Además de continuar con el paro nacional iniciado el martes 26 de octubre, los movimientos populares, indígenas, campesinos, de trabajadores y estudiantiles ratificaron continuar la movilización contra las políticas neoliberales impuestas por el gobierno, exigieron la inmediata libertad de los 37 detenidos, y la reparación integral de los atacados y heridos por la represión policial y militar.
Las principales demandas fueron el rechazo al aumento de los combustibles y a la reforma laboral y tributaria que impulsa el banquero y ahora mandatario neoliberal Guillermo Lasso, en especial a la cuestionada a la llamada Ley de Creación de Oportunidades, que de acuerdo a centrales sindicales implica una precarización del trabajo
En cuanto al tema de los combustibles, el alza progresiva de los precios que fue generando un enorme malestar en vastos sectores de la población, porque indirectamente generaron un aumento de los productos básicos, motivó que sobre el final de la semana pasada el neoliberal Lasso decidiera congelar las tarifas. Pero los manifestantes consideran el gesto como insuficiente.
En el marco del estado de excepción que rige en Ecuador desde el 18 de octubre, impuesto por el Ejecutivo con el argumento de combatir el aumento del narcotráfico y de la violencia que esta actividad genera, las movilizaciones de este martes no fueron prohibidas por el gobierno de Lasso —quien de acuerdo a la Constitución tenía en esta situación el derecho a vetarla— aunque sí se fue inflexible con los cortes de ruta que se dispusieron en varios puntos del país.
¿Otro estallido?.
El poderoso movimiento indígena de Ecuador que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005 (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), encabezó la protesta contra las políticas económicas de gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, tras los incrementos en los precios de los combustibles y en abierto desafío al estado de excepción por la violencia del narcotráfico.
Al llamamiento de los indígenas se sumaron la Federación de Estudiantes Universitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Negras e Indígenas, quienes exigieron que el gobierno congele el precio del diésel en 1.50 dólares y la gasolina extra en 2.10 dólares, precio que se fijó el pasado 12 de junio.
.Las movilizaciones hacen recordar las protestas de octubre de 2019, cuando cientos de indígenas protagonizaron por casi dos semanas violentas marchas en rechazo al aumento del precio de la gasolina, que saldaron con 11 muertos, saqueos, destrucción de parques, ataques al edificio del Legislativo y el incendio del edificio de la Contraloría. El entonces mandatario Lenín Moreno dio marcha atrás con la medida neoloiberal.
Al descontento social se suma el despliegue de militares que hizo el presidente-banquero Guillermo Lasso en supuesto apoyo al combate del narcotráfico y las investigaciones por su relación con cuentas en paraísos fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora. La actual protesta se suma al repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año han dejado más de dos mil muertos.
El vocero presidencial Carlos Jijón aseguró que las protestas son de baja intensidad; la prensa local reportó la detención de 37 personas, mientras dos militares fueron retenidos por manifestantes al noreste de Quito y cinco policías resultaron heridos. También se produjeron roces entre manifestantes y agentes en los bloqueos a las carreteras.
El pueblo está diciendo: no podemos cargar únicamente nosotros con el precio de los combustibles, señaló Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ante la represión aseguró: no venimos a desestabilizar, sino a exigir al gobierno en materia económica.
Rodeado de miles de indígenas en el sector de Panzaleo, en el centro del país, Iza expresó que una de sus exigencias es la congelación del precio de los combustibles en 1.50 para el diésel y 2 dólares para la gasolina. Otro reclamo es la reducción de precios en beneficio de los indígenas, que representan 7.4 por ciento de los 17.7 millones de habitantes.
José Villavicencio, presidente de la Unión General de los Trabajadores, aseveró que “se demuestra el descontento del país frente a la política neoliberal. El presidente Lasso en lugar de congelar lo que ha hecho es incrementar los precios, en los hechos ha sido un paquetazo contra el pueblo ecuatoriano”.
Di no al paro, replicó Lasso en un tuit, quien anunció el sábado la congelación del precio de la gasolina extra en 2.55 dólares el galón, y del diésel en 1.90.
En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de la más utilizada, subió de 1.48 a 2.50 dólares, y los incrementos no cedieron pese a la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19. Iza lanzó la advertencia de una protesta escalonada e indefinida hasta que Lasso muestre voluntad de atender las demandas.
“No podemos sacar dinero de la gente más pobre, sino ir a una discusión más integral. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes”, dijo luego en una concentración en Quito, donde miles de trabajadores, integrantes de organizaciones sociales, indígenas y otros colectivos marcharon de manera pacífica, en rechazo a las políticas del gobierno.
La policía acordonó desde la mañana el Palacio de Carondelet y otros edificios del gobierno, y por la tarde se reportaron choques entre manifestantes y uniformados. Decenas de personas arrojaron piedras a los policías, que respondieron con gas lacrimógeno.
Hubo, además, informes de incidentes aislados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue bloqueada con troncos y otros objetos, mientras Iza ratificó el estado de excepción en los territorios indígenas, al rechazar la presencia de los militares y policías que están ingresando a sus territorios y comunidades.
. * Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)