La desaparición forzada de personas fue practicada por la dictadura militar desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 hasta septiembre de 1987. Las víctimas del último episodio criminal fueron Julián Peña Maltés, 37 años; Alejandro Pinochet Arenas, 23; Manuel Sepúlveda Sánchez, 28; Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, 26 y Julio Muñoz Otárola, de 34 […]
La desaparición forzada de personas fue practicada por la dictadura militar desde el golpe de Estado de septiembre de 1973 hasta septiembre de 1987. Las víctimas del último episodio criminal fueron Julián Peña Maltés, 37 años; Alejandro Pinochet Arenas, 23; Manuel Sepúlveda Sánchez, 28; Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, 26 y Julio Muñoz Otárola, de 34 años. Todos eran militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Fueron detectados en sus actividades clandesdinas por la CNI y eran vigilados de cerca.
La Corte Suprema condenó a los responsables de las torturas y muerte de esos combatientes por la libertad. Funcionarios de la CNI, de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), dependiente de la Dine, y del Comando de Aviación del ejército, fueron procesados y condenados.
Las detenciones de los militantes del FPMR se produjeron como represalia frente al secuestro del coronel Carlos Carreño, subdirector de la Fábrica de Armas y Maestranza del Ejército (Famae), ocurrido el 1º de septiembre de 1987. Alvaro Corbalán, comandante del Cuartel Borgoño de la CNI, reveló en la indagación del caso que el secuestro de Carreño produjo conmoción en la dictadura. Se produjeron reuniones de emergencia de altos mandos de la CNI, Carabineros, Investigaciones, los directores de inteligencia de tres las ramas de la Defensa Nacional y el Director de Inteligencia del ejército (Hugo Prado Contreras). Entre el 8 y 9 de septiembre, al constatar que las investigaciones no daban resultados, el director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, ordenó la detención de cinco miembros del FPMR, que serían canjeados por el coronel Carreño, según Corbalán.
El agente de la Brigada Verde de la CNI, encargada de reprimir al Partido Comunista y al FPMR, Luis Arturo Sanhueza Ross, declaró que una o dos semanas después del secuestro del coronel Carreño, a su unidad se le ordenó abocarse de lleno a la detención de cinco integrantes del FPMR. Los días posteriores Sanhueza pudo advertir que el cuartel comenzó a ser visitado por oficiales del BIE quienes desarrollaron actividades en el subterráneo mientras los cinco detenidos estaban en el lugar, añadió Sanhueza en su relato(1).
El 7 de septiembre fue detenido el mueblista Gonzalo Fuenzalida.
El 9 de septiembre arrestaron a Julián Peña Maltés, ex alumno de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Ese día fue visto por última vez por su pareja, María Peñaloza. Peña arrendaba una pieza en calle Ismael Valdés Vergara, en Santiago. El agente Manuel Rigoberto Ramírez Montoya confesó que Julián Peña fue seguido desde la mañana del 9 de septiembre con un vehículo utilitario y un automóvil Daihatsu Charade. Se le detuvo en la calle Coventry, Ñuñoa. Sanhueza Ross actuaba como jefe del grupo represor. Uno de sus integrantes fue el agente Sergio Mateluna Pino.
Peña fue trasladado a los subterráneos del cuartel Borgoño. «Había una pieza anexa al calabozo, en ella se procede a interrogar al sujeto, acción en la que participaban varios oficiales, entre ellos el capitán (Kranz) Bauer (fallecido en 2012), el detective Gonzalo Mass del Valle, y varios otros. Además se encontraba el comandante del cuartel, mayor Alvaro Corbalán Castilla. (…) A Peña lo dejaron desnudo y se le colgó en un fierro», confesó el agente Ramírez.
EN SACOS Y CON RIELES PARA HUNDIRSE EN EL OCEANO
Días después, un agente fue a retirar los efectos personales que Julián Peña guardaba en el cuarto que alquilaba en calle Ismael Valdés Vergara. La propietaria de la residencial, Lucila Urrutia, identificó a ese agente como José Arturo Fuentes Pastenes.
