El artículo 3 de la Ley General de Comunicaciones establece, entre los objetivos y principios de dicha norma, los siguientes: e) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y calidad, y salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia […]
El artículo 3 de la Ley General de Comunicaciones establece, entre los objetivos y principios de dicha norma, los siguientes:
e) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y calidad, y salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia de los imperativos constitucionales, en particular, el de no discriminación, el del respeto a los derechos al honor, a la intimidad, a la protección de los datos personales y al secreto en las comunicaciones, el de la protección a la juventud y a la infancia y la satisfacción de las necesidades de los grupos con necesidades especiales, tales como las personas con discapacidad. A estos efectos, podrán imponerse obligaciones a los prestadores de los servicios para la garantía de dichos derechos.
f) Fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación.
Me veo obligado a recordar todo ello ante las sorprendentes afirmaciones de César Alierta, presidente de Telefónica, en las que anunciaba un posible cambio en la estrategia de la multinacional. Tal estrategia iría orientada a maximizar sus beneficios aprovechando su posición de gran intermediario global, planteándose incluso poder llegar a cobrar a los grandes buscadores.
Aunque sus explicaciones son algo confusas, hay una frase particularmente clarificadora: «La inteligencia está en la Red, y las redes son nuestras».
Con todo respeto, discrepo. A estas alturas del siglo, creo que va siendo hora de poner las cosas claras: las redes son de los que las habitan, y no de los que las explotan.
Telefónica, como los restantes operadores de servicios de intermediación consistentes en la provisión de servicios de acceso a Internet, está obligada por una normativa que, aún con sus limitaciones y lagunas, tiene como objetivo garantizar unos principios mínimos que permitan el ejercicio de derechos fundamentales en las redes públicas.
Doctores tiene la iglesia, y seguramente habrá muchas voces técnicas, más autorizadas que la mía, para pontificar sobre la conveniente y necesaria neutralidad de la Red. Pero desde la perspectiva del Derecho, creo que es necesario dejar clara una cosa: la inteligencia y las ideas son libres, con independencia del lugar donde se expresen. Los dueños de los cafés no pueden erigirse en propietarios de los pensamientos que nazcan en sus tertulias.
Nadie discute que todos debemos pagar por el asfaltado de las calles de Internet. Pero nadie debería discutir tampoco que los derechos de manifestación, reunión, expresión, opinión, o producción literaria y artística, pertenecen exclusivamente a los ciudadanos que transitan por la vía pública por excelencia: Internet. Si la inteligencia está en la Red, es porque en la Red habitan ciudadanos.
Vivimos tiempos convulsos: la imposibilidad técnica de poner trabas a la copia y difusión de contenidos culturales ha provocado una devaluación de la propiedad intelectual, que puede ser aprovechada por las operadoras de telecomunicaciones para forzar a la industria del entretenimiento a vender a bajo precio sus activos. Muchos autores y artistas, desorientados, llevan años disparando contra su público, ignorantes de lo que se les viene encima.
Si queremos garantizar la libertad en las calles de la polis global, es necesaria una alianza histórica: la de los artistas y su público, ciudadanos todos, frente a cuantos pretendan apropiarse de nuestro único patrimonio: la inteligencia.