Traducido por Nemoniente.
La introducción de una renta básica debería acompañarse con un salario mínimo. Publicamos un texto extraído del último libro de Andrea Fumagalli, Lavoro male comune. Bruno Mondadori, 2013 [1].
¿Por qué los sindicatos y los no liberiste [2] (estos últimos más propensos al desmantelamiento y a la privatización del welfare) se sorprenden y son poco propensos a introducir medidas de renta básica incondicional en su propio programa de gobierno?. Que la propuesta de un welfare basado en la renta sea considerada políticamente inaceptable por los empresarios no sorprende, aunque, (….), garantizar una renta estable ayudaría al crecimiento de la productividad y de la demanda de consumo (por tanto, en última instancia, también del beneficio). El verdadero problema es que una regulación salarial basada sobre la propuesta de una renta básica incondicional (unida a un proceso de acumulación basado en la libre y productiva circulación de los conocimientos) mina la base misma naturaleza del sistema capitalista, es decir, la necesidad del trabajo y el chantaje de la renta como instrumento de dominio y control, además la violación del principio de propiedad privada de los medios de producción (ayer las máquinas, hoy el conocimiento).
Si el derecho al trabajo se sustituye por el derecho a la elección del trabajo, la mayor libertad que se consigue puede asumir connotaciones subversivas y potencialmente revolucionarias.
La posición contraria a cualquier propuesta de renta básica por parte de los sindicatos deriva sin embargo de dos factores principales: por un lado, buena parte del sindicato italiano (no solo el confederal sino también el de base) está todavía impregnado de la ética del trabajo y acepta difícilmente dar una renta a quien no trabaje, más aún incondicional y no que tenga como finalidad la inserción laboral; por otro, se ve con preocupación el que la renta básica pueda influir negativamente sobre la dinámica salarial (efecto sustitución) y reducir las ayudas sociales.
Respecto al primer punto, la posición de los sindicatos refleja el retraso -ya sea cultural, ya sea político- con que las fuerzas sociales toman nota de los cambios acaecidos en el pasaje del capitalismo fordista al biocapitalismo cognitivo. La idea de que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente manifiesta precisamente la «falsa» consigna del «trabajo como bien común».
El segundo punto supone una cuestión más importante. El riesgo de que la introducción de una renta básica pueda llevar a una reducción de los salarios es efectivamente real. Es por ello que una medida similar debe ir acompañada de una ley que establezca el salario mínimo, o determine una cantidad mínima para una hora de trabajo, independientemente del trabajo efectuado. Además, hay que considerar que la garantía de una renta disminuye el chantaje individual, la dependencia, la sensación de impotencia de los trabajadores en los conflictos con las empresas. Demandar una renta mínimo es la premisa para que los trabajadores precarios, los desocupados, los malpagados puedan desarrollar demandas en sus lugares de trabajo. Actualmente la amenaza del despido o la no renovación del contrato, sin protección alguna, es demasiado fuerte. La renta, unida a unas garantías contractuales dignas y a un salario mínimo, disminuiría el chantaje y permitiría demandar la mejora de las condiciones laborales y contractuales.
En definitiva, en cuanto a las ayudas sociales, es necesario tener en cuenta que actualmente éstas son totalmente inadecuadas e injustas. Por ejemplo, solo un cuarto de quienes están realmente desocupados cumplen los requisitos para acceder al subsidio de desempleo, es decir, haber trabajado cincuenta y dos semanas en los últimos dos años y haber pagado las respectivas contribuciones. Tales parámetros son un lujo que la mayor parte de los trabajadores precarios no está en condiciones de cumplir.
A su vez, las diversas formas de prestación de desempleo existentes se aplican de modo diverso y selectivo según el sector de la empresa, de la dimensión, de las cualificaciones, con el efecto de crear profundas discriminaciones sobre su utilización. Imaginar una única amortización social a cargo de la fiscalidad colectiva, igual para todos, que sustituya progresivamente las obsoletas, parece razonable, porque permitiría reducir la presión fiscal sobre el trabajo representado por las contribuciones sociales a favor de un mayor salario en la nómina.
Resumiendo, la propuesta de una renta básica incondicional como instrumento de remuneración de la producción social que hoy escapa a la reglamentación del trabajo se basa sobre cuatro parámetros imprescindibles. El primer requisito es la individualidad, desde el momento que el trabajo es tendencialmente individual, incluso si hace referencia a la cooperación social y a bienes comunes como el conocimiento.
El segundo parámetro es la garantía de continuidad en la distribución de la renta, que debe distribuirse entre todos aquellos que producen en un territorio, prescindiendo de la ciudadanía, del género, de la religión. El tema de la residencia es delicado, porque hace referencia al concepto de ciudadanía, basado en la idea de ius soli o ius sanguinis. En Italia y en buena parte de Europa el concepto de ciudadanía se basa sobre el ius sanguinis, por el cual un hijo de inmigrantes nacido en Italia no tiene automáticamente la ciudadanía italiana en cuanto el derecho de sangre prevalece sobre el derecho de suelo. Por ello se sigue que el derecho de ciudadanía debe ser sustituido por el de residencia.
El tercer parámetro es el de la incondicionalidad: garantizar la continuidad de renta significa garantizar la continuidad de remuneración de una actividad productiva (ya sea directa o indirecta) de riqueza ya producida y que por tanto no requiere a cambio contrapartida ulterior alguna. Garantizar la continuidad de renta prescindiendo de la condición laboral no es por tanto una medida asistencial. El cuarto parámetro consiste en la financiación de la renta de existencia sobre la base de la fiscalidad social progresiva (esto es, un aumento de la tasa resultante al aumentar el nivel de los ingresos).
Este es el punto principal, porque de las formas de financiación depende la naturaleza compatible o no de la renta de existencia en un ámbito de capitalismo cognitivo. A partir del 2012, sobre estos temas se ha desarrollado en Italia una campaña desde abajo que ha recogido las 50.000 firmas necesarias para llevar al parlamento la propuesta de ley de iniciativa popular a favor de la introducción de una renta mínima garantizada. Se trata de un resultado no previsible en la actual situación político-cultural italiana y que cabe esperar en el futuro. De hecho ello significaría modificar el art. 1 de la Constitución italiana. Ya no «Italia es una república fundada en el trabajo», sino «Italia es una república fundada en el derecho de elección del trabajo».
Notas:
[1] http://www.brunomondadori.com/scheda_opera.php?ID=4599
[2] Liberismo (del término italiano liberismo) es un término utilizado para designar la doctrina económica del de laissez-faire utilizado por primera vez en Giovanni Sartori. Sartori importó el término del italiano con el fin de distinguir entre el liberalismo social, que es generalmente considerado una ideología política que a menudo defiende una amplia intervención del gobierno en la economía, y las teorías liberales de la economía que proponen prácticamente eliminar esa intervención.
Fuente original: http://www.globalproject.info/it/produzioni/lavorare-male-comune/14705
Fuente de la traducción: https://n-1.cc/blog/view/1705651/trabajar-como-mal-comun