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El Software Libre normalmente es evaluado por comparación con el privativo. Se le exige al libre que tenga las mismas funcionalidades que el privativo y, además, que sea más económico. Todo eso está bien. Es un desafío que las comunidades de desarrolladores libres aceptan gustosos, aún cuando implica ciertos riesgos, especialmente del lado económico. Y no siempre triunfan en el aspecto económico. Esto porque a el software privativo le resulta más fácil ser más barato. El costo se puede distribuir, más o menos a voluntad, sobre el mercado cautivo. El desarrollador privativo «controla al usuario», impidiéndole comprar el mismo software en otro lugar u otro proveedor. Así, yo te puedo vender una copia muy económica de mi software porque estoy seguro de que cuando necesites una mejora, tendrás que venir a mí. Si a eso se agrega que la ley te prohibe hacer copias sin mi permiso, no sólo tu, sino cualquiera que necesite ese software deberá venir a mí para adquirirlo: esto es mercado cautivo (o monopolio, como se le dice en economía).
Mucho se pierde si evaluamos el software libre en esos términos. Y estoy hablando de ventajas directas para el usuario, no sólo de términos grandilocuentes y con sabor político como «soberanía».
Por ejemplo, una posibilidad poderosísima que ofrece el software libre, es la absoluta libertad para configurarlo de acuerdo a los recursos y necesidades de cada usuario o pequeña comunidad. Las meta-distro, con sus liveCD, son una maravilla para liberar al usuario o usuaria de la dependencia de una máquina particular en la que ha tenido que instalar su software (me refiero al que adquirió, pero también puede incluir el que desarrolla y, me permito incluir, cualquier clase de contenido que él o ella produzca, como las páginas web en HTML). Y no estoy hablando de un futuro hipotético. En la Universidad de Los Andes estamos disfrutando ya de ULAnix, un LiveCD, producido como parte de la meta-distro del proyecto ULAnux, http://nux.ula.ve, una distribución con exactamente el software que necesita cada dependencia de la Universidad. Todo en software libre.
Eso no se puede hacer con Windows (en teoría sí se puede, en la práctica NO!).
Lamentablemente, de aprobarse la nueva ley de «infogobierno» en los términos en que está planteada, esas posibilidades desaparecerán de la consideración de los funcionarios públicos Venezolanos. Deberán evaluar el software como normalmente se ha hecho. ¿Adivinan quienes tendrán la ventaja?.
En esas circunstancias y en virtud del tradicional principio de discrecionalidad del funcionario público, el software libre no tendrá chance en Venezuela.
La discrecionalidad del funcionario se refiere a la posibilidad que tienen estos trabajadores para tomar decisiones en asuntos particulares de acuerdo a su interpretación de las normas que existan al efecto. Y si no hay normas, mejor aún (R.A.E Discrecional: 2.»Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas»).
En Venezuela, probablemente desde muy temprano en nuestra historia republicana, los funcionarios públicos han disfrutado de un enorme poder discrecional. La propia disolución de la Gran Colombia podría deberse a ese poder.
Resulta fascinante constatar que, ni la modernidad con toda la tecnología, ni siquiera la separación entre lo público y lo privado, han limitado el alcance de la discrecionalidad del funcionario. En Venezuela conseguimos funcionarios pleni-potenciarios y absolutamente inmunes al reclamo público en todas partes: desde las oficinas del gobierno central, hasta en las grandes organizaciones privadas como los bancos, mis favoritos.
¿Ejemplos?. Incontables. Tantos que cualquier Venezolano bien-intencionado, cuando debe acudir a alguna organización, lo primero que se pregunta es ¿A quien conozco yo allí?. Si no conoce a nadie, está en serios problemas.
Permítanme mostrar solamente el más increible ejemplo de la discrecionalidad del funcionario, actuando directamente en contra del Software Libre.
El decreto 3390 del Presidente Chávez, establece que la administración pública debe adoptar el Software Libre en unos lapsos prudenciales. El decreto fija un lapso global de 2 años que muchos han considerado insuficiente. Es obviamente insuficiente si se plantea reescribir todo el software que tiene el Estado. Pero si se trata de liberar los códigos, hay tiempo de sobra. Allí va una primera interpretación discrecional.
Ese decreto, sin embargo, tiene otras previsiones «para ser interpretadas». En el artículo 12, el mismo texto que fija los 2 años dice esto:»Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del presente decreto».
Lamentablemente, algunos funcionarios, incluyendo al parecer los propios redactores del decreto, han decidido interpretar ese párrafo como equivalente a: «2 años a partir del momento en que se publica el plan de migración correspondiente».
Pregúntense ahora, amigo lector, ¿cuantas y cuáles organizaciones públicas en Venezuela han publicado sus planes de migración?.
Ese es el efecto de la discrecionalidad. El Presidente fija un plazo. Los funcionarios deciden cuando comienza el plazo. El Líder, tratando de conectarse con el Pueblo, da una orden. Los funcionarios deciden qué significa la orden.
Y lo peor es que esta forma cultural está aquí para quedarse con los tecnólogos.
Estos dos paragrafos (del articulo 85 o 86) de la ley de «infogobierno» así lo garantizan:
«Parágrafo segundo: Para la determinación del mejor costo global de los sistemas deberán tomarse en cuenta todos los costos asociados a las soluciones tecnológicas requeridas durante toda su vida útil, y compararse las diferentes opciones en términos de sus funcionalidades, la evaluación del mejor costo global de los sistemas durante su vida útil en el tiempo, considerando al menos los costos producidos por las licencias, soporte, implantación, mantenimiento, actualizaciones, modificación, integración, desarrollo, aseguramiento, capacitación y garantías de cumplimiento de las anteriores»
«Parágrafo cuarto: El Estado se reserva el derecho de publicar el código o su modificación de los programas y aplicaciones que use o desarrolle.»
¿Software soberano?. El Soberano, con esos parágrafos, es el funcionario quien tendrá todo el espacio para tomar cientos de decisiones a su conveniencia. Debería ser el Pueblo quien se reserva el derecho de conocer el código de los programas que use el estado, en cualquier momento y por cualquier razón. Además, es el Pueblo quien tiene derecho a decidir pagar un poco más en algunos casos, siempre en procura de preservar plenamente sus libertades.
Esto último parece un mensaje muy difícil de entender para algunos. Yo me conformaría con que los legisladores recordaran estas palabras del Libertador:
«Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud; que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor; que las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error, y por incentivos nocivos. «La libertad-dice Rousseau es un alimento suculento, pero de difícil digestión». Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras, y aniquilados por las pestilencias serviles, ¿Serán capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad? ¿Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión el éter puro que allí reina?
Meditad bien vuestra elección, legisladores. [..]» (Fragmento del Discurso publicado en el Correo del Orinoco, números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero al 13 de marzo de 1819).
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