Me parece es necesario exponer de manera precisa algunos de los argumentos por los cuales el movimiento estudiantil ha decidido levantar la bandera de la educación gratuita como reivindicación y pilar fundamental de un nuevo modelo educativo que alimente a un nuevo proyecto social emanado de la ciudadanía y nuestros pueblos. 1. Primeramente, para hablar […]
Me parece es necesario exponer de manera precisa algunos de los argumentos por los cuales el movimiento estudiantil ha decidido levantar la bandera de la educación gratuita como reivindicación y pilar fundamental de un nuevo modelo educativo que alimente a un nuevo proyecto social emanado de la ciudadanía y nuestros pueblos.
1. Primeramente, para hablar de «gratuidad» de la educación, es necesario establecer qué entendemos por tal, y sobre ello, el movimiento estudiantil que observamos hoy y del que el movimiento social y la ciudadanía se ha hecho cómplice y partícipe, ha sido claro y elocuente:
a. Cuando se exige la gratuidad de la educación no se hace pensando o apuntando a que «nadie pague nada», argumento muchas veces levantado por los medios de comunicación burguesa. Los estudiantes comprendemos que es necesaria la estructuración de un sistema de financiamiento fundado en criterios de justicia social y que, por tanto, apunte al pago y mantención del sistema educacional chileno por parte de toda la sociedad y por el esfuerzo productivo del país, y no de la capacidad individual de pago que tanto el estudiante como sus familias posean.
b. En el entendimiento de lo anterior, poner a la demanda por gratuidad como el simple «no pago» de los aranceles resulta una visión tendenciosa y que tergiversa el verdadero sentido político y social que ésta supone: la elaboración de un nuevo modelo educativo fundado en lógicas distintas a las del mercado y orientado a la protección y promoción de los intereses del país y de la comunidad en su conjunto, asumiendo a la educación como un bien público y un derecho social intransable en el mercado.
2. La educación en tanto derecho social, sabemos, no se garantiza con el simple no pago de aranceles. Por esto es necesaria la definición y fijación de la gratuidad como principio y objetivo político final y estratégico del movimiento estudiantil. En virtud de la responsabilidad y compromiso social que cargamos en nuestros hombros, no podemos ponernos como meta un objetivo parcial como lo es, por ejemplo, el arancel diferenciado.
3. Se entiende entonces que la acumulación de fuerzas debe hacerse en torno a lo que el movimiento social quiere efectivamente, y no en función de lo que el sistema y sus defensores nos dicen es posible. En historia todo es posible. Todos los espacios del movimiento estudiantil, desde sus asambleas hasta sus federaciones, deben necesariamente enmarcar sus demandas dentro de las problemáticas que plantea el actual modelo, y por tanto, plantear a un nuevo Modelo Educativo como parte orgánica de un Nuevo Modelo Social y Económico para el país.
4. Con la gratuidad, al no recaer directamente el financiamiento de la educación en las familias, y al no segmentar o discriminar a los estudiantes según su capacidad de pago, la educación entendida como un derecho social subvierte la lógica mercantil en todos sus momentos, niveles y en todos los espacios donde se haga efectiva.
5. Frente a las propuestas de arancel diferenciado, aquellas que van por la gratuidad, no buscan tan solo exigir el «no pago» del cuarto y quinto quintil, pues se entiende esto no altera las lógicas mercantiles donde la educación se transa como una mercancía. De lo que se trata acá, es de apuntar a una transformación del sentido y de la propiedad de la educación de manera radical y profunda. En función de esto, la misma categorización de los ingresos económicos de los chilenos resulta injusta en tanto al interior de mismo quinto quintil se reflejan distorsiones dada la vergonzosa concentración de la riqueza en poquísimas familias y grupos económicos, inflando el promedio de los ingresos de este quinto quintil.