Manuel Ramírez también identificó en el Cuartel Borgoño al detenido Gonzalo Fuenzalida. Días después, el teniente Sanhueza lo llamó conjuntamente con Pablo San Martín, señalándoles que tenían una misión: «Debemos conseguir un riel y cortarlo en pedazos, porque esta noche se van los huevones». Ramírez fue desvinculado y la tarea quedó a cargo de San Martín (su nombre real era Luis Alberto Santibáñez Aguilera).
Adrián Renato Patricio Herrera Espinoza jefe de la sección transportes del cuartel de la CNI en calle Loyola N° 5.800, Quinta Normal, dijo haber visto a «un grupo de funcionarios de la CNI, ajenos al Cuartel Loyola, que retiraban unos rieles para un operativo que iban a realizar durante la noche o la madrugada».
El militante del FPMR, Alejando Alberto Pinochet Arenas, técnico en combustión interna automotriz, fue detenido el 10 de septiembre. Un estudiante, Axel Eduardo Callis Rodríguez, presenció su detención. Pinochet fue introducido a la fuerza en un vehículo que conducía el agente Miguel Angel Morales Acevedo.
Carlos Campos, conductor de un microbús del recorrido Colón Oriente lo confirmó, señalando que una vez reducido, «los captores subieron al vehículo que estaba prácticamente cruzado en la calle, y en forma veloz sin respetar la luz roja del semáforo se alejaron». Era un vehículo marca Mitsubishi y lo conducía el agente Manuel Angel Morales Acevedo, quien confesó que en el arresto participaron René Valdovinos Morales y César Luis Acuña Luengo.
INTERFERENCIAS DE RADIO
El detenido desaparecido Manuel Sepúlveda Sánchez, tornero mecánico, vivió en Ramón Cruz con José María Narbona hasta marzo de 1987. Después siguió visitando a la familia de esa casa o llamándola por teléfono, según testimonio de María Cantillana. «El 9 de septiembre -dijo- concurrió a nuestra casa alrededor de las 16:15 horas; allí estuvo con mi hermano. Alrededor de las 18 horas se retiró», señaló. Desde entonces es un detenido deaparecido.
Al proceso se incorporaron registros de interferencias radiales a la CNI realizadas por el MIR en la clandestinidad. Las interferencias pemitían detectar los movimientos de los equipos móviles de la represión. Esas interfe-ren-cias del MIR registraron el operativo para capturar a los cinco miembros del FPMR.
El ministro Mario Carroza concluyó que el análisis de las grabaciones «corresponde a una operación simultánea de gran envergadura que considera la participación de diversos grupos operativos, lugares, vehículos, sistemas de comunicaciones y apoyo de información (…) En los dispositivos se utilizó claves, evitando que terceros conozcan la autoría de organismos y personas, situación que denota que las actividades que se desa-rrollan en las operaciones revisten actitudes reñidas con la legalidad».
CADAVERES A PELDEHUE
Los agentes Sanhueza y Ramírez confesaron que los militantes del FPMR fueron asesinados con inyecciones administradas por el enfermero del Cuartel Borgoño Mateo Tapia Flores, (a) El Quincy (que se suicidó en 1998).
Rodrigo Pérez Martínez comandante de la Unidad Antiterrorista de la CNI, admitió que en septiembre de 1987 entre las 4:00 o 5:00 horas, recibió un llamado en que se le ordenaba comunicarse con el mayor Alvaro Corbalán. Este le ordenó que se constituyera en el Cuartel Borgoño con una camioneta. Llegó a ese lugar a las 6:00 o 6:30 horas. Pérez se encontró allí con los capitanes Francisco Zúñiga Acevedo, de Carabineros, (a) El Gurka (que se suicidó en 1991) , y de ejército, Gonzalo Héctor Asenjo Zegers (que se suicidó en 2006 al ser procesado en este caso).
Zúñiga le pidió estacionar la camioneta cerca del subterráneo y que le ayiudara a cargar unos «bultos». Ingresaron al subterrá-neo y en una pieza habían cinco bultos grandes. Pérez dijo haber preguntado al capitán Zúñiga de qué se trataba, pero éste respondió que cumplían órdenes superiores y que debían hacerlo rápidamente. Cada bulto estaba constituido por dos sacos paperos cosidos al centro y eran muy pesados.
