueran el petróleo y las represas hidroeléctricas», subraya. ¿Y en cuanto a la alternativa, Guillermo Laso, expresidente del Banco de Guayaquil? La activista sostiene que Ecuador se halla ante un «callejón sin salida». Ciertamente, «esa otra derecha posneoliberal es terrible, pero lo que tenemos tampoco resulta mucho mejor; se están creando las condiciones para criminalizar a los pueblos en resistencia y operar un despojo en beneficio de las compañías extractoras». En ese punto no observa un cambio fundamental.
El crudo marca la agenda en este pequeño país de 283.561 kilómetros cuadrados de superficie. En julio de 2016 el ejecutivo anunció una nueva reserva petrolífera, la mayor parte dentro del parque amazónico Yasuní, que podría aportar según cifras oficiales 19.500 millones de dólares de ingresos adicionales. Unos meses después, el 30 de noviembre la OPEP acordó en una reunión mantenida en Viena una reducción del 4,45% (1,2 millones de barriles diarios) de la producción petrolífera de los países miembros. La medida apuntaba al sostenimiento de unos precios cuya caída comenzó a finales de 2014. Para Ecuador, la rebaja anunciada implicaba reducir la producción en 26.000 barriles de petróleo al día. Otro ejemplo de la relevancia de los hidrocarburos se observa en el larguísimo litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera Chevron-Texaco. La multinacional estadounidense operó en el país entre 1964 y 1990, periodo en el que según fuentes gubernamentales derramó 64 millones de petróleo y contaminó 480.000 hectáreas de selva amazónica, lo que afectó a 30.000 apersonas, 80 comunidades indígenas y 2.000 especies de fauna.
Pero no se trata sólo del petróleo. En noviembre de 2016 el Ministerio de Minería de Ecuador hizo entrega de 22 nuevos títulos mineros a empresas como Ecuador Fortescue SA, Green Rock Resources, Odin Mining Ecuador, Carnegie Ridge Resources, Proyectmin y Megarmi. Se trataba de la primera convocatoria para minerales metálicos en los regímenes de mediana y gran escala, por la que los inversores podían solicitar entre 500 y 5.000 hectáreas mineras. Un mes después la Agencia Efe informó de la rúbrica de un contrato entre el ejecutivo ecuatoriano y la minera canadiense Ludnin Gold, con el objetivo de explotar un yacimiento de oro y plata en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, al sureste del país. En esta iniciativa denominada «Fruta del Norte» se anunció una inversión de 1.000 millones de dólares, para poner en valor lo que el ejecutivo consideró «uno de los yacimientos auríferos sin desarrollo más importantes de Latinoamérica y del mundo».
María Fernanda Vallejo ha trabajado en el aprendizaje y la capacitación «campesino a campesino», sobre todo en la región interandina de Ecuador con las comunidades Kichwa, la mayoritaria del país con más de 328.000 miembros. En un acto organizado por la ONG Perifèries la educadora popular ha presentado la investigación «Donde habita la esperanza, la tierra la cuidan ellas», de la que es coautora. ¿Es hoy Ecuador un territorio de oportunidades para las grandes empresas? ¿O prima por el contrario el Sumak Kawsay o «Buen Vivir», establecido en los artículos 275 a 278 de la Constitución de 2007? Pide al lector que se imagine una minería a cielo abierto en un ecosistema «megadiverso» y «superfrágil», como una estribación de montaña que acoge selva húmeda tropical y de la que brotan fuentes de agua. La minería requiere en su proceso productivo enormes perforaciones en la montaña, «comerse la selva y las fuentes hídricas». «No es una amenaza, está ocurriendo ya». La activista recuerda que esto ocurre en un país, Ecuador, con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del mundo. «Te comes un pedazo de bosque y devoras un ecosistema completo», añade.
Y no exagera. En las áreas más biodiversas de la jungla, en media hectárea pueden habitar hasta 70.000 especies de insectos; además el país acoge 1.600 especies de aves sólo en el territorio continental, cuatro de las cinco subfamilias de orquídeas a escala mundial y 350 especies de reptiles. En Ecuador viven 14 nacionalidades indígenas, cada una con su lengua, entre las que destaca como segunda en relevancia la Shuar (cerca de 80.000 personas). «El país mantiene actualmente una guerra interna con los Shuar, su territorio se encuentra militarizado», apunta María Fernanda Vallejo. Uno de los puntos álgidos del conflicto se produjo en diciembre de 2016, cuando el gobierno declaró el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago, tras un enfrentamiento entre miembros de la comunidad Shuar y efectivos de la fuerza pública en la localidad de Nankints, que se saldó con un policía muerto y siete heridos. Los hechos se produjeron en el campamento minero de San Carlos-Panantza (325 kilómetros al sur de Quito), donde actúa como concesionaria la minera china ExplorCobres SA. Pocas fechas después, 45 organizaciones sociales de todo el mundo manifestaron su solidaridad con las poblaciones indígenas y, además de lamentar las víctimas, señalaron algunos antecedentes. Así, la comunidad Shuar de Nankints (Morona Santiago) ya fue desalojada por efectivos militares en agosto de 2016 para allanar el camino a ExplorCobres SA. Al intentar recuperar su territorio, éste fue militarizado. «La empresa debió perder las concesiones por incumplir el Mandato Minero de 2008», criticaron las organizaciones sociales, ya que no se consultó previamente a los pueblos indígenas afectados.
