El abogado Eduardo Contreras pidió que se le quite su privilegio legislativo al actual senador de la UDI Sergio Fernández, a quien le cabría responsabilidad penal al menos como cómplice o encubridor en la desaparición de chilenos ocurridas en el marco de la Operación Cóndor. El abogado Eduardo Contreras, acompañado de los dirigentes del Partido […]
El abogado Eduardo Contreras pidió que se le quite su privilegio legislativo al actual senador de la UDI Sergio Fernández, a quien le cabría responsabilidad penal al menos como cómplice o encubridor en la desaparición de chilenos ocurridas en el marco de la Operación Cóndor.
El abogado Eduardo Contreras, acompañado de los dirigentes del Partido Comunista, Jorge Insunza y Juan Andrés Lagos, formalizó la solicitud de desafuero del ex ministro del Interior de la dictadura, Sergio Fernández.
La petición ante el ministro Juan Guzmán se fundamenta al existir sospechas de que mientras Fernández se desempeñó como ministro del Interior le cupo responsabilidad penal al menos como cómplice o encubridor, al negar información sobre personas que habían desaparecido en el marco de la Operación Cóndor.
Para ello en el escrito se mencionan tres casos, correspondientes a Guillermo Beausire, Luis Quinchavil y Alejandro Campos. Si bien estas tres personas fueron detenidas antes de que Fernández asumiera en Interior, durante su período como ministro se presentaron recursos de amparo que la cartera respondió negando que ellos hubieran sido arrestados.
El ex ministro ocupó la cartera de Interior dos veces, entre 1978-1982 y 1987-1988, y ayer asumió su «plena responsabilidad política» por los hechos ocurridos, aunque recalcó que las «responsabilidades penales» son individuales.
Contreras respondió a esto, señalando que el cargo de ministro del Interior significaba un control como jefe político «de una dictadura que tenía en sus manos todo el poder. El instruyó a la CNI para que no informaran a los tribunales, y así toda la información se canalizara a través del ministerio del Interior. Sería una estupidez pensar que este hombre, con este poder e influencia no tuviera cabal conocimiento de las actividades y las situaciones de derechos humanos».
En esta presentación, Contreras echó mano a los mismos argumentos utilizados por el juez Guzmán para procesar a los también ex ministros del Interior de la dictadura, Enrique Montero Marx (Operación Colombo) y César Raúl Benavides (Operación Colombo y Operación Cóndor), señalando que era «imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando», y además «informaran que no se tenía antecedentes».
Antecedentes
El querellante además adjuntó el caso del diputado socialista Carlos Montes y del detenido desaparecido Juan Maino, ambos militantes del MAPU. Maino fue detenido en 1976, pero el ministerio del Interior negó su arresto cuando fue requerido por un recurso de amparo.
Si bien cuando Maino fue detenido, Fernández no era ministro, el actual parlamentario UDI sí estaba en el cargo cuando Montes cayó en manos de la CNI, esto es en 1980. En el proceso que se le siguió por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, a Montes le consultaron por declaraciones de Maino mientras estuvo detenido, y en donde lo identifica como el jefe del Mapu en la clandestinidad.
El escrito se pregunta cómo los abogados del ministerio del Interior tuvieron acceso a esas declaraciones para hacer imputaciones en contra de Carlos Montes, en consideración que -para esa cartera- Maino nunca estuvo detenido.
Otros antecedentes que constan en el escrito corresponden a lo ocurrido con los cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como el caso de los últimos desaparecidos de la dictadura en 1987. En esa época Fernández era ministro del Interior y la cartera informó a los tribunales que estas personas no estuvieron detenidas.
En la presentación para retirar el beneficio parlamentario se pide tener a la vista un paquete con fichas de 488 desaparecidos correspondientes a la petición que los obispos de la Iglesia Católica formularon en julio de 1978 a Fernández, para que ayudara a encontrar el paradero de estas personas. El se comprometió públicamente a esta solicitud, pero nunca cumplió.
Contreras además solicitó diligencias como citar a declarar al diputado Carlos Montes, al entonces vicario de la Solidaridad Cristián Precht, y pedir los expedientes de los desaparecidos. Una vez cumplidas dichas tareas, el ministro Guzmán está en condiciones de elevar al pleno de la Corte esta solicitud de desafuero.