Cargados los bultos en la camioneta, el capitán Zúñiga le ordenó a Rodrigo Pérez Martínez dirigirse al campo militar en Peldehue. Pérez condujo la camioneta, el capitán Asenjo iba de copiloto, y otras tres personas iban atrás con los bultos.
POR «ORDEN DE PINOCHET»
Cuatro o cinco uniformados aparecieron y el capitán Zúñiga tomó contacto con ellos. Un helicóptero Puma aterrizó en el lugar y cargaron los bultos en el aparato, que emprendió el vuelo. El piloto era el oficial Víctor Mario Campos Valladares, del Regimiento de Aviación de Rancagua. Fue llamado por el comandante del Comando de Aviación del ejército (CAE), coronel Aquiles Navarrete Izarnótegui. Este le comunicó que por orden del comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, debía realizar una misión que consistía en trasladarse al campo militar de Peldehue y hacer contacto con personal del Cuartel Borgoño de la CNI.
Al día siguiente -continuó Campos en su relato judicial- entre las 7:00 y las 9:00 horas salió desde el aeródromo de Tobalaba en un helicóptero SA-330 Puma. Aterrizó en Peldehue y pudo visualizar unos vehículos tipo station. Una vez que subieron unos bultos, uno de los agentes dispuso que debían dirigirse a la costa.
«No obstante el techo de nubes estaba muy bajo -prosiguió declarando Campos- por lo que optó por aterrizar en una punta de cerro, parando por completo los motores de la nave. Permanecieron en el lugar alrededor de una hora y media, tiempo en el cual descendió de la nave, pudiendo observar que el personal que iba de pasajeros eran alrededor de cinco personas de civil». De ellos, reconoció a Sanhueza Ross durante las pesquisas.
«Una vez que se dieron las condiciones, emprendimos vuelo recto a la costa por el sector de Peñuelas, quebrada de Quintay», precisó Campos. Diez a doce minutos después de sobrevolar el océano Pacífico «el funcionario que dirigía la misión ordenó reducir la velocidad a unos 10 a 12 nudos. En un momento determinado, en el tablero de instrumentos se encendió la luz indicativa Doors que señala que una puerta del compartimiento se encontraba abierta y permaneció en esa condición por espacio aproximado de dos minutos».
Respecto al lanzamiento de los cadáveres ensacados al mar, el agente Santibáñez dijo que habían participado Bauer y otros oficiales, agregando que Bauer estuvo a punto de caer al vacío cuando arrojaban los cuerpos.
CONDENAS A LOS ASESINOS
La Corte Suprema dictó las siguientes sentencias por el secuestro, torturas y asesinato de los cinco militantes del FPMR, confirmando así el fallo del ministro Carroza:
15 años y un día como autores de secuestro calificado : Hugo Salas Wenzel y Alvaro Corbalán.
10 años y un día como autores : Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas (PDI asignado a la CNI), Raúl Durán Martínez, Luis Alberto Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales (PDI asignado a la CNI), Roberto Rodríguez Manquel (oficial de ejército), Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Miguel Morales Morales (PDI asignado a la CNI), Ema Ceballos Núñez (Armada, asignada a la CNI), Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.
5 años y un día como autores : Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya.
5 años y un día como cómplices : Hugo Prado Contreras, Aquiles Navarrete Izarnótegui (comandante del CAE), Fernando Rojas Tapia (BIE), Julio Cerda Carrasco (comandante del BIE), Marco Antonio Bustos Carrasco (BIE), y Rodrigo Pérez Martínez.
3 años y un día con el beneficio de la libertad vigilada : Víctor Campos Valladares.
Absuelto : Hugo Barría Rogers, copiloto del helicóptero.
Prófugos . Al cierre de esta edición, y luego del cúmplase de la sentencia, no fueron habidos Luis Arturo Sanhueza Ross, Roberto Rodríguez Manquel y Juan Carlos Orellana Morales.
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(1) El mayor de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross participó en la vigilancia que montó la Dine al dirigente del MIR, Jécar Neghme, y al director de Punto Final , Manuel Cabieses. Finalmente, se decidió el asesinato de Neghme, atentado en que participó Sanhueza Ross, el 4 de septiembre de 1989.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 876, 26 de mayo 2017.