En uno de los episodios más desconocidos tras el golpe de Estado como fue la ocupación militar de la fábrica Sumar, el juez Jorge Zepeda condenó a cinco años de presidio al coronel (R) Hernán Ovalle Hidalgo, en calidad de cómplice de los homicidios de los trabajadores Ofelia Villarroel Latín, Adrián Sepúlveda Farías y Donato […]
En uno de los episodios más desconocidos tras el golpe de Estado como fue la ocupación militar de la fábrica Sumar, el juez Jorge Zepeda condenó a cinco años de presidio al coronel (R) Hernán Ovalle Hidalgo, en calidad de cómplice de los homicidios de los trabajadores Ofelia Villarroel Latín, Adrián Sepúlveda Farías y Donato Quispe Choque, este último de nacionalidad boliviana.
Luego de una «selección» de los obreros, éstos fueron asesinados dentro de la fábrica por funcionarios del Ejército el 23 de septiembre de 1973, y sus cuerpos arrojados a la calle, desde donde llegaron al Servicio Médico Legal.
La abogada querellante Alejandra Arriaza dijo que apelará de la sentencia puesto que, a su juicio, el juez debió condenar a Ovalle como autor «porque en esa calidad lo procesó» y porque «no se puede condenar a alguien a cinco años por tres homicidios». De todas formas, Zepeda no aplicó la amnistía y consideró los delitos «de lesa humanidad».
La sentencia reconstruyó lo sucedido en la industria textil intervenida y en manos de los trabajadores. En los días posteriores al golpe, el Ejército diseñó operativos contra centros laborales considerados «conflictivos y extremistas».
Aparece Cortés Villa
Si bien a cargo de la gerencia de la fábrica se nombró al entonces general (R) Pedro Hepp Dubiau y González, como encargados de seleccionar a los obreros entre «buenos» y «extremistas» fueron designados los oficiales Ovalle, entonces teniente; Luis Cortés Villa, entonces capitán y hoy general (R) y presidente de la llamada Fundación Augusto Pinochet; y el entonces mayor de Ejército (R) Pedro Diet Lobos.
La sentencia aporta estas dos «sorpresas», la de Cortés Villa y la de Diet Lobos, quien fue uno de los financistas de la DINA a través de la sociedad de pantalla «Pedro Diet Lobos» de la que fueron accionistas los más connotados agentes de la DINA, como Carlos Parera, contra quien se formalizó ayer investigación por el delito de violación. (Ver nota página 5).
La sentencia relata que Ovalle se paseaba con un megáfono nombrando a los obreros que debían formar «a la izquierda» o «a la derecha» suya. Las listas de «buenos» y «malos», le fueron proporcionadas según el mismo Ovalle por Cortés Villa. Además, la sentencia establece que ayudaron a Ovalle en la selección los civiles Sergio Uribe, Adriana Valdés Illufi, Gabriel Zurita, Tomás Domínguez y Benito Galindo. De acuerdo a la sentencia, como «sapo» se quedó en el control de seguridad de la empresa ayudando a Ovalle el civil Miguel Sandoval Briones.
Los cadáveres de las tres víctimas fueron sepultados clandestinamente en un mismo cajón «rústico, sin tapa y tapados con tierra» en el Patio 29 del Cementerio General. Ofelia Villarroel fue exhumada el mismo año 1973 por su familia con autorización militar, cremada y llevada al Cementerio de Nogales. Los otros dos cuerpos se hallaron recién después de 1990, cuando se exhumaron 126 cuerpos del Patio 29.