Antes de que se comiencen a explotar las minas -en el proceso de exploración-, «ya se producen problemas serios por la contaminación, el desmonte y sobre todo los despojos y desalojos forzados de poblaciones», explica la antropóloga. Y todo ello, «después de la ‘larga noche neoliberal’, en este punto no se ha dado un cambio fundamental». La activista podría apoyar su explicación en algunos discursos del presidente Correa. «Cuando tengamos estos cinco proyectos, Ecuador será una potencia minera», afirmó durante una visita a la iniciativa Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Se refería a los proyectos San Carlos-Panantza y Mirador (cobre) y Fruta del Norte, Río Blanco y Loma Larga (oro). «Vamos a hacer minería responsable, a utilizar los recursos naturales con inteligencia y sensatez para vencer a la pobreza», afirmó el presidente en marzo de 2016.
El Estado de Ecuador, «en nombre de lo ‘público’, del ‘bien común’ y de generar ingresos para que la gente no se muera de hambre, puede declarar un territorio de ‘utilidad pública’, pagar un precio irrisorio por esas tierras y colocar el dinero en una cuenta bancaria; la comunidad propietaria puede rehusar, pero la fuerza pública se dirige a la zona y les dice que se vayan: así se han desalojado y desmontado pueblos enteros, con su iglesia y todo», explica la educadora popular. Pero «cuando lo pueblos Shuar decidieron ocupar el territorio sacrosanto de la minera, se habló de ‘invasión'». El desarrollo argumental culmina en una pregunta: «¿Merece la pena desalojar el territorio indígena para obtener los recursos con los que entregarles una escuela y una vivienda fuera de sus tierras?» La activista subraya que ése es el objetivo. «¿Son tan minoría y tan insignificantes que el resto del país merece que les vayamos sacando de allí, porque de su territorio lograremos el dinero para construir escuelas y colegios?», se pregunta. La conclusión resulta escasamente halagüeña: «El modelo se continúa aplicando de manera violenta, y no hay garantías de una cierta sostenibilidad, ni siquiera de los beneficios sociales hasta ahora obtenidos».
En noviembre de 2016 el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, visitó Ecuador. Uno de los puntos principales de la agenda fue la inauguración de la mayor central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, en la provincia de Napo, que cubrirá el 30% de las necesidades energéticas de Ecuador. La macroactuación, cuyo coste se eleva a 2.245 millones de euros, se financiará principalmente con cargo a capital chino (del Eximbank) y en menor parte por el Gobierno de Ecuador. Desde 2010 el ejecutivo promueve ocho iniciativas hidroeléctricas en el país con la participación empresarial de China, Rusia y Brasil, que incluye la financiación bancaria de estos tres países. La visita de Xi Jinping es una señal de las estrechas relaciones económicas entre China y Ecuador, que se extiende -más allá de la adquisición del crudo- a la construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras o la actividad minera. La deuda de Ecuador con China -principal acreedor del país- asciende al 8% del PIB y se ha multiplicado por mil en la última década.
Pero María Fernanda Vallejo llama la atención sobre el impacto en las poblaciones campesinas e indígenas de las grandes infraestructuras. El informe de 2017 de Acción Ecológica, organización con 30 años de trabajo en materia de Derechos Humanos, concluye de modo rotundo: «El Estado ha amenazado, hostigado, criminalizado y hecho uso abusivo de la fuerza y la legislación antiterrorista, contra los pueblos indígenas que ejercían su derecho de reunión y protesta pacífica, en particular durante el Paro Nacional de agosto de 2015». Otra de las denuncias apunta a que el gobierno ha promovido la explotación del crudo en áreas protegidas, por ejemplo el Parque Nacional Yasuní; ello implica el abandono de la iniciativa Yasuní-ITT de conservar el petróleo en el subsuelo. El documento de Acción Ecológica también señala la extensión de la minería a gran escala en áreas de gran biodiversidad, como Junín, en el noroccidente; y la cordillera del Cóndor, en el suroriente. En los dos casos se registraron denuncias por violaciones de derechos humanos cometidos por empresas mineras y fuerzas del orden. Además, la consulta a los pueblos indígenas para la explotación de los recursos petroleros y mineros «no ha sido libre, previa ni informada».
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