6. Así, es necesario entender que en este país existen tan solo dos grupos de personas: aquellos a los que les alcanzan los ingresos para cubrir las necesidades básicas para la vida y para la existencia social, y aquellos a los que no, siendo estos la gran mayoría del país (cerca de un 80%). Frente a ello, si bien es cierto que los estudiantes más pobres no están dentro de las instituciones universitarias, si no en los institutos profesionales y centros de formación técnica o completamente fuera de las instituciones de educación superior:
a. Esto no hace que, pese a esta situación ilusoria de privilegio, los estudiantes que ingresan a las Universidades dejen de ser pobres.
b. Esto no significa que «la única alternativa» para enfrentar la desigualdad e injusticia social, sea el elaborar políticas focalizadas que segmentan a la población según criterios propios del sistema que pretende transformarse, como lo es, por ejemplo, la «capacidad de pago» de una familia.
7. La gratuidad de la educación si se levanta como bandera de lucha, es porque es posible, necesaria y aplicable a la realidad chilena actual.
8. No mantiene la brecha social.
9. El discurso de la clase dominante y que se extiende por todos los medios encargados de mantener la hegemonía y la correlación de fuerzas a favor de este minoritario grupo se sostiene en que no existen los recursos para sostener este tipo de sistema. Todos sabemos que sí existen, que este país sí los produce, pero que son enajenados de nuestro suelo y son usurpados de las manos de los cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que lo producen, dejando a nuestro país sin la dignidad y sin la soberanía sobre lo que nos pertenece. Estos recursos se pueden generar con:
a. Una reforma tributaria que haga que los impuestos sean progresivos y no regresivos en la actualidad. En este sentido creo que es importante entender como representativo de un criterio de mayor justicia y responsabilidad social de la comunidad misma el siguiente principio: que quienes puedan pagar el arancel, en vez de hacerlo, paguen más impuestos y reciban igualmente una educación gratuita. Esto pues el dinero de sus impuestos sirve para financiar la educación de todos, haciendo parte y responsable por esta vía de la construcción del proyecto país al que se aspira.
Otra observación necesaria en este punto es que en el marco del arancel diferenciado, los ricos siguen teniendo educación gratuita porque siguen haciéndose más ricos en función del actual sistema tributario regresivo, incluso pagando sus aranceles.
b. Disminución en el gasto de las Fuerzas Armadas representado en el PIB anual, y en la Ley Reservada del Cobre.
c. La renacionalización del cobre.
d. El royalty minero y sobre los recursos naturales.
10. Hoy el principal filtro no es el económico, si no el social, son las condiciones materiales de vida las que priman a la hora tanto de recibir como de «elegir» educación. En este sentido es que se debe apuntar a una transformación social mayor, donde la transformación estructural de la educación en todos sus niveles sea parte.
11. Es cierto que otros países de América Latina tienen educación gratuita, la que es copada por «capas privilegiadas», pero hay que entender la realidad del continente en términos históricos, y por ello, sometida a los mismos procesos globales que nuestro país. Que las instituciones estatales estén copadas por estudiantes de sectores «privilegiados» dice relación a un problema global propio del capitalismo, y que ninguna transformación meramente económica va a cambiar: es un problema de fondo, complejo, que entrecruza factores culturales determinados no sólo por la extracción socioeconómico del estudiante, sino por la propia lucha por la hegemonía cultural emprendida desde los medios de comunicación masivos, el papel de los distintos credos e iglesias, la desigualdad tecnológica, las técnicas de aculturación/transculturación de nuestros pueblos indígenas y los conflictos aparejados a ello, y un muy largo etcétera. La exclusión cultural y educacional no es unidimensional.
12. Finalmente me gustaría consignar que cualquier modificación o transformación de los sistemas de financiamiento primeramente, o del modelo educativo en su conjunto, requieren de voluntad política de quienes hoy manejan el poder desde los espacios institucionales. Argumentar que la gratuidad es menos factible dada la actual correlación de fuerza en los espacios institucionales, implica desconocer la capacidad del movimiento social de generar poder, y espacios de construcción e implementación de alternativas distintas a las propias del modelo neoliberal y de sus lógicas privatizadoras. Asumir que la gratuidad depende de lo que hagan «ellos» desde sus lógicas y espacios de construcción política, es asumir la derrota.
Estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, Chile
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