En 2020 más de 270 mil personas fueron desafiliadas del IESS por el sector empresarial. Representa 14 veces lo ocurrido en 2019 y 3 veces lo que dice la Encuesta de Empleo.
La forma en que el gobierno de Moreno administró la pandemia de 2020, con un claro sesgo hacia la protección exclusiva del sector empresarial, permitió el despido de sus trabajadores sin el cumplimiento de sus debidos derechos. Eso implicó que más de 270 mil personas fueran desafiliadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los empresarios. Este número es cerca de 14 veces el nivel de personas que fueron desafiliadas en 2019, cuando la misma política gubernamental de fomento a las élites empresariales ya generaba más de 19 mil desafiliaciones en ese año. Un retroceso de 12 años. Por otro lado, este número de desafiliaciones en 2020 es 3 veces superior a lo que las estadísticas del empleo señalan, lo que muestra la necesidad de mejorar los mecanismos de recolección de información del trabajo.
La
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Ecuador en 2020
señala que aproximadamente 90 mil personas perdieron su empleo en
comparación a 2019. No obstante, ese nivel matiza la verdadera situación
de los despidos durante la pandemia, bajo la protección gubernamental
hacia el sector empresarial. En efecto, al realizar un estudio con los
registros administrativos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
–IESS- con el nivel de personas que fueron desafiliadas es posible tener
un acercamiento más realista a los despidos realizadas en el año 2020.
Considerando al seguro general obligatorio que depende del sector
empresarial se determina que existieron 270 mil desafiliaciones y, por
tanto, ese número de despidos.
Dicha cifra de 2020 representa 14
veces el número de personas que fueron desafiliadas el año anterior. Y
alcanza niveles cercanos a 2012. Es decir, un retroceso de 9 años. Lo
que demuestra las consecuencias de un gobierno que se preocupa
exclusivamente por las élites empresariales y no precisamente de los
microempresarias, peor aún de la población trabajadora.
Así mismo, esa cifra representa 3 veces el número de despidos que reporta la Encuesta de Empleo. Con lo cual se distorsiona el complejo momento que el país experimentó durante la pandemia y la excesiva protección y desregulación del sector empresarial, con los resultados en las desafiliaciones en el IESS. Lo cual no solo debe comprenderse como un beneficio al sector empresarial, el otro gran resultado es desfinanciar al IESS con miras a su tan anhelada privatización. Si existen menos cotizantes las finanzas se complican. Y, por supuesto, la afectación a esas 270 mil familias que ven en apuros su sobrevivencia, lo que sobrepasa los fríos números aquí presentados pero que se refuerza al observar las denuncias por el incumplimiento de los derechos laborales. Todo esto como parte de un sabotaje, pero no sería la más que la continuación de una autoemboscada que inició con la Ley de Fomento Productivo de 2018.
Por lo tanto es apremiante que la exigencia al gobierno y sindicatos que se transparente las cifras del empleo y, sobre todo, que la reactivación económica provenga de trasladar el excedente económico del capital al trabajo a través de medidas directas como un aumento del salario mínimo y por medidas redistributivas como la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas que puede recaudar más de USD 4 mil millones. Utilizar estos recursos para las grandes mayorías provocará un aumento del empleo y solucionará el tema del IESS. Por otra parte, eso implica proteger la fuga de capitales, para lo cual es imprescindible mantener el Impuesto a la Salida de Divisas. Finalmente, de darse cambios en el código laboral, estos deben encaminarse en blindar aún más el trabajo y no flexibilizarlo, como actualmente se quiere implementar.
Gráfico 1. Seguro General Obligatorio del IESS 1993-2020
Fuente: IESS
Elaboración: Propia